Erika Yulyett Alvarez Garcia

Expediente 1734/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 1 actuación registrada, la última del 26 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1734/2019
Año
2019
Actuaciones
1
Última actuación
26/12/2019

Partes del expediente

  • Erika Yulyett Alvarez Garcia

Actuaciones

  1. Principal

    Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en los estrados el acuerdo de veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve, el cual dice: Cuernavaca, Morelos, veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el escrito signado por Erika Yulyett Álvarez García, por medio del cual da cumplimiento a la prevención formulada en proveído de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve; atento a lo anterior; se provee como sigue: 1).- Desechamiento. Ahora, se procede a examinar el escrito de demanda, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia por falta de acatamiento del principio de definitividad, contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque contra los actos reclamados procede el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, previsto en el artículo 1, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en relación con el artículo 18, inciso B), fracción II, subinciso a), de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, el cual debe agotarse antes del juicio de amparo. En efecto, acorde a la normatividad citada, toda persona tiene derecho a controvertir los actos, omisiones, resoluciones o cualquier otra actuación de carácter administrativo o fiscal emanados de dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, de los Ayuntamientos o de sus organismos descentralizados, que afecten sus derechos e intereses legítimos conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, los Tratados Internacionales y la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; y el Tribunal de Justicia Administrativa tendrá competencia para conocer, entre otros casos, de los juicios que se promuevan contra cualquier acto, omisión, resolución o actuación de carácter administrativo o fiscal que en el ejercicio de sus funciones, dicten, ordenen, ejecuten o pretendan ejecutar las dependencias que integran la Administración Pública Estatal en perjuicio de los particulares. Es decir, en lo que interesa, el juicio contencioso administrativo de la competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, es procedente contra actos y omisiones de las autoridades de la administración pública estatal en perjuicio de particulares. En el caso, la quejosa señaló como acto reclamado el descuento vía nómina correspondiente a la segunda quincena del mes de noviembre de dos mil diecinueve y primera y segunda quincena del mes de diciembre de dos mil diecinueve, realizado el diez de diciembre del año en curso, así como los subsecuentes descuentos que pretenden realizarle, y dichos actos se los atribuye al Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos. Y de conformidad con el artículo 4°, de la Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, el Instituto señalado como responsable, es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía jerárquica respecto de la Administración Pública Central y sin fines de lucro, con domicilio en la ciudad de Cuernavaca, estado de Morelos. Por tanto, los actos reclamados a dicho organismo público descentralizado, consistentes en el descuento vía nómina correspondiente a la segunda quincena del mes de noviembre de dos mil diecinueve y primera y segunda quincena del mes de diciembre de dos mil diecinueve, realizado el diez de diciembre del año en curso, así como los subsecuentes descuentos que pretenden realizarle, en términos de la normativa al inicio citada, contra ellos procede el juicio contencioso administrativo y en acatamiento del principio de definitividad antes aludido, la parte quejosa debió agotarlo y al no haberlo hecho, se actualiza la causal de improcedencia en estudio. Sin que, en el caso, nos encontremos ante alguna excepción al principio de definitividad, de las que alude el propio artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, dado lo siguiente: i). Porque para la concesión de la suspensión del acto reclamado, los artículos 109 a 116 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, no exigen al demandante mayores requisitos que la Ley de Amparo, ni plazo mayor al que ésta última establece para otorgar la suspensión provisional, dado que ambas normativas exigen para la concesión de la suspensión que la solicite el accionante, que no se siga perjuicio al orden público o al interés social y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se le causen al particular con la negativa, además de que en el juicio contencioso administrativo se concede en el mismo auto admisorio de la demanda. ii). Al constituir los actos reclamados en el descuento que vía nómina le hacen al quejoso, derivado de un préstamo, ya sea otorgado directamente a él, o bien, en el que figuró como aval, no se les puede exigir el requisito de que se encuentren fundamentados, pues la cantidad que se paga, previamente fue establecida para ser cubierta con abonos quincenales en el plazo que para tal efecto se haya pactado. iii). La quejosa no alegó violaciones exclusivas a la Constitución Federal, pues en sus conceptos de violación, aduce cuestiones de legalidad, al argumentar que la autoridad responsable le está realizando los descuentos sin existir resolución judicial alguna. iv). El juicio contencioso administrativo del que se ha hablado no está previsto en un reglamento sino en una ley de carácter estatal como lo es la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Por lo que con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se DESECHA de plano la demanda de amparo, dado que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia indicada. Y dicha causa de improcedencia es manifiesta e indudable porque aun de substanciarse el juicio de amparo, no cambiaría la procedencia del recurso ordinario de defensa en contra del acto reclamado. Es decir, no es necesario substanciar un juicio y celebrar su audiencia para advertir la causal de improcedencia que se actualiza, porque de la propia demanda, concretamente del acto reclamado se aprecia que en su contra es procedente dicho medio de defensa. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos; quien actúa asistido de Arnulfo Torres García, secretario que autoriza y da fe.

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