Erika Vianey González Alvarado

Expediente 892/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
892/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
13/11/2018

Partes del expediente

  • Erika Vianey González Alvarado

Actuaciones

  1. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA

  2. Principal

    Notificación por lista a la parte quejosa Erika Vianey González Alvarado. De la certificación de cuenta se desprende que ha transcurrido el plazo para que se interpusiera recurso de queja en contra del auto dictado en este juicio, por el que se DESECHÓ la demanda de amparo; se declara que HA CAUSADO ESTADO DICHA DETERMINACIÓN. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese como asunto concluido. Toda vez que la impetrante con su escrito inicial de demanda, exhibió sendos documentos, los cuales no es necesario que obren en este expediente, mediante notificación personal, se le requiere para que dentro de un plazo de noventa días, acuda a este juzgado a recibir dicha documental.

  3. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    Notificación por medio de lista al quejoso Vista la demanda de amparo presentada por Erika Vianey González Alvarado, contra los actos que reclama del Juez Séptimo Civil de Partido de esta ciudad y otras autoridades, se acuerda: Fórmese el expediente, regístrese en el libro de gobierno con el número de orden 892/2018-V y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Se desprende que el Juez de Distrito debe desechar una demanda de garantías, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de lo que cobra singular relevancia precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Pues bien, quien esto resuelve estima actualizada de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia. Con la disposición en análisis se persigue evitar que se pronuncien sentencias que puedan ser contradictorias y evitar una repetición inútil de la actividad pública. La citada causa de improcedencia no puede referirse sino a juicios completamente terminados, ya que habla de actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, es decir, que el juicio anterior cuente con sentencia firme, con calidad de cosa juzgada. Se aprecia que se formó con motivo de la demanda promovida por la propia quejosa, contra las autoridades responsables Juez Séptimo Civil de Partido y Directora de la Oficina Central de Actuarios y Oficialía de Partes Común, con sede en esta ciudad; del Notario Público 78 Licenciado José Antonio Torres Álvarez y del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de León, Guanajuato, de quienes señaló como actos reclamados: IV.- De la autoridad ordenadora, Juez Séptimo Civil de Partido, y ejecutora, Titular de la Oficina Central de Actuarios y Actuario designado por la Oficina Central de Actuarios, reclamo la ilegalidad del embargo del bien inmueble propiedad de la suscrita y cualquier acto tendiente a desposeerme físicamente del inmueble del cual soy propietaria. Como consecuencia de la ilegalidad del embargo, reclamo además de la autoridad ordenadora el remate, adjudicación y firma de la escritura a favor del adjudicatario del bien inmueble propiedad de la suscrita. De la autoridad ejecutora como es el Notario Público 78, le reclamo la protocolización de la escritura a favor de quien se adjudicó indebida e ilegalmente el bien inmueble propiedad de la suscrita. Del Registro Público de la Propiedad y del Comercio reclamo la inscripción registral del ilegal embargo del bien inmueble propiedad de la suscrita y cualquier otro acto encaminado inscribir (sic) título traslativo de dominio o gravamen del bien inmueble que es de mi propiedad. Lo anterior derivado en (sic) con motivo del juicio ejecutivo mercantil radicado en el Juzgado Séptimo Civil con número de expediente M52/2014". También se pone del conocimiento, que mediante resolución pronunciada el doce de enero de dos mil dieciocho, el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con sede en Guanajuato, Guanajuato, en auxilio de este órgano jurisdiccional, pronunció sentencia, en la cual determino, en los puntos resolutivos: Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Erika Vianey González Alvarado, en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables, que precisados quedaron en el considerando segundo de este fallo; por las razones expuestas en el considerando quinto de esta sentencia. [.]" Sentencia que fue recurrida y confirmada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, Capital, dentro de la resolución pronunciada el cuatro de julio de dos mil dieciocho, en el amparo en revisión civil 60/2018, en el que se resolvió: Se confirma la sentencia recurrida. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto promovido por Erika Vianey González Alvarado, contra las autoridades y actos precisados en el resultando primero de esta revisión". Por lo anterior, el trece de julio de dos mil dieciocho, se ordenó el archivo del expediente 1077/2017 como asunto concluido. El análisis de las constancias del juicio de amparo señalado ponen de manifiesto que en el juicio de amparo 1077/2017-II, del índice de este juzgado, la promovente del amparo resulta ser la propia quejosa; que se reclamó el embargo, inscripción, remate y adjudicación del bien inmueble ubicado en calle Españita número 405, lote 35, manzana 12, cuartel IX en León, Guanajuato, dentro del juicio ejecutivo mercantil M52/2014 del índice del Juzgado Séptimo Civil de Partido de León, Guanajuato, promovido por América Lease, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de sus apoderados, en contra de Omega Mayorista, Sociedad Anónima de Capital Variable, Jorge Luis López Porras y Jorge Luis López Martínez; así como sus consecuencias legales; y que en sentencia definitiva se determinó que la quejosa carecía de interés jurídico para promover el juicio de amparo, porque no demostraba que la tramitación de del juicio de referencia, del índice del Juzgado Séptimo Civil de Partido, con sede en esta ciudad, afectara su esfera de derechos. Así, está plenamente demostrado que los actos reclamados que en este procedimiento se tildan de inconstitucionales (la desposesión del inmueble ubicado en calle Españita número 405, lote 35, manzana 12, cuartel IX en León, Guanajuato), fueron materia del juicio de amparo 1077/2017-II, del índice de este juzgado, que culminó con una sentencia ejecutoria en la que se sobreseyó en el juicio de amparo porque se estimó que la quejosa carecía de interés jurídico, por lo que tiene autoridad de cosa juzgada; que dicho juicio de amparo fue promovido por la aquí inconforme, en contra de las mismas autoridades que señaló como responsables en este procedimiento constitucional y respecto del mismo acto reclamado. En efecto, debe considerarse que el sobreseimiento decretado en el juicio de amparo 1077/2017-II del índice de este juzgado, constituye cosa juzgada en virtud de que, si bien es cierto, por regla general, el sobreseimiento no constituye cosa juzgada, también lo es que existen excepciones al respecto porque la improcedencia de cosa juzgada opera por diversas circunstancias, entre ellas, cuando se ha determinado la inatacabilidad del acto reclamado a través de un diverso juicio constitucional, por ejemplo cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones que hagan inejercitable la acción de amparo. En el caso, la determinación del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, Capital, emitida el cuatro de julio de dos mil dieciocho, en el amparo en revisión civil 60/2018, que confirmó la sentencia del Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con sede en Guanajuato, Guanajuato, al resolver el juicio de amparo 1077/2017, en auxilio de este órgano jurisdiccional; en la que se resolvió que el acto reclamado por la quejosa no afectaba sus intereses jurídicos, constituye el reconocimiento de la inatacabilidad del acto a través del juicio intentado. Aun cuando, por regla general, una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo, cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías." Aun cuando por regla general esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada y, por consiguiente, no impide promover un nuevo juicio de amparo en el que se impugne el mismo acto o norma general, esta Primera Sala considera que existen excepciones al respecto, en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera por diversas circunstancias, pues no sólo se actualiza cuando en una sentencia ejecutoria se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, como ocurre cuando en una sentencia de amparo se declara que el precepto reclamado fue consentido y esta determinación adquiere firmeza porque no fue recurrida o habiéndolo sido se confirma, por lo que dicha situación no puede desconocerse en un nuevo juicio de garantías promovido contra un acto de aplicación posterior del mismo precepto. De ahí que proceda sobreseer en el nuevo juicio, conforme a los artículos 73, fracción IV, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo." Por lo expuesto, toda vez que de la lectura del libelo constitucional se advierte de forma patente y absolutamente clara la operancia de la causal de improcedencia en estudio, sin que pudieran llevar a convicción contraria los elementos que eventualmente pudieran allegarse al sumario en caso de ser admitido; se desecha de plano la demanda de amparo. Se tiene como domicilio del quejoso el ya citado en autos y se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a David Núñez Lira, Emma Noemí García Martínez y Ángel Arellano Espinoza, Dígase a la quejosa que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que solicite. Finalmente, para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto).

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