Erika del Rocio del Pino Tumailla

Expediente 1520/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 1 actuación registrada, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1520/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Erika del Rocio del Pino Tumailla

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Radicación. Agréguese a los autos el oficio de cuenta proveniente del Tribunal Colegiado de Apelación del Decimoquinto Circuito, en esta ciudad, mediante el cual adjunta el escrito de demanda promovida por Almendra Jarumi Angulo Arenas, en favor de Del Pino Tumailla Erika Del Rocío; en consecuencia, fórmese el expediente físico y electrónico respectivos, captúrese en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación como juicio de amparo 1520/2023-VI. Precisión. Previo a pronunciarse sobre la demanda promovida, cabe destacar que de la certificación de cuenta se observa que el escrito que nos ocupa carece del certificado digital de la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), a que alude el artículo 2, fracción XVI, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Sin embargo, esta juzgadora estima que debe proveerse respecto a la suspensión de plano solicitada en dicha demanda, aun cuando carezca de lo anterior, ya que de una lectura íntegra de ésta se advierte que los actos que se reclaman reviste las características de aquellos prohibidos por el artículo 22 de constitucional y el numeral 15 de la Ley de Amparo. De ahí que, se considere que se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 42 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; el cual dispone: "Artículo 42. El Portal contará con una opción para presentar demandas de amparo electrónicas en los que se señalen como reclamados actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Para ello, se deberá ingresar el nombre de la parte quejosa, una cuenta de correo electrónico en caso de contar con ella, y seleccionar la OCC de los órganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o, en caso de que no exista, la Oficialía de Partes del órgano jurisdiccional. Además, se optará por adjuntar el archivo electrónico que contenga la demanda de amparo, utilizar el formato predeterminado o llenar el cuadro de texto en blanco que se encontrará a su disposición, tras lo cual se capturará un código de seguridad y se enviará el escrito de demanda. En cualquier opción, se podrán enviar los archivos que contengan documentos anexos al escrito de demanda. De la lectura del precepto legal transcrito, se observa que tratándose de demandas de amparo en las que se reclamen actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, no resulta necesario que contenga el certificado digital de la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), como lo obliga el artículo 45 del referido acuerdo, ya que únicamente bastará que se ingrese el archivo electrónico que contenga la demanda. Por tal motivo, si en el caso la demanda de amparo versa sobre actos considerados como prohibidos por el artículo 22 constitucional y se acompañó el archivo electrónico de la misma, se concluye que debe dársele el trámite correspondiente a la demanda, incluso al no estar firmada electrónicamente. Suspensión de plano. Ahora, de una lectura al escrito de demanda de amparo se advierte que los actos reclamados (que están en los supuestos contemplados en el arábigo 15 de la Ley de Amparo), por la promovente se hacen consistir, esencialmente, en: Incomunicación; Deportación, traslado a diversa estación migratoria, extradición, expulsión, o retorno a su país de origen; Privación de la libertad, aseguramiento, alojamiento y detención por más de treinta y seis horas; Violación de sus derechos humanos, tratados internacionales, incorrecta aplicación del artículo 15 de la Ley de Migración, la vulneración a su derecho de pedir refugio, así como la omisión de las autoridades de aplicar lo dispuesto al artículo 52, fracción V de la Ley de Migración. De los que dice es objeto Del Pino Tumailla Erika Del Rocío, con motivo de encontrarse a disposición del Instituto Nacional de Migración con sede en Tijuana, Baja California. I. Incomunicación. Las autoridades responsables deberán cesar todo acto de incomunicación, infringido en contra de la agraviada Del Pino Tumailla Erika Del Rocío, y, en su caso, se le permita mantener comunicación con su defensor o familiares, así como mantenerla informada de su situación migratoria; lo anterior, hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente juicio de amparo. Por tanto, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que la integridad física y salud de la quejosa queda bajo su más estricta responsabilidad. II. Deportación, traslado a diversa estación migratoria, extradición, expulsión, o retorno a su país de origen. Por tanto, con fundamento en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano, a fin de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y la directamente agraviada no sea deportada, trasladada a diversa estación migratoria, extraditada, expulsada, o retornada a su país de origen. III. Privación de la libertad, aseguramiento, alojamiento y detención por más de treinta y seis horas. Ahora, previo a pronunciarse sobre la suspensión de plano relativa a la privación de la libertad, aseguramiento, alojamiento y detención por más de treinta y seis horas de la persona en situación de migración, es necesario tener en cuenta que la Ley de Migración, establece las facultades de control, verificación y revisión migratoria a cargo del Instituto Nacional de Migración, entre las que se encuentra la instauración del procedimiento administrativo migratorio; éste comprende, entre otros aspectos, el control migratorio, consistente en la revisión de documentación de personas que pretendan internarse al país. Del mismo modo, implica la supervisión de los medios de transporte que se utilizan para internarse al país, lo que realizarán las autoridades migratorias con auxilio de las autoridades policiales, lo cual se efectúa en los lugares destinados al tránsito internacional de personas por mar, aire y tierra y de manera excepcional, previa solicitud de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en lugares distintos a estos. En ese contexto, es relevante tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 68, primer párrafo y 100 de la Ley de Migración, que establecen: "Artículo 68. La presentación de los migrantes en situación migratoria irregular sólo puede realizarse por el Instituto en los casos previstos en esta Ley; deberá constar en actas y no podrá exceder del término de 36 horas contadas a partir de su puesta a disposición. Artículo 100. Cuando un extranjero sea puesto a disposición del Instituto, derivado de diligencias de verificación o revisión migratoria, y se actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 144 de la presente Ley, se emitirá el acuerdo de presentación correspondiente dentro de las veinticuatro horas siguientes a la puesta a disposición." De la anterior porción normativa se advierte que la presentación de las personas en situación migratoria irregular sólo puede realizarse por personal del Instituto Nacional de Migración, en estaciones migratorias o en lugares habilitados para ello, lo cual deberá constar en actas y no podrá exceder del término de treinta y seis horas contadas a partir de su puesta a disposición, para lo cual, deberá dictarse acuerdo dentro de las veinticuatro horas derivado de la diligencia de verificación o revisión migratoria. En resumen, si la autoridad migratoria realiza una verificación en la que detecta a una persona migrante en situación irregular, debe dar inicio al procedimiento migratorio. Ahora, conforme a la jurisprudencia 1a./J. 112/2023 (11a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que, para evitar que la detención administrativa sea arbitraria debe: Ser menor al plazo de treinta y seis horas; y, Debe cumplir con los requisitos de: Razonabilidad, que es un criterio de evaluación objetivo; Necesidad; y, Proporcionalidad, que son criterios de evaluación subjetivos. Explicó, que la razonabilidad exige que la detención sea impuesta en cumplimiento de un fin legítimo en cada caso individual, que tiene que estar estipulado expresamente en la legislación, y definir y enlistar exhaustivamente las razones consideradas como fines justificadores. Además, destacó que la necesidad exige que la detención sea indispensable para cumplir el fin legítimo y que, en las circunstancias individuales del caso, no exista otra menos restrictiva de los derechos de la persona afectada. Finalmente, señaló que la proporcionalidad reclama que el Estado alcance un balance entre la gravedad de la medida y la situación de la persona migrante en cuestión. Por lo que, consideró que el derecho a la libertad personal no es absoluta, pues puede haber escenarios en los que se encuentre justificada su restricción, como sucede con la facultad del Estado mexicano para establecer medidas tendentes a regular la entrada, admisión y expulsión de personas migrantes en territorio nacional. Así, determinó que para una detención en ese contexto, en aras de evitar su arbitrariedad, debe ser aplicada como medida excepcional, por el periodo más breve y sólo si se justifica por una finalidad legítima, siempre que ésta sea acorde con el artículo 21 constitucional, el cual mandata que ningún acto privativo de la libertad de la persona por razones administrativas puede exceder del periodo máximo de treinta y seis horas. Por tanto, la suspensión de plano solicitada se puede conceder, bajo ciertos parámetros y condiciones, dependiendo de la etapa en la que se encuentre el procedimiento, por lo que, esta juzgadora concede la suspensión de plano en los supuestos y para los efectos siguientes: En el caso de que la internación de Del Pino Tumailla Erika Del Rocío al país, no se considere irregular por las autoridades migratorias, o, en el caso de que se encuentre detenida, y esta no tenga relación con la comisión de un ilícito, las autoridades responsables deberán ponerla en inmediata libertad. En el supuesto de que la detención de Del Pino Tumailla Erika Del Rocío derive de la comisión de un hecho que la ley señale como delito, las autoridades deberán ponerla en inmediata disposición del agente del ministerio público competente a fin de que se dé inicio a la carpeta de investigación correspondiente. En el escenario de que la internación de Del Pino Tumailla Erika Del Rocío sea considerada irregular por parte de las autoridades migratorias, deberán, dentro del plazo de veinticuatro horas, contados a partir de que le fue puesta a su disposición, dictar el acuerdo de presentación a que se refiere el artículo 100 de la Ley de Migración, y antes de que fenezca el plazo de las treinta y seis horas a partir de su detención, deberá dejarla en inmediata libertad. En el entendido de que la orden de dejarla en libertad no impide que se le fijen las medidas contempladas en la Ley General de Migración, para que Del Pino Tumailla Erika Del Rocío continúe su procedimiento en libertad. Por tanto, las medidas que señalen las autoridades deberán ser diversas a las que impliquen privación de la libertad personal de la persona en situación de migración, pero deberán tomar en cuenta aquellas que aseguren que ésta no evada el cumplimiento de las leyes sobre inmigración, refugio, protección complementaria y asilo político; como puede ser, de manera enunciativa, más no limitativa, la obligación de presentarse ante la propia autoridad administrativa cuantas veces les sea exigido y, en el supuesto de que determinen imponer una garantía económica, ésta deberá ser asequible, debidamente fundada y motivada, atendiendo a la situación específica de la persona, lo que deberá analizar y justificar la autoridad administrativa, sin que ello, sea impedimento para que la persona migrante pueda seguir su procedimiento en libertad. Con la precisión que, la integridad personal de Del Pino Tumailla Erika Del Rocío es responsabilidad de las autoridades migratorias, razón por la cual durante el tiempo que se encuentre presente ante la misma, deberá velar por la protección de sus derechos humanos, esto es, conservar y asegurar su integridad física, entre lo que destaca, proporcionar alimentos, vestimenta en caso de necesitarlo, así como brindar la atención médica básica que se requiera, con el objeto de que no se provoque un menoscabo a su salud, mientras esté a su disposición. Del mismo modo, en caso de que Del Pino Tumailla Erika Del Rocío opte por seguir su procedimiento dentro de la estación migratoria o en el alojamiento temporal con que cuenten las autoridades administrativas, estas deberán hacerle saber los efectos y consecuencias de ello, en el entendido que, levantará un acta que así lo demuestre, así como, informarle que en cualquier momento (transcurridas las treinta y seis horas), puede continuar con su procedimiento en libertad, bajo las condiciones que se le fijen. Estas consideraciones, se desprenden de un análisis del Protocolo para juzgar casos que involucren personas migrantes y sujetas de protección internacional, emitido y publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en mayo de dos mil veintiuno, ya que en dicho documento, la Corte estableció que las restricciones a la libertad personal deben ser seriamente analizadas para determinar su validez constitucional, pues no es casualidad que la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos lo protejan con tanta intensidad y arrebato, por lo que se trata de un derecho de primer rango que sólo puede ser limitado bajo determinados supuestos de excepcionalidad, ya que garantiza a su vez el pleno ejercicio de otros derechos constitucional y convencionalmente reconocidos para un completo desarrollo y bienestar de las personas. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis PR.P.CN. J/5 P (11a.) , de rubro y contenido siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONCEDERLA A LAS PERSONAS MIGRANTES QUE RECLAMAN LA PRIVACIÓN DE SU LIBERTAD POR MÁS DE TREINTA Y SEIS HORAS EN ESTACIONES MIGRATORIAS, AL SER UN ATAQUE A SU LIBERTAD PERSONAL FUERA DE PROCEDIMIENTO Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes conocieron de diversas quejas en las que se dilucidó si procede o no la suspensión de oficio y de plano en tratándose de personas extranjeras privadas de la libertad, cualquiera que sea su forma de denominación (aseguramiento, medida de apremio, alojamiento o sanción) por más de treinta y seis horas en una estación migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM), al constituir la detención alegada un ataque a la libertad personal fuera de procedimiento, lo que actualiza la hipótesis prevista en el artículo 126 de la Ley de Amparo. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Penal de la Región CentroNorte, con residencia en la Ciudad de México determina que cuando en el juicio de amparo indirecto las personas migrantes en situación irregular reclamen un ataque a su libertad personal fuera de procedimiento, cualquiera que sea su forma de denominación (aseguramiento, medida de apremio, alojamiento o sanción), por más de treinta y seis horas, atribuida al Instituto Nacional de Migración, derivado del procedimiento administrativo en estaciones migratorias, procede conceder la suspensión de oficio y de plano para el efecto de que sean puestas en libertad, al actualizarse la hipótesis del artículo 126 de la Ley de Amparo. Justificación: En atención al principio de excepcionalidad de la detención por ingreso irregular previsto en el Protocolo para Juzgar Casos que involucren Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional, publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el apartado F, fracción I, numeral 3, inciso b, denominado "b. Excepcionalidad y medidas alternativas", en el que establece que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha denunciado que la Ley de Migración y su reglamento prevén la detención migratoria como la regla y no como la excepción. Asimismo, el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia encasos que afecten a personas migrantes y sujetas de protección internacional, en su capítulo VIII, intitulado "Reglas específicas de actuación", entre otros aspectos, expone ampliamente el tópico relativo a la excepcionalidad de la detención, por lo que la irregularidad en el ingreso es considerada una falta administrativa. En consecuencia, los derechos y las garantías que deben observar quienes juzgan son aquellas propias de las personas que son sujetas a procedimientos administrativos sancionadores. Ello, además, atendiendo el principio pro persona previsto en el artículo 1o. constitucional, conforme al cual las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Ley Fundamental y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, se considera que en el caso debe privilegiarse la solución conforme con el derecho a la libertad personal de los quejosos, por lo que se debe conceder la suspensión de oficio y de plano cuando la detención de las personas migrantes sea, cualquiera que sea su forma de denominación (aseguramiento, medida de apremio, alojamiento o sanción) por más de treinta y seis horas en la estación migratoria con motivo del procedimiento administrativo previsto en la Ley de Migración, al ser esa detención reclamada un ataque a la libertad personal fuera de procedimiento, lo que actualiza la hipótesis prevista en el artículo 126 de la Ley de Amparo, para el efecto de que sean puestas en libertad inmediata, para continuar con el trámite migratorio. En el entendido de que la autoridad migratoria, a efecto de dar el debido seguimiento al procedimiento, podrá fijar los requisitos y medidas necesarias, tomando como parámetro las establecidas en los artículos 101 y 102 de la Ley de Migración, una vez que ya haya decretado la libertad." IV. Violación de sus derechos humanos, tratados internacionales, incorrecta aplicación del artículo 15 de la Ley de Migración, la vulneración a su derecho de pedir refugio, así como la omisión de las autoridades de aplicar lo dispuesto al artículo 52, fracción V de la Ley de Migración. En lo concerniente a la petición de la promovente en el sentido de que se decrete la suspensión de plano del acto consistente en la violación de sus derechos humanos, tratados internacionales, incorrecta aplicación del artículo 15 de la Ley de Migración, la vulneración a su derecho de pedir refugio, así como la omisión de las autoridades de aplicar lo dispuesto al artículo 52, fracción V de la Ley de Migración, con fundamento en el artículo 15 y 126 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, no ha lugar a decretar dicha medida cautelar, en razón de que tales actos reclamados, no encuadran en ninguna de las hipótesis de procedencia que al efecto contemplan los referidos preceptos legales. El artículo 15 de la ley de la materia en lo que aquí acontece, señala: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. [.]" Así como el párrafo primero del artículo 126 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal." De los dispositivos en cita, se advierte que el órgano jurisdiccional de amparo concederá la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados, cuando estos se encuentren en alguna de las hipótesis siguientes: a) importen peligro de privación de la vida; b) ataquen a la libertad personal fuera de procedimiento; c) incomunicación; d) deportación; e) expulsión; f) proscripción o destierro; g) extradición; h) desaparición forzada de personas; i) la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; o, j) alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Ello conforme a la jurisprudencia 1a./J. 112/2023 (11a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mencionada en párrafos anteriores, pues atendiendo a los principios de razonabilidad, necesidad, y, proporcionalidad, se busca no colocar a las personas migrantes, en una situación de mayor vulnerabilidad, privilegiando el derecho fundamental a la libertad personal, y, a su vez, asegurar el correcto desenvolvimiento del procedimiento administrativo migratorio, por lo que los actos reclamados no encuadran, empero ello no impide que las responsables provean sobre la protección de los derechos humanos de la quejosa. Informes. Requiérase a la autoridades responsables para que dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la recepción del oficio, informen sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano, remitiéndole para tal efecto copia simple del escrito de demanda. Apercibimiento. Apercibidas que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto por el artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo, que establece que se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. Autorización de informe vía electrónica. Se autoriza a las autoridades responsables para que rindan su informe al correo electrónico 14jdo15cto@correo.cjf.gob.mx; asimismo, se sirva proporcionar un correo electrónico a fin de realizarle las subsecuentes notificaciones por esa vía, para privilegiar el uso de los medios electrónicos durante la contingencia sanitaria decretada en el país, sin perjuicio de que lo realice mediante oficio que se envíe a este juzgado. Precisión Especial. Cabe precisar que si bien en el escrito de demanda la promovente señala como autoridad responsable a la "Secretaría de Gobernación, en esta ciudad", es un hecho notorio que dicha responsable tiene su domicilio en la Ciudad de México, por lo que se ordena girar oficio al domicilio correcto; no obstante lo anterior, no es necesario girar exhorto para la entrega de dicho oficio, toda vez que a la aludida autoridad no se le reclama la ejecución de ninguno de los actos por los cuales se decretó la suspensión de plano, aunado a que no tiene facultades para ejecutar los mismos De igual forma, se hace la precisión que en el punto petitorio "TERCERO" la parte promovente solicitó se girara exhorto a la ciudad de Mexicali, para la búsqueda del quejoso, sin embargo, de la narrativa del escrito de demanda se aprecia que la parte quejosa fue detenida en esta ciudad y se encuentra en la estación migratoria de esta localidad; por lo tanto, no es el caso girar el exhorto a que hace referencia. Ratificación de demanda. Se faculta a cualquiera de las actuarias de este juzgado para que se trasladen a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración Delegación Baja California con sede en esta ciudad, y busquen a la directamente agraviada en dicho lugar, y en caso de no localizarla, y observar camiones dentro de las instalaciones de dicho Instituto, deberán también buscarla en su interior; así como a aquellos lugares de los que tenga noticia en que pudiera encontrarse la parte agraviada, a fin de que notifiquen personalmente el presente acuerdo a Del Pino Tumailla Erika Del Rocío y la requieran para que al momento de la notificación manifieste si ratifica o no la demanda interpuesta a su favor, así como el nombramiento de autorizado señalado en el escrito inicial. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda y quedaran sin efectos las providencias decretadas. Autorizados. Se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones a Almendra Jarumi Angulo Arenas, dado que no cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, como se advierte de la certificación de cuenta. Requerimiento. Ahora, en atención a que quien presentó el escrito de demanda fue Almendra Jarumi Angulo Arenas, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérasele para que dentro del término de tres días, legalmente computado, informe a este órgano jurisdiccional si promovió diversa demanda de amparo en los municipios de Ensenada o Mexicali, o en su defecto, en otro Estado de la República, por el mismo quejoso y actos reclamados. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, o de no informar el impedimento legal que tenga para no hacerlo, en el plazo que se le concede, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, equivalente a $5,187.00 pesos (cinco mil ciento ochenta y siete pesos moneda nacional), de conformidad con los artículos segundo y tercero Transitorios el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo. Cantidad que resulta de multiplicar por cincuenta la suma de $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos moneda nacional), valor diario de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el uno de febrero de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con el precepto 238 de la citada legislación. Consulta y notificación electrónica. En atención a que la promovente solicita se practiquen las notificaciones por la vía electrónica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 y 102 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza el acceso al presente asunto, en su modalidad de expediente electrónico, para consulta y envío de promociones por tal medio, asimismo para que se le practiquen las notificaciones que deban ser personales a través de la vía electrónica. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo y 55 del mencionado Acuerdo General 12/2020, se le tiene por señalada la vía electrónica para que las notificaciones personales generadas en el presente asunto se le hagan de esa manera; por tanto, se instruye a los actuarios adscritos a este juzgado para que las notificaciones de carácter personal se le practiquen a la parte promovente por ese medio. En el entendido de que las mismas se sujetarán a los términos establecidos en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo. Por tanto, se comisiona a la Oficial Judicial A, realice la autorización respectiva para la consulta y notificación del presente juicio a través de la vía electrónica, por conducto del usuario "jarumiangulo". Dato de contacto. Téngasele señalando el correo electrónico y número telefónico única y exclusivamente para entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente. Habilitación de días y horas inhábiles. Por otro lado, de conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento cobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. De conformidad con el Acuerdo General Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, fórmese el expediente electrónico respectivo. Notifíquese personalmente a Del Pino Tumailla Erika Del Rocío y por vía electrónica a Almendra Jarumi Angulo Arenas.

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