Erika Marisol García Castillo
Expediente 356/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 8 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 356/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 17/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Erika Marisol García Castillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecisiete de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal del juicio de amparo en que se actúa, al advertirse que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer recurso de revisión contra del auto de veinticinco de abril de dos mil dieciocho, sin que ninguna de las partes hiciera uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de conformidad con el 2° de la Ley de Amparo, se declara que la determinación referida ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y archívese como asunto concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo con el punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, el expediente principal transcurrido cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, se destruirá en su totalidad, porque se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia constitucional. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del citado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, jurídica e histórica. Finalmente, devuélvase a la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 CPS Femenil Morelos el anexo que remitió, para los efectos legales a que haya lugar, por ser innecesaria su retención en el juicio. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Marcos Zamora Álvarez, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinticinco de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en el presente asunto promovido por ERIKA MARISOL GARCÍA CASTILLO, contra el acto reclamado consistente en la falta de atención médica general y especializada en odontología, ginecología, oftalmología, traumatología; así como suministro de medicamentos y revaloración y seguimiento. De acuerdo al artículo 63 de la actual Ley de Amparo, fracción V, si durante el juicio se advierte o sobreviene alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de la ley de la materia, se deberá sobreseer el juicio. En ese sentido, debe decirse que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues se estima que los actos reclamados no son susceptibles de combatirse en la presente vía constitucional, por las razones que se vierten a continuación. El referido artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; El precepto legal transcrito prevé el principio de definitividad de los actos reclamados, que es uno de los pilares del juicio de amparo y radica en que éste sólo procede contra actos definitivos, entendidos como aquéllos contra los cuales no procede recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificarlos, revocarlos o modificarlos. Tal principio encuentra su justificación en el hecho de que, al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa constitucional, la parte quejosa debe previamente acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos en la propia ley y en la jurisprudencia. Lo anterior es así sin soslayar que si bien es cierto que las autoridades penitenciarias tienen formalmente un perfil administrativo, en tanto procuran la regularidad de la vida digna y segura en reclusión conforme a los principios previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal; no menos verdadero es que la ejecución de dichas tareas constituye estrictamente un ejercicio de complementación del marco procedimental jurisdiccional que rige en materia de ejecución de las penas impuestas o que se estén compurgando de manera preventiva. En el caso, el acto combatido por quien tiene la condición de persona privada de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS FEMENIL MORELOS", se encuentra vinculado con la vida penitenciaria en dicho centro, por lo que con la entrada en vigor de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, que introdujo un modelo penitenciario con características de reinserción social y de judicialización, trae como consecuencia que todos los aspectos que se generen durante la ejecución de la pena de prisión o incluso de encontrarse en prisión preventiva, deben ser considerados como integrantes de la etapa de ejecución de la pena y que por ello deben ser supervisados por la autoridad judicial en materia penal correspondiente, con base en lo dispuesto en el arábigo 20 del Pacto Federal. En ese sentido, los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponen: "Artículo 18. (.) El sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto. La Federación, los Estados y el Distrito Federal podrán celebrar convenios para que los sentenciados por delitos del ámbito de su competencia extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa. (.) Los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social. Esta disposición no aplicará en caso de delincuencia organizada y respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad." "Artículo 21. (.) La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial." Los dispositivos constitucionales transcritos establecen que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, capacitación, educación, salud y deporte, como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir; que observando los beneficios que prevé la ley respecto de los sentenciados, en los casos y condiciones que ésta establezca, podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social, beneficio que no aplicará en caso de delincuencia organizada y respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad. Conforme al nuevo sistema, se asignó al Poder Ejecutivo la facultad de administrar las prisiones y se confirió a las autoridades judiciales el régimen de reinserción social y judicialización de modificación y duración de las penas. Lo anterior tuvo como finalidad que sea el Poder Judicial, el que vigile el estricto cumplimiento de la pena en la forma en que fue pronunciada, de manera que todos los eventos de trascendencia jurídica que puedan surgir durante la ejecución de la pena, queden bajo la supervisión de la autoridad judicial en materia penal, donde se incluye, entre otros aspectos, la determinación de los lugares donde aquélla debe cumplirse, he incluso como se observa de la propia Ley Nacional de Ejecución Penal, todo lo relativo a las controversias que se susciten durante el tiempo que dure la prisión punitiva y preventiva de los justiciables, extendiéndose a los ámbitos inherentes a la ejecución de la pena en general. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia de la Décima Época; Registro: 2001988; Instancia: Pleno; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 1; Materia(s): Constitucional, Penal; Tesis: P./J. 17/2012 (10a.); Página: 18, cuyo rubro es "PENAS. SU EJECUCIÓN ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL, A PARTIR DEL 19 DE JUNIO DE 2011." En efecto, como resultado de la citada reforma constitucional, entre otras disposiciones legales se expidió la Ley Nacional de Ejecución Penal, la cual fue publicada mediante decreto en el Diario Oficial de la Federación de dieciséis de junio de dos mil dieciséis. Atendiendo a su artículo Primero Transitorio, dicha norma entró en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, por lo que a partir de esa fecha su aplicación resulta obligatoria, limitando el legislador el inicio de la vigencia de ciertos artículos, de acuerdo a las siguientes reglas contenidas en los primeros dos párrafos del artículo segundo transitorio; las cuales se transcriben: 1. "Las fracciones III y X y el párrafo séptimo del artículo 10; los artículos 26 y 27; fracción II del artículo 28; fracción VII del artículo 108; los artículos 146, 147, 148, 149, 150 y 151 de esta Ley, entrarán en vigor a partir de un año de la publicación de la presente Ley o al día siguiente de la publicación de la Declaratoria que al efecto emitan el Congreso de la Unión o las legislaturas de las entidades federativas en el ámbito de sus competencias, sin que pueda exceder del 30 de noviembre de 2017". 2. "Los artículos 31, 32, 33, 34, 35, 36, 59, 60, 61, 75, 77, 78, 80, 82, 83, 86, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 128, 136, 145, 153, 165, 166, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 192, 193, 194, 195, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206 y 207 de esta Ley, entrarán en vigor a más tardar dos años después de la publicación de la presente Ley o al día siguiente de la publicación de la Declaratoria que al efecto emitan el Congreso de la Unión o las legislaturas de las entidades federativas en el ámbito de sus competencias, sin que pueda exceder del 30 de noviembre de 2018." De las reglas contenidas en los artículos citados -transitorios primero y segundo-, se desprende lo siguiente: La Ley Nacional de Ejecución Penal entró en vigor el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, a nivel nacional. Sólo de los artículos expresamente señalados en los párrafos primero y segundo del artículo segundo transitorio, descritos en párrafos anteriores, es que su vigencia depende de la emisión de una declaratoria, o de que transcurran las fechas señaladas expresamente en dicho numeral. Esto en la inteligencia de que si los órganos legislativos correspondientes no emiten la declaratoria respectiva dentro del plazo señalado, los artículos mencionados en el primer párrafo del referido numeral cobrarán vigencia, por ministerio de ley a más tardar el diecisiete de junio de diecisiete, o previa Declaratoria el treinta de noviembre de diecisiete; y los estipulados en el párrafo segundo, entrarán en vigor por ministerio de ley el diecisiete de junio de dos mil dieciocho, o previa Declaratoria a más tardar el treinta de noviembre de dos mil dieciocho. Por ello, la emisión de la Declaratoria de vigencia de la Ley Nacional de Ejecución Penal no es un presupuesto indispensable para que entre en vigor la referida Ley, salvo los aspectos que específicamente se han destacado. Ahora bien, se estima que la vigencia de la ley en cuestión no es limitativa a las personas que fueron sentenciadas con posterioridad al diecisiete de junio de dos mil dieciséis -fecha en que entró en vigor-, pues sus artículos transitorios no lo señalan así, además de que la aplicabilidad de la ley no está supeditada al sistema penal bajo el que los sujetos fueron sentenciados, pues con independencia de la voluntad política y de la posibilidad material de cada entidad federativa para implementar el nuevo sistema de justicia, la Ley Nacional busca homologar el marco normativo aplicable a las personas privadas de la libertad y a la ejecución de sentencias. Además, una de las finalidades de la reforma constitucional de dos mil ocho, fue distinguir la etapa del proceso penal de la etapa de ejecución penal propiamente dicha, considerando a esta última autónoma y no como parte del proceso de enjuiciamiento, pues tal y como lo establece la ley, la etapa de ejecución inicia, incluso, en la prisión preventiva, momento desde el que debe abrirse un expediente de ejecución para cada persona privada de su libertad. Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia de la Época: Décima Época, Registro: 2015382, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo II, Materia(s): Común, Penal, Tesis: 2a. CLVII/2017 (10a.), Página: 1221 del siguiente rubro: ""COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS ACTOS RECLAMADOS A LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS DURANTE LA PRISIÓN PREVENTIVA Y EN LA EJECUCIÓN DE LAS PENAS. CORRESPONDE AL ÓRGANO ESPECIALIZADO EN MATERIA PENAL." En ese sentido, deben tenerse en consideración lo que la indicada legislación establece en sus artículos 1 y 2: "Artículo 1. Objeto de la Ley La presente Ley tiene por objeto: I. Establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial; II. Establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, y III. Regular los medios para lograr la reinserción social. Lo anterior, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y en esta Ley." "Artículo 2. Ámbito de aplicación Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local, según corresponda, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y en esta Ley. Tratándose de personas sujetas a prisión preventiva o sentenciadas por delincuencia organizada, debe estarse además a las excepciones previstas en la Constitución y en la ley de la materia. En lo conducente y para la aplicación de esta Ley deben atenderse también los estándares internacionales." De acuerdo a dichas normas, la Ley Nacional de Ejecución Penal tiene por objeto establecer las normas que deben observarse durante el internamiento por: Prisión preventiva, Ejecución de penas y Medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial. También, dicha ley refiere que tiene por objeto establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal y regular los medios para lograr la reinserción social; lo anterior, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y en esta Ley. Asimismo, en el artículo 24 de la referida ley, se estableció, en la parte aquí conducente, que el Poder Judicial de la Federación y los órganos jurisdiccionales de las entidades federativas establecerán jueces que tendrán las competencias para resolver las controversias con motivo de la aplicación de dicha ley, además de que los Jueces de Ejecución tendrán la competencia y adscripción que se determine en su respectiva ley orgánica y demás disposiciones legales. Se cita a continuación dicho precepto: "Artículo 24. Jueces de Ejecución El Poder Judicial de la Federación y Órganos Jurisdiccionales de las entidades federativas establecerán jueces que tendrán las competencias para resolver las controversias con motivo de la aplicación de esta Ley establecidas en el Capítulo II del Título Cuarto de esta Ley. Son competentes para conocer del procedimiento de ejecución penal los jueces (sic) cuya circunscripción territorial se encuentre la persona privada de la libertad, independientemente de la circunscripción territorial en la que se hubiese impuesto la sanción en ejecución. Los Jueces de Ejecución tendrán la competencia y adscripción que se determine en su respectiva ley orgánica y demás disposiciones legales. La jurisdicción territorial de los Jueces de Ejecución se podrá establecer o modificar mediante acuerdos generales.". Relacionado con lo anterior, la Ley en cita establece los procedimientos a observar en tratándose de peticiones de los internos, así como las autoridades competentes para conocer de ellos. "Artículo 107. Peticiones administrativas. Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento". "Artículo 108. Legitimación. Se reconoce legitimidad para formular las peticiones ante las direcciones de los Centros a: I. La persona privada de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva (.)". "Artículo 109. Sustanciación de las peticiones. Las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en esta Ley, a fin de que la Autoridad Penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación (.)". "Artículo 110. Formulación de la petición. Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito (.)". "Artículo 111. Acuerdo de inicio. Una vez recibida la petición, la Autoridad Penitenciaria, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Esta determinación deberá notificarse personalmente al promovente (.)". "Artículo 112. Trámite del procedimiento. Una vez admitida la petición, el director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. La obligación de allegarse de información deberá estar acompañada de acciones diligentes a fin de no retrasar la resolución de la petición". "Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas. El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. "Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega. Del estudio armónico y sistemático de dichos preceptos, se colige lo siguiente: Las personas privadas de la libertad podrán formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones relacionados con las condiciones de internamiento. Las referidas peticiones tendrán como finalidad que la autoridad penitenciaria resuelva si existió o no una afectación a las condiciones de vida digna y en su caso subsanar dicha afectación. Si la resolución es en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución. Si la petición formulada no fue resuelta en el término establecido para ello -cinco días-, el promovente podrá demandar dicha omisión ante el Juez de Ejecución. En casos urgentes, se podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución a plantear la petición, caso en el que dicha autoridad suspenderá el hecho que motivó la petición, hasta en tanto resuelva en definitiva. Que los jueces de ejecución conocerán de las controversias relacionadas con las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas. Que para la procedencia de la controversia ante el Juez de Ejecución constituye un requisito indispensable que se haya agotado previamente la petición administrativa, con excepción de los casos urgentes. En el caso, la parte inconforme ERIKA MARISOL GARCÍA CASTILLO, acude a reclamar en esta instancia constitucional, falta de atención médica general y especializada en odontología, ginecología, oftalmología, traumatología; así como suministro de medicamentos y revaloración y seguimiento. Sin embargo, no observó el procedimiento legalmente establecido a la luz de las reformas constitucionales invocadas, ya que la explicada omisión está inmersa en aquéllos actos u omisiones que afectan las condiciones de vida digna en la situación de internamiento en que se encuentra la peticionaria de amparo a virtud de un procedimiento de naturaleza penal y de ahí que se consideren como inherentes a la etapa de ejecución de pena, sin importar el estadio en que el proceso o procedimiento respectivo se encuentre, en tanto que tales omisiones, en razón del estándar constitucional reconocido (ejecución de pena) son susceptibles de ser solicitadas de manera previa y directa a las autoridades penitenciarias y en caso de no ser atendidas o ser negadas, u ostentar el carácter de urgentes, formular controversia ante el Juez de Ejecución. En efecto, la quejosa como interna en el aludido Centro de Reclusión, en primer término, está en aptitud de realizar la petición al Director del Centro, quien es el órgano competente para satisfacer las necesidades que, como interna presente, atendiendo los propios lineamientos de la institución, entre las que se halla la atención médica necesaria y proporcionarle los medicamentos o tratamientos necesarios y en caso de no ser atendida la petición, recibir respuesta en sentido negativo, o incluso ser omisa al respecto, puede formular controversia ante el Juez de Ejecución; lo que en el particular no hizo. Reiterando que cuando se reclaman hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento en un centro de reclusión, suscitados en el marco del procedimiento de ejecución penal, se debe entender que los acontecimientos de hecho y de derecho que se suscitan durante la reclusión, forman parte del procedimiento de ejecución, que es de naturaleza formalmente jurisdiccional, tan es así que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su norma reglamentaria en la materia, establecieron que la autoridad judicial tomaría la facultad de vigilarlos y controlarlos. Además, si bien es cierto que las autoridades penitenciarias tienen formalmente un perfil administrativo, en tanto procuran la regularidad de la vida digna y segura en reclusión conforme a los principios previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal; no menos verdadero es que la ejecución de dichas tareas constituye estrictamente un ejercicio de complementación del marco procedimental jurisdiccional que rige en materia de ejecución de penas en términos de los artículos 18 y 21 constitucionales. Lo anterior, porque en todo caso, compete a los Jueces de ejecución vigilar y controlar las relaciones de hecho y de derecho que surgen entre las personas privadas de su libertad y la autoridad penitenciaria, durante el tiempo que deba durar la medida de internamiento decretada; y también, porque desde el inicio de su actuación, las autoridades penitenciarias están circunscritas a lo que se les haya ordenado en la sentencia definitiva, o bien, en el auto en que se imponga la medida precautoria de reclusión. En ese tenor, si bien con la "petición administrativa" el legislador buscó privilegiar y sacar provecho de la inmediatez con las autoridades penitenciarias y auxiliares, lo cierto es que éstas de cualquier forma se encuentran bajo la vigilancia y control de una autoridad jurisdiccional durante su tramitación. Se apoya lo anterior, en la tesis de la Décima Época, Registro: 2016092, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, Enero de 2018, Tomo IV, Materia(s): Común, Tesis: XVI.1o.P.16 P (10a.), Página: 2170, cuyo rubro se cita enseguida: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL. NO SE ACTUALIZA LA HIPÓTESIS PREVISTA EN LA FRACCIÓN XX DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE LA MATERIA, SI SE RECLAMAN HECHOS, ACTOS U OMISIONES RESPECTO DE LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN.". Queda en evidencia que el acto reclamado en esta instancia constitucional -analizado en el presente apartado- como la omisión de atención médica con la subsecuente falta de suministro de medicamentos, que necesariamente tiene que ver con las condiciones de internamiento en un centro de reclusión y que se suscita en el marco del procedimiento de ejecución penal, no puede ser combatido en esta instancia constitucional, sin sujetarse previamente a los procedimientos y mecanismos de protección previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, conforme a los cuales se puede obtener la atención médica pedida mediante solicitud al Director del centro de reclusión y en ausencia de respuesta o contestación no favorable, acudir ante el Juez de ejecución, quien tiene potestad para modificar, revocar o nulificar la condición generada por la omisión de respuesta o la negativa otorgada, ya que como se evidenció su impugnación en sede constitucional sin agotar el procedimiento indicado, trae como consecuencia que adolezcan de definitividad, razón por la que en la especie se actualiza la causa de improcedencia del presente juicio, prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Es importante señalar que la condición de sentenciado o bien de persona sujeta a prisión preventiva, no marca ninguna diferencia para los efectos de la observancia del principio de definitividad, pues como se indicó, las disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal, son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local, por así disponerlo el artículo 2 de dicho cuerpo normativo que ya se ha citado; de ahí que no exista impedimento alguno para su aplicación en el caso que la quejosa se encontrare sujeta a proceso o ya sentenciada, pues la norma no establece distinción alguna. En mérito de lo anterior, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de referencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la referida ley, es procedente SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, por lo que se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para dicha audiencia constitucional. Apoya la anterior, la tesis 2a./J. 10/2003, de rubro "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE" emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Marzo de 2003 de la Novena Época, visible en la página 386. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Marcos Zamora Álvarez, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, nueve de abril de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos legales procedentes, el escrito de alegatos que formula la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al juzgado, sin perjuicio de hacer relación del mismo al momento de celebrar la audiencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo. Ahora bien, como lo solicita la parte promovente, una vez que sea emitida sentencia en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 3°, párrafo segundo de la Ley de Amparo y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en términos del artículo 2°, de la Ley de la Materia, expídase a su costa las copias que solicita, previa toma de razón y recibo que quede en autos, la que se expedirá una vez que las labores del juzgado lo permitan. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma el licenciado Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
- Principal
PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso b) y 29 de la Ley de Amparo procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte QUEJOSA, la sentencia de veintidós de marzo del dos mil dieciocho, que en lo conducente establece: ...Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1046/2017-V, promovido por ARTURO RUIZ VILLEGAS, por propio derecho; y RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintisiete de junio de dos mil diecisiete ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, y turnado el diez de ese mes y año, a este órgano Jurisdiccional, ARTURO RUIZ VILLEGAS, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de las autoridades siguientes: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. Autoridad de quien reclamó el corte del servicio de energía eléctrica realizado el siete de junio del presente año, en el domicilio ubicado en Calle Lázaro Cárdenas número 204, colonia Granjas en esta ciudad de Cuernavaca, Morelos, respecto a los servicios 343-011-000-694 y 343-120-400-856. SEGUNDO. Mediante auto de veintinueve de junio de dos mil diecisiete se registró la demanda con el número 1046/2017, y se previno a la parte quejosa a fin de que aclarara los antecedentes del acto reclamado (fojas 21 a 23). El quejoso atendió a dicha prevención mediante escrito presentado el cinco de julio de ese año (foja 25). TERCERO. El seis de julio de dos mil diecisiete se admitió la demanda por lo que se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete. CUARTO. Mediante auto de trece de julio de dos mil diecisiete se previno a la parte quejosa a fin de que manifestara si señalaba como autoridad responsable a COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS (foja 37). A través de escrito presentado recibido en la Oficina de Correspondencia Común los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos el uno de julio de dos mil diecisiete y turnado a este juzgado al día siguiente (foja 39), el quejoso manifestó que sí era su deseo señalarla como responsable en el presente juicio; de ahí que mediante auto de veinte de julio de dos mil diecisiete se admitió la ampliación de demanda y se solicitó a la nueva autoridad su informe justificado. QUINTO. Mediante auto de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete se previno a la parte quejosa a fin de que manifestara si señalaba como autoridad responsable a EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (foja 73). A través de escrito presentado recibido en la Oficina de Correspondencia Común los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos el nueve de octubre de dos mil diecisiete y turnado a este juzgado al día siguiente (foja 78), el quejoso manifestó que sí era su deseo señalarla como responsable en el presente juicio; de ahí que mediante auto de once de octubre de dos mil diecisiete se admitió la ampliación de demanda y se solicitó a la nueva autoridad su informe justificado. SEXTO. Finalmente se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, que se inició en los términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; así como el Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del que en su numeral cuarto, fracción XVIII, se advierte que, en lo conducente, dispone que el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, Morelos, ejercerá jurisdicción en el territorio que comprende dicha entidad federativa, que se señala como el de ejecución del acto reclamado. SEGUNDO. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido, a través de la Jurisprudencia, que el juzgador de amparo al dictar una sentencia debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega que en algunas ocasiones esto es insuficiente, por lo que, además, se deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, y precisa la Suprema Corte de Justicia de la Nación que debe atenderse a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia ente lo pretendido y lo resuelto. Bajo esa premisa, en el presente juicio de garantías, es necesario fijar adecuadamente el acto o actos reclamados por el imperante. Al respecto, de la lectura íntegra de la demanda y, atendiendo además a los aspectos explicados en líneas precedentes, debe decirse que los actos que se reclaman en esta instancia constitucional, se traducen en el corte del servicio de energía eléctrica realizado el quince de junio del presente año, en el domicilio ubicado en Calle Lázaro Cárdenas número 204, colonia Granjas en esta ciudad de Cuernavaca, Morelos, respecto a los servicios 343-011-000-694 y 343-120-400-856. Tales actos el quejoso los atribuye a las autoridades: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD; COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS; EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIBUCIÓN, DIVISIÓN CENTRO SUR. Precisado lo anterior, debe decirse que respecto al corte del servicio de energía eléctrica en el domicilio ubicado en Calle Lázaro Cárdenas número 204, colonia Granjas en esta ciudad de Cuernavaca, Morelos, respecto a los servicios 343-011-000-694 y 343-120-400-856, es un acto cierto, en virtud de que así lo admitió la autoridad responsable, COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, al rendir su informe justificado (foja 60 a 62), y para acreditarlo exhibió la constancia de sistema en la que se aprecia que para el servicio 343-011-000-694, existe el corte de energía desde el quince de junio de dos mil diecisiete; en tanto que para el servicio 343-120-400-856, el corte de se dio también a partir de esa fecha (documentales visibles a fojas 63 y 141). En la constancia visible a foja 141 se lee que se corta el servicio por ajuste pendiente de pago respecto al servicio 343-120-400-856. A las documentales indicadas, se les otorga eficacia probatoria, en virtud de haberse expedido por la propia parte a quien, en todo caso, le perjudican los hechos que en ella, constan, con fundamento en el artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por consiguiente, se acredita la existencia del corte del servicio de energía eléctrica en el domicilio ubicado en Calle Lázaro Cárdenas número 204, colonia Granjas en esta ciudad de Cuernavaca, Morelos, respecto a los servicios 343-011-000-694 y 343-120-400-856, a nombre del aquí quejoso, que ocurrieron no el siete de junio de dos mil diecisiete, como lo afirmó el quejoso, sino el quince de junio de ese año, ya que es la fecha en que verdaderamente aparecen ejecutados los cortes del servicio de energía eléctrica relativa a los servicios cuyos números ya se han anotado. TERCERO. Por ser las causales de improcedencia de estudio oficioso, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador procede a analizar si se actualiza alguna. Al respecto, se debe sobreseer en el juicio, al actualizarse la causal de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al artículo 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo vigente, respecto a los cortes de energía eléctrica ejecutados en el domicilio ubicado en Calle Lázaro Cárdenas número 204, colonia Granjas en esta ciudad de Cuernavaca, Morelos, respecto a los servicios 343-011-000-694 y 343-120-400-856, a nombre del aquí quejoso, que ocurrieron el quince de junio de dos mil diecisiete. Las invocadas disposiciones que sustentan la causal de improcedencia del juicio respecto a los actos antes referidos, son del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: .II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". Es conveniente recordar que, de conformidad con el artículo 1 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Mientras que el diverso artículo 5, fracción II, del mismo ordenamiento legal, prevé que es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que, por autoridad para efectos del juicio de amparo, son las que con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, como se advierte en la tesis Registro No. 199459, Localización: Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, V, Febrero de 1997, Página: 118 Tesis: P. XXVII/97, Tesis Aislada, Materia(s): Común, que enseguida se cita: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Conforme a ese criterio, el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente a las bases que distinguen un acto de otro, para lo cual es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destacan, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, que en el parámetro constitucional es el juicio de amparo. Ese tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución Federal establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. En efecto, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. Es corolario de lo anterior, para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Luego, pueden advertirse como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Lo antes señalado tiene sustento en la siguiente jurisprudencia de la Novena Época, Registro: 161133, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 164/2011, Página: 1089, que se cita enseguida: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." En el caso, los actos combatidos que se traducen en el corte del servicio público de energía eléctrica que realizan las autoridades responsables, prestado en virtud del contrato respectivo celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, es procedente la vía ordinaria mercantil; ya que no se considera un acto de autoridad. Ello es así, por tratarse de cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones que se derivan del contrato de suministro de energía eléctrica a la quejosa, por parte de la Comisión Federal de Electricidad, puesto que de la lectura de los artículos 75, fracciones V y XXV, y 1049 del Código de Comercio, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 75. La ley reputa actos de comercio: "V. Las empresas de abastecimientos y suministros; "XXV. Cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los expresados en este código." "Artículo 1049. Son juicios mercantiles los que tienen por objeto ventilar y decidir las controversias que, conforme a los artículos 4o., 75 y 76, se deriven de los actos comerciales." La Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que de acuerdo a la interpretación armónica de lo previsto en dichas porciones normativas, debe entenderse que el suministro de energía eléctrica que proporciona la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial que se traduce en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias que se susciten entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones que se generan en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil y no ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Lo anterior, ya que la determinación del consumo facturable y, en su caso, el corte o suspensión del suministro de energía eléctrica, deriva de actos de una relación de coordinación entre la empresa -Comisión Federal de Electricidad- y el usuario del servicio, en virtud de un contrato de suministro de energía eléctrica, en ejercicio legítimo del derecho de retención que genera cualquier relación contractual. Y que la Comisión Federal de Electricidad no actúa en ejercicio de una potestad administrativa que le otorgue atribuciones de tal magnitud, que actualicen una relación de supra subordinación frente a los particulares, ni realice actos equiparables a dicha relación. Por lo tanto, concluye que contra de los actos de la Comisión Federal de Electricidad derivados del contrato de suministro de energía eléctrica celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, resulta procedente la vía mercantil, al constituir dicho contrato un acto de comercio. Las consideraciones anteriores, están contenidas en la jurisprudencia de la Décima Época, Registro: 2015944, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, Enero de 2018, Tomo I, Materia(s): Común, Civil, Tesis: 2a./J. 156/2017 (10a.), Página: 336 "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL. De la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio deriva que el servicio de suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial traducido en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil.". Es pertinente mencionar que en las consideraciones de la ejecutoria de la contradicción de tesis de la que emana el criterio jurisprudencial anterior, específicamente se incluye al corte de energía eléctrica, como aquéllos actos que no constituyen un acto de autoridad, al no darse dentro de una relación de supra a subordinación, sino una relación de coordinación entre la empresa -Comisión Federal de Electricidad- y el usuario del servicio, en virtud de un contrato de suministro de energía eléctrica. A continuación se cita la parte conducente: ".Así, de acuerdo a la interpretación armónica de lo previsto en dichas porciones normativas, debe entenderse que el suministro de energía eléctrica que proporciona la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial que se traduce en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias que se susciten entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones que se generan en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil y no ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Lo anterior, ya que la determinación del consumo facturable y, en su caso, el corte o suspensión del suministro de energía eléctrica, deriva de actos de una relación de coordinación entre la empresa -Comisión Federal de Electricidad- y el usuario del servicio, en virtud de un contrato de suministro de energía eléctrica, en ejercicio legítimo del derecho de retención que genera cualquier relación contractual.(9) Por tanto, la Comisión Federal de Electricidad no actúa en ejercicio de una potestad administrativa que le otorgue atribuciones de tal magnitud, que actualicen una relación de supra subordinación frente a los particulares, ni realice actos equiparables a dicha relación. En virtud de lo anteriormente expuesto, se concluye que en contra de los actos de la Comisión Federal de Electricidad derivados del contrato de suministro de energía eléctrica celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, resulta procedente la vía mercantil, al constituir dicho contrato un acto de comercio. Es importante señalar que la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintidós de diciembre de mil novecientos setenta y cinco, y quedó abrogada de conformidad con el transitorio segundo de la Ley de la Industria Eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la Federación de once de agosto de dos mil catorce. En tanto, la autoridad responsable EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIBUCIÓN, DIVISIÓN CENTRO SUR, exhibió documentos a relativos al sistema comercial (SICOM), en el que se registran los cargos y pagos con motivo de la prestación del servicio de energía eléctrica proporcionado a los usuarios, de los que se aprecia que por cuanto al servicio 343-120-400-856 se contrató el ocho de junio de dos mil doce, en tanto que el 343-011-000-694, es de diez de octubre de dos mil uno (fojas 167 reverso y 168 reverso). Estos documentos no fueron objetados por la parte quejosa, por lo que se les otorga eficacia probatoria de conformidad con lo previsto en el artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por lo tanto, dichos documentos son útiles para acreditar que la prestación del servicio público de energía al quejoso, obedece a la contratación que se dio en aplicación de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, ya que los servicios nacieron y subsistieron mientras ésta se encontraba en vigor, tal como se aprecia de las constancias a que se ha hecho alusión en el párrafo anterior. Resta señalar que la invocación del criterio contenido en la jurisprudencia citada en párrafos anteriores con el rubro: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL; no constituye una aplicación retroactiva a que alude el artículo 157 de la Ley de Amparo, en virtud de que, como se explicará, respecto al tema de la procedencia del amparo contra actos de la Comisión Federal de Electricidad, cuando se reclama corte de energía eléctrica, no existe jurisprudencia vigente en sentido contrario al criterio que se contiene en la jurisprudencia 2a./J. 156/2017 (10a.). En efecto, porque en las diversas 2a./J. 167/2011 (9a.), 2a./J. 168/2011 (9a.), 2a./J. 43/2014 (10a.) y 2a./J. 44/2014 (10a.), de rubros: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL AVISO RECIBO POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y EL AJUSTE EN EL MONTO DEL CONSUMO DERIVADO DE ÓRDENES DE VERIFICACIÓN, COBRO O CORTE DE DICHO SUMINISTRO Y SU EJECUCIÓN, NO SON ACTOS DE AUTORIDAD PARA LA PROCEDENCIA DEL RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVISIÓN O DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (ACLARACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 167/2011 [9a.]).", "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA DETERMINACIÓN QUE EMITE EN RELACIÓN CON LA RECLAMACIÓN FORMULADA CONTRA UN AVISO RECIBO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.", "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL AVISO RECIBO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INCLUSIVE CUANDO CONTENGA UNA ADVERTENCIA DE CORTE DEL SERVICIO, NO CONSTITUYE NI ES EQUIPARABLE A UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." y "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL CORTE O LA SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO CONSTITUYE NI ES EQUIPARABLE A UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", que aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 3, octubre de 2012, página 1457, Libro IV, Tomo 4, enero de 2012, página 3218, así como en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 30 de mayo de 2014 a las 10:40 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, Tomo II, mayo de 2014, páginas 888 y 890, respectivamente; el Máximo Tribunal de Justicia de la Nación, en esencia sostuvo que el corte o la suspensión del suministro de energía eléctrica, no constituía ni era equiparable a un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en los términos de la ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece. La aplicación de las jurisprudencias 2a./J. 167/2011 (9a.), 2a./J. 168/2011 (9a.), 2a./J. 43/2014 (10a.) y 2a./J. 44/2014 (10a.), fue interrumpida a través de la tesis aislada de la Décima Época, Registro: 2007678, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, Materia(s): Administrativa, Tesis: 2a. CVI/2014 (10a.), Página: 1093, con el rubro y texto: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS QUE EMITE EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE OTORGA EN EXCLUSIVA, PROCEDE EL RECURSO DE REVISIÓN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO O EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, SIN PERJUICIO DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMEN NORMAS GENERALES [INTERRUPCIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 167/2011 (9a.), 2a./J. 168/2011 (9a.), 2a./J. 43/2014 (10a.) Y 2a./J. 44/2014 (10a.) (*)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación interrumpe las tesis de jurisprudencia aludidas en las que estableció, en esencia, que la relación entre la Comisión Federal de Electricidad y los particulares en lo relativo al suministro de energía eléctrica es de coordinación, originada por un acuerdo de voluntades donde ambas partes adquieren derechos y obligaciones recíprocos dentro de un ámbito privado. Lo anterior en razón de que, en términos del artículo 1o. del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, esta última es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propio, es decir, constituye un ente del Estado que tiene como objeto fundamental y principal, conforme a los numerales 25, párrafo cuarto, 27, párrafo sexto y 28, párrafos cuarto y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la planeación del Sistema Eléctrico Nacional, así como la generación, conducción, transformación, distribución y venta de energía eléctrica para la prestación del servicio público, lo que constituye un área estratégica que el Estado realiza en exclusiva y que se encuentra regulada por la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica abrogada. En ese tenor, todos los actos efectuados por la Comisión Federal de Electricidad relacionados con su obligación constitucional de prestar el servicio público de energía eléctrica son de orden público y se entienden desplegados por el Estado, debido a que éste presta en exclusiva ese servicio, a través del indicado organismo descentralizado, por lo que contra tales actos procede el recurso de revisión, en términos de los artículos 1 y 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al haberlos emitido un organismo descentralizado, o el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, conforme al numeral 14, fracción XI, de su Ley Orgánica, que prevé su procedencia contra actos o resoluciones que emitan autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; sin perjuicio de la procedencia del juicio de amparo cuando se reclamen normas generales.". Sin embargo, aunque interrumpió el criterio que se sostenía en las diversas 2a./J. 167/2011 (9a.), 2a./J. 168/2011 (9a.), 2a./J. 43/2014 (10a.) y 2a./J. 44/2014 (10a.), sobre el tema abordado ahí, no sentó jurisprudencia obligatoria, es decir, acerca de que todos los actos efectuados por la Comisión Federal de Electricidad relacionados con su obligación constitucional de prestar el servicio público de energía eléctrica son de orden público y se entienden desplegados por el Estado, debido a que éste presta en exclusiva ese servicio, a través del indicado organismo descentralizado, por lo que contra tales actos procede el recurso de revisión, en términos de los artículos 1 y 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al haberlos emitido un organismo descentralizado, o el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, conforme al numeral 14, fracción XI, de su Ley Orgánica, que prevé su procedencia contra actos o resoluciones que emitan autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; sin perjuicio de la procedencia del juicio de amparo cuando se reclamen normas generales. Conforme al artículo 217, último párrafo, de la Ley de Amparo, la jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, lo que presupone la existencia de un criterio jurisprudencial previo que interprete la misma hipótesis jurídica que la nueva jurisprudencia, pues sólo en ese supuesto los órganos jurisdiccionales están obligados a resolver un caso conforme al criterio anterior; de ahí que ante la falta de jurisprudencia previa, el juzgador puede hacer uso de su autonomía interpretativa. Entonces, dado que el contenido en la tesis: 2a. CVI/2014 (10a.), es un criterio aislado y no jurisprudencia, es la razón por la que, la aplicación en esta sentencia de la diversa 2a./J.156/2017 (10a.), no constituye la aplicación retroactiva prevista en el artículo 157 de la Ley de Amparo, ya que no existía una jurisprudencia vinculante en sentido contrario sobre el tema de la procedencia del amparo respecto del reclamo del corte o suspensión del suministro de energía eléctrica. En lo conducente, es aplicable la jurisprudencia de la Décima Época, Registro: 2015995, Instancia: Pleno, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, Enero de 2018, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 2/2018 (10a.), Página: 7, del tenor literal siguiente: "JURISPRUDENCIA. NO SE ACTUALIZAN EFECTOS RETROACTIVOS RESPECTO DE LA TESIS 1a./J. 97/2013 (10a.) EMITIDA POR LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, AL NO EXISTIR UNA JURISPRUDENCIA PREVIA. Conforme al artículo 217, último párrafo, de la Ley de Amparo, la jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, lo que presupone la existencia de un criterio jurisprudencial previo que interprete la misma hipótesis jurídica que la nueva jurisprudencia, pues sólo en ese supuesto los órganos jurisdiccionales están obligados a resolver un caso conforme al criterio anterior; de ahí que ante la falta de jurisprudencia previa, el juzgador puede hacer uso de su autonomía interpretativa. Así, la aplicación en el juicio de la jurisprudencia 1a./J. 97/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA MERCANTIL. EL AUTORIZADO POR LAS PARTES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVER AQUEL JUICIO A NOMBRE DE SU AUTORIZANTE.", al tenor de la cual el autorizado por las partes en un juicio mercantil no está facultado para promover el juicio de amparo directo a nombre de su autorizante, no tiene efectos retroactivos en perjuicio de persona alguna, ya que no existía una jurisprudencia previa que interpretara o definiera esa hipótesis específica, sino una práctica judicial reiterada por un determinado tribunal que, incluso, podría ser distinta a la que adoptara otro tribunal en casos similares. Además, el hecho de que se admita una demanda de amparo directo, promovida por el autorizado en términos del artículo 1069, tercer párrafo, del Código de Comercio, y este proveído no se haya impugnado, dando lugar a que ello no se resuelva en definitiva, genera que esta determinación siga sub júdice hasta que el órgano jurisdiccional de amparo dicte su sentencia, por lo que la aplicación del referido criterio jurisprudencial en ésta, no implica imprimirle efectos retroactivos, aun cuando este criterio se aplique a hechos pasados dentro de una secuela procesal, ya que no existe un criterio jurisprudencial previo que haya actualizado sus supuestos y que, por ende, lo obligue a resolver en determinado sentido, ni tampoco una determinación jurisdiccional previa dentro del proceso que no pueda ser revisada por resultarle vinculante. En efecto, las tesis aisladas, incluso las emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen carácter orientador, pero no generan derechos ni son susceptibles del ejercicio de irretroactividad. Es aplicable la jurisprudencia de la Décima Época, Registro: 2013380, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 38, Enero de 2017, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 195/2016 (10a.), Página: 778, que se cita enseguida: "TESIS AISLADAS. LAS EMITIDAS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN TIENEN CARÁCTER ORIENTADOR, NO GENERAN DERECHOS NI SON SUSCEPTIBLES DEL EJERCICIO DE IRRETROACTIVIDAD. Del análisis integral y sistemático de los artículos 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 215, 217, 218, primer párrafo, 222 al 226 y 228 de la Ley de Amparo, se desprende que de manera expresa se concede carácter obligatorio a la jurisprudencia, particularidad que no comparte con las tesis aisladas que se generan en los fallos de los órganos terminales del Poder Judicial de la Federación. Atento a lo anterior, los criterios que aún no integran jurisprudencia no pueden invocarse como un derecho adquirido por las partes y, por tanto, sujeto al principio de no aplicación retroactiva en su perjuicio. Congruente con ello, a falta de jurisprudencia definida sobre un tema determinado y cuando exista un criterio aislado o precedente aplicable para la solución de un caso concreto, debido al carácter orientador que esta Superioridad les ha conferido y el principio de seguridad jurídica, es dable mas no obligatorio que los órganos jerárquicamente inferiores lo atiendan en sus resoluciones, mediante la cita de las consideraciones que las soportan y, en su caso, de la tesis correspondiente y de existir más de uno, puede el juzgador utilizar el que según su albedrío resulte correcto como parte del ejercicio común de su función jurisdiccional.". No pasa por alto que en la jurisprudencia de la Décima Época, Registro: 2015057, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo II, Materia(s): Común, Tesis: PC.II.S.E. J/3 A (10a.), Página: 837, con el rubro: "CORTE DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON MOTIVO DE UN ACTO MATERIALMENTE ADMINISTRATIVO EMITIDO UNILATERALMENTE. EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO CONTRA LA ORDEN RELATIVA., se establezca implícitamente un criterio de procedencia del amparo contra el acto de corte de energía eléctrica; sin embargo, tampoco por este motivo se considera una aplicación retroactiva de la jurisprudencia 2a./J.156/2017 (10a.), a que se alude en el artículo 157 de la Ley de Amparo, en atención al criterio jerárquico que dicta que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Pleno o en Salas, prevalece sobre la que emitan los Plenos de Circuito y los Tribunales Colegiados de Circuito. Es aplicable, en la parte relativa, la jurisprudencia de la Décima Época, Registro: 2016317, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 02 de marzo de 2018 10:05 h, Materia(s): (Común), Tesis: 2a./J. 12/2018 (10a.), que es del tenor literal siguiente: "BONO DE DESPENSA Y PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE. LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 13/2017 (10a.), DE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, NO TIENE EFECTOS RETROACTIVOS RESPECTO DE LAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. Conforme a las consideraciones de la contradicción de tesis 182/2014, resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los parámetros de carácter competencial/orgánico que tutelan la obligatoriedad de la jurisprudencia para los operadores jurídicos dentro de los procesos jurisdiccionales son el jerárquico, el de jerarquía y competencia territorial, y el de temporalidad; el criterio jerárquico tiene su fundamento en el artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en tanto dispone que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Pleno o en Salas, es obligatoria para los Plenos de Circuito y los Tribunales Colegiados de Circuito; dicho en sentido negativo, los criterios jurisprudenciales de estos dos últimos no son obligatorios para la Suprema Corte de Justicia de la Nación ni la vinculan en determinado sentido. En virtud de lo anterior, si los Tribunales Colegiados de Circuito emitieron jurisprudencia definiendo la procedencia de los incrementos a los conceptos de bono de despensa y previsión social múltiple, en la misma proporción a los aumentos de los salarios de trabajadores en activo, y posteriormente, la Segunda Sala integró la jurisprudencia 2a./J. 13/2017 (10a.), de título y subtítulo: "BONO DE DESPENSA Y PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE. LOS PENSIONADOS CONFORME A LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO NO TIENEN DERECHO AL INCREMENTO DE ESAS PRESTACIONES OTORGADO MEDIANTE LOS OFICIOS CIRCULARES 307-A.-2942, DE 28 DE JUNIO DE 2011, 307-A.-3796, DE 1 DE AGOSTO DE 2012 Y 307-A.-2468, DE 24 DE JULIO DE 2013, EMITIDOS POR LA UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.", no existe un problema de retroactividad de la jurisprudencia y no tiene, desde luego, efectos retroactivos en perjuicio de persona alguna, en atención al criterio jerárquico que dicta que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Pleno o en Salas, prevalece sobre la que emitan los Plenos de Circuito y los Tribunales Colegiados de Circuito; en todo caso, la jurisprudencia de la Segunda Sala es obligatoria para todos éstos en atención al criterio de jerarquía. En las condiciones apuntadas, el corte de energía eléctrica, al ser un acto no provisto de imperio, ya que no se desarrolla en un plano de supra a subordinación, se debe considera excluido de aquéllos a que se refiere el artículo 1 de la Ley de Amparo, contra los cuales es posible promover juicio de garantías, actualizándose así la causal de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1 y 5, fracción II, de la Ley de Amparo. Por último, debe decirse que aunque se actualizara distinta causal de improcedencia, es innecesario su estudio, pues basta con el análisis de la ya invocada, pues aun cuando aquéllas fueran fundadas, no cambiaría el sentido de sobreseimiento que se ha decretado. Es aplicable la jurisprudencia Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, VIII, Agosto de 1998, Página: 414, Tesis: 2a./J. 54/98, Jurisprudencia Materia Común, rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución.". Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR ARTURO RUIZ VILLEGAS, contra el corte del servicio de energía eléctrica en el domicilio ubicado en Calle Lázaro Cárdenas número 204, colonia Granjas en esta ciudad de Cuernavaca, Morelos, respecto a los servicios 343-011-000-694 y 343-120-400-856, el quince de junio de dos mil diecisiete, que reclamó de las autoridades, COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD; COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS; EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIBUCIÓN, DIVISIÓN CENTRO SUR. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy veintidós de marzo de dos mil dieciocho, en que las labores del Juzgado lo permitieron, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que da fe.
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