Ermilo Javier Castilla Roche
Expediente 8/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 31 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 8/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 31
- Última actuación
- 31/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Ermilo Javier Castilla Roche
Actuaciones
Las 4 más recientes de 31.
- Incidental
Mérida, Yucatán, treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio 1535 signado electrónicamente por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, al que adjunta la resolución pronunciada el doce de agosto de dos mil veintiuno, en el toca 82/2021 de su índice, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa ***, por conducto de su defensor particular Emiliano Zapata Cetina, contra la resolución interlocutoria de diecinueve de enero de dos mil veintiuno; así como el incidente de suspensión 8/2021-IV-B. En la resolución recibida, se advierte que la Superioridad en su resolutivo, señaló: "ÚNICO. Se declara SIN MATERIA el recurso de revisión interpuesto por ERMILO JAVIER CASTILLA ROCHE, por conducto de su defensor particular Emiliano Zapata Cetina, contra la resolución interlocutoria de diecinueve de enero de dos mil veintiuno, emitida en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto número 8/2021-IV-B, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad." Al respecto, este órgano jurisdiccional queda enterado para los efectos legales conducentes de lo informado, por lo que se ordena acusar recibo a la Superioridad y háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. Con lo anterior, se ordena mediante oficio remitir una copia de la resolución de la Superioridad a la autoridad ordenadora, y dar cuenta en el expediente principal del que deriva el presente incidente de suspensión, para los efectos legales conducentes. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de veintitrés de agosto del año en curso, se tuvo por cumplido el fallo protector dictado en el presente juicio constitucional y se reservó acordar lo relativo al archivo del mismo hasta en tanto el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, resolviera el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa en contra de la interlocutoria dictada el diecinueve de enero del presente año en los autos del incidente de suspensión derivado del presente expediente, circunstancia que aconteció el día de hoy, tal como consta en el acuerdo de esta misma data dictado en el expediente incidental derivado del presente juicio. En consecuencia, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo remitir por separado al archivo los cuadernos del incidente de suspensión, agregando a los mismos, copia autorizada del presente proveído. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el inciso b), del artículo 18, del Acuerdo General sin número, de veintitrés de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el presente expediente es DEPURABLE, en virtud de que versa de una sentencia en la que se concedió a la parte quejosa el Amparo y Protección de la Justicia Federal y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el citado artículo. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó la suspensión provisional y definitiva solicitadas, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso c, del Acuerdo General relativo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20 del citado Acuerdo General, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintitrés de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, del que se advierte que mediante proveído de diez de agosto del año en curso, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada con lo informado por la Magistrada Tercera y Presidenta de la Sala Colegiada Penal y Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, residente en esta ciudad, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; asimismo, en dicho acuerdo se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera, siendo sólo la parte quejosa quien realizó manifestaciones al respecto. Por tanto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, la documental remitida por la autoridad responsable y de acuerdo a las manifestaciones realizadas por la parte quejosa, el fallo protector emitido se encuentra o no cumplido en su totalidad. En sentencia firmada el veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, se concedió a la parte quejosa la protección constitucional solicitada, para el efecto de que la responsable dejara insubsistente la resolución reclamada de nueve de diciembre de dos mil veinte, emitida en el toca penal 41/2020, pero sólo en la parte relativa a la fijación del monto de la garantía de la medida cautelar concedida al implicado; sin que se prejuzgara sobre lo correcto o no del porcentaje fijado, el cual podía reiterarse o no, a virtud de que al no haberse expresado justificación para ello, no se analizó lo adecuado o no del mismo. Posteriormente, en auto de veintidós de junio de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la resolución de mérito, y se requirió su cumplimiento. A fin de cumplir con la sentencia de amparo, la autoridad responsable mediante oficio 480/2021 de trece de julio de dos mil veintiuno, comunicó que mediante resolución de doce de julio del presente año, dejó sin efecto la resolución de fecha nueve de diciembre de dos mil veinte, dictada en el toca 41/2020 y resolvió sólo la parte relativa a la fijación del monto de la garantía de la medida cautelar concedida al quejoso Ermilo Javier Castilla Roche, por lo que envió la nueva resolución al respecto. Sin embargo, en proveído de veintinueve de julio del presente año, este órgano jurisdiccional acordó que el fallo protector no había quedado cumplido aún en todos sus términos, pues se dijo lo siguiente: ".En efecto, de lo anteriormente relacionado se obtiene que el tribunal de segundo grado, si bien acató lo concerniente a la temporalidad aplicable al parámetro de ingresos mensuales aproximado del quejoso -$162,500.00 ciento sesenta y dos mil quinientos pesos, moneda nacional- al considerar setenta y un meses en relación con los efectos temporales derivados de la comisión del delito de fraude que se le imputa, no justificó en debida forma y de acuerdo a lo que se le indicó, la suma que fijó como garantía relativa a la medida cautelar otorgada al justiciable. Ciertamente, de la multiplicación que realizó de la cantidad de ingreso mensual ya indicada atribuible al amparista, por los setenta y un meses también ya precisados, obtuvo el importe de $11'537,500.00 (once millones quinientos treinta y siete mil quinientos pesos, 00/100, moneda nacional). Sin embargo, en el estudio realizado en el nuevo fallo emitido en cumplimiento a la concesión de amparo, se advierte que en relación con la cantidad antes mencionada, la Sala responsable sólo indicó que tras un ejercicio de ponderación que radica en la observancia de los requerimientos formales establecidos en la legislación procedimental en la materia, estimó justo, adecuado y prudente, fijar la suma de $3´558,750.00 (tres millones quinientos cincuenta y ocho mil setecientos cincuenta pesos, moneda nacional), en concepto de garantía económica, señalando al efecto que dicho importe de ninguna manera lo considera violatorio de los derechos del procesado, ya que se obtiene atendiendo a su capacidad económica. Como se observa, el tribunal responsable sólo se apoyó en la facultad discrecional para fijar la cantidad anteriormente mencionada en concepto de garantía, lo cual es correcto en parte, ya que se le otorgó libertad al respecto, empero con la condicionante de que debería justificar el empleo de la misma, y es precisamente esto último lo cual no está colmado. La Sala ad quem al realizar sus cálculos en análisis de la capacidad económica del implicado, refiere dos cantidades medulares: $11'537,500.00 (once millones quinientos treinta y siete mil quinientos pesos, 00/100, moneda nacional); y, $3´558,750.00 (tres millones quinientos cincuenta y ocho mil setecientos cincuenta pesos, moneda nacional). No obstante ello, al mencionar y precisar que la última suma citada es la correspondiente a la garantía que debe exhibir el procesado, no vierte argumentos que justifiquen el porqué de dicho importe. Como se indicó en la sentencia protectora, lo anterior era necesario para que el imputado conociera en forma íntegra las razones por las cuales la responsable fijó la garantía en ese parámetro y no en otro, y en consecuencia, poder combatirla de manera apropiada, lo cual lo sigue dejando en estado de indefensión, pues esa omisión argumentativa no permite sostener la suma fijada. Sin que baste invocar la discrecionalidad como facultad inherente a la función judicial, pues aun y cuando la Sala responsable cuenta con ella, y en el fallo constitucional no se le limitó al respecto, resulta necesario que exponga la justificación de la misma respecto a la cantidad señalada, a fin de cumplir adecuadamente con el derecho fundamental de debida motivación. Lo anterior con la aclaración de que pudiera sostener la Sala responsable la cantidad ya señalada como garantía, sin embargo, deberá esgrimir las razones por las cuales la fijó en ese preciso parámetro de $3´558,750.00 (tres millones quinientos cincuenta y ocho mil setecientos cincuenta pesos, moneda nacional). Efectivamente, como corolario debe indicarse que el tribunal de segundo grado no justificó ni expuso la interrelación que consideró entre las cantidades indicadas anteriormente bajo los incisos a) y b) de esta determinación, para concluir que la garantía fijada era correspondiente al último de los incisos en mención; lo cual deberá realizar a efecto de dar completo cumplimiento a la sentencia que otorgó la protección constitucional al quejoso." Por lo anterior, se requirió nuevamente a la autoridad responsable a que cumpliera con la sentencia en los términos precisados; ante ello, remitió el oficio 506/2021 de seis de agosto de dos mil veintiuno, comunicó que mediante resolución de dicha fecha, dictó resolución en la que dejó insubsistente las resoluciones de dos de julio del año en curso, así como la emitida el nueve de diciembre de dos mil veinte, sólo en la parte relativa a la fijación del monto de la garantía de la medida cautelar concedida al aquí quejoso, y con los lineamientos de la sentencia dictada en el presente juicio constitucional, dictó una nueva, y remitió las constancias que lo acreditan. Así, en la nueva resolución remitida en cumplimiento se observa que la Sala responsable, en la parte conducente, señaló que atendiendo a las finalidades previstas en el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a los principios de igualdad y equilibrio procesal en materia penal, a fin de asegurar los derechos tanto de la víctima como del imputado, preponderando los requisitos previstos en el artículo 172 del ordenamiento adjetivo señalado, para los efectos de fijar un monto que corresponda al procesado otorgar en concepto de garantía económica, conforme al estudio conjunto de los elementos objetivos con los subjetivos (circunstancias personales y reales del procesado). Así como con base en el segundo párrafo del propio numeral 172 de la legislación procesal en consulta, que establece que la autoridad judicial goza de discrecionalidad para determinar el monto a imponer; dicho órgano colegiado, fijó la exhibición de una garantía económica, por veintiún (21) meses del sueldo del encausado, que a razón del importe de $162,500.00 ciento sesenta y dos mil quinientos pesos, moneda nacional, equivale a la cantidad de $3´412,500.00 (tres millones cuatrocientos doce mil quinientos pesos, 00/100. moneda nacional). De lo anterior, se observa que la Sala responsable hizo uso de la facultad discrecional que la ley procesal penal aplicable le permite, y justificó el monto de la garantía, al considerar de acuerdo a los factores ya indicados, al señalar el equivalente a veintiún meses del salario mensual promedio que percibía el imputado, cumpliendo así con las directrices trazadas en la sentencia constitucional. Por otra parte, debe decirse que la parte quejosa, en su escrito recibido en auto de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, realiza diversas manifestaciones en torno a la fijación de la garantía, de las cuales se observa que están basadas sustancialmente en que la misma no es asequible para el procesado, ya que actualmente está desempleado, por lo que señalarla bajo los ingresos que tenía antes de su detención no se ajusta la realidad actual del implicado. Asimismo, señala que el quejoso no ha mostrado indicio alguno de sustracción de la acción de la justicia, y sin embargo le fijó una garantía de $3´412,500.00 (tres millones cuatrocientos doce mil quinientos pesos, 00/100. moneda nacional), la cual estima alta. Al respecto, debe decirse que ambos argumentos ya fueron atendidos en el estudio de la sentencia constitucional, por lo que la parte quejosa tendrá que estarse a lo ahí considerado, siendo conveniente destacar que únicamente se otorgó el amparo en relación con la cantidad fijada como garantía en función de los cálculos realizados y sobre la justificación del parámetro empleado, no así sobre las razones por las cuales la Sala responsable consideró colmados los requisitos que marca el artículo 172 del código penal adjetivo aplicable, por lo que los temas abordados por la parte amparista al desahogar la vista que se le dio ya no son materia de los efectos de la concesión de la protección constitucional. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77 de la ley de la materia, se advierte que la autoridad responsable, ha restituido a la parte quejosa, en el pleno goce del derecho fundamental violado, por tanto, se declara que el fallo protector HA QUEDADO CUMPLIDO. Ahora bien, hágase del conocimiento lo anterior al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, toda vez que admitió el recurso de revisión interpuesto en contra de la interlocutoria dictada el diecinueve de enero del presente año en los autos del incidente de suspensión derivado del presente expediente, mismo que quedó registrado bajo el número de toca 82/2021 de su índice, para que esté en aptitud de acordar lo que legalmente corresponda. En consecuencia, se reserva de acordar lo relativo al archivo del presente juicio constitucional. Hágase del conocimiento de las partes lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciocho de agosto de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se acuerda: se tiene por recibido el escrito presentado por ***, defensor particular del quejoso ***, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en torno a la vista otorgada en proveído de diez de agosto del año en curso, referente al oficio de cumplimiento remitido por la autoridad responsable. Al efecto, se tienen por vertidas las manifestaciones que realiza el promovente, y tómense en consideración al momento de emitir la determinación de calificación de cumplimiento de sentencia. Notifíquese y cúmplase.
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