Erika Oliva Casillas Arias

Expediente 921/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 12 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
921/2016
Año
2016
Actuaciones
12
Última actuación
08/12/2016

Partes del expediente

  • Erika Oliva Casillas Arias

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Ahora, visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de tres días que se concedió a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en autos, sin que haya hecho uso de ese derecho. Consecuentemente, este Juzgado Federal, atendiendo a los elementos que obran en el expediente y a los datos proporcionados por la autoridad responsable, procede a determinar si se cumplió o no. Del análisis de la sentencia emitida por este juzgado el pasado ocho de noviembre, que causara ejecutoria el siguiente veintiocho de noviembre, emerge que se concedió el amparo solicitado contra los actos reclamados al Juez de Control del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad de Celaya, consistente en el fallo de nueve de septiembre de dos mil dieciséis, emitido dentro del recurso de reclamación ***, a través del cual confirmó el auto de cinco del mismo mes y año, y su ejecución, para los siguientes efectos: ".deje insubsistente el fallo reclamado así como sus consecuencias, y con plenitud de jurisdicción dicte una nueva resolución, la cual incluso podrá ser en el mismo sentido de la anterior, pero purgando los vicios formales detectados, es decir, deberá: Dar contestación a la totalidad de los motivos de disconformidad que la parte quejosa esgrimió en su escrito de interposición del recurso de revocación de que se trata, sobre todo los que se hicieran notar con antelación; y además, A efecto de procurar el principio de efectividad del juicio de amparo, y brindar una protección reparatoria de la esfera jurídica del gobernado, al momento de emitir un nuevo el fallo, deberá tomar en consideración lo siguiente: Los órganos jurisdiccionales locales, para hacer cumplir sus determinaciones, pueden emplear como medio de apremio una multa de uno hasta doscientos días de salario mínimo general vigente en el Estado; sin embargo, de conformidad a los principios de legalidad y seguridad jurídica contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, para que sea legal la imposición de una medida de apremio, mínimamente deben cumplirse los requisitos siguientes: 1. La existencia de una determinación jurisdiccional debidamente fundada y motivada, que deba ser cumplida por las partes o por alguna de las personas involucradas en el litigio; 2. La comunicación oportuna, mediante notificación personal al obligado, con el apercibimiento que de no obedecerla, se le aplicará una medida de apremio precisa y concreta; y además: 3. Tratándose de sanciones pecuniarias que establecen una mínima y máxima cuantía monetaria a la cual puede ascender el monto de la multa, independientemente de que en el propio cuerpo jurídico no se prevean los elementos que debe considerar la autoridad sancionadora para calcular el monto al que ascenderá, deberá especificarse por escrito, expresando las circunstancias de hecho que justifiquen el monto determinado; valoración que la autoridad tiene que atender tanto en la afectación que la conducta indebida ha generado al bien jurídico tutelado en el respectivo ordenamiento, como en la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la levedad o gravedad de aquélla. Sobre este punto, es ilustrativa la jurisprudencia número 1a./J. 20/2001, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la voz: "MEDIDAS DE APREMIO. EL APERCIBIMIENTO ES UN REQUISITO MÍNIMO QUE DEBE REUNIR EL MANDAMIENTO DE AUTORIDAD PARA QUE SEA LEGAL LA APLICACIÓN DE AQUÉLLAS (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LOS ESTADOS DE NUEVO LEÓN Y CHIAPAS). Si bien dentro de las legislaciones procesales civiles del Distrito Federal y de los Estados de Nuevo León y Chiapas, no se encuentra específicamente reglamentado el procedimiento para la imposición de una medida de apremio, dado que únicamente se enumeran cuáles se pueden aplicar, y tomando en consideración que el apercibimiento es una prevención especial de la autoridad hacia la persona a quien va dirigido el mandamiento, que especifica un hacer o dejar de hacer algo que debe cumplirse, que se concreta en una advertencia conminatoria respecto de una sanción que se puede aplicar en caso de incumplimiento, puede concluirse que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal que consagran los principios de legalidad y seguridad jurídica, para que sea legal la aplicación de la medida, la autoridad debe emitir su mandamiento en términos y bajo las condiciones establecidas por dichos principios para que el gobernado tenga la certeza de que aquél está conforme con las disposiciones legales y sus atribuciones; así, los requisitos mínimos que tal mandamiento debe contener son: 1) La existencia de una determinación jurisdiccional debidamente fundada y motivada, que deba ser cumplida por las partes o por alguna de las personas involucradas en el litigio, y 2) La comunicación oportuna, mediante notificación personal al obligado, con el apercibimiento de que, de no obedecerla, se le aplicará una medida de apremio precisa y concreta". Asimismo, deberá tomar en consideración que, si bien el artículo 94 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que los plazos establecidos en horas correrán de momento a momento, entonces, debe fundar y motivar el porqué considera que el plazo otorgado en proveído de uno de septiembre del año en curso, debe fijarse en horas, pues no se advierte que lo requerido a la Representación Social sea de algún caso de urgencia, o bien, de los previstos en el tercer párrafo del invocado numeral, es decir los actos relativos a providencias precautorias, puesta del imputado a disposición del Órgano jurisdiccional, resolver la legalidad de la detención, formulación de la imputación, resolver sobre la procedencia de las medidas cautelares en su caso y decidir sobre la procedencia de su vinculación a proceso; en lo que, en todo caso, se computan los sábados, domingos y días festivos, es decir, incluso días inhábiles." Así, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la Juez de Control del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad de Celaya mediante resolución de veintinueve de noviembre pasado, [F.43-47] dictada dentro del cuadernillo de reclamación Z0616-14, dejó insubsistente la resolución de fecha cinco de septiembre del año en curso, en la que confirmó el auto de cinco del mismo mes y año. Y en acatamiento al fallo protector, revocó la decisión asumida en el fallo de fecha cinco de septiembre del año que transcurre, dejando sin efecto la multa impuesta en el auto de uno del mismo mes y año. Luego, si la protección federal se otorgó para esos precisos efectos, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de amparo ha quedado cumplida. Por otra parte, con fundamento en el penúltimo párrafo del numeral antes referido de la Ley de la materia, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracciones II y III del acuerdo en cita, el presente expediente y original del cuaderno incidental son susceptibles de depuración, una vez que transcurran cinco años, puesto que en el expediente principal se dictó resolución en la que se concedió el amparo, así como la suspensión provisional y definitiva solicitada; debiéndose conservar la determinación relativa a su otorgamiento y, en su caso, de su violación. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el punto vigésimo, fracción III, del acuerdo en cita, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado Jefe de Causa y Gestión del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región en el Estado, con sede en esta ciudad, por el que refiere dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto y al respecto remite copia simple de la resolución de veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, así como un DVD que contiene archivo PDF del auto emitido en la fecha antes citada, mismo que se ordena glosar a los autos en sobre cerrado, y de la notificación realizada a la Agente del Ministerio Público; por lo que con fundamento en el artículo 119 de la Ley de la materia, se admite y se tiene por desahogada dada su naturaleza, con vista a las partes, se ordena su resguardo en sobre cerrado, y glosado a los presentes autos. Sirve de apoyo la Tesis jurisprudencial: 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 703, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Agosto de 2013, de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga de este proveído, manifieste lo que a sus intereses convenga; apercíbasele que de no hacerlo este Juzgado determinará si la sentencia de amparo fue cumplida.

  3. Principal

    Visto el estado de autos y en atención a que transcurrió el término legal a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran la sentencia dictada el ocho de noviembre pasado en el presente asunto, en la que se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión; por ende, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicha sentencia ha acusado ejecutoria para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones de ley en el libro correspondiente. La autoridad encargada de cumplir la sentencia concesoria dentro del recurso de revocación ***, lo es la Juez de Control del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad de Celaya; y los actos que debe realizar para tal efecto son: ".deje insubsistente el fallo reclamado así como sus consecuencias, y con plenitud de jurisdicción dicte una nueva resolución, la cual incluso podrá ser en el mismo sentido de la anterior, pero purgando los vicios formales detectados, es decir, deberá: Dar contestación a la totalidad de los motivos de disconformidad que la parte quejosa esgrimió en su escrito de interposición del recurso de revocación de que se trata, sobre todo los que se hicieran notar con antelación; y además, A efecto de procurar el principio de efectividad del juicio de amparo, y brindar una protección reparatoria de la esfera jurídica del gobernado, al momento de emitir un nuevo el fallo, deberá tomar en consideración lo siguiente: Los órganos jurisdiccionales locales, para hacer cumplir sus determinaciones, pueden emplear como medio de apremio una multa de uno hasta doscientos días de salario mínimo general vigente en el Estado; sin embargo, de conformidad a los principios de legalidad y seguridad jurídica contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, para que sea legal la imposición de una medida de apremio, mínimamente deben cumplirse los requisitos siguientes: 1. La existencia de una determinación jurisdiccional debidamente fundada y motivada, que deba ser cumplida por las partes o por alguna de las personas involucradas en el litigio; 2. La comunicación oportuna, mediante notificación personal al obligado, con el apercibimiento que de no obedecerla, se le aplicará una medida de apremio precisa y concreta; y además: 3. Tratándose de sanciones pecuniarias que establecen una mínima y máxima cuantía monetaria a la cual puede ascender el monto de la multa, independientemente de que en el propio cuerpo jurídico no se prevean los elementos que debe considerar la autoridad sancionadora para calcular el monto al que ascenderá, deberá especificarse por escrito, expresando las circunstancias de hecho que justifiquen el monto determinado; valoración que la autoridad tiene que atender tanto en la afectación que la conducta indebida ha generado al bien jurídico tutelado en el respectivo ordenamiento, como en la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la levedad o gravedad de aquélla. Sobre este punto, es ilustrativa la jurisprudencia número 1a./J. 20/2001, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la voz: "MEDIDAS DE APREMIO. EL APERCIBIMIENTO ES UN REQUISITO MÍNIMO QUE DEBE REUNIR EL MANDAMIENTO DE AUTORIDAD PARA QUE SEA LEGAL LA APLICACIÓN DE AQUÉLLAS (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LOS ESTADOS DE NUEVO LEÓN Y CHIAPAS). Si bien dentro de las legislaciones procesales civiles del Distrito Federal y de los Estados de Nuevo León y Chiapas, no se encuentra específicamente reglamentado el procedimiento para la imposición de una medida de apremio, dado que únicamente se enumeran cuáles se pueden aplicar, y tomando en consideración que el apercibimiento es una prevención especial de la autoridad hacia la persona a quien va dirigido el mandamiento, que especifica un hacer o dejar de hacer algo que debe cumplirse, que se concreta en una advertencia conminatoria respecto de una sanción que se puede aplicar en caso de incumplimiento, puede concluirse que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal que consagran los principios de legalidad y seguridad jurídica, para que sea legal la aplicación de la medida, la autoridad debe emitir su mandamiento en términos y bajo las condiciones establecidas por dichos principios para que el gobernado tenga la certeza de que aquél está conforme con las disposiciones legales y sus atribuciones; así, los requisitos mínimos que tal mandamiento debe contener son: 1) La existencia de una determinación jurisdiccional debidamente fundada y motivada, que deba ser cumplida por las partes o por alguna de las personas involucradas en el litigio, y 2) La comunicación oportuna, mediante notificación personal al obligado, con el apercibimiento de que, de no obedecerla, se le aplicará una medida de apremio precisa y concreta". Asimismo, deberá tomar en consideración que, si bien el artículo 94 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que los plazos establecidos en horas correrán de momento a momento, entonces, debe fundar y motivar el porqué considera que el plazo otorgado en proveído de uno de septiembre del año en curso, debe fijarse en horas, pues no se advierte que lo requerido a la Representación Social sea de algún caso de urgencia, o bien, de los previstos en el tercer párrafo del invocado numeral, es decir los actos relativos a providencias precautorias, puesta del imputado a disposición del Órgano jurisdiccional, resolver la legalidad de la detención, formulación de la imputación, resolver sobre la procedencia de las medidas cautelares en su caso y decidir sobre la procedencia de su vinculación a proceso; en lo que, en todo caso, se computan los sábados, domingos y días festivos, es decir, incluso días inhábiles." Lo que deberá hacer dentro del término de TRES DÍAS, debiendo remitir a este Juzgado constancias certificadas que lo acredite; con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria, decretada por el ejecutivo federal, incrementada en cien días, de conformidad con los artículos 192, 197 y 258 de la ley de la materia, en concordancia con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Se hace del conocimiento de la autoridad requerida que de no acatar lo ordenado, además de la multa, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la continuación del trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.

  4. Principal

    Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, respecto de los actos que reclamó a las autoridades responsables señaladas en el considerando segundo, por las razones expuestas en el considerativo cuarto

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