Erika Ramírez Herrera
Expediente 520/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 520/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Erika Ramírez Herrera
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió para las partes el plazo de diez días concedido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra el proveído de dieciséis de octubre de dos mil veinte, dictado en este juicio, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, sin que se haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, con apoyo en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa de su ordinal 2°, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho proveído. No es obstáculo a lo anteriormente expuesto, el hecho de que no FLAVIA MARIA AGUAYO CARMONA 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.34.31.30.38.31.35.33.32.35 14/05/22 16:34:31 SECCIÓN DE AMPARO MESA VIII-B PRAL.520/2020 se practique el cómputo respectivo a la autoridad responsable, pues éstas sólo pueden interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ellas se reclamó. Lo anterior se considera así, en razón de que al haberse decretado el sobreseimiento fuera de audiencia, quedó intocado el acto reclamado, por lo cual se dejaron las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; de manera que, dicha determinación a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al accionante de garantías, más no a la autoridad que se señaló como responsable, como acontece en el presente Juicio de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número XI.3º. 4 k, consultable en la página setecientos seis, Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Apéndice 1917-1995 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO." Por otra parte, tomando en consideración que en la caja de valores con que cuenta este Juzgado, no existen documentos originales exhibidos por las partes, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Con apoyo en el artículo 21 inciso a) del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que en proveído de dieciséis de octubre de dos mil veinte, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en cita; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción de este expediente, en términos de los artículos 18, penúltimo párrafo, 21, FLAVIA MARIA AGUAYO CARMONA 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.34.31.30.38.31.35.33.32.35 14/05/22 16:34:31 SECCIÓN DE AMPARO MESA VIII-B PRAL.520/2020 5 penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General antes citado. Para los efectos a que alude el citado Acuerdo General, se instruye al Secretario judicial encargado del presente expediente, a verificar que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, sea incorporada cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Considerando que existen en el presente asunto documento original exhibido por la parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21 del referido Acuerdo General, requiérasele a efecto que comparezca a recibirlo, dentro del término de noventa días a partir de la legal notificación de este proveído. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, continuarán glosados y correrán la misma suerte que este expediente. Documento que se entregará personalmente a la parte promovente, o por conducto de la persona que haya autorizado expresamente para tal efecto, previa copia y razón de su recibo se deje en autos. Finalmente, se habilita al Secretario judicial y/o Actuario de la adscripción, para firmar las comunicaciones oficiales que deriven del presente acuerdo y los oficios del mismo. Notifíquese personalmente y cúmplase.Síntesis creada automáticamente desde Determinaciones Judiciales
- Principal
EN VIRTUD A QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIO A NOTIFICARSE DENTRO DE LOS DOS DIAS SIGUIENTES AL EN QUE SE LE DEJO AVISO, SE LE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE VEINTE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, EN EL CUAL SE ACORDÓ LO SIGUIENTE: San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió para las partes el plazo de diez días concedido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra el proveído de dieciséis de octubre de dos mil veinte, dictado en este juicio, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, sin que se haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, con apoyo en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa de su ordinal 2°, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho proveído. No es obstáculo a lo anteriormente expuesto, el hecho de que no FLAVIA MARIA AGUAYO CARMONA 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.34.31.30.38.31.35.33.32.35 14/05/22 16:34:31 SECCIÓN DE AMPARO MESA VIII-B PRAL.520/2020 se practique el cómputo respectivo a la autoridad responsable, pues éstas sólo pueden interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ellas se reclamó. Lo anterior se considera así, en razón de que al haberse decretado el sobreseimiento fuera de audiencia, quedó intocado el acto reclamado, por lo cual se dejaron las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; de manera que, dicha determinación a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al accionante de garantías, más no a la autoridad que se señaló como responsable, como acontece en el presente Juicio de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número XI.3º. 4 k, consultable en la página setecientos seis, Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Apéndice 1917-1995 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO." Por otra parte, tomando en consideración que en la caja de valores con que cuenta este Juzgado, no existen documentos originales exhibidos por las partes, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Con apoyo en el artículo 21 inciso a) del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que en proveído de dieciséis de octubre de dos mil veinte, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en cita; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción de este expediente, en términos de los artículos 18, penúltimo párrafo, 21, FLAVIA MARIA AGUAYO CARMONA 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.34.31.30.38.31.35.33.32.35 14/05/22 16:34:31 SECCIÓN DE AMPARO MESA VIII-B PRAL.520/2020 5 penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General antes citado. Para los efectos a que alude el citado Acuerdo General, se instruye al Secretario judicial encargado del presente expediente, a verificar que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, sea incorporada cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Considerando que existen en el presente asunto documento original exhibido por la parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21 del referido Acuerdo General, requiérasele a efecto que comparezca a recibirlo, dentro del término de noventa días a partir de la legal notificación de este proveído. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, continuarán glosados y correrán la misma suerte que este expediente. Documento que se entregará personalmente a la parte promovente, o por conducto de la persona que haya autorizado expresamente para tal efecto, previa copia y razón de su recibo se deje en autos. Finalmente, se habilita al Secretario judicial y/o Actuario de la adscripción, para firmar las comunicaciones oficiales que deriven del presente acuerdo y los oficios del mismo. Notifíquese personalmente y cúmplase.Síntesis creada automáticamente desde Determinaciones Judiciales
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de octubre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, el oficio 4004/2020 correspondiente a la autoridad Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, mediante el cual rinde su informe justificado. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que anexa. En atención al contenido de las mismas, y visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, el nueve de septiembre de dos mil veinte, ******, por conducto de su apoderado José Tereso Cruz Reyes, promovió juicio de amparo en contra de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, respecto de los actos reclamados, que atendiendo a los argumentos y la causa de pedir de la demanda de amparo, los hizo consistir en: La omisión de calificar las pruebas ofrecidas en el juicio laboral 1472/2015 (4), del índice de la responsable. En ese contexto, de lo manifestado por la autoridad responsable al momento de rendir su informe justificado y de los anexos que remite con el oficio de cuenta, se advierte que no es necesario esperar a que se lleve a cabo la audiencia constitucional para resolver el presente juicio de amparo, toda vez que se estima actualizada, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, de manera que con ningún medio de prueba podría desvirtuarse, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado por los motivos que a continuación se exponen. Así, el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (...)" El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que, es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 81, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL" Así como, el criterio sustentado por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en la tesis I.14º.T.4 K, visible en la página 2289, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo III, Materia Común, Décima Época, la cual se transcribe: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO DERIVADO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR UN ASPECTO DE FONDO EN UN ASUNTO RELACIONADO., ES INNECESARIO DAR VISTA AL QUEJOSO CONFORME AL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE LA MATERIA. Cuando se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, derivado de la concesión del amparo por un aspecto de fondo en un asunto relacionado, es innecesario dar vista al quejoso con dicha causal, conforme al segundo párrafo del artículo 64 de la ley citada, para que manifieste lo que a su derecho convenga, ya que el efecto de esa concesión implica que la responsable deberá dejar insubsistente la resolución reclamada y dictar otra; por tanto, la argumentación que pudiera plantear el quejoso, no podría varias el sentido de lo resuelto y, en cambio, con esa vista, se provocaría un retardo en la impartición de justicia, contraviniendo el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Además, se estima necesario precisar las dos hipótesis en que se actualiza la citada causal de improcedencia, las cuales son: Por revocación: Cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, por lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías. Por sustitución: Cuando sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.3o.C.92 K, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página mil cuatrocientos noventa y uno, tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO". Ahora, de las constancias que remite la Junta responsable, a las que se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se aprecia que: 1. Que la parte quejosa demandó ante la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, diversas prestaciones de carácter laboral, mismo que fue radicado con el número de expediente 1472/2015. 2. Seguida la secuela procesal, el treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, en la que después del ofrecimiento de las mismas y la objeción de otras, la Junta responsable reservó calificar las pruebas ofrecidas por las partes. 3. Mediante proveído de veintiocho de septiembre del presente año, entre otras cuestiones, la responsable tomando en cuenta que se había reservado la facultad para calificar las pruebas ofrecidas por las partes, procedió a calificar las mismas, admitiendo y fijando fecha para el desahogo de alguna de ellas, así como desechando diversas pruebas; ordenándose la notificación del proveído de manera personal. 4. Mediante diligencia de doce de octubre del presente año, se notificó el proveído precisado en el punto anterior a la aquí parte quejosa. Lo anterior, se estima permite concluir que el proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, así como la notificación del mismo a la parte quejosa, logra que cesan los efectos del acto reclamado, ya que en dicho acuerdo precisamente se proveyó respecto de la calificación de pruebas ofrecidas por las partes en el juicio de origen, de cuya omisión se duele la parte quejosa, por lo que, se estima con ello, se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de su garantía violada sin dejar huella alguna en su esfera jurídica que ameritara ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella; de ahí que, reitérese se estime se actualiza la causal e improcedencia en estudio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". En efecto, en el caso en estudio, se estima resulta patente la actualización de la causal de improcedencia invocada, pues quedó demostrado que se proveyó respecto de la calificativa de las pruebas ofrecidas en el juicio de origen [acto reclamado en el presente juicio], y por ende, que existe un nuevo acto de autoridad que destruye los alcances y consecuencias del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional, devolviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional alegada. Lo anterior, toda vez que, como se vio, el acto aquí reclamado, en esencia, lo constituye la omisión de calificar las pruebas ofrecidas en el juicio laboral 1472/2015 (4), y en el particular del informe justificado, insístase, en específico de su anexo, se aprecia que ya se proveyó respecto de la calificativa de las pruebas, esto último con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda de amparo; por tanto, ha dejado de existir en el particular el acto omisivo reclamado. En tales circunstancias, al estimarse se encuentra acreditada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley. En el caso, se estima que la presente determinación no transgrede el derecho de acceso a la justicia reconocido en el artículo 17 constitucional, de acuerdo al cual toda persona tiene derecho a un juicio para determinar sus derechos y obligaciones ante un Juez o Tribunal competente, porque la naturaleza y alcances de dicho principio no implican eludir los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, ya que tal proceder equivaldría a que los tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional. Además, que las causas de improcedencia contenidas en la Ley de Amparo son compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio constitucional, puesto que su propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo en los casos sin mérito, es en sí legítimo. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, con relación al diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo en vigor, se decreta el sobreseimiento de este juicio fuera de audiencia constitucional, y por ende, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la misma, esto es, las ONCE HORAS CON TREINTA Y OCHO MINUTOS DEL VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. En consecuencia, se ordena se realicen las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Al caso, cobra vigencia por las razones que la sustentan, la jurisprudencia número 10/2003, que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, entre las emitidas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Finalmente, cabe precisar que en el presente se citaron tesis integradas con la Ley de Amparo abrogada, sin embargo, al no oponerse con la legislación actual, se considera dable su aplicación, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la ley de la materia. Notifíquese personalmente y también publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
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