Erika Yuniva Guerra Chable

Expediente 1088/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 12 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1088/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
15/11/2022

Partes del expediente

  • Erika Yuniva Guerra Chable
  • Jueza de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, con sede en Tanivet, Oaxaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir el auto de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por ende, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por mandato del artículo 2 de ésta, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que no se practique el cómputo respecto a las autoridades responsables, pues éstas sólo pueden interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ellas se reclamó. Lo anterior se considera así, en razón de que al haberse decretado el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, quedó intocado el acto reclamado, por lo cual se dejaron las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; de manera que, dicha determinación a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al accionante de garantías, no así a las autoridades responsables. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XI.3º. 4 k, consultable en la página setecientos seis, tomo VII, junio de 1998, novena época, del Apéndice 1917-1995 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO." Asimismo, tomando en consideración que en la caja de valores con que cuenta este Juzgado, no existen documentos originales exhibidos por las partes, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Ahora, con apoyo en el artículo 21, inciso a) del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se determinó sobreseer fuera de audiencia en el juicio de amparo; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en cita; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Asimismo, se advierte que en el incidente de suspensión relativo a este juicio de amparo, se concedió la suspensión provisional, así como la definitiva; por tanto, el original del incidente relativo al presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 18 fracción I inciso a), del citado acuerdo general, es susceptible de DEPURACIÓN. Una vez que transcurran tres años, contados a partir de la fecha en que se ordenó el archivo del presente, y dentro de los siguientes treinta y noventa días, procédase a la destrucción del presente expediente y a la depuración del original del incidente de suspensión y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, en términos del penúltimo párrafo del referido precepto 18, 21 penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General antes citado. En otro contexto, el duplicado del incidente, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo antes citado, es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurran seis meses, contados a partir de esta fecha, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del mismo, en términos de los artículos 20, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del multicitado Acuerdo General. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Agréguese copia autorizada de la presente determinación al cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión derivado del presente juicio de garantías para que obre como corresponda. Tomando en consideración que la autoridad responsable Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, remitió dos discos en formato DVD que contienen diversas actuaciones deducidas de la causa penal 236/2021 de su índice; por tanto, al no existir trámite pendiente por acordar, devuélvase los mismos al carecer de objeto su permanencia en este juzgado. Sin que resulte necesario acusar de recibo correspondiente, en virtud de que la constancia de notificación deberá asentarse la entrega de los mismos. Se autoriza a la Secretaria Judicial a que firme los oficios que deriven del presente acuerdo. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, el oficio del Juez de Control del Circuito Judicial Valles Centrales, sede en Tanivet, Oaxaca, mediante el cual informa que en audiencia de siete de octubre del año que transcurre en la causa penal 236/2021 de su índice, la ofendida****** por lo que decretó la extinción de la acción penal y por ende, el sobreseimiento; en consecuencia, quedó archivada como total y definitivamente concluida la citada causa penal. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la prueba que anexa la autoridad responsable; que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza, consiste en un disco DVD en sobre cerrado debidamente certificado, que contiene a) registro de audio y video del cumplimiento de la orden de aprehensión, de siete de octubre de dos mil veintidós, b) en formato PDF el acuerdo de siete de octubre del año en curso, el cual queda a disposición de las partes en esta secretaría para su consulta y una vez que quede concluido, devuélvase a su lugar de origen. Lo anterior, con la finalidad de no dejarlos en estado de indefensión. Al respecto, tiene aplicación la tesis 1a./J. 43/2013, (10a), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 703, del Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de contenido siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." En este sentido, dígase a las partes que en términos del "ACUERDO GENERAL 21/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19", este órgano jurisdiccional cuenta con la limitante para que el público en general, ingrese al edificio para la práctica de diligencias; por lo cual, para la consulta del expediente en que se actúa, deberá realizar la cita correspondiente a través del sistema de agendas "OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este Juzgado de Distrito. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; [.]". Del numeral citado se colige que se actualiza una causa de improcedencia con motivo del cambio de situación jurídica, entendida ésta, como aquella que se produce cuando: a) El acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la legalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Se tiene que el presente asunto se reclamó la orden de aprehensión, de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, dictada en la causa penal 236/2021 del índice del Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, en contra de la quejosa. Asimismo, de las constancias que obran en autos se desprende, en lo que aquí interesa, lo siguiente: 1. El Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, reconoció la existencia de los actos reclamados, según se advierte de su informe, ya que manifestó que se encuentra radicada la causa penal 236/2021, del índice de ese juzgado, en la cual con fecha diecinueve de agosto de dos mil veintidós, se libró orden de aprehensión contra la quejosa ***** por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de daños culposos. 2. En audiencia de siete de octubre del año que transcurre, en la causa penal 236/2021, la ofendida Eva Guadalupe Aguilar Zárate otorgó el perdón a la aquí quejosa***** por lo que el Juez responsable decretó la extinción de la acción penal y por ende el sobreseimiento; en consecuencia quedó archivada como total y definitivamente concluida la citada causa penal. En atención a lo anterior, se estima que la nueva situación jurídica en la que quedó la parte quejosa, con motivo del perdón otorgado por la víctima en la causa penal 236/2021, genera en el procedimiento seguido ante el Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco, un cambio de situación jurídica, que impide en la presente instancia constitucional analizar la legalidad del acto reclamado, sin afectar la nueva situación jurídica en que ahora se encuentra el quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis CXI/96, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 199808, publicada en la página doscientos diecinueve del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, diciembre de mil novecientos noventa y seis, novena época, de rubro y teto siguientes: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". Asimismo, la tesis I.11o.C.28 K (10a.), registro digital 2018570, sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 61, diciembre de 2018, tomo II, página 1065, décima época, de rubro: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XVII, DE LA LEY DE AMPARO QUE PREVÉ ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, NO CONTRAVIENE LOS ARTÍCULOS 1o., PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, NI 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". Decisión. En mérito de lo expuesto, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, lo que procede es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA EN EL JUICIO, toda vez que se actualizó de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. Por ende, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada para las trece horas con treinta y ocho minutos del tres de noviembre de dos mil veintidós. Por lo anterior, hágase saber a la responsable Juez de Control del Circuito Judicial Valles Centrales, sede en Tanivet, Oaxaca, que resulta innecesario cumplir con la encomienda ordenada en auto de catorce de octubre del presente año, esto es, emplazar a la parte tercera interesada por conducto de la autoridad responsable. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, se autoriza al secretario y/o actuario Judicial para que firme los oficios correspondientes. Notifíquese personalmente y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  3. Principal

    AL NO HABER ACUDIDO A NOTIFICARSE LA PARTE QUEJOSA, SE NOTIFICA MEDIANTE LISTA EL PROVEIDO DE 17/10/2022: San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, el oficio del Juez de Control del Circuito Judicial Valles Centrales, sede en Tanivet, Oaxaca, mediante el cual informa que en audiencia de siete de octubre del año que transcurre en la causa penal 236/2021 de su índice, la ofendida****** por lo que decretó la extinción de la acción penal y por ende, el sobreseimiento; en consecuencia, quedó archivada como total y definitivamente concluida la citada causa penal. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la prueba que anexa la autoridad responsable; que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza, consiste en un disco DVD en sobre cerrado debidamente certificado, que contiene a) registro de audio y video del cumplimiento de la orden de aprehensión, de siete de octubre de dos mil veintidós, b) en formato PDF el acuerdo de siete de octubre del año en curso, el cual queda a disposición de las partes en esta secretaría para su consulta y una vez que quede concluido, devuélvase a su lugar de origen. Lo anterior, con la finalidad de no dejarlos en estado de indefensión. Al respecto, tiene aplicación la tesis 1a./J. 43/2013, (10a), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 703, del Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de contenido siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." En este sentido, dígase a las partes que en términos del "ACUERDO GENERAL 21/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19", este órgano jurisdiccional cuenta con la limitante para que el público en general, ingrese al edificio para la práctica de diligencias; por lo cual, para la consulta del expediente en que se actúa, deberá realizar la cita correspondiente a través del sistema de agendas "OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este Juzgado de Distrito. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; [.]". Del numeral citado se colige que se actualiza una causa de improcedencia con motivo del cambio de situación jurídica, entendida ésta, como aquella que se produce cuando: a) El acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la legalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Se tiene que el presente asunto se reclamó la orden de aprehensión, de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, dictada en la causa penal 236/2021 del índice del Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, en contra de la quejosa. Asimismo, de las constancias que obran en autos se desprende, en lo que aquí interesa, lo siguiente: 1. El Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, reconoció la existencia de los actos reclamados, según se advierte de su informe, ya que manifestó que se encuentra radicada la causa penal 236/2021, del índice de ese juzgado, en la cual con fecha diecinueve de agosto de dos mil veintidós, se libró orden de aprehensión contra la quejosa ***** por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de daños culposos. 2. En audiencia de siete de octubre del año que transcurre, en la causa penal 236/2021, la ofendida Eva Guadalupe Aguilar Zárate otorgó el perdón a la aquí quejosa***** por lo que el Juez responsable decretó la extinción de la acción penal y por ende el sobreseimiento; en consecuencia quedó archivada como total y definitivamente concluida la citada causa penal. En atención a lo anterior, se estima que la nueva situación jurídica en la que quedó la parte quejosa, con motivo del perdón otorgado por la víctima en la causa penal 236/2021, genera en el procedimiento seguido ante el Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco, un cambio de situación jurídica, que impide en la presente instancia constitucional analizar la legalidad del acto reclamado, sin afectar la nueva situación jurídica en que ahora se encuentra el quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis CXI/96, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 199808, publicada en la página doscientos diecinueve del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, diciembre de mil novecientos noventa y seis, novena época, de rubro y teto siguientes: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". Asimismo, la tesis I.11o.C.28 K (10a.), registro digital 2018570, sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 61, diciembre de 2018, tomo II, página 1065, décima época, de rubro: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XVII, DE LA LEY DE AMPARO QUE PREVÉ ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, NO CONTRAVIENE LOS ARTÍCULOS 1o., PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, NI 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". Decisión. En mérito de lo expuesto, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, lo que procede es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA EN EL JUICIO, toda vez que se actualizó de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. Por ende, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada para las trece horas con treinta y ocho minutos del tres de noviembre de dos mil veintidós. Por lo anterior, hágase saber a la responsable Juez de Control del Circuito Judicial Valles Centrales, sede en Tanivet, Oaxaca, que resulta innecesario cumplir con la encomienda ordenada en auto de catorce de octubre del presente año, esto es, emplazar a la parte tercera interesada por conducto de la autoridad responsable. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, se autoriza al secretario y/o actuario Judicial para que firme los oficios correspondientes. Notifíquese personalmente y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de octubre de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, el oficio de la Jueza de Control del Circuito Judicial Valles Centrales, sede en Tanivet, Oaxaca, mediante el cual rinde su informe justificado. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes con su contenido para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Dese cuenta con él al momento de celebrar la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la prueba que anexa la autoridad responsable; misma que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ella al momento de la celebración de la audiencia constitucional, consiste en un disco DVD en sobre cerrado debidamente certificado, que contiene a) registro de audio y video de las audiencias de fecha doce de enero y diecinueve de agosto del año que transcurre, consistente en la formulación de la imputación inicial y de la audiencia intermedia, respectivamente, b) en formato PDF el acuerdo de diez de julio del año en curso, de las notificaciones a las partes, la orden de aprehensión de diecinueve de agosto de este año e índice cronológico del desarrollo de las audiencias, el cual queda a disposición de las partes en esta secretaría para su consulta y una vez que quede concluido, devuélvase a su lugar de origen. Lo anterior, con la finalidad de no dejarlos en estado de indefensión. Al respecto, tiene aplicación la tesis 1a./J. 43/2013, (10a), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 703, del Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de contenido siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." En este sentido, dígase a las partes que en términos del "ACUERDO GENERAL 21/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19", este órgano jurisdiccional cuenta con la limitante para que el público en general, ingrese al edificio para la práctica de diligencias; por lo cual, para la consulta del expediente en que se actúa, deberá realizar la cita correspondiente a través del sistema de agendas "OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este Juzgado de Distrito. Por otra parte, atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que de conformidad con el artículo 5°, fracción III, incisos c) y e), de la Ley de Amparo, les resulta el carácter de terceros interesados a Eva Guadalupe Aguilar Zarate y a Jorge Alberto Carmona León, Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía IV con Detenido dependiente de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. En consecuencia, se comisiona al actuario adscrito para que se constituya en el domicilio de Eva Guadalupe Aguilar Zarate, a saber, el ubicado en calle El Gerónimo, número cien, colonia San Felipe del Agua, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, código postal 68020, predio que se obtuvo al reproducir el disco compacto remitido por la autoridad responsable y en la sede oficial de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, y realice lo siguiente: Emplace a juicio a los terceros interesados en cita, corriéndoles traslado con copia de la demanda de amparo y auto admisorio para que comparezcan al procedimiento constitucional si a sus intereses conviene. Les haga de su conocimiento, la fecha y hora señalada para que tenga verificativo la audiencia constitucional, a saber, las trece horas con treinta y ocho minutos del tres de noviembre de dos mil veintidós, señalada mediante auto de once de octubre de dos mil veintidós (foja 30). Los requiera para que en el acto de notificación o dentro del plazo de tres días, siguientes a la notificación de este proveído, señalen domicilio en el lugar en que reside este órgano jurisdiccional, o bien, en zona conurbada; en el entendido que de no hacerlo o de resultar inexacto el señalado, sin ulterior acuerdo, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 27 de la Ley de Amparo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por cuanto a Eva Guadalupe Aguilar Zarate, se le harán por lista de acuerdos que se fije en el lugar visible de este Juzgado federal y por cuanto a la representación social, se entenderá que señala como domicilio para oír y recibir notificaciones la sede oficial de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Finalmente se autoriza al Secretario Judicial y/o Actuario para que firme la comunicación oficial que derive del presente acuerdo. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

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