ERIKA PATRICIA SANTIAGO ANDRADE y Otros.

Expediente 666/2020 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 13 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
666/2020
Año
2020
Actuaciones
13
Última actuación
19/01/2022

Partes del expediente

  • ERIKA PATRICIA SANTIAGO ANDRADE y Otros.
  • Erika Patricia Santiago Andrade

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    hago constar: que en esta fecha, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, y en atención a que la parte quejosa Erika Patricia Santiago Andrade, no compareció ante este órgano jurisdiccional a notificarse, no obstante el aviso que el dieciséis de febrero de dos mil veintidós, se le dejó en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, a efecto de que dentro de los dos días hábiles siguientes se presentara a notificarse, por lo cual, al haber transcurrido dicho plazo sin que se presentara, se le hace efectivo el apercibimiento contenido en el aviso y le notifico por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal y por lista en la página electrónica correspondiente, el contenido del proveído de diecinueve de enero de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo 666/2020-III, a la parte quejosa de referencia, que dice: "Tijuana, Baja California, diecinueve de enero de dos mil veintidós. Certificacio´n. Vista la certificación de cuenta, se advierte que mediante oficio SECNO/STCCNO/13/2022 de nueve de enero de dos mil veintidós, suscrito por el secretario técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se comunicó que del diez al dieciséis de enero del año en curso, este órgano jurisdiccional regresaría al esquema de contingencia previsto en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19; especialmente en lo relativo a la suspensión de plazos y términos procesales a que se refiere la fracción IV del artículo 1 del citado acuerdo. Por tanto, toda vez que a la fecha en que se actúa culminó la vigencia del referido acuerdo, se regulariza el procedimiento y se levanta la suspensión de los plazos y términos procesales decretada en este asunto; por ende, continúese la tramitación del expediente en la etapa en que se encuentra. Ahora, continuando con el contenido de la certificacio´n secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha transcurrio´ el plazo de tres di´as ha´biles concedido a la parte quejosa, asesor jurídico y parte tercero interesada a fin que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto a la vista otorgada en provei´do de veinte de octubre de dos mil veintiuno. En consecuencia, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos se encuentra cumplido o no, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo y con la jurisprudencia 2a./J. 26/2000 , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Antecedentes. En principio, debe precisarse que a través de la sentencia emitida el tres de junio de dos mil veintiuno , por una parte se sobreseyó en el juicio y por otra parte, se concedio´ el amparo y proteccio´n de la Justicia de la Unio´n a Erika Patricia Santiago Andrade, para el efecto que la autoridad responsable Juez Segundo Familiar en Tijuana, Baja California, realizara lo siguiente: "OCTAVO. Efectos del fallo protector. Con fundamento en los arti´culos 74, fraccio´n V y 77 de la Ley de Amparo, se precisa que el efecto de la concesio´n del amparo y la proteccio´n de la federal (sic), es para que la Jueza Segundo de lo Familiar, con sede en esta ciudad, realice lo siguiente: 1. Con libertad de jurisdicción, emita pronunciamiento alguno respecto a la petición formulada por la parte quejosa Erika Patricia Santiago Andrade relativa a la fijación de una pensión alimenticia provisional a su favor. [...]." Luego, mediante auto de ocho de octubre de dos mil veintiuno , la sentencia causo´ ejecutoria y se requirio´ a la autoridad responsable para que dentro del plazo de tres di´as ha´biles diera cumplimiento a la resolucio´n amparatoria. En atencio´n a ello, la Jueza Segundo de lo Familiar, con sede en esta ciudad, mediante oficio marcado con folio 13221 , remitió copia certificada de la sentencia definitiva dictada el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno , dentro del juicio ordinario civil 324/2020, relativo a la disolución del vínculo matrimonial, donde -en lo que aquí interesa-, determinó procedente la vía ordinaria civil accionada por el aquí tercero interesado Samuel Vizcarra Montoya, declarando la disolución del vínculo matrimonial celebrado entre la quejosa Erika Patricia Santiago Andrade y el aludido tercero interesado, así como el régimen de sociedad conyugal, fijó concepto de pensión alimenticia a favor de los menores quejosos E.J.V.S. y K.U.V.S., y dejó a salvo los derechos de la parte demandada -aquí quejosa- respecto de la pensión alimenticia a su favor, a fin de que los hiciera valer en la vía y forma correspondiente, resolución que causó ejecutoria en proveído de tres de septiembre de dos mil veintiuno . Tales actuaciones fueron exhibidas en copia certificada, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con el arti´culo 202 del Co´digo Federal de Procedimientos Civiles de aplicacio´n supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2º. Cobra aplicacio´n la tesis de jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nacio´n, que indica: "DOCUMENTOS PU´BLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese cara´cter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios pu´blicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Se declara imposibilidad de cumplimiento. Ahora, se considera que atendiendo a las circunstancias fácticas existe imposibilidad jurídica y material para que la autoridad responsable de cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Bajo ese tenor, debe decirse que la concesión de la justicia federal fue con el objeto de que la autoridad responsable Jueza Segundo de lo Familiar, con sede en esta ciudad, emitiera con libertad de jurisdicción, pronunciamiento alguno respecto a la petición formulada por la quejosa Erika Patricia Santiago Andrade, relativa a la fijación de una pensión alimenticia provisional a su favor. Sin embargo, con base en la información y documentación exhibida por la propia responsable, se advierte que le asiste imposibilidad jurídica para cumplir con la ejecutoria de amparo, habida cuenta que el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, resolvió sobre la pretensión principal del juicio ordinario civil 324/2020, donde determinó procedente la vía intentada por el promovente Samuel Vizcarra Montoya, declarando disuelto el vínculo matrimonial celebrado entre la quejosa Erika Patricia Santiago Andrade y el multicitado tercero interesado, así como el régimen de sociedad conyugal, entre otras cuestiones, y -en lo que aquí interesa-, dejó a salvo de la demandada sus derechos en cuanto a la pensión alimenticia solicitada a su favor, a fin de que los hiciera valer en la vía y forma correspondiente , determinación que quedó firme mediante proveído de tres de septiembre de dos mil veintiuno. De ahí que se concluya que en la especie se actualiza un motivo manifiesto e indubable que torna imposible el cumplimiento de la sentencia emitida en el presente expediente, pues es inconcuso que la jueza responsable se encuentra jurídicamente imposibilitada para resolver dentro del juicio de origen la petición formulada por la parte quejosa en relación a la pensión alimenticia provisional, en primer lugar, porque previo a que se concediera el amparo y protección de la justicia federal, la responsable ya había dictado sentencia definitiva dentro del juicio ordinario civil 324/2020, donde resolvió la pretensión principal (divorcio incausado) y dejó a salvo los derechos de la quejosa en cuanto a la pensión alimenticia a su favor, a fin de que los hiciera valer en la vía y forma correspondiente, atendiendo a que dicha solicitud versa sobre una cuestión ajena a la litis materia del juicio natural, la cual está sujeta a comprobación y amerita ser controvertida por las partes en la vía legal que corresponda, y en segundo término, porque el tres de septiembre de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la resolución en cuestión y se ordenó el archivo del asunto. Por tanto, ante la circunstancia de que el juicio natural se encuentra totalmente concluido y la autoridad responsable dejó a salvo los derechos de la quejosa para que hiciera valer por la vía que correspondiera la petición de pensión alimenticia provisional a su favor, es procedente determinar de plano la imposibilidad del cumplimiento de la sentencia, sin que ello eroge afectaciones a las partes del presente controvertido. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia PC.III.P. J/16 K (10a.) , de rubro y texto: "EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. LA IMPOSIBILIDAD DE SU CUMPLIMIENTO PUEDE DECLARARSE, DE PLANO O INTERLOCUTORIAMENTE PREVIO TRÁMITE INCIDENTAL. Conforme al artículo 196, párrafo último, de la Ley de Amparo, el órgano de control constitucional puede decretar de plano la imposibilidad de cumplir una sentencia protectora cuando la causa que la genera está probada fehacientemente y no se tenga duda sobre su operatividad; en cambio, si dicha imposibilidad no está plenamente acreditada o depende de lo que pueda exponer el quejoso, incluso si existe la posibilidad de cumplimiento a través de la adopción de determinadas medidas, debe ordenar abrir un incidente innominado, en términos del artículo 193, párrafo cuarto, de la ley citada para que se decida, interlocutoriamente, lo procedente. En atención a lo antes expuesto, resulta imposible el cumplimiento de la sentencia dictada por este órgano constitucional. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archi´vese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, ha´ganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, asi´ como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoracio´n. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoracio´n, depuracio´n destruccio´n, digitalizacio´n, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los o´rganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federacio´n el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entro´ en vigor al di´a siguiente de su publicacio´n; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el arti´culo 18, fraccio´n I, inciso b) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de depuracio´n, dado que, por una parte se concedió la proteccio´n respecto de los actos reclamados, por lo que, una vez transcurrido el te´rmino de tres an~os a que alude el referido numeral, proce´dase a su depuracio´n. Cuadernos incidentales. En cambio, se precisa que el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, al ubicarse en el supuesto del artículo 18, fracción I, inciso a), del citado acuerdo, puesto que fue concedida la suspensión provisional y definitiva. Mientras que, en lo relativo al cuaderno duplicado del incidente de suspensión, se determina que es susceptible de destrucción, al encontrarse ubicado en la hipótesis del artículo 20, fracción II, inciso a), del referido acuerdo; lo que deberá ocurrir en un plazo de seis meses a partir de la emisión de este proveído. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del mencionado acuerdo general. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del arti´culo 15 del mencionado Acuerdo a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifi´quese personalmente."

  2. Principal

    hago constar: que en esta fecha, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, y en atención a que la quejosa Erika Patricia Santiago Andrade, no compareció a este órgano jurisdiccional a notificarse, no obstante el aviso que el once de noviembre de dos mil veintiuno, se le dejó en el domicilio señalado en autos para oír y recibir notificaciones, a efecto de que dentro de los dos días hábiles siguientes se presentara a notificarse, por lo cual, al haber transcurrido dicho plazo sin que se presentara, se le hace efectivo el apercibimiento contenido en el aviso y le notifico por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal y por lista en la página electrónica correspondiente, el contenido del proveído de veinte de octubre de dos mil veintiuno a la parte quejosa de referencia, asimismo, se le da vista con el oficio y anexo que refiere el proveído que se le notifica, que en síntesis dice:Tijuana, Baja California, veinte de octubre de dos mil veintiuno. Informe de cumplimiento. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio y anexo remitidos por la autoridad responsable; atento a su contenido, se le tiene por informado la imposibilidad que le asiste para dar cumplimiento a la sentencia de amparo dictada en este asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio y anexo que se ordena agregar, dése vista a la parte quejosa, asesor jurídico de los menores quejosos y tercero interesado, por el plazo de tres días hábiles legalmente computados, para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Apercibimiento. Con el apercibimiento de que una vez desahogada la vista o sin ella, este órgano judicial resolverá sobre el cumplimiento realizado a lo ordenado en la sentencia de amparo dictada en autos, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la responsable; lo anterior con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, tercero interesada y asesor jurídico de los menores quejosos.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, ocho de septiembre de dos mil veintiuno. Designa representante especial. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio suscrito por la Subdirectora Encargada del Despacho Delegación Baja California, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que Maiakovski Alderete Martínez, representante especial de los menores E.J.V.S. y K.U.V.S. fue cambiado de adscripción, por lo cual designa al licenciado Armando Bernal Reyes, para que funja con dicho carácter. Requerimiento asesor. Por tanto, túrnense los autos a cualquiera de los actuarios judiciales de este juzgado para que se constituyan en el domicilio que proporciona la oficiante, y notifiquen el contenido de la presente determinación al asesor jurídico en cita y lo requieran para que en el acto de la notificación, o bien, acuda a éste órgano jurisdiccional, con el fin de aceptar y protestar el cargo conferido, en caso de optar por la segunda opción, se señalan las doce horas con treinta minutos del diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, para que comparezca debidamente identificado y de manera puntual. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se hará acreedor a una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización vigente a la fecha que, en su caso, se haga efectiva la medida de apremio, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259, ambos de la Ley de Amparo; en relación con los numerales Primero, Segundo y Tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Generación de código QR. Ahora bien, con el fin de que el citado asesor se encuentre en aptitud de comparecer a este órgano jurisdiccional en el término indicado; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5, último párrafo, y 6, fracción I, inciso e), del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se comisiona al Coordinador Técnico Administrativo adscrito a este órgano jurisdiccional a efecto de que genere la cita respectiva desde la modalidad del programa "Agenda OJ" que le permite realizar dicha funcionalidad. Por tanto, una vez que se genere dicho código QR deberá hacerse entrega al actuario judicial de la adscripción que corresponda, con el fin de que le sea entregado al asesor que debe acudir a la diligencia precisada al momento de que se le notifique el presente proveído. Notifíquese y personalmente al asesor jurídico federal Armando Bernal Reyes.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, dieciocho de diciembre de dos mil veinte. Personería. Agréguese a los autos el ocurso de Edgar Allan Jaramillo Pérez, representante legal de la tercera interesada ES Blue Propane Sociedad Anónima de Capital Variable, personalidad que se le reconoce en términos de lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley de Amparo, atento a la copia certificada del instrumento notarial número cuatro mil ochocientos ochenta y uno, de seis de marzo de mil diecinueve, pasado ante la Fe del licenciado Víctor Manuel Vásquez Romero, Notario Público Número Ochenta y Siete, con residencia en Huatabampo, Sonora. En atención a lo expuesto, se tiene a ES Blue Propane Sociedad Anónima de Capital Variable apersonándose al presente juicio de amparo por conducto de su representante legal. Domicilio. De conformidad con lo previsto en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y numeral 27 de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la referida tercera interesada el ubicado en Cerro de las Torres número 11295 y calle Jazmines, colonia Lomas de Agua Caliente Sexta Sección, en esta ciudad. Correo electrónico y números telefónicos. Con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, téngasele al promovente señalando los correos electrónicos que indica única y exclusivamente para entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente. Señalamiento de autorizado. Con fundamento en el artículo 24 de la Ley de Amparo, se tiene a Marco Ernesto Téllez Estrada por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, por contar con el registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, tal como se advierte de la certificación de cuenta y constancia que se glosa. Sin que sea el caso proveer respecto a los alegatos y ofrecimiento de las documentales que precisa el promovente, ya que del contenido de la certificación de cuenta se advierte que la audiencia constitucional se celebró a las nueve horas con treinta minutos del diez de diciembre de dos mil veinte, por lo cual resulta extemporáneo. Finalmente, por cuanto hace a la diversa petición en el sentido de dar vista a la agente del Ministerio Público adscrita por la probable comisión de hechos constitutivos de delito que refiere en su ocurso, dígasele al promovente que no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado, toda vez que el Ministerio Público de la Federación es parte en el juicio de amparo, en términos del artículo 5º., fracción IV, de la ley de Amparo, y sus facultades indagatorias son autónomas o independientes, de las actuaciones del juicio de amparo, ya que, sin necesidad de que en el juez de amparo le otorgue vista con actuaciones, éste puede ejercer sus facultades en esa materia. Por lo que, queda expedito su derecho para de estimarlo pertinente haga la denuncia respectiva ante el Representante Social de la Federación; lo cual hágase del conocimiento a la parte promovente. Notifíquese.

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