Erika Elena Rodríguez Morales

Expediente 595/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 17 actuaciones registradas, la última del 11 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
595/2019
Año
2019
Actuaciones
17
Última actuación
11/06/2021

Partes del expediente

  • Erika Elena Rodríguez Morales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a once de junio de dos mil veintiuno. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, al haber transcurrido el término de quince días a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de inconformidad en contra del acuerdo en el que se declaró por cumplida la sentencia pronunciada en este asunto, sin que las partes interesadas hubieren ejercido ese derecho; en tal virtud, se tiene por CONSENTIDO dicho proveído. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente asunto como concluido. (...) Por tanto, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los siguientes noventa días, se realizará el proceso de depuración y se transferirán a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación; por lo que, agréguese al cuaderno original del incidente de suspensión una impresión electrónica con evidencia criptográfica de este auto y manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. (...) En virtud de lo expuesto, tomando en consideración que en el sumario obran documentos originales exhibidos por la promovente del amparo; de conformidad con el antepenúltimo párrafo del artículo 21 del multicitado Acuerdo General, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días hábiles comparezca a recuperarlos; bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, sin previo acuerdo, serán depurados con el expediente. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así, lo proveyó y firma la Jueza María Guadalupe Cruz Arellano, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Karina Esther Santiago Espinoza, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    (CITATORIO) NOTIFICACIÓN POR LISTA AL QUEJOSO.- Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a once de junio de dos mil veintiuno. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, al haber transcurrido el término de quince días a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de inconformidad en contra del acuerdo en el que se declaró por cumplida la sentencia pronunciada en este asunto, sin que las partes interesadas hubieren ejercido ese derecho; en tal virtud, se tiene por CONSENTIDO dicho proveído. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente asunto como concluido. (...) Por tanto, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los siguientes noventa días, se realizará el proceso de depuración y se transferirán a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación; por lo que, agréguese al cuaderno original del incidente de suspensión una impresión electrónica con evidencia criptográfica de este auto y manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. (...) En virtud de lo expuesto, tomando en consideración que en el sumario obran documentos originales exhibidos por la promovente del amparo; de conformidad con el antepenúltimo párrafo del artículo 21 del multicitado Acuerdo General, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días hábiles comparezca a recuperarlos; bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, sin previo acuerdo, serán depurados con el expediente. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes.

  3. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a once de mayo de dos mil veintiuno. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta y tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, así como que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio sin que se haya cumplido la sentencia amparadora dictada en el mismo; por lo que, se procede a verificar si el fallo pronunciado en este juicio se encuentra en este supuesto, sólo con base en las constancias de autos, dado que las partes omitieron desahogar la vista que previamente se les dio al respecto. Así pues, este órgano de control constitucional procede a analizar si, conforme a lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el fallo protector dictado en el presente asunto ha sido o no cumplido, sin excesos ni defectos; y, para tal efecto, cabe precisar primeramente, que: Mediante sentencia pronunciada el doce de marzo de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa Erika Elena Rodríguez Morales, en representación de los menores de iniciales A.G.A.R. y L.E.A.R., para los efectos que se precisarán en la tabla que más adelante se expondrá. La citada sentencia causó ejecutoria por acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil veinte, al no haber sido impugnada por las partes, dentro del término legalmente concedido al respecto y se requirió a las autoridades responsables para que justificaran haber dado cumplimiento al fallo protector; y, para tal efecto, la responsable ordenadora envió la resolución en cumplimiento y la ejecutora también informó lo propio, bajo los parámetros que se exponen a continuación. EFECTOS DE LA EJECUTORIA DE AMPARO ACTUACIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES 1. El Juez Segundo de Primera Instancia con residencia en Papantla, Veracruz deje insubsistente el auto de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve; y, 1. Por oficio 1075/2020 de veintisiete de octubre de dos mil veinte, la Encargada del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Octava Zona Registral, con sede en Papantla, Veracruz, informó que dejó insubsistente la ejecución descrita en la anotación marginal número 5, de la inscripción 3902, sección primera, tomo LVI de veinticinco de octubre de dos mil. 2. Mediante oficio 1253/2020 de cuatro de diciembre de dos mil veinte, Informó que al margen de la inscripción 3902, sección Primera, Tomo LV de veinticinco de octubre de dos mil, procedió a correr las notas siguientes: "Nota número 7: LA JUSTICIA AMPARA Y PROTEGE A ERIKA ELENA RODRÍGUEZ MORALES EN REPRESENTACIÓN DE LOS MENORES DE INICIALES A.G.A.R. Y L.E.A.R. EN CONTRA DE LOS ACTOS RECLAMADOS COMO LO ES LA EJECUCIÓN DEL PROVEÍDO DE FECHA 29NOV/2019 DESCRITO EN LA ANOTACIÓN MARGINAL NÚMERO 5 DE ESTA INSCRIPCIÓN, AL SER FUNDADOS LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN POR LO QUE CON LA CONCESIÓN DEL AMPARO QUEDA INSUBISTENTE, LO QUE SE AGREGA AL EXPEDIENTE 10/2020, #GB 2293-19-MARZO-2020-LIC. ROSA I. LÓPEZ JUÁREZ/ENC. DEL REG. PUB. SEGÚN OF. 3903/2020 DERIVADO DEL AMPARO 595/2019 RADICADO EN EL JUZGADO DÉCIMO 1º DE DTO. DE VERACRUZ; consecuentemente se realizó al margen la nota siguiente marcada con el número 8: CAUSA EJECUTORIA LA SENTENCIA DE MÉRITO SEGÚN OF. 8429/2020 DERIVADO DEL J. AMPARO 595/2019, EXPEDIDO POR EL JDO. DÉCIMO PRIMERO DE DTO., POZA RICA, VERACRUZ; ASIMISMO, SE HACE CONSTAR QUE LA SUSCRITA REGISTRADORA ARCHIVA EL PRESENTE OFICIO AL EXPEDIENTE 10/2020, LG 6625-20 DE OCTUBRE DE 2020- LIC. ROSA I. LÓPEZ JUÁREZ-ENC. DEL REG. PCO." 3. Por oficio 1571/2020, la Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Papantla, Veracruz, remitió copia certificada de la resolución dictada el once de diciembre de dos mil veinte en el juicio 527/2011, de la que se advierte que "SE DEJA SIN EFECTO el acuerdo dictado el VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE; y proveyendo el escrito del C. ANDRÉS GREGORIO ALVARADO PÉREZ, fechado el veintiocho de noviembre del dos mil diecinueve, y presentado el siguiente día, con anexo de ficha de depósito de folio número 631639 por la cantidad de $3,000 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.) para garantizar el pago de alimentos decretados a favor de la actora Erika Elena Rodríguez Morales y sus menores hijos de identidad reservada cuyas iniciales de sus nombres son G.A.R. y L.E.A.R. cantidad que se deja a disposición de la parte actora previa identificación y recibo que otorgue en autos, con fundamento en el artículo 174 del Código Adjetivo Civil; por otra parte y en cuanto a su petición de ". girar oficio correspondiente a efecto de levantar la inmovilización sobre uno de los inmuebles es decir, el de menor superficie de aproximadamente doce hectáreas, quedando en todo caso, garantizada el cumplimiento de los alimentos con el segundo inmueble de superficie aproximada de veinticuatro hectáreas y que ninguna afectación existe en la petición." a este respecto es de indicársele que no ha lugar a acordar en forma favorable su solicitud, porque en el caso particular, del expediente se advierte que desde el treinta y uno de mayo del dos mil once, se decretó una pensión alimenticia provisional a favor de los tres acreedores alimentistas; sin embargo, desde esa fecha, al veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve (en que se aseguraron los alimentos) el ocursante consignó en dos ocasiones la cantidad de $250.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 Moneda Nacional), por concepto de alimentos, esto es $500.00 (quinientos pesos 00/100 moneda nacional) En aproximadamente dos años, por ello la actora solicitó que se garantizaran los alimentos a través de la hipoteca, de conformidad con el artículo 248 del Código Civil para Veracruz; en consecuencia, mediante acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, se ordenó la inmovilización de los inmuebles siguientes: a) parcela número ciento diecisiete, del lote denominado "Concha", Aguacate y Totomoxtle" de Papantla, Veracruz, con superficie de doce hectáreas, quince áreas y sesenta y siete centiáreas, y b) Parcela cuatrocientos treinta y cinco del lote denominado "Polutla, Taracuán, Poza Verde y Tenixtepec", con superficie de veinticuatro hectáreas, noventa y nueve áreas y cero centiáreas; a lo cual el hoy promovente no se inconformó, tampoco promovió incidente respectivo, en el que demuestre que existe una cuestión superviniente por la que cambiaron las circunstancias del deudor alimentaria que incidan en la medida de aseguramiento decretada, máxime que en la actualidad el ocursante adeuda aproximadamente ocho años de pensión alimenticia provisional y que por la naturaleza del controvertido, que es de orden público, se debe atender y privilegiar a acreedores alimentarios pues se trata de sus hijos dada su minoría de edad, requieren de los insumos alimenticios de manera diaria y reiterada, puesto que el privarlos de ello, ocasiona dejarlos en estado de indefensión, luego entonces y si en el caso que nos ocupa fue el compareciente quien consintió el aseguramiento de sus bienes que fuera decretado en acuerdo emitido el veinticuatro de mayo del dos mil diecinueve, es inconcuso que su solicitud unilateral presentada el veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, resulta insuficiente para excluir el inmueble que cita en su promoción de cuenta." 2. Dicte otro en el que, tomando en consideración las directrices establecidas en este fallo, establezca la improcedencia de la solicitud del demandado de levantar el aseguramiento decretado en acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, por no ser la vía idónea para dirimir esta cuestión. Concesión que debe hacerse extensiva, respecto de los actos de ejecución, reclamados en vía de consecuencia, a virtud de que con la concesión del amparo, deben quedar insubsistentes. 4. Mediante oficio 251, de cinco de febrero de dos mil veintiuno, la juez responsable remitió copia certificada de la constancia de notificación del oficio 247, de esa propia fecha, girado al Encargado del Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, en donde se le hizo de su conocimiento la resolución de once de diciembre de dos mil veinte. Lo anterior, en virtud de que la Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Papantla, Veracruz, mediante resolución dictada el once de diciembre de dos mil veinte en el juicio 527/2011 de su índice, dejó insubsistente el auto de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve; acto seguido, acordó que no había lugar a acordar favorable la solicitud del demandado de levantar el aseguramiento decretado en acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, porque en el caso, advertía que desde el treinta y uno de mayo del dos mil once, se decretó una pensión alimenticia provisional a favor de los tres acreedores alimentistas; aunado a que el demandado adeudaba aproximadamente ocho años de pensión alimenticia provisional y que se debía privilegiar a los acreedores alimentarios, pues se trataba de sus hijos que dada su minoría de edad, requieren de los insumos alimenticios de manera diaria y reiterada, y el privarlos de ello, ocasionaría dejarlos en estado de indefensión; a lo que agregó el juez responsable que atendiendo a que el demandado había consentido el aseguramiento de sus bienes que fueran asegurados en acuerdo de veinticuatro de mayo del dos mil diecinueve, "era inconcuso que su solicitud unilateral presentada el veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, resultaba insuficiente para excluir el inmueble que citaba en su promoción." Determinación que fue notificada a la Encargada del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Octava Zona Registral, con sede en Papantla, Veracruz, por oficio 247 de cinco de febrero de dos mil veintiuno. Por su parte, la Encargada del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Octava Zona Registral, con sede en Papantla, Veracruz, informó que dejó insubsistente la ejecución descrita en la anotación marginal número 5, de la inscripción 3902, sección primera, tomo LVI de veinticinco de octubre de dos mil y que realizó las notas marginales 7 y 8 antes transcritas; a lo que acompañaron las constancias correspondientes; de lo que se advierte que las autoridades responsables dieron cumplimiento al fallo protector en sus términos. Tales lineamientos se obtienen de las jurisprudencias y tesis siguientes: "Época: Novena Época Registro: 192174 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Marzo de 2000 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 26/2000 Página: 243 INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." "Época: Décima Época Registro: 2008030 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 76/2014 (10a.) Página: 605 RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO. El artículo 107, fracción XVI, párrafo último, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que no podrá archivarse juicio de amparo alguno sin que la sentencia relativa quede enteramente cumplida; por ello, el análisis que se emprenda en el recurso de inconformidad para determinar si fue correcta o no la determinación que la tuvo por cumplida, no debe limitarse a los argumentos planteados por el recurrente, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta con facultades amplias para analizar oficiosamente si la ejecutoria de amparo fue o no acatada. Ahora, si bien es cierto que en la legislación de amparo abrogada, para dicho análisis bastaba con realizar un estudio comparativo general o básico entre lo ordenado en la ejecutoria y lo ejecutado por la autoridad responsable, también lo es que ello obedecía a que en esa legislación se contemplaba al recurso de queja como un medio para combatir el exceso o defecto en el cumplimiento; de ahí que para tener por cumplida la sentencia protectora, era suficiente con que la autoridad acreditara haber realizado lo ordenado, sin que al respecto debiera analizarse si había incurrido en exceso o defecto pues, de ser así, las partes podían interponer el recurso de queja; no obstante, éste ya no se contempla para ese fin en la Ley de Amparo vigente, en tanto que ahora el exceso o defecto puede combatirse a través del recurso de inconformidad. En efecto, aunque el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, sólo señala que el recurso de inconformidad procede contra la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, sin especificar que en él puedan combatirse los excesos o defectos en que incurra la responsable en el cumplimiento, de una interpretación armónica de ese numeral con los artículos 192, párrafo primero, 196 y 197 de la propia ley, se concluye que en este medio de impugnación pueden combatirse esos vicios, pues para que una ejecutoria pueda declararse cumplida es preciso que la responsable acate puntualmente lo ordenado sin incurrir en exceso o defecto. Atento a ello, si la materia del recurso de inconformidad, vista en relación con la anterior Ley de Amparo, ha sido ampliada, entonces para resolver este recurso ya no basta con realizar un examen comparativo general o básico entre las conductas señaladas por el órgano jurisdiccional como efecto de la concesión del amparo y las adoptadas por la autoridad responsable, pues ahora, en adición a ese examen, también debe verificarse que en el cumplimiento de la ejecutoria no haya habido exceso o defecto, para lo cual deberá tenerse presente que hay exceso, cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria y que, por el contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; sin embargo, al hacer ese análisis, debe tenerse presente el límite señalado en la ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia Federal, así como la libertad de jurisdicción que, en su caso, se haya otorgado a la responsable, pues a pesar de la ampliación en su materia, no es factible que a través de este medio se analice la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable, ni mucho menos introducir aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo." "Época: Décima Época Registro: 2017156 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 55, Junio de 2018, Tomo II Materia(s): Común Tesis: 1a. LXII/2018 (10a.) Página: 952 CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA LIBERTAD DE JURISDICCIÓN PARA DICTAR UNA NUEVA RESOLUCIÓN ENCUENTRA SU LÍMITE EN LA MATERIA DE ANÁLISIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Para evaluar el debido y total cumplimiento de una sentencia de amparo, tratándose de autoridades jurisdiccionales, si bien deben atender puntualmente y en su totalidad los efectos precisados en aquélla, lo cierto es que éstos no están desvinculados de las consideraciones y de los razonamientos plasmados en la sentencia aludida; por tanto, las autoridades jurisdiccionales deberán atender a dichos efectos, en el entendido de que la libertad de jurisdicción para dictar una nueva resolución encuentra su límite en la materia de análisis en el juicio de amparo." Asimismo, se considera que las autoridades responsables dieron cumplimiento al fallo protector en sus términos, sin excesos, al no haber ido más allá del alcance de la ejecutoria que concedió la protección federal, afectando actos jurídicos de los que no se ocupó el fallo constitucional, ni defectos, pues no se advierte que hubieran omitido llevar a cabo alguna actuación de las que ordenó la ejecutoria de amparo. Al respecto, es aplicable la tesis que sigue: "Época: Novena Época Registro: 171208 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVI, Octubre de 2007 Materia(s): Común Tesis: 1a. CCXXVI/2007 Página: 186 CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE ASÍ LO INFORMA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PRONUNCIARSE, SUJETÁNDOSE A LOS EXTREMOS DE LA LITIS CONSTITUCIONAL QUE RESOLVIÓ. Cuando el juez de Distrito recibe el informe de la autoridad responsable, en el que manifiesta que ya cumplió con los efectos de la ejecutoria, dicho juez Federal deberá emitir el pronunciamiento correspondiente, tomando en cuenta la naturaleza de los actos concretamente reclamados, los efectos y alcances del fallo protector, y sin incluir elementos extraños a la litis constitucional ventilada ante su potestad deberá determinar si la sentencia de amparo está o no cumplida y hacer el pronunciamiento, correspondiente, teniendo presente en todo momento, la naturaleza y objeto del incidente de inejecución de sentencia, y distinguiéndolo de la inconformidad, la queja o la repetición del acto reclamado pues, con independencia de que el quejoso haga uso de estos medios de impugnación el juez de Distrito debe pronunciarse y determinar si el fallo protector está o no cumplido, dando razón fundada de dicha decisión." Por ende, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo, notifíquese a las partes el presente auto y comuníquese lo anterior a la autoridades responsables, para su conocimiento y efectos legales conducentes. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese personalmente a la quejosa; por lista de acuerdos al tercero interesado, como está ordenado en acuerdo de veintiuno de enero de dos mil veinte; y a las autoridades responsables, en la forma prevista en la Ley de Amparo. Así, lo proveyó y firma la Jueza María Guadalupe Cruz Arellano, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Karina Esther Santiago Espinoza, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    (CITATORIO) NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA QUEJOSA.- Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a once de mayo de dos mil veintiuno. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta y tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, así como que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio sin que se haya cumplido la sentencia amparadora dictada en el mismo; por lo que, se procede a verificar si el fallo pronunciado en este juicio se encuentra en este supuesto, sólo con base en las constancias de autos, dado que las partes omitieron desahogar la vista que previamente se les dio al respecto. Así pues, este órgano de control constitucional procede a analizar si, conforme a lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el fallo protector dictado en el presente asunto ha sido o no cumplido, sin excesos ni defectos; y, para tal efecto, cabe precisar primeramente, que: Mediante sentencia pronunciada el doce de marzo de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa Erika Elena Rodríguez Morales, en representación de los menores de iniciales A.G.A.R. y L.E.A.R., para los efectos que se precisarán en la tabla que más adelante se expondrá. La citada sentencia causó ejecutoria por acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil veinte, al no haber sido impugnada por las partes, dentro del término legalmente concedido al respecto y se requirió a las autoridades responsables para que justificaran haber dado cumplimiento al fallo protector; y, para tal efecto, la responsable ordenadora envió la resolución en cumplimiento y la ejecutora también informó lo propio, bajo los parámetros que se exponen a continuación. EFECTOS DE LA EJECUTORIA DE AMPARO ACTUACIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES 1. El Juez Segundo de Primera Instancia con residencia en Papantla, Veracruz deje insubsistente el auto de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve; y, 1. Por oficio 1075/2020 de veintisiete de octubre de dos mil veinte, la Encargada del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Octava Zona Registral, con sede en Papantla, Veracruz, informó que dejó insubsistente la ejecución descrita en la anotación marginal número 5, de la inscripción 3902, sección primera, tomo LVI de veinticinco de octubre de dos mil. 2. Mediante oficio 1253/2020 de cuatro de diciembre de dos mil veinte, Informó que al margen de la inscripción 3902, sección Primera, Tomo LV de veinticinco de octubre de dos mil, procedió a correr las notas siguientes: "Nota número 7: LA JUSTICIA AMPARA Y PROTEGE A ERIKA ELENA RODRÍGUEZ MORALES EN REPRESENTACIÓN DE LOS MENORES DE INICIALES A.G.A.R. Y L.E.A.R. EN CONTRA DE LOS ACTOS RECLAMADOS COMO LO ES LA EJECUCIÓN DEL PROVEÍDO DE FECHA 29NOV/2019 DESCRITO EN LA ANOTACIÓN MARGINAL NÚMERO 5 DE ESTA INSCRIPCIÓN, AL SER FUNDADOS LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN POR LO QUE CON LA CONCESIÓN DEL AMPARO QUEDA INSUBISTENTE, LO QUE SE AGREGA AL EXPEDIENTE 10/2020, #GB 2293-19-MARZO-2020-LIC. ROSA I. LÓPEZ JUÁREZ/ENC. DEL REG. PUB. SEGÚN OF. 3903/2020 DERIVADO DEL AMPARO 595/2019 RADICADO EN EL JUZGADO DÉCIMO 1º DE DTO. DE VERACRUZ; consecuentemente se realizó al margen la nota siguiente marcada con el número 8: CAUSA EJECUTORIA LA SENTENCIA DE MÉRITO SEGÚN OF. 8429/2020 DERIVADO DEL J. AMPARO 595/2019, EXPEDIDO POR EL JDO. DÉCIMO PRIMERO DE DTO., POZA RICA, VERACRUZ; ASIMISMO, SE HACE CONSTAR QUE LA SUSCRITA REGISTRADORA ARCHIVA EL PRESENTE OFICIO AL EXPEDIENTE 10/2020, LG 6625-20 DE OCTUBRE DE 2020- LIC. ROSA I. LÓPEZ JUÁREZ-ENC. DEL REG. PCO." 3. Por oficio 1571/2020, la Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Papantla, Veracruz, remitió copia certificada de la resolución dictada el once de diciembre de dos mil veinte en el juicio 527/2011, de la que se advierte que "SE DEJA SIN EFECTO el acuerdo dictado el VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE; y proveyendo el escrito del C. ANDRÉS GREGORIO ALVARADO PÉREZ, fechado el veintiocho de noviembre del dos mil diecinueve, y presentado el siguiente día, con anexo de ficha de depósito de folio número 631639 por la cantidad de $3,000 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.) para garantizar el pago de alimentos decretados a favor de la actora Erika Elena Rodríguez Morales y sus menores hijos de identidad reservada cuyas iniciales de sus nombres son G.A.R. y L.E.A.R. cantidad que se deja a disposición de la parte actora previa identificación y recibo que otorgue en autos, con fundamento en el artículo 174 del Código Adjetivo Civil; por otra parte y en cuanto a su petición de ". girar oficio correspondiente a efecto de levantar la inmovilización sobre uno de los inmuebles es decir, el de menor superficie de aproximadamente doce hectáreas, quedando en todo caso, garantizada el cumplimiento de los alimentos con el segundo inmueble de superficie aproximada de veinticuatro hectáreas y que ninguna afectación existe en la petición." a este respecto es de indicársele que no ha lugar a acordar en forma favorable su solicitud, porque en el caso particular, del expediente se advierte que desde el treinta y uno de mayo del dos mil once, se decretó una pensión alimenticia provisional a favor de los tres acreedores alimentistas; sin embargo, desde esa fecha, al veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve (en que se aseguraron los alimentos) el ocursante consignó en dos ocasiones la cantidad de $250.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 Moneda Nacional), por concepto de alimentos, esto es $500.00 (quinientos pesos 00/100 moneda nacional) En aproximadamente dos años, por ello la actora solicitó que se garantizaran los alimentos a través de la hipoteca, de conformidad con el artículo 248 del Código Civil para Veracruz; en consecuencia, mediante acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, se ordenó la inmovilización de los inmuebles siguientes: a) parcela número ciento diecisiete, del lote denominado "Concha", Aguacate y Totomoxtle" de Papantla, Veracruz, con superficie de doce hectáreas, quince áreas y sesenta y siete centiáreas, y b) Parcela cuatrocientos treinta y cinco del lote denominado "Polutla, Taracuán, Poza Verde y Tenixtepec", con superficie de veinticuatro hectáreas, noventa y nueve áreas y cero centiáreas; a lo cual el hoy promovente no se inconformó, tampoco promovió incidente respectivo, en el que demuestre que existe una cuestión superviniente por la que cambiaron las circunstancias del deudor alimentaria que incidan en la medida de aseguramiento decretada, máxime que en la actualidad el ocursante adeuda aproximadamente ocho años de pensión alimenticia provisional y que por la naturaleza del controvertido, que es de orden público, se debe atender y privilegiar a acreedores alimentarios pues se trata de sus hijos dada su minoría de edad, requieren de los insumos alimenticios de manera diaria y reiterada, puesto que el privarlos de ello, ocasiona dejarlos en estado de indefensión, luego entonces y si en el caso que nos ocupa fue el compareciente quien consintió el aseguramiento de sus bienes que fuera decretado en acuerdo emitido el veinticuatro de mayo del dos mil diecinueve, es inconcuso que su solicitud unilateral presentada el veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, resulta insuficiente para excluir el inmueble que cita en su promoción de cuenta." 2. Dicte otro en el que, tomando en consideración las directrices establecidas en este fallo, establezca la improcedencia de la solicitud del demandado de levantar el aseguramiento decretado en acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, por no ser la vía idónea para dirimir esta cuestión. Concesión que debe hacerse extensiva, respecto de los actos de ejecución, reclamados en vía de consecuencia, a virtud de que con la concesión del amparo, deben quedar insubsistentes. 4. Mediante oficio 251, de cinco de febrero de dos mil veintiuno, la juez responsable remitió copia certificada de la constancia de notificación del oficio 247, de esa propia fecha, girado al Encargado del Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, en donde se le hizo de su conocimiento la resolución de once de diciembre de dos mil veinte. Lo anterior, en virtud de que la Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Papantla, Veracruz, mediante resolución dictada el once de diciembre de dos mil veinte en el juicio 527/2011 de su índice, dejó insubsistente el auto de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve; acto seguido, acordó que no había lugar a acordar favorable la solicitud del demandado de levantar el aseguramiento decretado en acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, porque en el caso, advertía que desde el treinta y uno de mayo del dos mil once, se decretó una pensión alimenticia provisional a favor de los tres acreedores alimentistas; aunado a que el demandado adeudaba aproximadamente ocho años de pensión alimenticia provisional y que se debía privilegiar a los acreedores alimentarios, pues se trataba de sus hijos que dada su minoría de edad, requieren de los insumos alimenticios de manera diaria y reiterada, y el privarlos de ello, ocasionaría dejarlos en estado de indefensión; a lo que agregó el juez responsable que atendiendo a que el demandado había consentido el aseguramiento de sus bienes que fueran asegurados en acuerdo de veinticuatro de mayo del dos mil diecinueve, "era inconcuso que su solicitud unilateral presentada el veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, resultaba insuficiente para excluir el inmueble que citaba en su promoción." Determinación que fue notificada a la Encargada del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Octava Zona Registral, con sede en Papantla, Veracruz, por oficio 247 de cinco de febrero de dos mil veintiuno. Por su parte, la Encargada del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Octava Zona Registral, con sede en Papantla, Veracruz, informó que dejó insubsistente la ejecución descrita en la anotación marginal número 5, de la inscripción 3902, sección primera, tomo LVI de veinticinco de octubre de dos mil y que realizó las notas marginales 7 y 8 antes transcritas; a lo que acompañaron las constancias correspondientes; de lo que se advierte que las autoridades responsables dieron cumplimiento al fallo protector en sus términos. Tales lineamientos se obtienen de las jurisprudencias y tesis siguientes: "Época: Novena Época Registro: 192174 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Marzo de 2000 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 26/2000 Página: 243 INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." "Época: Décima Época Registro: 2008030 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 76/2014 (10a.) Página: 605 RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO. El artículo 107, fracción XVI, párrafo último, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que no podrá archivarse juicio de amparo alguno sin que la sentencia relativa quede enteramente cumplida; por ello, el análisis que se emprenda en el recurso de inconformidad para determinar si fue correcta o no la determinación que la tuvo por cumplida, no debe limitarse a los argumentos planteados por el recurrente, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta con facultades amplias para analizar oficiosamente si la ejecutoria de amparo fue o no acatada. Ahora, si bien es cierto que en la legislación de amparo abrogada, para dicho análisis bastaba con realizar un estudio comparativo general o básico entre lo ordenado en la ejecutoria y lo ejecutado por la autoridad responsable, también lo es que ello obedecía a que en esa legislación se contemplaba al recurso de queja como un medio para combatir el exceso o defecto en el cumplimiento; de ahí que para tener por cumplida la sentencia protectora, era suficiente con que la autoridad acreditara haber realizado lo ordenado, sin que al respecto debiera analizarse si había incurrido en exceso o defecto pues, de ser así, las partes podían interponer el recurso de queja; no obstante, éste ya no se contempla para ese fin en la Ley de Amparo vigente, en tanto que ahora el exceso o defecto puede combatirse a través del recurso de inconformidad. En efecto, aunque el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, sólo señala que el recurso de inconformidad procede contra la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, sin especificar que en él puedan combatirse los excesos o defectos en que incurra la responsable en el cumplimiento, de una interpretación armónica de ese numeral con los artículos 192, párrafo primero, 196 y 197 de la propia ley, se concluye que en este medio de impugnación pueden combatirse esos vicios, pues para que una ejecutoria pueda declararse cumplida es preciso que la responsable acate puntualmente lo ordenado sin incurrir en exceso o defecto. Atento a ello, si la materia del recurso de inconformidad, vista en relación con la anterior Ley de Amparo, ha sido ampliada, entonces para resolver este recurso ya no basta con realizar un examen comparativo general o básico entre las conductas señaladas por el órgano jurisdiccional como efecto de la concesión del amparo y las adoptadas por la autoridad responsable, pues ahora, en adición a ese examen, también debe verificarse que en el cumplimiento de la ejecutoria no haya habido exceso o defecto, para lo cual deberá tenerse presente que hay exceso, cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria y que, por el contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; sin embargo, al hacer ese análisis, debe tenerse presente el límite señalado en la ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia Federal, así como la libertad de jurisdicción que, en su caso, se haya otorgado a la responsable, pues a pesar de la ampliación en su materia, no es factible que a través de este medio se analice la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable, ni mucho menos introducir aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo." "Época: Décima Época Registro: 2017156 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 55, Junio de 2018, Tomo II Materia(s): Común Tesis: 1a. LXII/2018 (10a.) Página: 952 CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA LIBERTAD DE JURISDICCIÓN PARA DICTAR UNA NUEVA RESOLUCIÓN ENCUENTRA SU LÍMITE EN LA MATERIA DE ANÁLISIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Para evaluar el debido y total cumplimiento de una sentencia de amparo, tratándose de autoridades jurisdiccionales, si bien deben atender puntualmente y en su totalidad los efectos precisados en aquélla, lo cierto es que éstos no están desvinculados de las consideraciones y de los razonamientos plasmados en la sentencia aludida; por tanto, las autoridades jurisdiccionales deberán atender a dichos efectos, en el entendido de que la libertad de jurisdicción para dictar una nueva resolución encuentra su límite en la materia de análisis en el juicio de amparo." Asimismo, se considera que las autoridades responsables dieron cumplimiento al fallo protector en sus términos, sin excesos, al no haber ido más allá del alcance de la ejecutoria que concedió la protección federal, afectando actos jurídicos de los que no se ocupó el fallo constitucional, ni defectos, pues no se advierte que hubieran omitido llevar a cabo alguna actuación de las que ordenó la ejecutoria de amparo. Al respecto, es aplicable la tesis que sigue: "Época: Novena Época Registro: 171208 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVI, Octubre de 2007 Materia(s): Común Tesis: 1a. CCXXVI/2007 Página: 186 CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE ASÍ LO INFORMA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PRONUNCIARSE, SUJETÁNDOSE A LOS EXTREMOS DE LA LITIS CONSTITUCIONAL QUE RESOLVIÓ. Cuando el juez de Distrito recibe el informe de la autoridad responsable, en el que manifiesta que ya cumplió con los efectos de la ejecutoria, dicho juez Federal deberá emitir el pronunciamiento correspondiente, tomando en cuenta la naturaleza de los actos concretamente reclamados, los efectos y alcances del fallo protector, y sin incluir elementos extraños a la litis constitucional ventilada ante su potestad deberá determinar si la sentencia de amparo está o no cumplida y hacer el pronunciamiento, correspondiente, teniendo presente en todo momento, la naturaleza y objeto del incidente de inejecución de sentencia, y distinguiéndolo de la inconformidad, la queja o la repetición del acto reclamado pues, con independencia de que el quejoso haga uso de estos medios de impugnación el juez de Distrito debe pronunciarse y determinar si el fallo protector está o no cumplido, dando razón fundada de dicha decisión." Por ende, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo, notifíquese a las partes el presente auto y comuníquese lo anterior a la autoridades responsables, para su conocimiento y efectos legales conducentes. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes.

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