Erika Macias Neri
Expediente 1211/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1211/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Erika Macias Neri
Actuaciones
- Principal
Juicio de amparo 1211/2023-I.. Puebla, Puebla, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Radicación del expediente Se recibe la demanda de amparo signada por Erika Macías Neri, contra actos de la agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación Territorial en San Andrés Cholula, Puebla, de la Fiscalía General del Estado de Puebla, licenciada Marisa Arellano Quiñónez. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Digitalización de la demanda Debido a que la demanda de amparo se recibió físicamente en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, con fundamento en los artículos 252 y 253 del citado acuerdo general, digitalícese e incorpórese al expediente electrónico a través del uso de la firma electrónica. Tramitación electrónica del juicio de amparo. De conformidad con los artículos 3 y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- constarán únicamente en el expediente electrónico, pues una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Toda vez que, el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de manera física, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido acuerdo general, se exhorta a las partes para que, transiten hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación -donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica-. Materia del juicio. Los actos combatidos, en términos de su demanda de amparo, quedan circunscritos los siguientes: La negativa de permitirle a la quejosa tener acceso a la carpeta de investigación +++++++; y La omisión de recibirle el escrito de treinta y uno de septiembre de dos mil veintitrés, a través del cual solicita se le permita coadyuvar en la investigación del hecho que denunció. Se descartan hipótesis del artículo 15 de la Ley de Amparo. La quejosa solicitó se decrete la suspensión de plano de los actos reclamados; sin embargo, la lectura integral efectuada a la demanda, permitió visualizar que la quejosa se duele de una negativa y omisión del ministerio público responsable derivadas de una carpeta de investigación que se originó por la denuncia de la aquí quejosa. Por ello resulta inviable considerar la suspensión de plano solicitada por la quejosa, pues la demanda contiene suficientes elementos para visualizar que los actos reclamados derivan de una carpeta administrativa atribuidos a un ministerio público, los cuales no encuadran en las hipótesis de urgencia previstas en el artículo 15 de la Ley de Amparo, ni se tratan de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. Apertura del incidente de suspensión. Ante la solicitud de la medida cautelar, se ordena tramitar por separado el incidente de suspensión relativo a este juicio. No obstante, en términos del numeral 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se descarta formar duplicado físico del incidente de suspensión. Emplazamiento de la fiscal adscrita. Emplácese en forma personal a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado de distrito, para que intervenga en términos del artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo; por lo que se le deberá entregar copia autorizada de este proveído y copia de la demanda de protección de derechos. A fin de justificar el cumplimiento de lo anterior, se ordena al actuario correspondiente deje constancia legal en el expediente. Requerimiento de informe justificado. De conformidad con los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable su informe justificado, el cual deberá rendir dentro del plazo de quince días computados a partir de su legal notificación, en términos de lo dispuesto por el artículo 31, fracción I, de la Ley de Amparo, en el cual deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para la improcedencia del juicio o la legalidad de los actos reclamados. También deberá remitir a este juzgado copia certificada o auténtica, completa, legible y ordenada de las constancias o actuaciones con las que justifique los actos reclamados. Se apercibe a la autoridad responsable que de no rendir el informe justificado o de presentarlo sin acompañar las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se le impondrá, una multa de cien a mil unidades de medida y actualización a razón de su valor diario de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. De igual forma, se le hace saber que su informe justificado deberá presentarlo, preferentemente, de manera digital a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o los servicios de interconexión existentes, o, en su defecto, de manera física a través de la Oficialía de Partes de este juzgado y la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. No obstante, con la finalidad de privilegiar el derecho a una impartición de justicia pronta, de manera transicional y excepcional, será admisible la recepción de informes a través de medios tecnológicos o soluciones digitales, tales como el correo electrónico institucional de este órgano jurisdiccional: 4jdo6ctop@correo.cjf.gob.mx. Audiencia constitucional. De conformidad con el artículo 115, primer párrafo, en relación con los diversos 19 y 22 de la Ley de Amparo, se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTIÚN MINUTOS DEL VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional. Se hace saber a las partes que, con la finalidad de privilegiar el uso de medios electrónicos y servicios digitales, la audiencia constitucional se celebrará a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes; ello, en atención a lo dispuesto por el artículo 257, fracción II, del Acuerdo General supra citado. No obstante, en caso de que sea indispensable la intervención oral de las partes, por ser necesaria para el desahogo de una prueba o diligencia, su desahogo se realizará a través de videoconferencia, para lo cual la parte que así lo desee deberá elevar su petición dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación de este proveído, de lo contrario, como ya se precisó, la audiencia se celebrará sin su presencia. Requerimiento de antecedentes. Se requiere a la autoridad responsable que informe si en el procedimiento de donde emanan los actos reclamados, se ha tramitado diverso juicio de protección contra el mismo acto reclamado, y de ser así, señale ante cuál autoridad federal se radicó el mismo, apercibida que en caso de desatender dicho requerimiento, se le impondrá una multa que oscilará entre las de cincuenta a mil unidades de medida y actualización a razón de su valor diario de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 259, de la Ley de Amparo. Requerimiento de informe sobre terceros interesados. Con fundamento en el tercer párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se requiere a la autoridad responsable que en el plazo de cinco días1 , contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, proporcione el nombre y domicilio de las personas que puedan tener el carácter de terceros interesados en este juicio (agraviados, ofendidos o víctimas en la causa penal), para ello deberá remitir las constancias de donde se desprenda tal información Conforme a los artículos 260, fracción IV y 244, ambos con relación al diverso 238, todos de la Ley de Amparo, le se apercibe que de no cumplir lo requerido en párrafos anteriores en el plazo señalado, sin causa justificada, se le impondrá una multa que oscilará entre las cien a las mil unidades de medida y actualización a razón de su valor diario. Una vez que se reciba la información requerida, habrá de proveerse el emplazamiento de quien tenga el carácter de tercero interesado -si procede- en términos del artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo. Requerimiento sobre causas de sobreseimiento. Se informa a las partes que de conocer alguna causa de sobreseimiento en relación con los actos combatidos, deberán manifestarla de inmediato como lo dispone el artículo 64 de la citada legislación; y de ser posible acompañen las constancias que la acrediten. No cumplir con lo anterior implica, como lo prevé el numeral 251 de la Ley de Amparo, la imposición de una multa por el importe de treinta unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario). Se descarta emplazar a parte tercera interesada Desde este momento se descarta el emplazamiento de José Roberto Hernández Méndez, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo, para ser llamado con el carácter de tercero interesado, tomando consideración la naturaleza de los actos reclamados -negativa y omisión atribuidos a un agente del ministerio público-. Sin que pase desapercibido, que el artículo 5, fracción III, inciso d), de la Ley de Amparo, contempla el emplazamiento del indiciado cuando el acto reclamado es el no ejercicio o desistimiento de la acción penal del Ministerio Público; actos que no fueron combatidos en este juicio. Domicilio procesal, autorizado y medio de contacto. Se tiene como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones, el inmueble que citó en su demanda (ubicado en la ciudad de Puebla). Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ++++++++, toda vez que tiene registrada su respectiva cédula profesional ante el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación; y por autorizados en términos restringidos a las restantes personas que se mencionan en el proemio de la demanda. Asimismo, se toma nota del correo electrónico y número de telefónico proporcionados para establecer contacto en caso de ser necesario; no así para notificarla, por no estar contemplado en la Ley de Amparo. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías de las actuaciones de este juicio, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese y cúmplase.
- Incidental
Incidente de suspensión 1211/2023 En veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés, se da cuenta a la jueza con se da cuenta a la jueza con copia de demanda de amparo y del acuerdo dictado en el juicio principal de donde deriva este incidente. Puebla, Puebla, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Formación del incidente. Visto el escrito de demanda y el acuerdo dictado en esta fecha en el cuaderno principal del expediente electrónico, tramítese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1211/2023, promovido por Erika Macías Neri, por su propio derecho, contra actos de la agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación Territorial en San Andrés Cholula, Puebla, de la Fiscalía General de Justicia del Estado, licenciada Marisa Arellano Quiñónez. Actos reclamados. Los actos reclamados, en términos de su demanda de amparo, queda circunscrito al siguiente: La negativa de permitirle a la quejosa tener acceso a la carpeta de investigación +++++++; y, La omisión de recibirle el escrito de treinta y uno de septiembre de dos mil veintitrés, a través del cual se le permita coadyuvar en la investigación del hecho que denunció. Requerimiento del informe previo. En términos de los artículos 140, 142 y 143 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable presente su informe previo, el cual deberá cumplir los requisitos legales establecidos, y rendirse dentro del plazo de cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación del presente acuerdo; por lo tanto, envíesele copia de la demanda, adjunta al oficio que contiene esta determinación. Con fundamento en el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo, se le apercibe que de no rendir su informe previo en el plazo señalado, le será impuesta una multa que oscilará entre las cien a mil Unidades de Medida y Actualización a razón de su valor diario. De igual forma, se hace saber a la autoridad responsable que el informe previo deberá rendirse, preferentemente, de manera digital a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o los servicios de interconexión existentes, mediante el empleo de la firma electrónica; o, en su defecto, de manera física a través de la Oficialía de Partes de este juzgado y la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal. No obstante, con la finalidad de privilegiar el derecho a una impartición de justicia pronta, de manera transicional y excepcional, será admisible la recepción de informes a través de medios tecnológicos o soluciones digitales, tales como el correo electrónico institucional de este órgano jurisdiccional: 4jdo6ctop@correo.cjf.gob.mx. Requerimiento de antecedentes. Con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que en el término de cuarenta y ocho horas contadas a partir de que surta efectos la notificación del presente auto (al momento de rendir su informe previo), comuniquen si ya se resolvió sobre la suspensión de los actos reclamados en otro juicio de amparo por lo que hace a la aquí quejosa; de ser así, deberán remitir copia certificada de la resolución correspondiente. Se le apercibe que de omitir hacerlo, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente entre las cincuenta a mil unidades de medida y actualización a razón de su valor diario. Audiencia incidental. Con fundamento en el artículo 138, fracción II, de la ley de la materia, se señalan las nueve horas con un minuto del uno de diciembre de dos mil veintitrés, para que sea celebrada la audiencia incidental. Negativa de la suspensión provisional. Actos omisivos y negativos. Con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva respecto de los actos reclamados, ya que son de naturaleza omisiva y negativa; de ahí que, resulta jurídicamente improcedente conceder la medida cautelar para que la autoridad responsable lleve a cabo el acto cuya omisión se le reclamada o autorice el acto que se niega a efectuar, puesto que la suspensión del acto reclamado, por su característica instrumental tiene la finalidad de mantener viva la materia del juicio en lo principal y que será materia de la sentencia que se dicte al respecto. En otras palabras, los actos que pueden reclamarse en el juicio de amparo, son de naturaleza positiva y negativa; los primeros se traducen en una conducta de hacer de la autoridad y se subclasifican en: a) actos de ejecución instantánea, b) actos de ejecución continuada, y c) actos de ejecución de tracto sucesivo; mientras los actos negativos se clasifican como: a) abstenciones u omisiones, b) negativas simples, y c) actos prohibitivos. Entonces, el objetivo de la medida cautelar radica en paralizar y detener la acción de la autoridad responsable, mientras se tramita el juicio de amparo. Así, es válido afirmar la improcedencia de la suspensión para los actos transcritos, porque la medida cautelar nunca podría surtir efectos ante una omisión o negativa de la autoridad responsable. Luego, se considera que dichos actos deben ser estudiados de fondo, en el juicio principal del cual deriva este incidente, de lo contrario la suspensión de ningún modo tendría ya el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran al solicitar la protección constitucional, sino efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia por la cual, de ser el caso, se otorgue la protección de la justicia federal. Es más, si bien es cierto el artículo 128 de la Ley de Amparo, dispone para el otorgamiento de la suspensión de un acto de autoridad, que deben concurrir los siguientes requisitos, mismos que atienden a: 1. Que se solicite la suspensión; y, 2. Que no siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Se tiene también que el análisis de dichos requisitos para otorgar esa medida cautelar, debe partir de la premisa por la cual el acto sea susceptible de paralización, de lo contrario, por más que se surtan los presupuestos exigidos por dicho artículo, para nada existiría, como en el presente asunto, materia para suspender. De ahí que lo procedente es negar la suspensión provisional solicitada, respecto de los actos reclamados aludidos con antelación, ya que de concederse la medida cautelar para los efectos que solicita (tener acceso a la carpeta de investigación y recibirle su escrito de coadyuvancia), dejaría sin materia el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión. Apoya lo anterior, en lo conducente, la tesis aislada sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro XXV, Tomo 3, Octubre de 2013, Página 1912, de rubro siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA RESPECTO DE ACTOS OMISIVOS" 1 . Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XXI.2o.11 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, consultable en las páginas 214 y 215, Novena Época, Tomo V, correspondiente al mes de abril de mil novecientos noventa y siete, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "ACTOS DE OMISIÓN, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL SOLICITADA EN CONTRA DE LOS. Si del análisis que de los actos reclamados hace el Juez de Distrito, advierte que se hacen consistir en una abstención u omisión por parte de las autoridades responsables en la realización de dichos actos, debe considerarse que la suspensión provisional solicitada al respecto es improcedente, en virtud de que de acuerdo con su naturaleza, no requieren de ejecución material alguna; por tanto, no pueden ser materia de la medida cautelar solicitada." Por tanto, lo procedente es negar la suspensión provisional solicitada respecto de los actos combatidos. Notifíquese
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