Érika Yazmín López Amaro
Expediente 79/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 79/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Érika Yazmín López Amaro
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, once de febrero de dos mil veintiuno. Visto el escrito aclaratorio presentado por el quejoso José Antonio Valerio Campos, mediante el cual da cumplimiento a la prevención de tres del mes y año en curso, por tanto, con fundamento en los artículos 1º, 103, fracción I, 107, fracciones I, XII, y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 35, 37, 107, 108, 112, 115 y 117, de la Ley de Amparo, se admite la demanda promovida por el referido promovente, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí y otras autoridades. Sin tramitar incidente de suspensión por no haberse solicitado. Pídase informe justificado a la(s) autoridad(es) responsable(s), quien(es) deberá(n) rendirlo dentro del término de quince días, siguientes al en que reciba(n) el oficio en el que se le(s) solicita. Requiérase a la(s) responsable(s) para que en caso de que sea cierto el acto que se le(s) atribuye, al rendir el respectivo informe justificado, se remitan las constancias a que alude el artículo 117, de la ley de la materia, enviando el duplicado o bien copias certificadas, legibles, completas y ordenadas en forma consecutiva del expediente de que se trate, a fin de analizar su constitucionalidad; con el apercibimiento que de no hacerlo, se impondrá una multa por el equivalente a cien días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I, 238 y 260, fracción II, de la ley en consulta. Indíquese a la(s) autoridad(es) responsable(s) que preferentemente deberán remitir el informe de ley y las constancias solicitadas en el párrafo anterior, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal) del servidor público que lo suscriba, o en su defecto al correo electrónico oficial de este juzgado, que es: 8jdo9cto@correo.cjf.gob.mx. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde en términos del artículo 5°, fracción IV, de la ley reglamentaria, a quien, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se le exhorta para que su actuación se dé desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Se señalan las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIEZ DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia constitucional. En la inteligencia de que, tomando en consideración la contingencia ocasionada por la pandemia de COVID-19 y el esquema de trabajo establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, las partes únicamente podrán comparecer a formular alegatos por escrito, salvo en los supuestos expresamente previstos en el segundo párrafo del artículo 124 de la Ley de Amparo, pues en estos casos preferentemente se procurará que se formulen por escrito y en la hipótesis de que el deseo de las partes sea hacerlo de manera verbal, entonces, previo a la celebración de la aludida audiencia, así lo deberán informar por escrito a fin de que este juzgado se encuentre en aptitud de acordar lo respectivo para que aquélla se suscite mediante videoconferencia en términos del numeral 28 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Requiérase a las partes para que en caso de actualizarse alguna causal de sobreseimiento, lo comuniquen de inmediato a este Juzgado de Distrito en términos del artículo 64, de la ley de referencia, de lo contrario se les impondrá una multa al emitirse la sentencia correspondiente de conformidad con el numeral 251 de la citada legislación. También hágaseles saber que este juzgado podrá brindar atención e información a los justiciables a través del correo institucional que quedó precisado en párrafos anteriores o en el teléfono 4448389300 (extensión 1611) o en el celular 4442380496. Asimismo, se hace de su conocimiento que la devolución de los documentos originales que aquí se ofrezcan, será hasta que quede firme la determinación que falle el presente asunto, toda vez que estos pueden ser objetados por las partes y es necesario que obren en autos. En otro orden, se instruye al actuario judicial para que los posibles diferimientos de la audiencia constitucional que se den en el presente asunto, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles de forma personal, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores, de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial. De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes, lo que incluye a la(s) autoridad(es) responsable(s), para que continúe(n) con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Y, con la finalidad de establecer formas expeditas de contacto, requiérase a la parte quejosa para que proporcione un teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso de origen, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Finalmente, en relación a la petición formulada por el citado promovente, en el sentido de que se lleve a cabo la acumulación del presente juicio al diverso 78/2021-VIII, dígasele que se acordará lo conducente en éste, con motivo de que la demanda derivada del mismo, fue la primera que se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de distrito en el Estado; por tanto con copia autorizada del ocurso de mérito, dése cuenta en el controvertido constitucional de referencia. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, tres de febrero de dos mil veintiuno. Vista la demanda presentada vía electrónica por Erika Yazmín López Amaro y José Antonio Valerio Campos, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí y otras autoridades, que estiman violatorios de los derechos fundamentales previstos en los artículos 1°, 4° y 27 de la Constitución General de la República; fórmese el expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el número progresivo 79/2021-VIII. Ahora, atento a la certificación de cuenta y analizada la demanda, se advierte que en el escrito que se presenta vía electrónica, no obra el elemento criptográfico de firma electrónica respecto de la diversa compareciente Erika Yazmín López Amaro, sin que los actos reclamados se ubiquen en el supuesto de procedencia a que se refiere el artículo 109 de la Ley de Amparo. En efecto, el numeral 113 de la ley de la materia, establece que el Juez de Distrito deberá examinar la demanda de amparo, pero si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, circunstancia que se actualiza en el presente caso, numeral que a la letra establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En ese sentido, toda vez que la demanda inicial se recibió por la vía electrónica, resulta pertinente citar los artículos 3° y 6° de la Ley de Amparo, que prevén: "Artículo 3. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Descrito lo anterior, del estudio del contenido del artículo 6° de la Ley de Amparo, se desprende que el procedimiento de amparo se rige por el principio de instancia de parte agraviada, el cual se hace constituir en que el juicio de derechos fundamentales sólo podrá ser promovido por el propio quejoso; y, en el supuesto que emane de un procedimiento penal, podrá ser promovido por la defensa de la parte quejosa o cualquier persona, en los casos en que la Ley de Amparo lo permita. En ese aspecto, en primer término, sustancialmente dispone que las promociones que sean presentadas para la tramitación del juicio de amparo, en el caso que nos ocupa (vía indirecta), deberán hacerse por escrito; excepcionalmente, podrán ser orales, siempre y cuando sean formuladas en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la Ley de Amparo. Por otra parte, en cada una de las promociones o escritos presentados por las partes, deberá constar la firma autógrafa o huella digital de quien promueve el juicio de amparo. Adicionalmente, la Ley de Amparo, en su artículo 3°, confiere el derecho a las partes de presentar promociones en forma electrónica, mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. En ese sentido, la firma electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, la cual producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Expuesto lo anterior, no ha lugar a dar trámite a la demanda que nos ocupa únicamente por lo que respecta a Erika Yazmín López Amaro, la cual fue recibida vía electrónica, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, sin que obre evidencia criptográfica de la firma electrónica de ella, sino únicamente del diverso compareciente José Antonio Valerio Campos. De lo anterior, se concluye que, al no haber firmado la referida promovente el escrito inicial de demanda en forma electrónica, deviene en un ocurso en el que no se incorpora la voluntad de la directamente agraviada Erika Yazmín López Amaro, ello en relación con lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley de Amparo, en el aspecto de que el juicio de amparo debe promoverse por la persona jurídica individual o colectiva a quien afecte la norma general o el acto reclamado (principio de agravio personal y directo). Deficiencia que no puede mandarse prevenir, pues no es de las irregularidades previstas por el artículo 114 de la ley de la materia, ni se omiten los requisitos señalados por el diverso 108 del indicado ordenamiento legal. Por tanto, al no satisfacerse el principio de instancia de parte agraviada, como lo exige el precepto constitucional antes mencionado, así como el artículo 6o. de la Ley de Amparo, se considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61 de la de la ley la materia, en relación con los preceptos legales invocados con antelación, ante la causa evidente e indudable de improcedencia en mención, con fundamento en el artículo 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Erika Yazmín López Amaro, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí y otras autoridades. Por otra parte, respecto a la demanda de amparo promovida por José Antonio Valerio Campos, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí y otras autoridades, se provee lo siguiente: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, 110, 112 y 114 de la Ley de Amparo, requiérase a la citada parte promovente para que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de este acuerdo, por escrito y con las copias necesarias para correr traslado a las partes en caso de que su escrito aclaratorio lo presente vía ordinaria, esto es, doce para las autoridades que señala como responsables y una para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; especifique el nombre de la autoridad responsable que señala como ".Las personas físicas y morales concesionarias de transporte público colectivo, así como de los servidores auxiliares.", toda vez que la indica de manera genérica, lo anterior a fin de que este órgano jurisdiccional esté en aptitud de, en su caso, emplazarla al presente asunto. Apercíbase al promovente que de no cumplir con lo anterior en el término indicado, se proveerá lo que corresponda únicamente respecto de los actos atribuidos a las diversas autoridades responsables. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda; como autorizados en términos amplios del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a J. Guadalupe Salazar García, Ulises Castro Galaviz y Sanjuana Idalia Guerrero Reyes, quienes cuentan con sus cédulas profesionales registradas en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en términos restringidos del aludido numeral a Octavio Ventura Ramírez, toda vez que no cuenta con su cédula profesional registrada en el referido sistema. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Notifíquese; hágase personalmente.
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