Erika Francisco Refugio

Expediente 960/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
960/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
10/10/2023

Partes del expediente

  • Erika Francisco Refugio

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla,diez de octubre dedos mil veintitrés. Exhorto diligenciado. Agréguese a los autos el comunicado de cuenta, firmado de manera electrónica por la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, por medio del cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 298/2023, con número de orden 596/2023 del índice de este juzgado, donde se solicitó notificar a la quejosa * el auto de doce de septiembre de dos mil veintitrés, por el que se desechó de plano su demanda de amparo. Notificación que fue realizada el veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés; lo que se deja establecido para los efectos legales correspondientes. De lo que se toma conocimiento y se ordena dar de baja la comunicación oficial de que se trata, así como realizar las anotaciones correspondientes en el libro de control que se genera en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE). Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de doce de septiembre de dos mil veintitrés, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo causó estado (quedó firme). Asunto concluido. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, trasferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1 -en adelante sólo Acuerdo General- ; el presente expediente constituye un asunto concluido, pues el auto por el que se desechó la demanda causó estado. Valoración documental. Con base en la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, y 12, del Acuerdo General; se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del Acuerdo General. Además, en términos del ordinal 20, fracción IV, del Acuerdo General; se determina que este sumario constitucional es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado este acuerdo. 1 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Ello, porque se trata de un asunto donde se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Resguardo del expediente en el archivo de trámite. En consecuencia, este juicio deberá resguardarse en el archivo de trámite de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez que transcurra el lapso de conservación, el juicio de amparo deberá destruirse. Devolución de documentos a las partes. Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes cuya devolución sea necesaria (anexos irremplazables), se deja de proveer al respecto. Incidente de suspensión original. No ha lugar a emitir pronunciamiento alguno, pues como la demanda de amparo se desechó, no se abrió dicho incidente. Carátula del juicio de amparo. Se instruye al secretario encargado de la conclusión de este expediente que, a través de sus oficiales judiciales, realice las anotaciones correspondientes en la carátula del juicio de amparo; ello, conforme a los sellos autorizados para tal efecto. Anotaciones internas. Se instruye a la Oficial Judicial "A", realice las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, respecto a la declaración de firmeza de la sentencia dictada y al archivo del presente asunto como concluido. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en las carátulas de este expediente y del original del incidente de suspensión -conforme se encomendó en el apartado precedente- coincidan con las anotaciones en el libro electrónico. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a la parte quejosa, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el auto que desechó la demanda de amparo. Aunado a que, si la parte quejosa desea conocer el estado de este juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. Pese a lo anterior, se deja establecido que si alguna parte desea conocer el estado procesal de este juicio, se le habrá de informar en caso de recibir oficio o escrito donde lo solicite. De ahí que este proveído se habrá de notificar a las partes por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido.

  2. Principal

    Puebla, Puebla, cinco de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que no ha sido devuelto el exhorto 298/2023, número de orden 596/2023, enviado para notificar a la quejosa * el auto de doce de septiembre de dos mil veintitrés, por el que se desechó de plano su demanda de amparo, y del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes se observa que dicha comunicación oficial fue turnada al Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, en donde se radicó bajo el exhorto 369/2023, orden 417/2023, de su índice. En ese sentido, se solicita comedidamente al titular de ese juzgado federal que, de no mediar inconveniente alguno, se sirva informar el estado procesal que guarda el citado exhorto 298/2023, número de orden 596/2023, del registro de este órgano jurisdiccional. Lo anterior, toda vez que la notificación de que se trata resulta necesaria para emitir el pronunciamiento que corresponda en torno al el auto de doce de septiembre de dos mil veintitrés, por el que se desechó de plano la demanda promovida por *.

  3. Principal

    Puebla, Puebla, doce de septiembre de dos mil veintitrés. Radicación. Se recibe un oficio remitido por la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, al que anexa el juicio de amparo 515/2023 de su índice, el cual contiene la demanda promovida por *, por propio derecho, contra un acto de *, en su calidad de Agente del Ministerio Público de Metlaltoyuca, *. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Digitalización de la demanda. Debido a que la demanda de amparo fue recibida de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico, a través del uso de la firma electrónica. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- constarán únicamente en el expediente electrónico, pues una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Toda vez que, el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de manera física, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, transiten hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación -donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica-. Se acepta la competencia declinada. De la misiva que se recibe se observa que el juzgado federal oficiante ordenó la remisión del oficio 13725/2023 de su índice, por el que declaró su incompetencia legal por territorio para conocer de la demanda de amparo presentada por Erika Francisco Refugio. En ese sentido, ya que por turno tocó conocer a este órgano jurisdiccional, la suscrita jueza federal acepta la competencia legal planteada y se avoca al conocimiento de la presente demanda. En consecuencia, se instruye librar el oficio de acuse de recibo para el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, y remitirlo por interconexión. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo1 establece que la jueza de distrito examinará la demanda, y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. * En el caso, de la lectura íntegra del escrito de demanda, se advierte que la quejosa reclama lo siguiente: ? De *, en su calidad de Agente del Ministerio Público de Metlaltoyuca, Francisco Z. Mena, Puebla: la negativa de otorgarle copias certificadas de la carpeta de investigación *, debido a su falta de legitimación dentro de dicha indagatoria. * Ahora, esta juzgadora considera que antes de ejercer la acción de tutela constitucional, la quejosa debe agotar el medio ordinario de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que al no hacerlo así, se actualiza de momento la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, primer párrafo, de la Ley de Amparo, que dispone: * Esa causal de improcedencia se actualiza, en el caso, porque el artículo 258 del código nacional en cita, establece una ruta ordinaria de impugnación para determinaciones que emita el fiscal dentro de una indagatoria, como la que se reclama, a saber:* Lo anterior es así, ya que la negativa del fiscal que conoce la carpeta de investigación *, de otorgarle a la quejosa copias certificadas de la carpeta de investigación * La jurisprudencia citada se localiza en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XI, abril de 2000, página 32 (registro 192097)., debido a su falta de legitimación dentro de dicha indagatoria, tienen prevista una ruta ordinaria de impugnación que debe agotar la parte promovente antes de solicitar el control de legalidad extraordinario. Lo que se obtiene del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, transcrito con anterioridad, porque ese precepto dispone que el impacto de omisiones o resoluciones del Ministerio Público durante la etapa de investigación, son impugnables ante un juez de control. Máxime que en el caso concreto, la negativa derivó de la falta de legitimación de la promovente dentro de la referida carpeta de investigación, pues refiere que el ministerio público le indicó que no ha acreditado su calidad de agraviada o concubina de la víctima directa en ese expediente; en ese caso, no sólo entra en debate la determinación del fiscal de acordar en sentido negativo la solicitud de copias, sino también la legitimación de la promovente para presentar promociones en el expediente de origen. En ese sentido, el ordinal 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorga a la impetrante la posibilidad de que en la audiencia relativa se analice el presupesto procesal en comento (legitimación), y de acuerdo a lo que se determine al respecto, es decir, se resuelva si tiene legitimación, o no, para ocurrir a la carpeta de investigación *, se acordará en consecuencia si procede su solicitud de copias * Máxime que el no reconocerle a alguien la calidad de víctima o agraviada dentro de una carpeta de investigación, incide en el retardo de la investigación, pues esa parte procesal se encontraría imposibilitada para aportar los datos de prueba o promociones que estimara pertinentes, encaminadas al esclarecimiento e investigación de los hechos. Por consiguiente, esa ruta ordinaria de impugnación debe agotarse previo a la instauración del juicio de amparo indirecto, a fin de cumplir el principio de definitividad que rige el acceso a la impugnación extraordinaria -el juicio de amparo-. Sobre todo porque el juez de control que conozca el recurso de que se trata, en términos del precepto citado, puede ordenar que cese la negativa, e inclusive reconocerle la calidad de víctima o agraviada, según corresponda; mayormente si así lo manifesta en su demanda la ocursante (que sí le asiste la calidad de agraviada). En esa línea de ideas, conviene destacar la contradicción de tesis 233/2017, que determinó la obligación de las víctimas u ofendidos de impugnar cualquier omisión del Ministerio Público, a través del recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. * Que establece que para los efectos del juicio de amparo, el ministerio público tiene el carácter de autoridad cuya actuación es susceptible de afectar la esfera jurídica de un particular, cuando se impugnan actos u omisiones ocurridas durante toda la etapa de investigación complementaria. Sin embargo, esa circunstancia no exime a la parte victimal -en caso de reconocérsele tal carácter a través del recurso que se * menciona- de agotar el principio de definitividad que rige al juicio de protección de derechos fundamentales, previo a acudir a esta instancia. Esto porque de la lectura íntegra del escrito de cuenta, no se advierte que la parte promovente se encuentre en alguno de los supuestos que la excusen de agotar ese principio, es decir, no se trata de actos que afecten su libertad personal, ni los previstos en el artículo 15 de la ley de la materia; de ahí que resulte improcedente acudir directamente a esta instancia federal. Por lo anterior, se indica que, previo a la promoción del amparo, es oportuno que la parte promovente acuda a la ruta ordinaria de impugnación prevista en el invocado artículo 258, ya que dicho mecanismo permite al juez de control modificar la decisión o inactividad del ente ministerial para que otorgo o no, las copias que le solicitó la parte quejosa, e inclusive analice si tiene legitimación para ocurrir a la indagatoria de origen. En efecto, la parte promovente debe agotar recurso innominado en comento, contra los actos reclamados en la demanda de amparo; y si la resolución que emitiera el juez de control al examinar las conductas del fiscal responsable, fuera adversa o pudiera transgredir derechos fundamentales previstos en la constitución federal, surgirá la posibilidad de instaurar juicio de amparo indirecto contra esa resolución (del juez de control). Bajo este contexto, se declara que la negativa combatida en la demanda de protección, encuentran una causal indudable y manifiesta de improcedencia conforme al orden jurídico vigente, que ha interpretado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en particular la causal relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo. Entonces, procede desechar la demanda de protección constitucional, pues los actos reclamados por el promovente a las autoridades responsables, encuentran la causal de improcedencia en estudio * Por tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XVIII, del diverso 61 de la propia legislación, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que presentó el promovente, porque se encontró una causal de improcedencia manifiesta e indudable. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realice las anotaciones correspondientes. Domicilio procesal y autorizados (restringidos) de la parte quejosa. De la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa señala como medio para oír y recibir notificaciones de carácter personal, el domicilio físico ubicado en calle 5 de Mayo 399, piso 1, colonia Tajín, Poza Rica, Veracruz, esto es, en un lugar distinto a la residencia de este juzgado federal. No obstante, atendiendo a la trascendencia del presente acuerdo, a fin de maximizar su derecho de acceso a la justicia, con fundamento en el numeral 27 fracción II, párrafo primero, de la Ley de Amparo, 297, fracción II, 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, y en términos del artículo 79 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal5 , por única ocasión, líbrese atento exhorto en línea al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Poza Rica, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado federal ordene a quien corresponda notifique este acuerdo a la quejosa *, en el domicilio ubicado en *. Además, la requiera para que en el acto de su notificación, o dentro de los tres días siguientes a ello, señale un domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad de Puebla o su zona conurbada (San Andrés Cholula, San Pedro Cholula y Cuautlancingo), que corresponde al lugar de la residencia de este juzgado federal. En el entendido que de no hacerlo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, las notificaciones subsecuentes aún las de carácter personal se realizarán únicamente por medio de lista que se publique en este órgano jurisdiccional; ello sin ulterior acuerdo. Pero se le hace saber a la parte quejosa, que en cualquier momento puede señalar un domicilio para oír y recibir notificaciones, en la ciudad de Puebla o zona conurbada, de la residencia de este órgano jurisdiccional. Se faculta al juez exhortado para que haga uso de las medidas pertinentes, a fin de lograr lo solicitado; incluso habilitar días y horas inhábiles; lo anterior de conformidad con los dispositivos 282, párrafo primero y 298, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, así como lo previsto en el artículo 21, último párrafo de la ley de la materia; así como para que acuerde * promociones y provea las diligencias necesarias para cumplir lo peticionado a la mayor brevedad posible. En último lugar, se solicita en forma respetuosa, ordene devolver diligenciada dicha comunicación oficial con las constancias relativas a la notificación solicitada, por la misma vía -en línea-, y de ser posible en el plazo previsto en el artículo 300 del citado código adjetivo civil supletorio, a menos que requiera de un mayor lapso, en cuyo caso deberá fijar el necesario para lograr la diligencia encomendada. En distinta tesitura, se tienen como autorizados únicamente para imponerse de actuaciones, así como para oír y recibir notificaciones a las personas que indica la quejosa en su escrito de cuenta, pues no les confirió de forma expresa tal autorización en términos amplios prevista en el artículo 12 de la ley de Amparo. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En el entendido de que dicha autorización podrá validarse hasta en tanto se reanuden las labores jurisdiccionales en forma presencial. Acceso a la información. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias

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