Erika Nieto Ramos
Expediente 519/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 19 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 519/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 30/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Erika Nieto Ramos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Ejecutoria Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa recurriera el proveído de diez de agosto de dos mil veintidós, por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2do., se declara firme para todos los efectos legales conducentes. Asimismo, en atención al sentido de la resolución mencionada en líneas precedentes, resulta innecesario hacer el cómputo para la totalidad de las partes; toda vez que dicha determinación no les irroga perjuicio. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno respectivo, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE) que se llevan en este juzgado. Archivo y clasificación del expediente Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por otra parte, en cumplimiento al punto 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal que complementa el artículo décimo octavo del Acuerdo General citado en el acápite que antecede, se determina que el presente expediente es susceptible de depuración, una vez que trascurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo-, al haberse concedido la suspensión de plano solicitada, debiendo conservarse la demanda de amparo, la resolución que puso fin al asunto, así como la determinación relativa a la medida cautelar decretada y el presente proveído.
- Principal
Obre como corresponda. Agréguese el oficio del Presidente del Consejo de Salubridad General, a través del cual rinde informe sobre la suspensión de plano otorgada en el sumario. Al respecto, agréguese únicamente para que obre como corresponda, en virtud de que el diez los actuales se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de catorce de julio del año en curso, se requirió a la parte quejosa para que manifestara si la menor de edad de iniciales: E.T.N. (con cinco años de edad) fue inmunizada en las jornadas de vacunación COVID-19 relativas al grupo etario en que se encuentra. Dicho auto, en lo conducente, se dictó en los siguientes términos: "[.] Estado de autos. Por otro lado, visto el estado de autos, resulta un hecho notorio para esta potestad conforme al artículo 208 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, que de las páginas oficiales del Gobierno Federal y de la Secretaria de Salud del estado de Guanajuato, se desprende que partir del cuatro de los actuales comenzó la vacunación Pfizer-BioNTech en esta ciudad respecto a los menores dentro del rango de cinco a once años (en donde se encuentra la menor aquí quejosa). Requerimiento a parte quejosa. Por tanto, requiérase a la parte quejosa para que, dentro del plazo de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, informe a este juzgado federal si la menor quejosa fue inoculada en las jornadas concernientes a esa edad. Apercibimiento. En caso de no hacer manifestación alguna se entenderá que hay desinterés para que la menor sea inoculada y, por ende, su consentimiento respecto de la omisión reclamada a las autoridades responsables..." [.]" El proveído anterior fue notificado por lista el quince de julio del año en curso, puesto que la parte quejosa señaló en su escrito inicial los Estrados de este Tribunal como domicilio para oír y recibir notificaciones. En esas circunstancias, es decir, ante la falta de actuación y justificación por la parte impetrante de amparo, se hace efectivo el apercibimiento hecho el catorce de julio pasado, y se le tiene por desinteresada en que la infante sea inoculada por una institución pública y consintiendo la omisión reclamada a las autoridades responsables. Lo anterior, trae como consecuencia la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. [.]" En relación con el citado supuesto, esto es, que la parte quejosa consintió el acto que reclama, éste impide examinar la constitucionalidad de un acto o norma general cuando ha mediado consentimiento de la promovente, entendido como la expresión de conformidad que se evidencia a través de signos externos inequívocos. De manera que ese consentimiento no puede presumirse ni inducirse, sino que debe constar de forma indubitable. La anterior regla deriva del principio de certidumbre jurídica que busca evitar que la quejosa haga uso del juicio de amparo para desconocer la voluntad que externó libre y espontáneamente para patentizar su conformidad con los efectos normativos del acto reclamado de modo que es indispensable que concurran los elementos que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia ha precisado: La existencia del acto o ley reclamados. Que el quejoso se haya conformado con el acto reclamado o haya realizado manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Ello, pues no podría expresarse el consentimiento de un acto que no se conoce y del que, por tanto, no se han ponderado los beneficios o perjuicios que puedan derivar, así como los fundamentos y motivos expresados en el acto de autoridad. Tal aceptación implica que el quejoso exprese, de manera clara e indiscutible, que está de acuerdo con el acto de autoridad, que lo aprueba o que da su anuencia respecto de sus consecuencias, o bien, que ejecute actos voluntarios que supongan ese consentimiento. Sentada la premisa normativa, es menester citar porqué se considera actualizada la causal de improcedencia aludida: En relación con el requisito identificado como a), relativo a la existencia de la omisión reclamada, debe decirse que se actualiza en la especie, pues al menos a la fecha de la presentación de la demanda (doce de mayo de dos mil veintidós), el grupo etario de entre cinco y once años al que pertenece la menor de edad aquí quejosa (nacida el dos de septiembre de dos mil dieciséis -cinco años al día de hoy-) no era considerada en la política nacional de vacunación como susceptible de ser inoculada. Con lo que, para esta etapa procesal, se tiene por existente a la fecha de presentación de la demanda el acto reclamado, consistente en la omisión de aplicar el esquema completo de la menor quejosa de identidad reservada de iniciales: E.T.N., de la vacuna Pfizer-BioNtech contra el virus SARS-CoV2, comúnmente conocido como COVID-19, ante el riesgo de que pueda enfermar gravemente, o incluso, perder la vida. Pues como se dijo, al momento de la interposición del ocurso constitucional que nos ocupa, el grupo etario al que pertenece la menor quejosa no era considerada como susceptible de ser vacunado. Y aun cuando a la presente fecha ese grupo etario ya fue incluido en el documento denominado "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México", versión 10.0, de quince de junio de dos mil veintidós, la cual constituye un hecho notorio de conformidad con los artículos 88 y 210-A del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles; no existe certeza de que, al menos a la menor de edad aquí quejosa, ya le fuera aplicado el esquema de vacunación completo. Por otro lado, el requisito identificado como b), también está satisfecho, pues con la omisión de la parte quejosa de atender el requerimiento de catorce de julio del presente año, se entiende que hay desinterés para que la menor de edad quejosa directa sea vacunada y, por ende, su consentimiento respecto de la omisión reclamada a las autoridades responsables. En consecuencia, de los medios de prueba en relación con la omisión de inocular a la menor, pone de manifiesto que la parte quejosa externó su conformidad de que no le fueran aplicadas las dosis de la vacuna preventiva COVID-19 Pfizer-BioNtech, circunstancia que demuestra su consentimiento frente al acto que combate. Por tanto, se sobresee en el presente juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que la causal de improcedencia invocada se configura de manera manifiesta e indudable y con ningún elemento podría desvirtuarse, resultando innecesario esperar la fecha de audiencia para decretar el sobreseimiento en el presente juicio. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, intitulada: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE" La anterior determinación se toma, debido a que a nada práctico conduciría continuar el asunto hasta el dictado de sentencia, en la que se determinaría lo mismo, en la medida en que se impusieron cargas procesales a la parte quejosa y fueron incumplidas; inclusive, se podría llegar al extremo de un fallo protector cuyo cumplimiento fuera irrealizable, debido a la falta de intención de quien promovió esta instancia. En consecuencia, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional.
- Principal
Obre como corresponda. Visto el oficio con firma electrónica del Presidente del Consejo de Salubridad General, por el que acusa recibo del diverso 14247/2022, con el que se le notificó el recurso de queja interpuesto en el sumario. Al respecto, agréguese únicamente para que obre como corresponda, en virtud de que por auto de veinticuatro de junio pasado se remitió al tribunal de alzada el medio de impugnación aludido. Sin que pase desapercibido que el oficio dice ser firmado por distinta persona a la autoridad oficiante; no obstante, la firma electrónica sí corresponde al Presidente de Salubridad General -Jorge Carlos Alcocer Varela-, a quien fue dirigida la misiva de la que se acusa recibo.
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