Ermilo Javier Castilla Roche

Expediente 502/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 13 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
502/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
24/01/2023

Partes del expediente

  • Ermilo Javier Castilla Roche

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán; veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, agréguese a los mismos, el oficio signado por el Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en la ciudad, mediante el cual informa la sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta al acusado, por las medidas establecidas en el artículo 146 del Código Penal del Estado, consistentes en la colocación de un localizador electrónico y el arresto domiciliario. Lo anterior, sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento en cuanto a su contenido, toda vez que la sentencia dictada en el presente juicio se encuentra en revisión ante el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, bajo el número de toca 16/2023. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    ELECTR.Mérida, Yucatán, seis de enero de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los autos el oficio remitido vía electrónica mediante el uso de la FIREL del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del recurso de revisión interpuesto por ERMILO JAVIER CASTILLA ROCHE por conducto de su defensor particular Emiliano Zapata Cetina, en contra de la sentencia de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, dictada en el presente juicio de amparo; medio de impugnación que se admitió bajo el número de toca 16/2023, del índice de la Superioridad. Circunstancia de la cual este órgano jurisdiccional toma conocimiento, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, ocho de diciembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, agréguese a estos autos el escrito presentado por EMILIANO ZAPATA CETINA, defensor particular del quejoso ERMILO JAVIER CASTILLA ROCHE, remitido por la vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, con el cual interpone RECURSO DE REVISIÓN y expresa los agravios que hace valer en contra de la sentencia de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. En consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, córrase traslado a las partes quejosa y tercera interesada, a la autoridad responsable, al Fiscal adscrito al Juzgado Segundo de Control en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Primer Distrito Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, con una copia simple de dicho escrito de expresión de agravios. Una vez hecho lo anterior, envíese vía interconexión el escrito de expresión de agravios del aludido recurso, al Tribunal Colegiado del Decimocuarto Circuito en Materias Penal y Administrativa, con residencia en esta ciudad, para que resuelva lo que estime procedente. Por tanto, una vez que el Tribunal Colegiado asigne número de Toca al recurso de revisión en cuestión, se le otorgará a dicha Superioridad el acceso electrónico para la consulta del presente expediente. Lo anterior, sin que haya lugar de formar el cuadernillo físico relativo a dicho recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Segundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos y resoluciones que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. Notifíquese; personalmente a las partes quejosa y tercero interesada, así como a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal; y por oficio a la autoridad responsable y al Fiscal adscrito al Juzgado Segundo de Control en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Primer Distrito Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad: y cúmplase.

  4. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 502/2022-IV-B, promovido por EMILIANO ZAPATA CETINA, defensor particular del quejoso ERMILO JAVIER CASTILLA ROCHE; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiuno de febrero de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y remitido el día siguiente a este Juzgado Federal por razón de turno, compareció EMILIANO ZAPATA CETINA, defensor particular del quejoso ERMILO JAVIER CASTILLA ROCHE, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto que reclama de la autoridad responsable Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, residente en esta ciudad. SEGUNDO. En auto de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable; se emplazó a la parte tercero interesada, se dio la intervención legal que compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, se llevó a cabo en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos General 3/2013 y 3/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar los actos reclamados que constituyen la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento, además, en la tesis visible en la página 255, del Tribunal Pleno, Tomo XIX, abril de 2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se tiene que los actos reclamados consisten en: ? La resolución pronunciada el treinta y uno de enero de dos mil veintidós, referente a la solicitud de prórroga de la medida cautelar de la prisión preventiva justificada, dentro de la carpeta administrativa número 70/2018 del índice de la autoridad responsable, en la que, a solicitud de la fiscalía se prorrogó por seis meses la duración de la prisión preventiva en la que se encuentra el aquí quejoso. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable toda vez que así lo manifestó al rendir su informe justificado; por lo que así debe tenerse para los efectos del presente juicio. Resulta aplicable en la especie, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que reza: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Estudio de causales de improcedencia. En términos del artículo 61 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si en el caso se actualiza alguna causa de improcedencia del juicio de amparo, al ser ésta una cuestión de orden público y estudio preferente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 814, publicada en la página 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, registro 394770 que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En este apartado, en principio, debe decirse que respecto de los actos reclamados se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo lo que trae como consecuencia el sobreseimiento en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado por los motivos que a continuación se exponen. En efecto, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)." Conforme a lo dispuesto en el arábigo trascrito, el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto que se reclama hayan cesado, esto, hasta antes del dictado de la sentencia. La hipótesis normativa prevista en el citado precepto legal, se actualiza en dos supuestos, a saber: a) Por revocación; y, b) Por sustitución. La primera hipótesis se surte cuando la autoridad responsable deja insubsistente la conducta que se le atribuye, lo cual debe ser incondicionalmente y de inmediato; de modo que restablezca la situación que imperaba antes de la comisión del acto que a juicio del quejoso transgredió sus derechos fundamentales. El segundo supuesto se actualiza cuando sobreviene un nuevo acto de autoridad que extingue la vigencia y ejecutividad del reclamado en el juicio de amparo, lo que implica que este último ya no pueda sujetarse al análisis constitucional, con motivo de haber sido sustituido. Lo anterior tiene apoyo en la tesis sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito4, cuyo rubro y texto señalan: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSAL CUANDO LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA SUSTITUYE PROCESALMENTE A LA DICTADA EN PRIMERA. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, prevé la improcedencia del juicio por cesación de efectos. Esta causal se actualiza en dos supuestos; por revocación, cuando la propia autoridad destruye en forma total, incondicional y material los efectos del acto; y, por sustitución procesal, cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto. Por tal motivo, debe sobreseerse en el juicio de amparo, por actualizarse la segunda de las hipótesis de improcedencia por cesación de efectos, respecto de la resolución dictada por una autoridad de primera instancia, cuando ésta se combate a través de algún medio de impugnación, cuyo sistema recursivo permita pronunciarse sobre el tema a debate, con base en la misma legislación en que se sustentó el fallo cuestionado. Esto es así, porque la resolución de segunda instancia incide y sustituye procesalmente los efectos generados por la dictada en primera instancia." Esta causa de improcedencia, se justifica por la imposibilidad de concretar el fin del juicio de amparo, esto es, restituir al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte lo que el mismo le exija. Establecido lo anterior, es dable precisar que, en el caso, se actualiza la hipótesis referida en segundo término, que se presenta cuando se da la sustitución de actos procesales, de manera que un acto posterior incide en la ejecutividad, vigencia y firmeza de otro. A fin de evidenciar lo anterior, es importante destacar que el acto reclamado se hace consistir en la resolución pronunciada el treinta y uno de enero de dos mil veintidós, referente a la solicitud de prórroga de la medida cautelar de la prisión preventiva justificada, dentro de la carpeta administrativa número 70/2018 del índice de la autoridad responsable, en la que, a solicitud de la fiscalía se prorrogó por seis meses la duración de la prisión preventiva en la que se encuentra el aquí quejoso. Ahora bien, del informe rendido por el Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, residente en esta ciudad, recibido en proveído de tres de agosto de dos mi veintidós, comunicó a este Juzgado Federal que en audiencia celebrada el veintinueve de julio del presente año, se dictó resolución en la cual se decretó la prórroga del plazo de la medida cautelar personal impuesta al aquí quejoso, consistente en la prisión preventiva, prevista en los artículos 146, fracción XIII, y 155, ambos del Código Procesal Penal para el Estado de Yucatán. Asimismo, informó que dicha prórroga es por el plazo de seis meses más, la cual inició a partir del dos de agosto de dos mil veintidós, y fenecerá el uno de febrero de dos mil veintitrés. De lo anterior se desprende que la resolución primigenia de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, referente a la solicitud de prórroga de la medida cautelar de la prisión preventiva justificada, dentro de la carpeta administrativa número 70/2018 del índice de la autoridad responsable, fue sustituida procesalmente por la diversa determinación emitida el veintinueve de julio de dos mil veintidós, en la cual se decretó la prórroga del plazo de la medida cautelar personal impuesta al aquí quejoso, consistente en la prisión preventiva justificada, iniciando a partir del dos de agosto de dos mil veintidós y señalándose como data de vencimiento el uno de febrero de dos mil veintitrés; lo cual modificó la situación jurídica que surgió con motivo de la determinación originalmente reclamada. Así las cosas, lo cierto es que el acto reclamado se vio superado con la emisión de la nueva resolución de veintinueve de julio de dos mil veintidós, que es el que actualmente rige la situación jurídica del amparista en materia de prisión preventiva a la cual se encuentra sujeto. En esas condiciones, no es posible analizar las situaciones jurídicas y materiales derivadas de la resolución de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, emitida en la carpeta administrativa número 70/2018, pues se reitera, al haber sido sustituida procesalmente, debe de considerarse que dejó de tener efectos legales propios, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. De manera similar a como ocurre con la sentencia de primera instancia cuando se dicta la de alzada, según criterio sostenido por el Alto Tribunal de la Nación, como se observa de la siguiente jurisprudencia: "AMPARO IMPROCEDENTE. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. Cuando en un amparo directo se reclama, además de la de segunda instancia, la sentencia pronunciada por el a quo, debe sobreseerse el juicio de garantías por lo que respecta a esta última, con apoyo en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, por operar la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción XVI, de dicha ley, toda vez que cesaron los efectos de la referida sentencia, en razón de haber sido sustituida por la de segundo grado." (Séptima Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 193-198, Segunda Parte, Página: 61, Materia: Común). Lo anterior, porque la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser anulada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley, lo que imposibilita entrar al estudio de los conceptos de violación vertidos por el quejoso en la demanda de amparo. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número 509, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, registro 394,465, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTO. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMO. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio promovido por ERMILO JAVIER CASTILLA ROCHE, por conducto de su defensor particular EMILIANO ZAPATA CETINA, en contra del acto que reclama del Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, residente en esta ciudad, por las razones señaladas en el considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y cúmplase.

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