Ernestina Almanza Mendoza
Expediente 359/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 359/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Ernestina Almanza Mendoza
Actuaciones
- Principal
(AVISO) NOTIFICACIÓN PERSONAL POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA.- Visto; el escrito signado por ...; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes y téngasele dando cumplimiento en tiempo y forma al requerimiento efectuado mediante proveído de once de noviembre de dos mil veinte, al precisar cuál es el acto que reclama y a qué autoridades se lo atribuye. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA En principio, es menester tener presente que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito, debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia siguiente: Época: Novena Época Registro: 188643 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIV, Octubre de 2001 Materia(s): Constitucional Tesis: P./J. 128/2001 Página: 803 CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo indudable resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. La causa de improcedencia que se actualiza resulta de relacionar los numerales 17, fracción IV (a contrario sensu), 18 y 61, fracción XIV, todos de la Ley de Amparo, por las consideraciones siguientes: Los preceptos legales mencionados, prevén: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. (.). Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Según se ve, el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, considerando como aquellos, a los no impugnados dentro de los plazos que prevé la ley de la materia. Por su parte, el artículo 17 de la Ley de Amparo dispone que el plazo para promover la demanda de amparo es de quince días, salvo las excepciones que ahí se prevén. Y en el diverso precepto 18 del ordenamiento legal en cita, se ve que el legislador previó tres supuestos a partir de los cuales debe comenzar a computarse el plazo de quince días para promover la demanda de amparo, a saber: a) A partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, o b) A partir del día siguiente a aquel en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución, o c) A partir del día siguiente a aquel en que el quejoso se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Estas premisas son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, por lo que es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los supuestos señalados, sin que fuera posible la actualización de dos de ellas en momentos distintos sobre un mismo acto. Sobre esta base normativa se sigue que la Ley de Amparo prescribe como referente para iniciar el cómputo respectivo el momento en el cual el quejoso tiene noticia del acto reclamado, bien sea por la notificación de este último o porque el propio quejoso tiene conocimiento o se ostenta sabedor del mismo o de su ejecución -supuestos que deben estar plenamente acreditados en el expediente respectivo-, con la única salvedad de aquellos casos en que se reclame una norma general autoaplicativa, en que el plazo respectivo comenzará a partir del día de su entrada en vigor. Y de no promoverse el juicio de amparo dentro del término genérico de quince días, antes señalado, éste será improcedente, dada su extemporaneidad. En el caso, del escrito aclaratorio de la demanda se advierte que la promovente señala como acto reclamado, lo siguiente: ". la nulidad de todos los acuerdos acordados con el nombre de la hoy quejosa Ernestina Almanza Mendoza dentro del juicio ordinario civil exp. 2409/2016 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Poza Rica, Ver." Asimismo, es de desatacar que del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad lo siguiente: "Resulta que con fecha 17 de noviembre de 2016 me entregan un instructivo de notificación a nombre de Cristina Almanza Mendoza quien es demandada por la C. Hilda Santes Almanza (.), así tenemos que con fecha 26 de octubre del presente año nuevamente me notifica por instructivo de notificación del cumplimiento de sentencia." De lo anterior se constata que la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento del acto reclamado el diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, cuando le fue entregado un instructivo de notificación relativo al juicio ordinario civil 2409/2016, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Poza Rica, Veracruz, la cual hace prueba plena en su contra, al tratarse de una confesión expresa de conformidad con los artículos 95, 96 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en vigor. Luego, para determinar el cómputo del plazo para promover el amparo respecto del auto reclamado se debe estar a la segunda de las reglas que se detallaron anteriormente, esto es, a partir del día siguiente a aquel en que la quejosa haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. Ante lo antes manifestado, se evidencia que efectivamente la aquí quejosa tenía conocimiento de la existencia juicio ordinario civil 2409/2016, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Poza Rica, Veracruz, del cual reclama la nulidad de todas las actuaciones a nombre ******** por lo menos desde el diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, cuando le fue entregado un instructivo de notificación relativo al juicio ordinario civil antes aludido.. En esas condiciones, debe tomarse en cuenta la aludida fecha diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, como punto de inicio para el cómputo del plazo de quince días previsto en el numeral 17 primer párrafo, de la Ley de Amparo vigente, por lo que dicho plazo transcurrió en exceso al nueve de noviembre de dos mil veinte, fecha de presentación de la demanda, esto es, más de tres años. En ese tenor, es evidente que si la parte quejosa presentó la demanda de amparo hasta el nueve de noviembre de dos mil veinte, la misma fue presentada de manera extemporánea, esto es, fuera del plazo de los quince días, al en que tuvo conocimiento del acto reclamado, por haber transcurrido más de quince días entre dichos momentos procesales. Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia señalada en el diverso numeral 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia de rubro y contenido siguiente: "Época: Novena Época Registro: 163172 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIII, Enero de 2011 Materia(s): Común Tesis: P./J. 115/2010 Página: 5 DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Máxime que, en la especie, no se actualiza alguno de los supuestos normativos previstos por las fracciones I a IV, del invocado artículo 17 de la Ley de Amparo, sino el párrafo primero relativo a la regla general de los quince días para la promoción del juicio constitucional. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyos datos de localización, rubro y contenido dicen: "Época: Novena Época Registro: 204707 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo II, Agosto de 1995 Materia(s): Común Tesis: VI.2o. J/21 Página: 291 ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala". En el anterior contexto, resulta incuestionable la actualización de una causa de notoria e indudable improcedencia; por ende, se desecha de plano la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 y 61, fracción XIV Ley de Amparo. DILIGENCIA PERSONAL De conformidad con el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, dicha diligencia deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud del servidor público que la realice y de las personas justiciables. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintitrés de noviembre de dos mil veinte. Visto; el escrito signado por ********; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes y téngasele dando cumplimiento en tiempo y forma al requerimiento efectuado mediante proveído de once de noviembre de dos mil veinte, al precisar cuál es el acto que reclama y a qué autoridades se lo atribuye. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDAEn principio, es menester tener presente que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito, debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia siguiente: "Época: Novena Época Registro: 188643 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIV, Octubre de 2001 Materia(s): Constitucional Tesis: P./J. 128/2001 Página: 803 CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa". La causa de improcedencia que se actualiza resulta de relacionar los numerales 17, fracción IV (a contrario sensu), 18 y 61, fracción XIV, todos de la Ley de Amparo, por las consideraciones siguientes: Los preceptos legales mencionados, prevén: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. (.)". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Según se ve, el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, considerando como aquellos, a los no impugnados dentro de los plazos que prevé la ley de la materia. Por su parte, el artículo 17 de la Ley de Amparo dispone que el plazo para promover la demanda de amparo es de quince días, salvo las excepciones que ahí se prevén. Y en el diverso precepto 18 del ordenamiento legal en cita, se ve que el legislador previó tres supuestos a partir de los cuales debe comenzar a computarse el plazo de quince días para promover la demanda de amparo, a saber: a) A partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, o b) A partir del día siguiente a aquel en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución, o c) A partir del día siguiente a aquel en que el quejoso se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Estas premisas son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, por lo que es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los supuestos señalados, sin que fuera posible la actualización de dos de ellas en momentos distintos sobre un mismo acto. Sobre esta base normativa se sigue que la Ley de Amparo prescribe como referente para iniciar el cómputo respectivo el momento en el cual el quejoso tiene noticia del acto reclamado, bien sea por la notificación de este último o porque el propio quejoso tiene conocimiento o se ostenta sabedor del mismo o de su ejecución -supuestos que deben estar plenamente acreditados en el expediente respectivo-, con la única salvedad de aquellos casos en que se reclame una norma general autoaplicativa, en que el plazo respectivo comenzará a partir del día de su entrada en vigor. Y de no promoverse el juicio de amparo dentro del término genérico de quince días, antes señalado, éste será improcedente, dada su extemporaneidad. En el caso, del escrito aclaratorio de la demanda se advierte que la promovente señala como acto reclamado, lo siguiente: ". la nulidad de todos los acuerdos acordados con el nombre de la hoy quejosa Ernestina Almanza Mendoza dentro del juicio ordinario civil exp. 2409/2016 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Poza Rica, Ver." Asimismo, es de desatacar que del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad lo siguiente: "Resulta que con fecha 17 de noviembre de 2016 me entregan un instructivo de notificación a nombre de Cristina Almanza Mendoza quien es demandada por la C. Hilda Santes Almanza (.), así tenemos que con fecha 26 de octubre del presente año nuevamente me notifica por instructivo de notificación del cumplimiento de sentencia." De lo anterior se constata que la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento del acto reclamado el diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, cuando le fue entregado un instructivo de notificación relativo al juicio ordinario civil 2409/2016, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Poza Rica, Veracruz, la cual hace prueba plena en su contra, al tratarse de una confesión expresa de conformidad con los artículos 95, 96 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en vigor. Luego, para determinar el cómputo del plazo para promover el amparo respecto del auto reclamado se debe estar a la segunda de las reglas que se detallaron anteriormente, esto es, a partir del día siguiente a aquel en que la quejosa haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. Ante lo antes manifestado, se evidencia que efectivamente la aquí quejosa tenía conocimiento de la existencia juicio ordinario civil 2409/2016, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Poza Rica, Veracruz, del cual reclama la nulidad de todas las actuaciones a nombre ******** por lo menos desde el diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, cuando le fue entregado un instructivo de notificación relativo al juicio ordinario civil antes aludido.. En esas condiciones, debe tomarse en cuenta la aludida fecha diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, como punto de inicio para el cómputo del plazo de quince días previsto en el numeral 17 primer párrafo, de la Ley de Amparo vigente, por lo que dicho plazo transcurrió en exceso al nueve de noviembre de dos mil veinte, fecha de presentación de la demanda, esto es, más de tres años. En ese tenor, es evidente que si la parte quejosa presentó la demanda de amparo hasta el nueve de noviembre de dos mil veinte, la misma fue presentada de manera extemporánea, esto es, fuera del plazo de los quince días, al en que tuvo conocimiento del acto reclamado, por haber transcurrido más de quince días entre dichos momentos procesales. Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia señalada en el diverso numeral 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia de rubro y contenido siguiente: "Época: Novena Época Registro: 163172 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIII, Enero de 2011 Materia(s): Común Tesis: P./J. 115/2010 Página: 5 DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Máxime que, en la especie, no se actualiza alguno de los supuestos normativos previstos por las fracciones I a IV, del invocado artículo 17 de la Ley de Amparo, sino el párrafo primero relativo a la regla general de los quince días para la promoción del juicio constitucional. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyos datos de localización, rubro y contenido dicen: "Época: Novena Época Registro: 204707 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo II, Agosto de 1995 Materia(s): Común Tesis: VI.2o. J/21 Página: 291 ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala". En el anterior contexto, resulta incuestionable la actualización de una causa de notoria e indudable improcedencia; por ende, se desecha de plano la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 y 61, fracción XIV Ley de Amparo. DILIGENCIA PERSONAL De conformidad con el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, dicha diligencia deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud del servidor público que la realice y de las personas justiciables. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes.
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