Erika Lizett Lopez Morales

Expediente 971/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 20 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
971/2022
Año
2022
Actuaciones
20
Última actuación
18/11/2022

Partes del expediente

  • Erika Lizett Lopez Morales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Causa estado auto que declara cumplida. Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes promovieran recurso de inconformidad en contra del auto de diecinueve de octubre de dos mil veintidós, que declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, se declara que ha causado estado el mencionado proveído para todos los efectos legales consiguientes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Depúrese el expediente principal, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia en la que, por una parte, se determinó conceder el amparo en el presente juicio, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: (.) I. b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional..". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Por otra parte, tomando en consideración que en el incidente de suspensión, se negó la medida cautelar solicitada, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo en comento; por tanto, el cuaderno original es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el citado plazo de tres años que prevé el numeral en cita. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral 20, fracción II, inciso a) de dicho Acuerdo General, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruible una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones respectivas en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión para constancia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo dieciocho, párrafo primero del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Dado que la parte quejosa exhibió diversos anexos en copia simple e impresiones, no es necesario requerirla para que lo recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Devolución de constancias. Finalmente, devuélvase al Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, las constancias que obran por cuerda separada -tomo I y II-, en la inteligencia de que el acuse de recibo lo constituirá la constancia de notificación de este auto. Notifíquese.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Se declara cumplida la sentencia de amparo Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días concedido a las partes mediante auto del cinco de octubre de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo; por tanto, este órgano de control constitucional procede al análisis oficioso de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el expediente en el que se actúa; ello, atendiendo a los lineamientos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Al respecto, se precisa que mediante sentencia terminada de engrosar el nueve de agosto de dos mil veintidós, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: "108. Al haber resultado fundados los planteamientos propuestos por la parte quejosa procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que el Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, deje insubsistente todo lo actuado en el juicio privilegiado 1008/2019 a partir del emplazamiento reclamado, ordenando reponer el procedimiento desde esa actuación. 109 Por otra parte, dado que la reposición del procedimiento implica dejar insubsistente el régimen de convivencias decretado en la sentencia definitiva emitida en ese juicio, una vez que quede firme la presente resolución, el juez responsable de manera oficiosa deberá decretar un régimen provisional de convivencias entre la menor y su padre no custodio, el cual deberá desarrollarse de manera conjunta con terapias de integración familiar, a fin de que la convivencia de la menor con su padre constituya un elemento efectivo, beneficioso y esencial para el desarrollo de su personalidad, cuidando además que dicha convivencia se realice en un entorno que beneficie a la niña. 110. Finalmente, no se soslaya que en los casos en que se encuentran inmersos los intereses de un menor de edad, se ha considerado necesario que las personas juzgadoras hagan de su conocimiento las medidas que adopte mediante la elaboración de una resolución en formato de lectura fácil y accesible; sin embargo, atento a que la menor S.C.L. no ha tenido una intervención en el juicio, se considera innecesario imponer al juez responsable esa obligación." Mediante proveído de veintiséis de septiembre siguiente, la sentencia de mérito causó ejecutoria y, en consecuencia, se requirió a la autoridad responsable para que informara sobre el cumplimiento dado al fallo amparador y remitiera las constancias relativas para acreditarlo. En cumplimiento a lo anterior, mediante proveído de cinco de octubre de dos mil veintidós, la Jueza Primero Especializada en Materia Familiar del Distrito Judicial de Puebla, remitió copia certificada del auto del treinta de septiembre de dos mil veintidós emitido en el procedimiento familiar privilegiado de visita y correspondencia 1008/2019, del que se advierte que realizó lo siguiente: Dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio privilegiado de origen, a partir del emplazamiento reclamado; Ordenó reponer el procedimiento desde dicha actuación; y, Decretó un régimen provisional de convivencias supervisada entre la menor y su padre no custodio, desarrollado de manera conjunta con terapias de integración familiar. En ese sentido, este órgano de control constitucional considera que la autoridad responsable demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, porque dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio privilegiado 1008/2019, a partir del emplazamiento reclamado, repuso el procedimiento desde esa actuación y, finalmente, decretó un régimen provisional de convivencias supervisadas entre la menor y su padre no custodio, con los lineamientos precisados en la ejecutoria de amparo. Con lo anterior, se concluye que el fallo protector ha quedado cumplido, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal. Se contestan manifestaciones del tercero interesado Ahora, no se soslaya que mediante proveído de catorce de octubre pasado, la parte tercera interesada manifestó que no se cumplió la ejecutoria de amparo, en virtud de que la quejosa ha sido omisa en asistir a la entrevista psico-diagnóstica al Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado de Puebla, por lo que no se han podido llevar a cabo las visitas y convivencias decretadas entre el progenitor y la menor quejosa. Sin embargo, dicha manifestación escapa de los alcances de los efectos establecidos en la sentencia terminada de engrosar el nueve de agosto de dos mil veintidós, por lo que no puede ser materia del estudio de cumplimiento en el presente juicio de amparo. Por las mismas razones, no es procedente proveer lo relativo al cumplimiento de las visitas y convivencias decretadas por el juez responsable, puesto que, como se ha precisado, los efectos del amparo se limitaron a dejar insubsistente todo lo actuado en el juicio de origen, a partir del emplazamiento reclamado, ordenando reponer el procedimiento desde esa actuación, y que la juez responsable decretara un régimen provisional de convivencias entre la menor y su padre no custodio, el cual debe desarrollarse de manera conjunta con terapias de integración familiar, pero no se ordenó vigilar el desarrollo de esas visitas. Por tanto, la verificación del cumplimiento de las visitas y convivencias, en todo caso, corresponde a la Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla. En efecto, el artículo 600 del Código Civil para el Estado establece que los menores sujetos a patria potestad tendrán derecho a vivir con el ascendiente o ascendientes que la ejerzan y a convivir con su padre y con su madre, aún en el caso de que estos no vivan juntos, por lo que el Juez deberá tomar siempre las medidas necesarias para proteger los derechos de convivencia. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 673/2014, definió que los jueces de primera instancia son quienes tienen mayor contacto con las partes y a su alcance todos los elementos probatorios y, por lo tanto, son ellos quienes pueden tener un mejor conocimiento sobre lo que es mejor para los menores, tal como enseguida se advierte: "(.) Esta Primera Sala considera que los jueces de primera instancia son quienes en un primer momento deben resolver sobre la guarda y custodia provisional ya que son quienes (sic) mayor contacto con las pruebas y las partes y por ende pueden tener mejor conocimiento sobre lo que es mejor para el menor (.)" Con base en lo anterior, este juzgado federal no está en condiciones de fijar o adoptar las medidas necesarias a fin de lograr que se respete el régimen de convivencias decretado en el juicio de origen, ya que las autoridades de primera instancia son quienes tienen mayor contacto con las partes y a su alcance todos los elementos probatorios y, por lo tanto, quienes pueden tener un mejor conocimiento para decidir lo relativo al régimen de convivencia. No obstante, en el supuesto de que el tercero interesado no se encuentre conforme con las acciones emprendidas por la juzgadora de origen, está en aptitud de promover los medios de defensa ordinarios correspondientes o, de ser procedente, el juicio de amparo respectivo. Por tanto, se estima que se colmaron los alcances del fallo protector; por lo que, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento a las partes la anterior determinación y que, de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes a su legal notificación puedan interponer recurso de inconformidad. Notifíquese; y personalmente a las partes quejosa y tercera interesada, y por oficio a la representante especial designada para la menor.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, catorce de octubre de dos mil veintidós. Parte tercera interesada desahoga vista -se reserva-. Agréguese a los autos el escrito de ****, autorizada en términos amplios de la parte tercera interesada, mediante el cual refiere que la quejosa ha sido omisa en asistir a la entrevista psico-diagnostica al Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado de Puebla, por lo que no se han podido llevar a cabo las visitas y convivencias entre el progenitor y la menor quejosa. Ahora, conviene recordar que la ejecutoria de amparo se concedió para los efectos siguientes: "108. Al haber resultado fundados los planteamientos propuestos por la parte quejosa procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que el Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, deje insubsistente todo lo actuado en el juicio privilegiado 1008/2019 a partir del emplazamiento reclamado, ordenando reponer el procedimiento desde esa actuación. 109. Por otra parte, dado que la reposición del procedimiento implica dejar insubsistente el régimen de convivencias decretado en la sentencia definitiva emitida en ese juicio, una vez que quede firme la presente resolución, el juez responsable de manera oficiosa deberá decretar un régimen provisional de convivencias entre la menor y su padre no custodio, el cual deberá desarrollarse de manera conjunta con terapias de integración familiar, a fin de que la convivencia de la menor con su padre constituya un elemento efectivo, beneficioso y esencial para el desarrollo de su personalidad, cuidando además que dicha convivencia se realice en un entorno que beneficie a la niña. 110. Finalmente, no se soslaya que en los casos en que se encuentran inmersos los intereses de un menor de edad, se ha considerado necesario que las personas juzgadoras hagan de su conocimiento las medidas que adopte mediante la elaboración de una resolución en formato de lectura fácil y accesible; sin embargo, atento a que la menor *** no ha tenido una intervención en el juicio, se considera innecesario imponer al juez responsable esa obligación." En ese sentido, toda vez que las manifestaciones se encuentran directamente relacionadas con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, resérvese proveer lo conducente hasta en tanto transcurra para la representante especial de la menor, el plazo de tres días concedido en proveído de cinco de octubre pasado, en el cual se le dio vista con las constancias remitidas por la autoridad responsable, con las cuales refiere dar cumplimiento a la sentencia emitida en el presente asunto. Notifíquese.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, cinco de octubre de dos mil veintidós. Vista con cumplimiento. La Jueza Primero Especializada en Materia Familiar del Distrito Judicial de Puebla, remite copia certificada de la siguiente actuación: FECHA DEL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA AUTORIDADFECHA EN QUE SE RECIBIÓ EL (LOS) OFICIO(S) POR EL CUAL LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMÓ EL CUMPLIMIENTOProveído de treinta de septiembre de dos mil veintidós emitido en el procedimiento familiar privilegiado de visita y correspondencia 1008/2019 03 de octubre de 2022 En consecuencia, con apoyo en los ordinales 192 y 193 de la Ley de Amparo, los cuales establecen la obligación del Juez de Distrito de velar por el debido cumplimiento de las ejecutorias que otorguen el amparo y protección de la justicia federal, así como con fundamento en el artículo 196 del citado ordenamiento, dese vista a las partes con el oficio y anexo de cuenta por el plazo de tres días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho e interés legal convenga. Apercibidos que de no desahogar la vista ordenada, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito con los elementos que obren en autos. Ahora, para dar margen a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso k), de la Ley de Amparo, notifíquese el contenido del presente acuerdo de manera personal a las partes, así como el oficio de cuenta. Notifíquese; y personalmente a las partes quejosa y tercera interesada, y por oficio a la representante especial designada para la menor.

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