Erika Valdovinos Mendoza
Expediente 192/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 21 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 192/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 27/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Erika Valdovinos Mendoza
- Carlos Erick Castro Valdovinos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintisiete de julio de dos mil veintidós. Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 9/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Vista la certificación que antecede y toda vez que del estado de autos, se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, -a quien en dado caso le pudiera perjudicar las determinaciones que aquí se dicten-, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra del acuerdo de veintiocho de junio de dos mil veintidós, dictado por este Juzgado de Distrito, en el cual se determinó sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con los artículos 21, primer párrafo, inciso a) tercer párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales s/n, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído que no tiene relevancia documental para su conservación. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y una vez que transcurran tres años, desde esta fecha, procédase a la destrucción del expediente dentro del plazo de treinta días siguientes y a remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Ahora, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, acorde al artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo procédase a la destrucción del duplicado. Asimismo, en virtud de lo acordado con anterioridad, se dejan sin efecto las providencias y requerimientos realizados en el incidente de suspensión, derivados de la resolución emitida en el incidente en revisión 182/2022, mediante la cual el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa concedió la suspensión definitiva. Sin que haya lugar a ordenar notificar de manera personal el presente acuerdo, acorde al segundo párrafo del artículo 21 del acuerdo en cita, en razón de que no hay documentos originales en este expediente, por tanto, se ordena su notificación por lista. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistida de Rosa María Luna Mercado, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiocho de junio de dos mil veintidós. Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 9/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Visto el estado que guardan los presentes de los cuales se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado, lo siguiente: La omisión de las autoridades responsables en aplicar la vacuna Pfizer-Biontench contra el virus SARS-CoV-2 a su hijo menor de edad de identidad reservada con iniciales C.E.C.V. [quien contaba con diez años de edad, a la fecha de presentación de la demanda, actualmente once años de edad], contra el virus SARS-CoV-2 a efecto de que no contraiga y contagie el virus. Sin embargo, se advierte que ha sobrevenido la causal de improcedencia por cesación de efectos del acto reclamado, contemplada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, toda vez que constituye un hecho notorio para este juzgado, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad al numeral 2º de esta última, y conforme a la jurisprudencia XX.2º.J/24, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 2470 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, correspondiente a enero de dos mil nueve, de rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR", que el Gobierno Federal, desde el dieciséis de junio de este año, aperturó el registro de personas con 5 años o más sin comorbilidades, para su vacunación contra el virus SARS-COV-2 y/o la enfermedad COVID-19, como se puede consultar en el portal web "https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php", en la que se visualiza el siguiente formulario de registro: Asimismo, que en el estado de Morelos, ha comenzado la inoculacio´n de menores que tengan cinco años o más sin comorbilidades, tal como lo ha dado a conocer la Secretaría de Salud en el Estado, cuyas fechas y lugares son publicitados en sus sitios oficiales y en el portal oficial con hipervínculo https://morelos.gob.mx/?q=prensa/nota/arranca-en-morelos-vacunacion-contra-covid-19-menores-de-5-11-anos-de-edad De lo anterior, se tiene que si bien los actos reclamados subsisten -"Política Nacional de Vacunación contra el virus Sars-Cov2, para la Prevención de la Covid-19 en México" y la omisión de vacunar al niño quejoso-, los mismos ya no surten efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir el objeto o la materia de ellos -el impedimento para que el niño con diez años de edad o más, sin comorbilidades, solicite la vacuna en cuestión-. Precisamente, el reclamo de la parte quejosa se perfila a cuestionar que la política de vacunación aludida, y la omisión de vacunar al niño quejoso con base en ella, resulta inconstitucionales, ya que con ellos en sustancia se le impidió que como menor con diez años de edad respectivamente, accediera a dicho insumo al momento en que promovieron el juicio de amparo. Empero, bajo el contexto vigente, es que puede concluirse que el objeto o materia de esos actos dejaron de surtir efectos, pues actualmente el niño con once años de edad, sin comorbilidades, tienen acceso a la referida vacuna; tan es así que esa política de vacunación ya no implica un impedimento para que personas con dicha edad soliciten la aplicación de la vacuna, y por lo mismo, la omisión reclamada por la parte quejosa también dejó de carecer de sustento, al dejar de existir el fundamento que le impedía acceder al insumo en cuestión. En esos términos, es que un eventual fallo protector carecería de efectos, pues la concesión de amparo que podría darse en este juicio, sería para el efecto de que se desaplicara la "Política Nacional de Vacunación contra el virus Sars-Cov2, para la Prevención de la Covid-19 en México"; y en ese sentido, se le permitiera a la niña quejosa solicitar la vacuna, siendo que actualmente se insiste, la misma ya puede ser peticionada por menores de cinco a once años de edad o más, sin comorbilidades. De allí que se actualice la causa de improcedencia en estudio, resultando aplicable por sus consideraciones la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 173858 y de contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". Ahora, en este punto es necesario precisar que del acta de nacimiento exhibida por la parte quejosa, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que la fecha de nacimiento del niño quejoso C.E.C.V., es el veinticuatro de abril de dos mil once, por lo que actualmente cuenta con once años de edad; en consecuencia, se encuentran dentro del grupo etario con posibilidades de registrarse para solicitar su respectiva vacunación. Por consiguiente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia este juicio de amparo, pues dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Es aplicable, la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, Novena Época, marzo de 2003, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Por tal motivo, se deja sin efectos el día y hora señalados para la audiencia constitucional. Finalmente, agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales procedentes, el oficio enviado por el Delegada de la autoridad responsable Coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de Morelos, por medio del cual solicita que se cite a la parte quejosa para el cinco de julio de dos mil veintidós, a las nueve horas con treinta minutos, en la Unidad de Medicina Familiar número 20, ubicada en Boulevard Juárez número 18, colonia centro de esta ciudad, a efecto de aplicarle la vacuna a la niña quejosa. No obstante la anterior determinación, con copia del oficio de cuenta, notifíquese a la parte quejosa y hágase de su conocimiento de la fecha y hora señaladas por la autoridad a efecto de que si es su deseo acuda a la citada Unidad Familiar para que se aplique la vacuna que solicitó. En el entendido que tanto los padres y/o tutores del niño quejoso, deberán firmar, previo a la vacunación, el consentimiento de la misma. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistida de Rosa María Luna Mercado, secretaria que autoriza y da fe.
- Incidental
Cuernavaca, Morelos, veintidós de junio de dos mil veintidós. Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 9/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales procedentes, el oficio signado por el Coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de Morelos, por medio del cual informa que se encuentra imposibilitado para dar cumplimiento a la suspensión definitiva e informa que solicitó al Coordinador Nacional de las Brigadas Especiales Dirección General del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, a efecto de que informe si existía algún convenio de adquisición de la vacuna en presentación pediátrica con la empresa Pfizer y en tal caso la fecha en que dicho fármaco será abastecido, así como la fecha estimada en el que será abastecida en el territorio nacional y en su oportunidad en el Estado de Morelos; de lo que toma conocimiento este juzgado de Distrito. En ese contexto, con fundamento en el artículo 143, de la Ley de Amparo, requiérase al Coordinador Nacional de las Brigadas Especiales Dirección General del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la notificación del presente proveído, presentación pediátrica con la empresa Pfizer y en tal caso la fecha en que dicho fármaco será abastecido, así como la fecha estimada en el que será abastecida en el territorio nacional y en su oportunidad en el Estado de Morelos, para que dicha autoridad cumpla con la suspensión definitiva concedida el nueve de junio de dos mil veintidós, en virtud de que también se encuentra vinculada a la obligación a cumplir con dicha medida suspensional otorgada al niño quejoso. Apercibida dicha autoridad, que de no cumplir con lo ordenado, se podrá hacer acreedora a una medida de apremio consistente en una multa, de cincuenta veces la unidad de medida y actualización, con fundamento en los artículos 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo. En apoyo a lo anterior, es ilustrativo el criterio contenido en la tesis XXVI.2 K (10a.), del Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito, con registro 2013361 y rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SISTEMAS PARA LOGRAR SU CUMPLIMIENTO. En relación con el cumplimiento de la suspensión provisional o definitiva, en la Ley de Amparo abrogada el legislador dispuso dos sistemas: a) el previsto en el artículo 143, que remite al capítulo que contiene el procedimiento para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo (empleado de forma analógica y sólo parcialmente tratándose de la suspensión); y, b) el precisado en el artículo 206, que establece reglas precisas en cuanto a la forma en que debe sancionarse el desacato a la suspensión. Ahora bien, la Ley de Amparo vigente contiene disposiciones de similar contenido, con la diferencia de que su artículo 158 remite al título quinto, denominado: "Medidas disciplinarias y de apremio, responsabilidades, sanciones y delitos" y no a las reglas para lograr, a su vez, el eficaz cumplimiento de la ejecutoria de amparo; no obstante ello, aun puede afirmarse que, en la actualidad, el cumplimiento de la suspensión está regulado por dos sistemas, a saber: a) uno que ve directamente al cumplimiento del auto o interlocutoria de la suspensión, que no tiene tramitación incidental; y, b) otro que ve al desacato de la autoridad responsable y da lugar a un incidente, los cuales pueden ser aplicados "simultáneamente" por el juzgador y funcionan "paralelamente", de conformidad con el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 114/2005-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 165/2005, de rubro: "VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN. LA DENUNCIA PUEDE HACERSE DESDE QUE LA RESOLUCIÓN QUE LA CONCEDIÓ SE HAYA NOTIFICADO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE.". Así, el primer sistema es el que establece el artículo 158 citado, el cual permite al juzgador que se acate la resolución suspensional y/o tomar las medidas necesarias para ello; su objetivo primordial no es determinar si se violó la suspensión, sino conseguir su cumplimiento; no requiere tramitación incidental y puede considerarse oficioso, en la medida en que no necesita la promoción del quejoso, aunque no se excluya esa posibilidad; también puede considerarse preventivo, pues de su éxito depende que no se promueva el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, antes llamado denuncia de violación a la suspensión. El segundo sistema es el que establece el capítulo V del título tercero de la propia ley, que va de los artículos 206 a 209 y regula el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, no es de oficio, pues requiere la promoción de parte; puede considerarse represivo, ya que su principal consecuencia es hacer efectivo el apercibimiento previsto en el artículo 209 de la Ley de Amparo (consistente en la denuncia ante el Ministerio Público Federal por los delitos previstos en el artículo 262, fracciones III y IV, de esta ley), a la autoridad responsable que, como resultado del incidente de violación a la suspensión, se le requirió el cumplimiento, al quedar demostrado que no ha cumplido dicha medida o que lo hizo de manera excesiva o defectuosa; es en este sistema donde tradicionalmente se declara, de permitirlo la naturaleza del acto reclamado, la nulidad del acto violatorio de la suspensión y se ordena que las cosas vuelvan al estado que tenían previamente o se exige a la autoridad que cumpla la suspensión cuando ésta tiene un efecto positivo, en el entendido de que si en el otro sistema se hizo esa declaración, no habrá necesidad de reiterarla y la resolución incidental se limitará al análisis de la responsabilidad de la autoridad responsable en la violación a la suspensión y a establecer, en su caso, si procede el requerimiento de inmediato cumplimiento con el apercibimiento señalado". Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistida de Rosa María Luna Mercado, secretaria que autoriza y da fe.
- Incidental
Cuernavaca, Morelos, quince de junio de dos mil veintidós. Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 9/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, a través del cual, remite testimonio de la ejecutoria pronunciada en los autos del incidente en revisión 182/2022, mediante el cual por mayoría de votos revoca la suspensión definitiva y se otorga la misma, para los siguientes efectos: 1.- La autoridad responsable tome las medidas necesarias a fin de que se aplique al menor cuyo nombre consta en el expediente, las dosis correspondientes y adecuadas de la vacuna preventiva contra COVID-19, Pfizer-BioNTech, siempre y cuando no exista alguna circunstancia médica o de salud, específica del menor quejoso y no derivada de su edad, o padecimiento que lo impida. 2.- En la inteligencia de que queda a cargo del Juzgado de Distrito de origen vigilar el estricto cumplimiento a la presente medida suspensiva y decretar todas las medidas necesarias para cumplir con ella sin dilación. En atención a lo decretado por el órgano revisor, requiérase a la autoridad responsable, para que tome las medidas necesarias a fin de que se aplique al niño de identidad reservada con iniciales C.E.C.V. [quien cuenta con diez años de edad], las dosis correspondientes de la vacuna preventiva contra COVID-19 PfizerBioNTech, siempre y cuando no exista impedimento físico o padecimiento que lo impida; dicho cumplimiento a la presente determinación deberá de informarlo a este Juzgado Federal, dentro del plazo de cinco días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, adjuntando para tal efecto las constancias que acrediten el cumplimiento dado a la suspensión definitiva decretada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito; para tal efecto remítaseles copia de la resolución emitida por el tribunal de referencia [con firmas electrónicas], para los efectos legales consiguientes. De igual forma, se le requiere para que informe el día, hora y lugar donde deberá presentarse la parte quejosa, a fin de recibir las dosis correspondientes a la vacuna preventiva contra COVID-19, Pfizer-BioNTech -en los términos indicados-, y que este juzgado pueda tomar las medidas necesarias para el cumplimiento de la suspensión de plano concedida por el Tribunal Colegiado en cita. Se apercibe a la autoridad responsable que de no cumplir con lo anterior, o manifestar el impedimento que tenga para ello, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237, fracción I, 259 y 262, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente y cúmplase.
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