Erika Najera Hernández

Expediente 1612/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1612/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
04/01/2022

Partes del expediente

  • Erika Najera Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cuatro de enero de dos mil veintidós. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto referido por el que se desechó de plano la demanda de amparo, ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Toda vez que en el presente juicio se desechó de plano la demanda de amparo, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción d), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones de la Titular, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, por oficio CCJ/ST/4784/2021 de seis de diciembre de dos mil veintiuno, ante el Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca Morelos dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno. Desahogo de prevención Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el escrito signado por el autorizado en términos amplios de la parte quejosa, a través del cual exhibe la copia solicitada en la prevención formulada en autos; provéase conforme a derecho corresponda. Desechamiento De acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, la jueza de Distrito debe examinar el escrito de demanda y, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Este lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, puesto que sería ocioso admitir a trámite una demanda pese a tener la plena convicción de que no será procedente. Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, del siguiente rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda, toda vez que de su estudio integral, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, atendiendo a las siguientes consideraciones En el caso, se reclama la resolución de quince de septiembre de dos mil veintiuno por la cual la responsable declaró improcedente el incidente de nulidad del emplazamiento en el juicio laboral 01/214/20-I, promovido por la demandada, aquí quejosa, Érika Nájera Hernández. En la especie, se actualiza la causa que hace improcedente el juicio de amparo indirecto, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] Ahora bien, conforme al artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, el amparo indirecto es procedente contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, tenemos que la Ley de Amparo en la fracción V de su artículo 107, define a los actos de imposible reparación como aquellos "(...) que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (...)"; lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo que actualmente impera en el orden jurídico mexicano, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. Cobra vigencia en lo que interesa, la tesis jurisprudencial 2a. XLVIII/2015 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Segunda Sala, de la Décima Época, página 1070, Libro 19, junio de 2015, Tomo I, cuyo rubro es: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE LOS DEFINE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD POR LO QUE SE REFIERE AL DERECHO AL RECURSO JUDICIAL EFECTIVO." En consecuencia, la resolución interlocutoria de quince de septiembre de dos veintiuno emitida por la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, en el expediente 01/214/20-I, en la que se declaró improcedente el incidente de nulidad respecto al emplazamiento a juicio de la demandada (aquí quejosa), no constituye un acto de imposible reparación, al no lesionar de modo directo e inmediato sus derechos sustantivos sino sólo una afectación no definitiva a sus derechos adjetivos o procesales. Esto, en razón de que las transgresiones que pudieran ocurrir con motivo del acto reclamado, son susceptibles de ser subsanadas al emitirse el laudo, el cual pudiera ser dictado en sentido favorable a los intereses de la parte quejosa, es decir, en sentido absolutorio. Es por esta razón, la resolución combatida no trasciende a la esfera jurídica de la quejosa y, por ende, no causa lesión a bienes jurídicos distintos de los que confieren las leyes adjetivas, pues es emitida dentro del juicio de mérito, el cual no se encuentra concluido aún; por lo que el único efecto que tiene la resolución combatida es que se declare legal el emplazamiento y continúe el trámite del procedimiento del juicio laboral en la etapa correspondiente. A mayor abundamiento, ciertamente la resolución reclamada es de índole estrictamente procesal y sin afectación directa, inmediata y material de algún derecho sustantivo tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que únicamente pudieran constituir la violación de derechos adjetivos con efectos meramente intraprocesales, que incluso no necesariamente tendrían una consecuencia negativa en el laudo se dicte, en razón de que podría resolverse a favor de los intereses de la parte quejosa; en este último caso, los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen ya que puede absolverse en él a la quejosa -allá demandada-. Luego, en su caso, hasta el dictado del laudo, es cuando pudiera producirse una afectación a los intereses jurídicos de la parte quejosa; en ese supuesto estará en aptitud de combatirlo a través del juicio de amparo directo. Por tanto, hasta entonces se podrá actualizar la posibilidad de que las pretendidas violaciones procesales llegaran a trascender al resultado del fallo, y dar lugar así a una afectación material a derechos sustantivos si el laudo es adverso a los intereses de la parte quejosa; pues de momento, el único efecto de la interlocutoria combatida consiste en que se continúe la tramitación del juicio natural, cuestión que no vulnera ningún derecho sustantivo de la parte accionante. De ahí que el hecho de que no proceda el juicio de amparo indirecto en esta etapa, no significa que la parte inconforme quede sin defensa, sino que tiene que sujetarse a los requisitos, términos, plazos y límites establecidos en el sistema jurídico mexicano. Máxime que, al tratarse de un derecho procesal, este se encuentra dentro de la categoría de garantías judiciales que proporcionan el debido acceso a la justicia, el cual, en su caso, puede llegar a analizarse y restituirse a través del juicio de amparo directo que en su caso se promueva en contra del laudo condenatorio; lo cual en caso no se reclama. Sirve de sustento por analogía la jurisprudencia 1a./J. 94/2008, con registro digital 167896, emitida por la Primera Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, tomo XXIX, febrero de 2009, página 256 de rubro "NULIDAD DE ACTUACIONES. LA INTERLOCUTORIA QUE CONFIRMA LA PROCEDENCIA O NO DEL INCIDENTE RELATIVO EN EL QUE SE RECLAMA LA FALTA O ILEGALIDAD DEL EMPLAZAMIENTO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO. De igual manera, encuentra sustento lo anterior, la tesis I.6o.T.195 L, con registro digital 182586, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVIII, diciembre de 2003, página 1427, de rubro "NULIDAD DE NOTIFICACIONES POR IRREGULARIDADES EN EL EMPLAZAMIENTO. LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO EL INCIDENTE RELATIVO, PROMOVIDO POR QUIEN COMPARECIÓ AL JUICIO LABORAL, DEBE COMBATIRSE COMO VIOLACIÓN PROCESAL AL PROMOVERSE EL AMPARO DIRECTO CONTRA EL LAUDO RESPECTIVO." Por tanto, al margen de lo correcto o incorrecto de la resolución combatida en la presente vía indirecta, aquella no reviste el carácter a que se refiere el ordinal 107 fracción V de la ley de la materia, por ello, dicho acto reclamado no tiene el carácter de irreparable para efectos de procedencia del juicio de amparo indirecto. Por sus consideraciones, es aplicable la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 2006589, Instancia: Pleno, Décima Época, Materias(s): Común, Tesis: P./J. 37/2014 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 39, con el rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).". En las relatadas condiciones, ante la notoria e indudable improcedencia, en términos del artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo en relación con el artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo, en términos del arábigo 113 de la Ley de la Materia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución del que en lo conducente dice: Cuernavaca Morelos dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno. Desahogo de prevención Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el escrito signado por el autorizado en términos amplios de la parte quejosa, a través del cual exhibe la copia solicitada en la prevención formulada en autos; provéase conforme a derecho corresponda. Desechamiento De acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, la jueza de Distrito debe examinar el escrito de demanda y, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Este lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, puesto que sería ocioso admitir a trámite una demanda pese a tener la plena convicción de que no será procedente. Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, del siguiente rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda, toda vez que de su estudio integral, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, atendiendo a las siguientes consideraciones En el caso, se reclama la resolución de quince de septiembre de dos mil veintiuno por la cual la responsable declaró improcedente el incidente de nulidad del emplazamiento en el juicio laboral 01/214/20-I, promovido por la demandada, aquí quejosa, Érika Nájera Hernández. En la especie, se actualiza la causa que hace improcedente el juicio de amparo indirecto, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] Ahora bien, conforme al artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, el amparo indirecto es procedente contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, tenemos que la Ley de Amparo en la fracción V de su artículo 107, define a los actos de imposible reparación como aquellos "(...) que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (...)"; lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo que actualmente impera en el orden jurídico mexicano, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. Cobra vigencia en lo que interesa, la tesis jurisprudencial 2a. XLVIII/2015 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Segunda Sala, de la Décima Época, página 1070, Libro 19, junio de 2015, Tomo I, cuyo rubro es: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE LOS DEFINE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD POR LO QUE SE REFIERE AL DERECHO AL RECURSO JUDICIAL EFECTIVO." En consecuencia, la resolución interlocutoria de quince de septiembre de dos veintiuno emitida por la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, en el expediente 01/214/20-I, en la que se declaró improcedente el incidente de nulidad respecto al emplazamiento a juicio de la demandada (aquí quejosa), no constituye un acto de imposible reparación, al no lesionar de modo directo e inmediato sus derechos sustantivos sino sólo una afectación no definitiva a sus derechos adjetivos o procesales. Esto, en razón de que las transgresiones que pudieran ocurrir con motivo del acto reclamado, son susceptibles de ser subsanadas al emitirse el laudo, el cual pudiera ser dictado en sentido favorable a los intereses de la parte quejosa, es decir, en sentido absolutorio. Es por esta razón, la resolución combatida no trasciende a la esfera jurídica de la quejosa y, por ende, no causa lesión a bienes jurídicos distintos de los que confieren las leyes adjetivas, pues es emitida dentro del juicio de mérito, el cual no se encuentra concluido aún; por lo que el único efecto que tiene la resolución combatida es que se declare legal el emplazamiento y continúe el trámite del procedimiento del juicio laboral en la etapa correspondiente. A mayor abundamiento, ciertamente la resolución reclamada es de índole estrictamente procesal y sin afectación directa, inmediata y material de algún derecho sustantivo tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que únicamente pudieran constituir la violación de derechos adjetivos con efectos meramente intraprocesales, que incluso no necesariamente tendrían una consecuencia negativa en el laudo se dicte, en razón de que podría resolverse a favor de los intereses de la parte quejosa; en este último caso, los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen ya que puede absolverse en él a la quejosa -allá demandada-. Luego, en su caso, hasta el dictado del laudo, es cuando pudiera producirse una afectación a los intereses jurídicos de la parte quejosa; en ese supuesto estará en aptitud de combatirlo a través del juicio de amparo directo. Por tanto, hasta entonces se podrá actualizar la posibilidad de que las pretendidas violaciones procesales llegaran a trascender al resultado del fallo, y dar lugar así a una afectación material a derechos sustantivos si el laudo es adverso a los intereses de la parte quejosa; pues de momento, el único efecto de la interlocutoria combatida consiste en que se continúe la tramitación del juicio natural, cuestión que no vulnera ningún derecho sustantivo de la parte accionante. De ahí que el hecho de que no proceda el juicio de amparo indirecto en esta etapa, no significa que la parte inconforme quede sin defensa, sino que tiene que sujetarse a los requisitos, términos, plazos y límites establecidos en el sistema jurídico mexicano. Máxime que, al tratarse de un derecho procesal, este se encuentra dentro de la categoría de garantías judiciales que proporcionan el debido acceso a la justicia, el cual, en su caso, puede llegar a analizarse y restituirse a través del juicio de amparo directo que en su caso se promueva en contra del laudo condenatorio; lo cual en caso no se reclama. Sirve de sustento por analogía la jurisprudencia 1a./J. 94/2008, con registro digital 167896, emitida por la Primera Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, tomo XXIX, febrero de 2009, página 256 de rubro "NULIDAD DE ACTUACIONES. LA INTERLOCUTORIA QUE CONFIRMA LA PROCEDENCIA O NO DEL INCIDENTE RELATIVO EN EL QUE SE RECLAMA LA FALTA O ILEGALIDAD DEL EMPLAZAMIENTO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO. De igual manera, encuentra sustento lo anterior, la tesis I.6o.T.195 L, con registro digital 182586, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVIII, diciembre de 2003, página 1427, de rubro "NULIDAD DE NOTIFICACIONES POR IRREGULARIDADES EN EL EMPLAZAMIENTO. LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO EL INCIDENTE RELATIVO, PROMOVIDO POR QUIEN COMPARECIÓ AL JUICIO LABORAL, DEBE COMBATIRSE COMO VIOLACIÓN PROCESAL AL PROMOVERSE EL AMPARO DIRECTO CONTRA EL LAUDO RESPECTIVO." Por tanto, al margen de lo correcto o incorrecto de la resolución combatida en la presente vía indirecta, aquella no reviste el carácter a que se refiere el ordinal 107 fracción V de la ley de la materia, por ello, dicho acto reclamado no tiene el carácter de irreparable para efectos de procedencia del juicio de amparo indirecto. Por sus consideraciones, es aplicable la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 2006589, Instancia: Pleno, Décima Época, Materias(s): Común, Tesis: P./J. 37/2014 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 39, con el rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).". En las relatadas condiciones, ante la notoria e indudable improcedencia, en términos del artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo en relación con el artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo, en términos del arábigo 113 de la Ley de la Materia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, uno de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio y anexo de cuenta, mediante el cual la autoridad responsable informa el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitiendo la constancia correspondiente para acreditar lo anterior. Ahora bien, con el contenido del oficio de referencia, dese vista a la parte quejosa, para los efectos precisados en el artículo 196 de la Ley de Amparo, por el término de tres días, que les serán contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que realice las manifestaciones que estime oportunas; y una vez fenecido el plazo, emítase la determinación correspondiente en términos del referido numeral. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

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