Erika Patricia Delgado Acuña
Expediente 568/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 24 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 568/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 01/09/2022
Partes del expediente
- Erika Patricia Delgado Acuña
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, uno de septiembre de dos mil veintidós. Causa estado auto que declara cumplida. Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes promovieran recurso de inconformidad en contra del auto de veintinueve de julio de dos mil veintidós, que declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, se declara que ha causado estado el mencionado proveído para todos los efectos legales consiguientes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Depúrese el expediente principal, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia en la que, por una parte, se determinó conceder el amparo en el presente juicio, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: (.) I. b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional..". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Por otra parte, tomando en consideración que en el incidente de suspensión, se negó la medida cautelar solicitada, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo en comento; por tanto, el cuaderno original es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el citado plazo de tres años que prevé el numeral en cita. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral 20, fracción II, inciso a) de dicho Acuerdo General, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruible una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones respectivas en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión para constancia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo dieciocho, párrafo primero del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Dado que la parte quejosa no exhibió ningún original a su escrito inicial de demanda, no es necesario requerirla para que lo recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que en caso de que requiera la devolución los documentos exhibidos en el presente asunto, deberá solicitarlo por escrito a efecto de que se acuerde lo correspondiente. Devolución de constancias. Finalmente, devuélvase a la Jueza Segundo de lo Civil de San Pedro Cholula, Puebla las constancias que obran por cuerda separada, en la inteligencia de que el acuse de recibo lo constituirá la constancia de notificación de este auto. Notifíquese; y electrónicamente al representante especial de la menor.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintinueve de julio de dos mil veintidós. Se declara cumplida la sentencia de amparo Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, tomando en consideración que únicamente la parte tercera interesada y el representante especial del menor desahogaron la vista que les fue otorgada mediante auto de diecinueve de julio de dos mil veintidós, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito, por lo que este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. Al respecto, se precisa que mediante sentencia de diez de junio de dos mil veintidós, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: VII. DECISIÓN Y EFECTOS 77. Con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede la protección constitucional a la parte quejosa para los siguientes efectos: a) Se deje insubsistente la resolución dictada el dieciocho de febrero de dos mil veintidós en el incidente de liquidación de pensiones alimenticias promovido en el juicio de alimentos 2074/2017. b) Enseguida, con libertad de jurisdicción, la jueza responsable emita una nueva determinación en la que subsane los siguientes vicios de legalidad: i) Atento a las consideraciones jurídicas expuestas en esta sentencia funde y motive adecuadamente el valor probatorio que decida asignarle a las ciento siete pruebas documentales que valoró en la resolución reclamada. ii) En caso de concluir que las citadas pruebas documentales tienen valor probatorio, la jueza responsable deberá fundar y motivar adecuadamente qué es lo que se acreditó con cada medio probatorio en particular y en qué medida justifican el cumplimiento de las obligaciones alimentarias a cargo de la parte demanda; en el entendido que deberá descartar la posibilidad de considerar que dichas pruebas adquieren valor probatorio pleno por el solo hecho de no haber sido objetados por la parte actora, pues la jueza responsable puede suplir la deficiencia de la actividad de las partes, principalmente al estar involucrado el cumplimiento de obligaciones alimentarias. 78. Por otro lado, dada la condición de minoría de edad de la niña, se estima necesario que además de la determinación que se emita en cumplimiento a la presente ejecutoria, la jueza responsable haga de su conocimiento las medidas que adopte en relación con ella mediante la elaboración de una resolución en formato de lectura fácil y accesible." Mediante proveído de cinco de julio de dos mil veintidós, la sentencia de mérito causó ejecutoria y, en consecuencia, se requirió a la autoridad responsable para que informara sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y remitiera las constancias relativas para acreditarlo. En cumplimiento a lo anterior, mediante proveído de catorce de julio siguiente, la jueza responsable informó el contenido del proveído de once de julio de dos mil veintidós emitido en el juicio de alimentos 2074/2017, en el cual realizó lo siguiente: Dejó insubsistente la resolución de dieciocho de febrero de dos mil veintidós, emitida en el incidente de liquidación de pensiones alimenticias promovido en el juicio de alimentos 2074/2017, de su índice; y. Ordenó turnar los autos a fin de emitir una nueva determinación en el incidente en comento, tomando en cuenta las consideraciones precisadas en la sentencia de amparo emitida en el presente asunto. Posteriormente, el diecinueve siguiente, remitió copia certificada de la resolución de doce de julio de dos mil veintidós emitida en el juicio de alimentos 2074/2017 de su índice, en la cual se advierte que realizó lo siguiente: Precisó que no se tomarían en consideración como parte de la planilla de liquidación de pensiones alimenticias provisionales los meses de octubre, noviembre y diciembre de dos mil diecisiete, debido a que la pensión se decretó el diez de enero de dos mil dieciocho -tres meses después al periodo que pretendía cobrar la parte accionante- y el pago de pensiones alimenticias es exigible a partir de que se incumple con dicho deber, pues la resolución que reconoce los derechos de los acreedores alimentarios se debe cumplir desde la fecha en que se dictó y se determinó el monto de la pensión alimenticia provisional. En razón de lo anterior, únicamente fueron valoradas noventa y cuatro pruebas, consistentes en comprobantes de pagos originales, a las cuales les concedió valor probatorio pleno en términos del Código Procesal Civil del Estado de Puebla, así como documentales en copia simple, las cuales, al estar adminiculadas con el resto de las documentales originales, les concedió el valor de indicio. Asimismo, fundó y motivó lo que se acreditó con cada medio probatorio y la medida en que aquellos justificaban el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la parte demandada; y, Finalmente, emitió un formato de lectura fácil de dicha determinación en atención a la minoría de edad de la menor involucrada. Con lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la autoridad responsable demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, porque dejó insubsistente la resolución de dieciocho de febrero de dos mil veintidós y dictó una nueva determinación, en la que subsanó la valoración de las pruebas ofrecidas en el juicio de alimentos 2074/2017 de su índice, acorde a los lineamientos emitidos en la ejecutoria de amparo, y emitió el formato de lectura fácil y accesible correspondiente. Se contestan manifestaciones del representante especial y tercero interesado Ahora, el representante especial designado en el presente asunto, precisó que la autoridad responsable se excedió en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por las manifestaciones que refiere en su escrito presentado el veinticinco de julio de dos mil veintidós. Sin embargo, no le asiste razón por lo que hace a que la autoridad responsable revocó su propia determinación, regularizando cuestiones que no formaron parte de la litis en el presente asunto; lo anterior es así, pues precisamente uno de los efectos de la ejecutoria de amparo fue dejar insubsistente la determinación de dieciocho de febrero de dos mil veintidós -y no solo la parte considerativa-, emitida en el incidente de liquidación de pensiones alimenticias promovido en el juicio de alimentos ... y emitir una nueva -con libertad de jurisdicción- subsanando los vicios legales. En ese sentido, la regularización de oficio que realizó la jueza responsable respecto de la planilla de liquidación de sentencia, por lo que hace a no tomar en consideración como parte de ella, los meses de octubre, noviembre y diciembre de dos mil diecisiete, no se puede tomar como un exceso al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, pues dicha determinación se encuentra directamente relacionada con el estudio y valoración de los medios probatorios que se ordenó valorar en la sentencia en cuestión, y que realizó la jueza responsable, aunado que a que, como se dijo, se otorgó libertad de jurisdicción a la autoridad responsable para emitir la nueva resolución. Lo anterior es así, pues precisó que el pago de pensiones alimenticias es exigible a partir de que se incumple con dicho deber, porque la resolución que reconoce los derechos de los acreedores alimentarios se debe cumplir desde la fecha en que se dictó y se determinó el monto de la pensión alimenticia provisional, conclusión a la que arribó al valorar las pruebas ofrecidas en el juicio de origen. Ahora, por lo que hace a las manifestaciones realizadas por el tercero interesado, no ha lugar a realizar algún pronunciamiento al respecto pues no están relacionadas con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, ya que únicamente expresa que ha interpuesto diversos medios de impugnación en el juicio de origen y promovió un diverso juicio de amparo del cual tocó conocer a este órgano jurisdiccional. En este tenor, se estima que se colmaron los alcances del fallo protector; por tanto, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento a las partes la anterior determinación y que, de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes a su legal notificación puedan interponer recurso de inconformidad. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa y tercero interesado y electrónicamente al representante especial de la menor.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE TERCERA INTERESADA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintinueve de julio de dos mil veintidós. Se declara cumplida la sentencia de amparo Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, tomando en consideración que únicamente la parte tercera interesada y el representante especial del menor desahogaron la vista que les fue otorgada mediante auto de diecinueve de julio de dos mil veintidós, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito, por lo que este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. Al respecto, se precisa que mediante sentencia de diez de junio de dos mil veintidós, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: VII. DECISIÓN Y EFECTOS 77. Con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede la protección constitucional a la parte quejosa para los siguientes efectos: a) Se deje insubsistente la resolución dictada el dieciocho de febrero de dos mil veintidós en el incidente de liquidación de pensiones alimenticias promovido en el juicio de alimentos 2074/2017. b) Enseguida, con libertad de jurisdicción, la jueza responsable emita una nueva determinación en la que subsane los siguientes vicios de legalidad: i) Atento a las consideraciones jurídicas expuestas en esta sentencia funde y motive adecuadamente el valor probatorio que decida asignarle a las ciento siete pruebas documentales que valoró en la resolución reclamada. ii) En caso de concluir que las citadas pruebas documentales tienen valor probatorio, la jueza responsable deberá fundar y motivar adecuadamente qué es lo que se acreditó con cada medio probatorio en particular y en qué medida justifican el cumplimiento de las obligaciones alimentarias a cargo de la parte demanda; en el entendido que deberá descartar la posibilidad de considerar que dichas pruebas adquieren valor probatorio pleno por el solo hecho de no haber sido objetados por la parte actora, pues la jueza responsable puede suplir la deficiencia de la actividad de las partes, principalmente al estar involucrado el cumplimiento de obligaciones alimentarias. 78. Por otro lado, dada la condición de minoría de edad de la niña, se estima necesario que además de la determinación que se emita en cumplimiento a la presente ejecutoria, la jueza responsable haga de su conocimiento las medidas que adopte en relación con ella mediante la elaboración de una resolución en formato de lectura fácil y accesible." Mediante proveído de cinco de julio de dos mil veintidós, la sentencia de mérito causó ejecutoria y, en consecuencia, se requirió a la autoridad responsable para que informara sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y remitiera las constancias relativas para acreditarlo. En cumplimiento a lo anterior, mediante proveído de catorce de julio siguiente, la jueza responsable informó el contenido del proveído de once de julio de dos mil veintidós emitido en el juicio de alimentos 2074/2017, en el cual realizó lo siguiente: Dejó insubsistente la resolución de dieciocho de febrero de dos mil veintidós, emitida en el incidente de liquidación de pensiones alimenticias promovido en el juicio de alimentos 2074/2017, de su índice; y. Ordenó turnar los autos a fin de emitir una nueva determinación en el incidente en comento, tomando en cuenta las consideraciones precisadas en la sentencia de amparo emitida en el presente asunto. Posteriormente, el diecinueve siguiente, remitió copia certificada de la resolución de doce de julio de dos mil veintidós emitida en el juicio de alimentos 2074/2017 de su índice, en la cual se advierte que realizó lo siguiente: Precisó que no se tomarían en consideración como parte de la planilla de liquidación de pensiones alimenticias provisionales los meses de octubre, noviembre y diciembre de dos mil diecisiete, debido a que la pensión se decretó el diez de enero de dos mil dieciocho -tres meses después al periodo que pretendía cobrar la parte accionante- y el pago de pensiones alimenticias es exigible a partir de que se incumple con dicho deber, pues la resolución que reconoce los derechos de los acreedores alimentarios se debe cumplir desde la fecha en que se dictó y se determinó el monto de la pensión alimenticia provisional. En razón de lo anterior, únicamente fueron valoradas noventa y cuatro pruebas, consistentes en comprobantes de pagos originales, a las cuales les concedió valor probatorio pleno en términos del Código Procesal Civil del Estado de Puebla, así como documentales en copia simple, las cuales, al estar adminiculadas con el resto de las documentales originales, les concedió el valor de indicio. Asimismo, fundó y motivó lo que se acreditó con cada medio probatorio y la medida en que aquellos justificaban el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la parte demandada; y, Finalmente, emitió un formato de lectura fácil de dicha determinación en atención a la minoría de edad de la menor involucrada. Con lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la autoridad responsable demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, porque dejó insubsistente la resolución de dieciocho de febrero de dos mil veintidós y dictó una nueva determinación, en la que subsanó la valoración de las pruebas ofrecidas en el juicio de alimentos 2074/2017 de su índice, acorde a los lineamientos emitidos en la ejecutoria de amparo, y emitió el formato de lectura fácil y accesible correspondiente. Se contestan manifestaciones del representante especial y tercero interesado Ahora, el representante especial designado en el presente asunto, precisó que la autoridad responsable se excedió en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por las manifestaciones que refiere en su escrito presentado el veinticinco de julio de dos mil veintidós. Sin embargo, no le asiste razón por lo que hace a que la autoridad responsable revocó su propia determinación, regularizando cuestiones que no formaron parte de la litis en el presente asunto; lo anterior es así, pues precisamente uno de los efectos de la ejecutoria de amparo fue dejar insubsistente la determinación de dieciocho de febrero de dos mil veintidós -y no solo la parte considerativa-, emitida en el incidente de liquidación de pensiones alimenticias promovido en el juicio de alimentos ... y emitir una nueva -con libertad de jurisdicción- subsanando los vicios legales. En ese sentido, la regularización de oficio que realizó la jueza responsable respecto de la planilla de liquidación de sentencia, por lo que hace a no tomar en consideración como parte de ella, los meses de octubre, noviembre y diciembre de dos mil diecisiete, no se puede tomar como un exceso al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, pues dicha determinación se encuentra directamente relacionada con el estudio y valoración de los medios probatorios que se ordenó valorar en la sentencia en cuestión, y que realizó la jueza responsable, aunado que a que, como se dijo, se otorgó libertad de jurisdicción a la autoridad responsable para emitir la nueva resolución. Lo anterior es así, pues precisó que el pago de pensiones alimenticias es exigible a partir de que se incumple con dicho deber, porque la resolución que reconoce los derechos de los acreedores alimentarios se debe cumplir desde la fecha en que se dictó y se determinó el monto de la pensión alimenticia provisional, conclusión a la que arribó al valorar las pruebas ofrecidas en el juicio de origen. Ahora, por lo que hace a las manifestaciones realizadas por el tercero interesado, no ha lugar a realizar algún pronunciamiento al respecto pues no están relacionadas con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, ya que únicamente expresa que ha interpuesto diversos medios de impugnación en el juicio de origen y promovió un diverso juicio de amparo del cual tocó conocer a este órgano jurisdiccional. En este tenor, se estima que se colmaron los alcances del fallo protector; por tanto, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento a las partes la anterior determinación y que, de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes a su legal notificación puedan interponer recurso de inconformidad. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa y tercero interesado y electrónicamente al representante especial de la menor.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintisiete de julio de dos mil veintidós. Tercero interesado desahoga vista. Agréguese a los autos el escrito del tercero interesado, *** mediante el cual desahoga la vista otorgada en el proveído de diecinueve de julio de dos mil veintidós, respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable Jueza Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla. Al respecto, dichas manifestaciones serán tomadas en consideración al momento de realizar el estudio del cumplimiento en el presente juicio de amparo. Ahora, por lo que hace al correo y teléfono que proporciona en el escrito de cuenta, así como respecto de la persona que señala como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la ley de amparo, no se realiza mayor pronunciamiento, toda vez que en auto de tres de mayo de dos mil veintidós se proveyó lo conducente. Finalmente se tiene como autorizada únicamente para oír y recibir notificaciones y para imponerse de los autos a la persona que refiere para tal efecto, por así solicitarlo expresamente la parte promovente. Notifíquese; y electrónicamente al representante especial de la menor.
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