Érika Yazmín López Amaro
Expediente 81/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 81/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Érika Yazmín López Amaro
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se desechó la demanda, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado el presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, once de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso José Antonio Valerio Campos, mediante el cual, en atención al requerimiento de ocho del mes y año en curso, en el sentido de que señalara cuál fue la necesidad de presentar dos demandas constitucionales idénticas, esto es, a la que le correspondió el consecutivo 79/2021-VIII y la que se deriva del presente asunto; manifiesta bajo protesta de decir verdad ".que fue un error involuntario la presentación de esta demanda, por lo que solicito se acuerde lo que en derecho corresponda."; por tanto, se provee: En concepto de esta juzgadora se procede al estudio de la demanda en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Ahora, con motivo de la manifestación transcrita, expresada por el quejoso en el ocurso de cuenta el cual firmó de manera electrónica, se estima que se actualiza la causal de improcedencia que señala el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5º y 6°, todos de la Ley de Amparo, debido a que la demanda de amparo, carece de la voluntad del quejoso en intentar la acción constitucional. Bajo esa óptica jurídica, el artículo 6° de la Ley de Amparo, dispone que el juicio constitucional puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame; en consecuencia, es presupuesto para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, la existencia de un gobernado que resienta un perjuicio directo en alguno de los derechos fundamentales que contempla en su favor la Constitución Federal del País. Correlativo a ello, el juicio de amparo se rige por principios fundamentales que lo estructuran, entre los que está, el de "iniciativa o instancia de parte agraviada" consagrada por el artículo 107 constitucional en su fracción I, que dice: Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Ahora, en el escrito aclaratorio de cuenta, el quejoso manifiesta bajo protesta de decir verdad, que por un error presentó la demanda que dio origen al presente juicio de amparo, toda vez que previamente promovió una demanda idéntica a la cual le correspondió el registro 79/2021, lo que se tiene como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Por otra parte, de conformidad con los artículos 3º, 6° y 108, párrafo primero, de la Ley de Amparo, la demanda de amparo indirecto, debe formularse por escrito o por medios electrónicos, por la parte a quien afecte la norma general o el acto reclamado, misma que podrá hacerlo por sí o por su representante legal o apoderado, en la inteligencia de que en todo caso la demanda de amparo deberá contener la voluntad del que aparece como promovente para presentar la demanda que de origen al juicio de amparo y continuar con su substanciación. En consecuencia, toda vez que el ocurso de cuenta, por medio del cual el quejoso manifestó presentar la demanda de amparo por un error involuntario, fue remitido vía electrónica, con la evidencia criptográfica de la parte promovente, es indudable que se acredita la ausencia de voluntad de dicha parte procesal para presentar la demanda de amparo. Por tanto, en el caso concreto, no se advierte de autos la voluntad de la persona que demanda la protección constitucional, y, dado que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, ante la ausencia de ésta, debe declararse improcedente el juicio que nos ocupa promovido por José Antonio Valerio Campos, de conformidad con lo dispuesto por los numerales señalados; y, como consecuencia, lo procedente es DESECHAR LA DEMANDA con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente al quejoso.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, ocho de febrero de dos mil veintiuno. Vista la demanda promovida por Érika Yazmín López Amaro y José Antonio Valerio Campos, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí y otras autoridades, que estiman violatorios de los derechos fundamentales previstos en los artículos 1°, 4° y 27 de la Constitución General de la República; fórmese el expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el número progresivo 81/2021-VIII. Ahora, atento a la certificación de cuenta y analizada la demanda, se advierte que en el escrito que se presenta vía electrónica, no obra el elemento criptográfico de firma electrónica respecto de la diversa compareciente Érika Yazmín López Amaro, sin que los actos reclamados se ubiquen en el supuesto de procedencia a que se refiere el artículo 109 de la Ley de Amparo. En efecto, el numeral 113 de la ley de la materia, establece que el Juez de Distrito deberá examinar la demanda de amparo, pero si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, circunstancia que se actualiza en el presente caso. En ese sentido, toda vez que la demanda inicial se recibió por la vía electrónica, resulta pertinente citar los artículos 3° y 6° de la Ley de Amparo. Descrito lo anterior, del estudio del contenido del artículo 6° de la Ley de Amparo, se desprende que el procedimiento de amparo se rige por el principio de instancia de parte agraviada, el cual se hace constituir en que el juicio de derechos fundamentales sólo podrá ser promovido por el propio quejoso; y, en el supuesto que emane de un procedimiento penal, podrá ser promovido por la defensa de la parte quejosa o cualquier persona, en los casos en que la Ley de Amparo lo permita. En ese aspecto, en primer término, sustancialmente dispone que las promociones que sean presentadas para la tramitación del juicio de amparo, en el caso que nos ocupa (vía indirecta), deberán hacerse por escrito; excepcionalmente, podrán ser orales, siempre y cuando sean formuladas en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la Ley de Amparo. Por otra parte, en cada una de las promociones o escritos presentados por las partes, deberá constar la firma autógrafa o huella digital de quien promueve el juicio de amparo. Adicionalmente, la Ley de Amparo, en su artículo 3°, confiere el derecho a las partes de presentar promociones en forma electrónica, mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. En ese sentido, la firma electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, la cual producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Expuesto lo anterior, no ha lugar a dar trámite a la demanda que nos ocupa únicamente por lo que respecta a Erika Yazmín López Amaro, la cual fue recibida vía electrónica, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, sin que obre evidencia criptográfica de la firma electrónica de ella, sino únicamente del diverso compareciente José Antonio Valerio Campos. De lo anterior, se concluye que, al no haber firmado la referida promovente el escrito inicial de demanda en forma electrónica, deviene en un ocurso en el que no se incorpora la voluntad de la directamente agraviada Erika Yazmín López Amaro, ello en relación con lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley de Amparo, en el aspecto de que el juicio de amparo debe promoverse por la persona jurídica individual o colectiva a quien afecte la norma general o el acto reclamado (principio de agravio personal y directo). Deficiencia que no puede mandarse prevenir, pues no es de las irregularidades previstas por el artículo 114 de la ley de la materia, ni se omiten los requisitos señalados por el diverso 108 del indicado ordenamiento legal. Por tanto, al no satisfacerse el principio de instancia de parte agraviada, como lo exige el precepto constitucional antes mencionado, así como el artículo 6o. de la Ley de Amparo, se considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61 de la de la ley la materia, en relación con los preceptos legales invocados con antelación, ante la causal evidente e indudable de improcedencia en mención, con fundamento en el artículo 112 y 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Erika Yazmín López Amaro, contra actos de Gobernador Constitucional del Estado de San Lui Potosí y otras autoridades. Por otra parte, respecto a la demanda de amparo promovida por José Antonio Valerio Campos, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí y otras autoridades, se provee lo siguiente: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, 110, 112 y 114 de la Ley de Amparo, requiérase a la citada parte promovente para que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de este acuerdo, por escrito y con las copias necesarias para correr traslado a las partes en caso de que su escrito aclaratorio lo presente vía ordinaria, esto es, doce para las autoridades que señala como responsables y una para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, aclare la demanda en los siguientes términos: 1) Especifique el nombre de la autoridad responsable que señala como ".Las personas físicas y morales concesionarias de transporte público colectivo, así como de los servidores auxiliares.", toda vez que la indica de manera genérica, lo anterior a fin de que este órgano jurisdiccional esté en aptitud de, en su caso, emplazarla al presente asunto. 2) Bajo protesta de decir verdad, deberá manifestar a detalle cuál fue la necesidad de presentar dos demandas constitucionales idénticas, en tanto que además de la que dio origen a este juicio, constituye un hecho notorio para esta juzgadora, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la presentación de la diversa registrada con el expediente 79/2021-VIII. En la inteligencia que de afirmar hechos falsos u omitir los que le consten en relación con el acto reclamado, podría configurar una conducta delictiva especificada por el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, y esta juzgadora estaría obligada a dar vista al agente del Ministerio Público de la Federación. Apercíbase al promovente que de no cumplir con lo establecido en el inciso 1, se proveerá lo que corresponda únicamente respecto de los actos atribuidos a las diversas autoridades responsables y de no acatar el requerimiento especificado en el inciso 2, se tendrá por no presentada. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda; como autorizados en términos amplios del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a J. Guadalupe Salazar García, Ulises Castro Galaviz y Sanjuana Idalia Guerrero Reyes, quienes cuentan con sus cédulas profesionales registradas en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en términos restringidos del aludido numeral a Octavio Ventura Ramírez, toda vez que no cuenta con su cédula profesional registrada en el referido sistema. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Notifíquese personalmente.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DICTADO CON FECHA OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, ocho de febrero de dos mil veintiuno. Vista la demanda promovida por Érika Yazmín López Amaro y José Antonio Valerio Campos, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí y otras autoridades, que estiman violatorios de los derechos fundamentales previstos en los artículos 1°, 4° y 27 de la Constitución General de la República; fórmese el expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el número progresivo 81/2021-VIII. Ahora, atento a la certificación de cuenta y analizada la demanda, se advierte que en el escrito que se presenta vía electrónica, no obra el elemento criptográfico de firma electrónica respecto de la diversa compareciente Érika Yazmín López Amaro, sin que los actos reclamados se ubiquen en el supuesto de procedencia a que se refiere el artículo 109 de la Ley de Amparo. En efecto, el numeral 113 de la ley de la materia, establece que el Juez de Distrito deberá examinar la demanda de amparo, pero si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, circunstancia que se actualiza en el presente caso. En ese sentido, toda vez que la demanda inicial se recibió por la vía electrónica, resulta pertinente citar los artículos 3° y 6° de la Ley de Amparo. Descrito lo anterior, del estudio del contenido del artículo 6° de la Ley de Amparo, se desprende que el procedimiento de amparo se rige por el principio de instancia de parte agraviada, el cual se hace constituir en que el juicio de derechos fundamentales sólo podrá ser promovido por el propio quejoso; y, en el supuesto que emane de un procedimiento penal, podrá ser promovido por la defensa de la parte quejosa o cualquier persona, en los casos en que la Ley de Amparo lo permita. En ese aspecto, en primer término, sustancialmente dispone que las promociones que sean presentadas para la tramitación del juicio de amparo, en el caso que nos ocupa (vía indirecta), deberán hacerse por escrito; excepcionalmente, podrán ser orales, siempre y cuando sean formuladas en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la Ley de Amparo. Por otra parte, en cada una de las promociones o escritos presentados por las partes, deberá constar la firma autógrafa o huella digital de quien promueve el juicio de amparo. Adicionalmente, la Ley de Amparo, en su artículo 3°, confiere el derecho a las partes de presentar promociones en forma electrónica, mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. En ese sentido, la firma electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, la cual producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Expuesto lo anterior, no ha lugar a dar trámite a la demanda que nos ocupa únicamente por lo que respecta a Erika Yazmín López Amaro, la cual fue recibida vía electrónica, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, sin que obre evidencia criptográfica de la firma electrónica de ella, sino únicamente del diverso compareciente José Antonio Valerio Campos. De lo anterior, se concluye que, al no haber firmado la referida promovente el escrito inicial de demanda en forma electrónica, deviene en un ocurso en el que no se incorpora la voluntad de la directamente agraviada Erika Yazmín López Amaro, ello en relación con lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley de Amparo, en el aspecto de que el juicio de amparo debe promoverse por la persona jurídica individual o colectiva a quien afecte la norma general o el acto reclamado (principio de agravio personal y directo). Deficiencia que no puede mandarse prevenir, pues no es de las irregularidades previstas por el artículo 114 de la ley de la materia, ni se omiten los requisitos señalados por el diverso 108 del indicado ordenamiento legal. Por tanto, al no satisfacerse el principio de instancia de parte agraviada, como lo exige el precepto constitucional antes mencionado, así como el artículo 6o. de la Ley de Amparo, se considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61 de la de la ley la materia, en relación con los preceptos legales invocados con antelación, ante la causal evidente e indudable de improcedencia en mención, con fundamento en el artículo 112 y 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Erika Yazmín López Amaro, contra actos de Gobernador Constitucional del Estado de San Lui Potosí y otras autoridades. Por otra parte, respecto a la demanda de amparo promovida por José Antonio Valerio Campos, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí y otras autoridades, se provee lo siguiente: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, 110, 112 y 114 de la Ley de Amparo, requiérase a la citada parte promovente para que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de este acuerdo, por escrito y con las copias necesarias para correr traslado a las partes en caso de que su escrito aclaratorio lo presente vía ordinaria, esto es, doce para las autoridades que señala como responsables y una para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, aclare la demanda en los siguientes términos: 1) Especifique el nombre de la autoridad responsable que señala como ".Las personas físicas y morales concesionarias de transporte público colectivo, así como de los servidores auxiliares.", toda vez que la indica de manera genérica, lo anterior a fin de que este órgano jurisdiccional esté en aptitud de, en su caso, emplazarla al presente asunto. 2) Bajo protesta de decir verdad, deberá manifestar a detalle cuál fue la necesidad de presentar dos demandas constitucionales idénticas, en tanto que además de la que dio origen a este juicio, constituye un hecho notorio para esta juzgadora, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la presentación de la diversa registrada con el expediente 79/2021-VIII. En la inteligencia que de afirmar hechos falsos u omitir los que le consten en relación con el acto reclamado, podría configurar una conducta delictiva especificada por el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, y esta juzgadora estaría obligada a dar vista al agente del Ministerio Público de la Federación. Apercíbase al promovente que de no cumplir con lo establecido en el inciso 1, se proveerá lo que corresponda únicamente respecto de los actos atribuidos a las diversas autoridades responsables y de no acatar el requerimiento especificado en el inciso 2, se tendrá por no presentada. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda; como autorizados en términos amplios del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a J. Guadalupe Salazar García, Ulises Castro Galaviz y Sanjuana Idalia Guerrero Reyes, quienes cuentan con sus cédulas profesionales registradas en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en términos restringidos del aludido numeral a Octavio Ventura Ramírez, toda vez que no cuenta con su cédula profesional registrada en el referido sistema. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Notifíquese personalmente.
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