Erika Lizbeth Rivero Tinajera
Expediente 359/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 12 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 359/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 27/06/2023
Partes del expediente
- Erika Lizbeth Rivero Tinajera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintisiete de junio de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra el auto de treinta y uno de mayo del dos mil veintitrés, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado estado. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento a los artículos 20, fracciones II y III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; que establece que una vez que transcurran tres años de archivado este expediente es susceptible de destrucción ya que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio y carece de relevancia documental; asimismo, es susceptible de destrucción el cuaderno único del incidente, pues se negó la suspensión definitiva, sin que se ordene glosar al presente expediente dicho cuaderno y una vez que se remita al archivo adjúntese el mismo. DEVOLUCIÓN CONSTANCIAS Devuélvanse al Magistrado Presidente de la Segunda Sala colegiada Civil del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, los anexos que remitió consistentes en: ( Copia certificada del toca ****, constante de un tomo ( Copia certificada del expediente ******, constante de un tomo. ( Copia certificada de los documentos exhibidos por la parte demandada en el expediente ******. ( Copia certificada de los documentos exhibidos por la parte actora en el expediente ****** Sin que sea necesario que informe la recepción de tales constancias, en virtud de que el oficio por el cual serán entregadas, hace las veces de acuse de recibo. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Intégrese el oficio firmado por la Jueza Segunda Civil del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, por medio del cual en cumplimiento a lo solicitado en fecha veintitrés de mayo pasado, hace del conocimiento el estado procesal que guarda el expediente **** relativo al juicio ordinario civil, sobre responsabilidad civil. De lo anterior, este juzgado de Distrito toma conocimiento para los efectos legales conducentes; asimismo, se deja sin efectos el apercibimiento decretado en autos. Ahora, cabe mencionar que, por auto de catorce de marzo del año en curso, este juzgado desechó la demanda al considerar que la determinación reclamada de declinación de competencia no se consideró definitivo, por lo que se estableció la improcedencia del presente asunto. En desacuerdo con dicha actuación, el aquí quejoso interpuso recurso de queja, del cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, registrándolo con el número **** y mediante sesión de veinte de abril del año en curso, declaró fundado dicho medio de impugnación, por lo que en auto de tres de mayo de la presente anualidad, se admitió a trámite la demanda. Ahora, dicho tribunal colegido consideró en la ejecutoria que implicaba un examen ponderado en torno a los efectos jurídicos concretos de la declaratoria judicial emitida por el Juez Civil, esto es, en qué términos concretos emitió su inhibición para seguir conociendo de la demanda sobre la responsabilidad civil subjetiva formulada por la aquí quejosa. Por lo que, al existir incertidumbre en cuanto a si existió declinación de competencia por razón de la materia a concreta autoridad administrativa, esto no permitía concluir contundentemente que la resolución reclamada no constituía el acto definitivo para acudir al juicio de amparo, porque éste lo sea la determinación en la cual la autoridad administrativa acepte la competencia declinada, si no existía precisión al respecto; además, que no se tenía certeza de que se haya declinado competencia a especifica autoridad administrativa,, o si sólo se inhibió el conocimiento del asunto por estimar que era de naturaleza administrativa, lo cual, podría implicar la orden de archivar el expediente como asunto concluido, equiparable al desechamiento de plano de la demanda civil. Concluyendo, que resultaba necesario que se aclararan las características y consecuencias jurídicas del acto reclamado, que permitieran pronunciarse puntual y adecuadamente respecto a la improcedencia de la demanda que dio origen a este asunto. Ahora, a fin de precisar con exactitud la competencia declinada en el asunto de origen, se estima necesario plasmar los antecedentes del acto reclamado: Mediante escrito presentado el diecisiete de febrero de dos mil veintidós, E*****, demandó del ***** entre otras cuestiones, la responsabilidad civil subjetiva (fojas 1 a 14 del anexo I de pruebas). En proveído de veintiuno de febrero de dos mil veintidós, la encargada del Despacho del Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, admitió la referida demanda bajo el número ****** ordenó emplazar a la parte demandada (fojas 15 y 16 del anexo I de pruebas). Por auto de diez de noviembre de dos mil veintidós, se tuvo por contestada la demanda, por el *****, a través de su apoderado legal, oponiendo sus excepciones y defensa, entre ellas la de incompetencia, dando vista a la contraria por el término de tres días, para que manifestara lo que a su interés conviniera (foja 118 del anexo I de pruebas). El quince de diciembre de dos mil veintidós, el Juez de origen, resolvió lo relativo a la excepción procesal de incompetencia, en los términos siguientes: ".PRIMERO.- Se declara procedente la EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA planteada por la parte demandada I***, con base en las razones expuestas en esta resolución, en consecuencia: SEGUNDO.- Una vez que cause estado la presente resolución, mediante oficio remítase el expediente junto con los documentos exhibidos al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a fin de que se avoque al conocimiento del presente asunto." Inconforme con esa determinación, la quejosa interpuso recurso de apelación, que por razón de turno conoció la Segunda Sala Colegiada Civil de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, que lo registró con el número de toca ***** y mediante resolución de quince de febrero de dos mil veintitrés, confirmó la resolución impugnada (fojas 28 a 42 del anexo II de pruebas). La anterior determinación constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional. Con base en lo anterior, es posible concluir de modo manifiesto e indudable que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VIII, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. . Artículo 107. El amparo indirecto procede: . VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto." Ahora bien, la interpretación en sentido contrario de este último artículo y fracción, permite concluir que cuando el acto de autoridad que determine inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto no es el definitivo, el juicio de amparo será improcedente. En efecto, ya sea que una autoridad o tribunal se declare incompetente para conocer de un determinado asunto, o bien, que ello sea consecuencia de la formulación de una cuestión competencial, en cualquier caso existe un trámite que debe llevarse a cabo dentro del procedimiento o juicio e incluso, existen medios de defensa ordinarios que deben agotarse (cuando estén previstos) y no será hasta que la primera de las condiciones se actualice o, en su caso, se interpongan y se resuelvan los recursos correspondientes cuando podrá considerarse que el acto de que se trata es definitivo y por ende, ponderar si produce una afectación personal, real y directa en la esfera de derechos del interesado, lo que se actualizará, en el caso a examen, hasta que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido se inhibe en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria) y es en ese momento, en que emerge la afectación personal y directa a la esfera jurídica de derechos de la parte interesada. Así, debe considerarse que conforme a lo previsto en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, es esa última decisión la que resulta susceptible de ser impugnada, por ser en la que se producirá la afectación personal y directa a la esfera de derechos del gobernado. Ello, en una cuestión de competencia están involucradas al menos dos autoridades y cada una de ellas puede determinar si acepta o rechaza la competencia que le fue planteada por la otra; además, el hecho de que el precepto legal en examen expresamente no lo determine así, no significa que sea posible impugnar cada una de las decisiones que las autoridades van tomando en el trámite de esas cuestiones, porque ello implicaría asumir una interpretación que no es congruente con los principios rectores del juicio de amparo contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni así tampoco con uno de los fines que previó el legislador en la reforma en materia de amparo, que tiene que ver, precisamente, con la necesidad de no obstaculizar el desarrollo de los procedimientos. Así, cuando una de las partes en un procedimiento tiene la pretensión de que sea una determinada autoridad u órgano jurisdiccional el que conozca del asunto y no otra, la afectación se produce cuando la autoridad correspondiente llega a la determinación de que es competente y acepta la competencia declinada, o bien, acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto. Esto es, en la cuestión de competencia por declinatoria, cuando la autoridad correspondiente considera que, efectivamente, no es competente, emitirá una declaratoria y en el caso de la inhibitoria, si la autoridad o tribunal que no está conociendo del asunto estima que sí es competente, solicitará a la que conozca de aquél que se inhiba. No obstante, la declaratoria o la solicitud en uno u otro caso no constituyen aún determinaciones susceptibles de impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, ya que ello se estaría supeditando a un acto cuya afectación no se ha materializado, porque las decisiones mediante las cuales una autoridad declina competencia a favor de otra, o requiere a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto, no tiene como consecuencia forzosa la aceptación de la competencia, sea por declinatoria o inhibitoria, porque bien podría darse el caso de que se rechace aquélla y será hasta en ese momento cuando se produzca una afectación personal y directa a la esfera de derechos del gobernado. En conclusión, será hasta ese momento cuando la incidencia en los derechos de los gobernados cobre una especial relevancia, con independencia de que la incompetencia sea por razón de la vía, del fuero, de la materia o del territorio, ya que si bien alguna de ellas podría traer como consecuencia que un procedimiento o juicio se tramite no sólo por una autoridad incompetente sino con base en reglas distintas a las del fuero al que originalmente corresponde. Luego, la afectación personal y directa que representa una cuestión competencial, en los términos indicados, se produce precisamente cuando tales actos en los que se determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, sean aquéllos en los que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido se inhibe en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria) y no antes. En consecuencia, para que se actualice el supuesto de procedencia previsto en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, es necesario que el acto de autoridad en el que se decline o inhiba la competencia, produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica del interesado, lo que acontecerá cuando tal acto sea definitivo, es decir, cuando la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta o bien la rechace y no antes. Por lo que si la declinación de competencia fue remitirla al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se evidencia que no es la definitiva para considerar que procede el amparo indirecto, pues sería en el caso, que el tribunal declinante la acepte o la rechace el conocimiento del expediente de origen; circunstancia que en la especie no acontece. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 17/2015, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo I, libro 21, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, agosto de dos mil quince, décima época, con número de registro 2009721, del rubro y texto siguientes: .... De igual forma apoya lo anterior, la tesis aislada VII.2o.C.65K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 2417, Tomo III, libro 72, Noviembre de dos mil diecinueve, décima época, con número de registro 2021060, del rubro y texto siguientes: .... De lo expuesto se obtiene que la resolución reclamada no constituye el acto definitivo para la procedencia del juicio de amparo biinstancial a que se refiere el artículo 107, fracción VIII, de la ley de la materia, es decir, aquél en que la autoridad a favor de la cual se declina la competencia la acepta (tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa), pues, a través de la resolución reclamada únicamente la autoridad responsable determinó carecer de competencia. Por tanto, para que se pueda considerar que dicho acto lesiona la esfera jurídica de la parte quejosa, debe materializarse una afectación real lo cual ocurrirá cuando la autoridad correspondiente acepte la competencia declinada. En tales condiciones, se actualiza el supuesto de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VIII, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; por tanto lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio. sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2833, Tomo CXXV, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. El sobreseimiento puede dictarlo el juez en cualquier momento en que proceda, sin importar que se haya o no celebrado la audiencia, y eso no significa la indefensión del quejoso, porque se le dio entrada a la demanda." No obstante a lo anterior, que a la fecha transcurre el plazo previsto en el citado numeral 117 de la legislación en cita, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado precisado, pues de las constancias de autos se advierte que no ha sido enviado el juicio de origen al tribunal al que se declinó la competencia, lo que equivaldría en una dilación contraviniendo lo dispuesto por el artículo 17 de la Carta Magna. Consecuentemente, se deja sin efectos la citación para la celebración de la audiencia constitucional fijada para las nueve horas con treinta y ocho minutos del siete de junio de dos mil veintitrés, háganse las anotaciones respectivas. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintitrés de mayo de dos mil veintitrés. INFORME JUSTIFICADO Intégrese el oficio signado electrónicamente por el Magistrado Presidente de la Segunda Sala colegiada Civil de Toluca, Estado de México, a través del cual, rinde su informe justificado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el término de ocho días para que manifiesten lo que a su interés convenga. PRUEBAS En ese orden, de conformidad con el artículo 119 y 123 de la ley de la materia, se tiene como prueba del oficiante las documentales que adjunta; dada su naturaleza se tienen por admitidas y desahogadas, debiendo dar cuenta con ellas en la audiencia constitucional. Formese los anexos correspondientes. SE LEVANTA RESERVA Por otra parte, del estado procesal que guardan los autos, se advierte que en auto de tres de mayo de la presente anualidad, se ordenó reservar proveer respecto de a quién le recae el carácter de tercero interesado en el presente juicio, hasta en tanto no se contara con el informe justificado de la autoridad responsable, situación que en esta fecha acontece. Por tanto, de conformidad en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tiene como terceros interesados al Instituto Mexicano del Seguro Social; por tanto, a efecto de que se emplace a juicio a la tercero interesada gíresele oficio con copia del escrito de demanda, haciéndole saber el derecho que tiene para apersonarse, ofrecer pruebas y formular alegatos. Finalmente, requiérase al Juez Segundo Civil del Distrito Judicial del Toluca, Estado de México, para que dentro del término de tres días, a partir de su legal notificación, informe el estado procesal que guarda el expediente ******************** relativo al juicio ordinario civil, con relación a la excepción de incompetencia en razón de materia declinada el quince de diciembre de dos mil veintidós, al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Con el apercibimiento, que en caso de ser omiso a lo anterior, o no manifestar su imposibilidad para tal efecto, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá a la persona física que ostente el cargo una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización. Notifíquese.
- Incidental
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 128, 144 y 146 de la Ley de Amparo, se; RESUELVE: ÚNICO. Se niega a ******, por propio derecho, la suspensión definitiva solicitada en contra de la autoridad responsable y acto reclamado señalados en el considerando primero, en términos de lo expuesto el diverso tercero de la presente interlocutoria. Notifíquese.
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