Erika Paola Alvarado González
Expediente 1125/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1125/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Erika Paola Alvarado González
Actuaciones
- Principal
NOTIFÍQUESE; HÁGASE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. CAUSA ESTADO DETERMINACIÓN. De la certificación de cuenta se desprende que ha transcurrido el plazo para que se interpusiera recurso de queja en contra del auto dictado en este juicio, por el que se DESECHÓ la demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en el ordinal 2°, 97 y 98 de la Ley de Amparo, 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO DICHA DETERMINACIÓN. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es destruible una vez que cumpla tres años de haberse archivado como asunto concluido, por haberse dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. En virtud de lo anterior, se requiere a la parte quejosa para que dentro de los tres días siguientes a aquel en el que surta efectos la notificación de este acuerdo, recoja el legajo de copias certificadas que adjunto a la demanda, y se le apercibe que si no lo hace, los mismos se glosarán al expediente y seguirán la suerte de éste. De igual forma, se le apercibe que si dentro de un plazo de noventa días, no acude a recoger los documentos en copia certificada que exhibió en el expediente, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente, de conformidad con lo que establece el Acuerdo antes citado.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA...; NOTIFÍQUESE; HÁGASE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. CAUSA ESTADO DETERMINACIÓN. De la certificación de cuenta se desprende que ha transcurrido el plazo para que se interpusiera recurso de queja en contra del auto dictado en este juicio, por el que se DESECHÓ la demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en el ordinal 2°, 97 y 98 de la Ley de Amparo, 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO DICHA DETERMINACIÓN. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es destruible una vez que cumpla tres años de haberse archivado como asunto concluido, por haberse dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. En virtud de lo anterior, se requiere a la parte quejosa para que dentro de los tres días siguientes a aquel en el que surta efectos la notificación de este acuerdo, recoja el legajo de copias certificadas que adjunto a la demanda, y se le apercibe que si no lo hace, los mismos se glosarán al expediente y seguirán la suerte de éste. De igual forma, se le apercibe que si dentro de un plazo de noventa días, no acude a recoger los documentos en copia certificada que exhibió en el expediente, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente, de conformidad con lo que establece el Acuerdo antes citado.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA.; Vista la demanda de amparo promovida por Erika Paola Alvarado González, se acuerda: REGISTRO DEL EXPEDIENTE. Fórmese el expediente, regístrese en el libro de gobierno con el número de orden 1125/2022-V y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. RECONOCIMIENTO DE LA PERSONALIDAD. Se reconoce a Lizette María Rodríguez Rivera, el carácter de apoderada legal de la albacea Erika Paola Alvarado González; pues lo acredita con copia certificada de la escritura pública número 70,521, de fecha once de noviembre de dos mil veinte, tirada ante la fe del licenciado Enrique Macías Chávez, Notario Público número 47 en legal ejercicio en esta ciudad. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de lo que cobra singular relevancia precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En el caso se actualiza en forma notoria y manifiesta, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Del precepto constitucional citado se aprecia que para que el juicio de amparo sea procedente contra actos dictados dentro de un juicio, éstos deben tener una ejecución que sea de imposible reparación. En el juicio de amparo indirecto que ahora se intenta, se reclama la resolución de cuatro de octubre de dos mil veintidós, dictado dentro de la cuarta sección -de partición- del juicio sucesorio testamentario 412/2016-C, emitida por el Juez Decimocuarto Civil de Partido de esta ciudad, que confirma el auto de veinticinco de agosto del año en curso, en el que no se acordó de conformidad la venta del único bien que conforma la masa hereditaria, propuesta por la quejosa, y se dejaron a salvo sus derechos, toda vez que estimó no ser autoridad competente para resolver sobre la enajenación y transacción de derechos patrimoniales los menores herederos en el juicio, pues estima que el compete es un juez de oralidad familiar. Ahora bien, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra el citado acto, por las razones que enseguida se exponen: EL artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establece como regla general, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, y definió como actos de imposible reparación, aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos. Además, en la misma porción normativa, el legislador se ocupó de establecer una sola hipótesis de excepción en que sería procedente el amparo indirecto tratándose de violaciones procesales, esto es, cuestiones de competencia; así lo dispuso en la fracción VIII del citado artículo 107, que consigna: "Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto". Por tanto, el legislador estableció una regla de carácter general y una sola excepción de aplicación estricta, que únicamente puede concretarse al actualizarse el supuesto para el que fue creada, sin que sea válida su aplicación analógica o por mayoría de razón. En ese contexto, para calificar la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación", debe atenderse a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales. Asimismo, que en tratándose de violaciones procesales, el amparo indirecto únicamente será procedente por cuestiones de competencia; por lo que, si el legislador previó esa única hipótesis de excepción a la regla general de que el amparo indirecto sólo procede contra actos que afecten materialmente un derecho sustantivo, no es dable al operador jurídico ampliar la procedencia del amparo biinstancial respecto de diversas violaciones adjetivas o procesales. Lo anterior es así, en virtud de que no es válido ni jurídico realizar una interpretación para ampliar o variar en cualquier forma tal disposición legal, ni debe hacerse algún ejercicio de interpretación en búsqueda de un significado que, sin duda, ya fue asignado por el legislador, y no permite más connotación que la literal, al tratarse de una norma de excepción. En el caso, el acto reclamado en la presente instancia constitucional, se trata de un acto procesal, que no tiene una ejecución de imposible reparación, pues sus consecuencias no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo, sino que sus efectos son de orden procesal y cualquier violación que en su caso se hubiera cometido con la determinación reclamada puede disiparse eventualmente en la resolución que concluya con la cuarta sección, denominada "de partición", en su última fase de lo relativo a la aplicación de los bienes; siempre que resulte favorable a los intereses de la parte quejosa, o en caso contrario, deberá reservarse el estudio de la violación impugnada, para el momento en que se reclame, vía amparo, la sentencia o resolución definitiva que ponga fin a la cuarta sección llamada "de partición", previo el agotamiento de los medios de impugnación ordinarios procedentes. En efecto, en los juicios sucesorios, el amparo biinstancial únicamente procede contra el fallo definitivo que se pronuncie en cada etapa; máxime que, en este tipo de controversias no existe una sentencia definitiva que comprenda todo el procedimiento, pues cada sección se decide por separado, por lo que las infracciones de tipo procesal cometidas durante el trámite de la sección de partición, que no impidan la continuación del procedimiento respectivo, son impugnables por la vía constitucional cuando se reclame la resolución que ponga fin a dicha sección, toda vez que de atacarse de manera inmediata, sin esperar al dictado de aquélla, el amparo indirecto resultaría improcedente. En ese contexto, los artículo 585 y 589 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guanajuato, prevé que en todo juicio sucesorio se formarán cuatro secciones y concretamente, la sección cuarta es la de "de partición", que se inicia con el proyecto de distribución provisional de los productos de los bienes hereditarios y culminará con lo relativo a la aplicación de los bienes, por lo que al no advertir que se trata de dicho fallo definitivo emitido en dicha sección, es incuestionable que el presente juicio de derechos fundamentales es improcedente. En tal virtud, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo.....
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