Erika Leticia Florina Hinojosa Díaz
Expediente 1965/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 20 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1965/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 26/08/2016
Partes del expediente
- Erika Leticia Florina Hinojosa Díaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Incidental
Toluca, Estado de México; veintiséis de agosto de dos mil dieciséis. Visto el auto que se dictó en esta fecha en el cuaderno principal del que deriva esta incidencia, mediante el cual se acordó lo conducente respectó a la ejecutoria, por lo que procede declarar sin materia este incidente de suspensión y dejar sin efecto las medidas decretadas en el mismo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado José Jiménez Sarmiento, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/2900/2016, de veintiocho de junio de dos mil dieciséis, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa asistido ante el licenciado Erik Roberto Frías Guerrero, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintiséis de agosto de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, de la que se colige que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la nueva Ley de Amparo, sin que las partes legitimadas hubiesen recurrido la sentencia emitida en el presente asunto, en la que se sobreseyó el presente asunto; en consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), de la ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado ejecutoria, para los efectos legales a que haya lugar. Lo anterior, de conformidad con lo sustentado en la jurisprudencia, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, julio de 203, página 23, que es del tenor siguiente: REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir. Así mismo, la diversa tesis publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, enero de dos mil dieciséis, página 3424, que es del tenor siguiente: REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE CARECE DE LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA INTERPONER ESE RECURSO, CUANDO SE SOBRESEA RESPECTO DEL ACTO QUE DE ELLA SE RECLAMA. La legitimación para impugnar la sentencia dictada en un juicio de amparo indirecto a través del recurso de revisión, previsto en el artículo 87 de la ley de la materia, se actualiza en favor de la autoridad responsable únicamente cuando afecta el acto que de ella se reclama, lo que no ocurre cuando se decrete el sobreseimiento respecto de éste. En el libro de gobierno háganse las anotaciones y archívese el presente juicio, glósese únicamente el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio y resguárdese el duplicado de éste, hasta en tanto transcurran seis meses a partir del proveído que se dicta y, fenecido dicho plazo, procédase a su destrucción, conforme a lo que establece el capítulo quinto, punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto 01/2009. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De acuerdo con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II, de dicho punto, al ser un juicio de amparo sobreseído. c) Igualmente, de conformidad a lo dispuesto en la fracción III, del punto Vigésimo primero del multicitado acuerdo, el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio es susceptible de depuración, pues se negó y concedió la medida cautelar solicitada respecto de todos los actos reclamados. d) Empero el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente juicio es susceptible de destrucción dentro del término de seis meses, de conformidad a lo dispuesto en la fracción III, del punto Vigésimo del citado acuerdo; en consecuencia, resguárdese para los fines descritos. Finalmente, devuélvanse al Inspector General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México, las constancias que acompañó al rendir su informe justificado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado José Jiménez Sarmiento, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/2900/2016, de veintiocho de junio de dos mil dieciséis, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa asistido ante el licenciado Erik Roberto Frías Guerrero, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
Con fundamento en el artículo 221 del Código federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, se agrega a los autos para los efectos legales conducentes el oficio signado por la actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, por medio del cual remite el cuaderno original del incidente de suspensión derivado del juicio de ampar**/2015 del índice de este juzgado; asimismo el testimonio de la resolución de seis de mayo de dos mil dieciséis emitida en los autos del incidente en revisión**/2016, por la cual el Pleno del órgano colegiado de su adscripción determinó: "PRIMERO. En la materia del recurso, se confirma la interlocutoria recurrida. - - - - - SEGUNDO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por****, para los efectos precisados en este fallo."
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 1965/2015, promovido por *******, contra actos del Consejo Directivo de la Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México y otra autoridad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito de demanda recibido el cuatro de diciembre de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, recibido en este juzgado en la misma fecha, Erika Leticia Florina Hinojosa Díaz solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra las autoridades y los actos que a continuación se describen: AUTORIDADES RESPONSABLES: "EMISORAS DEL ACTO A) EL CONSEJO DIRECTICO DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO. EJECUTORA DEL ACTO B) EL COMISIONADO ESTATAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO." ACTOS RECLAMADOS: "DE LA AUTORIDAD EN SU CARÁCTER DE ORDENADORA: 1). RECLAMO LA ACCIÓN QUE DERIVÓ DE LA ILEGAL Y ARBITRARIA DECLARACIÓN O PRONUNCIAMIENTO DEFINITIVO EN EL EXPEDIENTE NÚMERO IGISPEM/SAPA/095/2015 DE FECHA DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, EN LA QUE SIN ESTAR DEBIDAMENTE NOTIFICADO Y QUE CON MOTIVO SIN CONCEDER DE LA IRREGULARIDAD ADMINISTRATIVA ATRIBUIDA A MI PERSONA, EN EL DESEPEÑO DE MIS FUNCIONES COMO INTEGRANTE DEL CONSEJO TÉCNICO INTERDISCIPLINARIO DEL CENTRO PREVENTIVO Y DE READAPTACIÓN SOCIAL DE TENANGO DEL VALLE, ESTADO DE MÉXICO, SE ME PRETENDA MATERIAL, FÍSICA E INMEDIATAMENTE DESTITUIRME E INHABILITARME DEL CARGO O COMISIÓN QUE TENGO, SIN QUE DICHA RESOLUCIÓN HAYA CAUSADO EJECUTORIA Y SIN ESTAR DEBIDAMENTE NOTIFICADO." DE LA AUTORIDAD EN SU CARÁCTER DE EJECUTORA: 1). RECLAMO EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN QUE DERIVADO DE LA ILEGAL Y ARBITRARIA DECLARACIÓN O PRONUNCIAMIENTO DEFINITIVO EN EL EXPEDIENTE NÚMERO IGISPEM/SAPA/095/2015 DE FECHA DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, EN LA QUE SIN ESTAR DEBIDAMENTE NOTIFICADO Y QUE CON MOTIVO SIN CONCEDER DE LA IRREGULARIDAD ADMINISTRATIVA ATRIBUIDA A MI PERSONA, EN EL DESEPEÑO DE MIS FUNCIONES COMO INTEGRANTE DEL CONSEJO TÉCNICO INTERDISCIPLINARIO DEL CENTRO PREVENTIVO Y DE READAPTACIÓN SOCIAL DE TENANGO DEL VALLE, ESTADO DE MÉXICO, SE ME PRETENDA MATERIAL, FÍSICA E INMEDIATAMENTE DESTITUIRME E INHABILITARME DEL CARGO O COMISIÓN QUE TENGO, SIN QUE DICHA RESOLUCIÓN HAYA CAUSADO EJECUTORIA Y SIN ESTAR DEBIDAMENTE NOTIFICADO." SEGUNDO. La parte quejosa señaló como derechos constitucionales violados, los consagrados en los artículos 1º, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Mediante auto de siete de diciembre de dos mil quince, este juzgado admitió a trámite la demanda de amparo, se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional y se requirieron los informes justificados a las autoridades responsables. CUARTO. En proveído de veintidós de febrero de dos mil dieciséis, se difirió la audiencia constitucional en última ocasión, la cual inició al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de la presente sentencia. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. El Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción III, de la Ley de Amparo; 48 y 52, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues los actos son reclamados provienen de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, ejecutados dentro de la jurisdicción territorial de este juzgado. SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados se hacen consistir en los siguientes: 1. La resolución de doce de noviembre de dos mil quince, dictada en el procedimiento IGISPEM/SAPA/095/2015, mediante la cual se decretó la destitución del empleo, cargo o comisión e inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por el término de cuatro años, al haberse demostrado la existencia de responsabilidad administrativa disciplinaria atribuible a la quejosa, como integrante del Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Preventivo y de Readaptación Social de Tenango del Valle, Estado de México. 2. La ejecución de dicha resolución. 3. La falta y/o notificación (ilegal) de la resolución de doce de noviembre de dos mil quince, dictada en el procedimiento IGISPEM/SAPA/095/2015. Se hace la anterior precisión, en atención a la lectura íntegra de la demanda, pues este juzgado de amparo determina tomar en consideración los datos de tal escrito, en un sentido congruente con todos sus elementos, la totalidad de la información del expediente del presente juicio, así como la intencionalidad de la parte quejosa, es decir, lo que quiso decir, porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto, para determinar la cuestión efectivamente planteada, en términos del artículo 76 de la Ley de Amparo. Se estima aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia número 19, que se aprecia en la página 17, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, del Tomo VI, Materia Común, cuyos rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." TERCERO. De acuerdo con la técnica jurídica que rige al juicio de amparo, conviene pronunciarse ahora sobre la certeza o inexistencia de los actos que se tildan de inconstitucionales, pues por razón de método dicho proceder debe ocurrir en toda sentencia de amparo y sólo en el caso de su existencia, lo aleguen o no las partes, el tribunal que conoce del procedimiento podrá estudiar las causas de improcedencia aducidas o las que en su criterio se actualicen, para por último y de ser procedente el juicio, entrar al análisis del fondo del asunto. Esto de conformidad con la jurisprudencia 10, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, publicada en la página 68, Tomo 76, de abril de 1994, Octava Época, que dice: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." El Representante Legal del Organismo Público Descentralizado denominado Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México, al rendir informe justificado omitió manifestar si son ciertos o no los actos que se le atribuyen, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 117 de la ley de Amparo, procede presumir cierta la existencia delos actos reclamados, máxime que del contenido del informe de mérito se obtiene la existencia de la resolución reclamada. De igual forma, se advierte la existencia de la notificación de la resolución de doce de noviembre de dos mil quince, dictada en el procedimiento IGISPEM/SAPA/095/2015. Lo anterior se acredita con las constancias remitidas por dicha autoridad, consistente en copia certificada del expediente IGISPEM/SAPA/095/2015; a la cual se concede valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, exhibido por las responsables conjuntamente con su informe justificado. Resulta aplicable la tesis publicada en la página 391, del Semanario Judicial de la Federación, tomo XIV, Julio de 1994, Octava Época, Materia Común, de contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe. Y la jurisprudencia 226, publicada en la página 143 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, Materia Común, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por su parte, el Director General de Asuntos Jurídicos en representación sustituta del Comisionado Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de México, negó la existencia de la ejecución que la quejosa le reclama, no obstante dicha manifestación, con apoyo en el artículo 117 de la ley de Amparo, procede presumir cierta la ejecución imputada a esa autoridad, toda vez que de la lectura de la resolución de doce de noviembre de dos mil quince, en su resolutivo cuarto, se establece que el Comisionado Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de México, deberá dar cumplimiento al resolutivo segundo, esto es, ejecutar la destitución del cargo que ostenta la quejosa. CUARTO. El análisis de las causas de improcedencia es de orden público y estudio preferente, independientemente que lo aleguen o no las partes, como lo prevé el artículo 62 de la Ley de Amparo. Se estima aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia número 814, que se aprecia en la página 553, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, cuyos rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Así también, la diversa jurisprudencia número 158, consultable en la página 262, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1985, Parte VIII, Materia Común, Quinta Época, que textualmente dispone: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes lo aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Para que el Juez de amparo pueda resolver el fondo de la cuestión planteada por el quejoso, es necesario previamente que la acción intentada sea procedente, es decir, que no exista un obstáculo que impida pronunciarse sobre el fondo del asunto. Estos obstáculos se denominan causales de improcedencia. Así, la improcedencia es una institución procesal en virtud de la cual, en un primer momento del juicio de amparo, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos procesales que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a proveer, y si no lo están, de una manera manifiesta y ostensible, debe sobreseer en el juicio, abstenerse de conocer de ella y limitarse a emitir una providencia en la que se expresen los motivos por los cuales estimó que no se puede entrar al estudio del asunto, por faltar los presupuestos necesarios. En suma, la improcedencia constituye un obstáculo que impide se resuelva sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado ante la falta de oportunidad, fundamento o derecho para acudir ante la potestad jurisdiccional. Lo que se traduce en un obstáculo insalvable que impide el pronunciamiento de fondo ante la falta de oportunidad o pertinencia de la acción intentada. De oficio este órgano jurisdiccional advierte que en el caso y respecto de los actos reclamados (sentencia de doce de noviembre de dos mil quince, dictada en el procedimiento IGISPEM/SAPA/095/2015, así como su notificación) se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo. Es importante destacar, que debido a la naturaleza de los actos reclamados, el cual es dictado por una autoridad administrativa distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, debe aplicarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, pues acorde con la legislación que rige el actuar de la responsable (artículos 1º y 2º de la Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado denominado Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México), se erige como una autoridad con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizada a la Secretaría de la Contraloría, cuyo objeto es vigilar, supervisar, inspeccionar e investigar que la prestación del servicio público se rija por los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia y el respeto a los derechos humanos que deben observar en el desempeño de sus empleos, funciones, cargos o comisiones los servidores públicos de las instituciones de seguridad pública, entre otros; de ahí que si bien la determinación reclamada en este procedimiento constitucional fue emitida en un procedimiento seguido en forma de juicio, su naturaleza es netamente administrativa. Así, el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia." El precepto legal transcrito colige que antes de acudir a esta instancia constitucional, debe agotarse el medio de defensa legal ordinario que establezca la ley aplicable, en observancia al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, pues de lo contrario, imperaría el arbitrio de la parte agraviada, quien por el sólo hecho de señalar violaciones a sus derechos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar el medio ordinario de defensa que la ley secundaria establece, en su caso. La esencia de este principio resalta por sí misma, pues procura que el amparo sea la instancia final que permita la anulación de actos de autoridad violatorios de derechos humanos, razón por la cual, si el resultado que pretende el agraviado puede obtenerlo mediante el uso de instrumentos ordinarios, es por ello que se busca impedir la utilización innecesaria del proceso constitucional o la confusión en el uso de los medios de impugnación que interrumpan los procedimientos ordinarios y, en muchos de los casos, que se produzcan resoluciones contradictorias dentro de dichos procedimientos, he aquí la importancia del aludido principio de definitividad. De la cita que antecede, se tiene que cuando exista un medio ordinario de defensa por virtud del cual pueda modificarse, revocarse o nulificarse el acto que se reclama y que conforme a las leyes que lo rijan proceda la suspensión de sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los requeridos por la ley de la materia, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, el juicio de amparo será improcedente. a) Actualización de la causa de improcedencia de la notificación reclamada. La quejosa aduce que la autoridad responsable omitió notificarle la resolución de doce de noviembre de dos mil quince, dictada en el procedimiento administrativo IGISPEM/SAPA/095/2015, mediante la cual se decretó la destitución del empleo, cargo o comisión e inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por el término de cuatro años, al haberse demostrado la existencia de responsabilidad administrativa disciplinaria atribuible a la quejosa, como integrante del Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Preventivo y de Readaptación Social de Tenango del Valle, Estado de México. Tal aseveración es incorrecta, pues del análisis del expediente remitido, se obtiene que la resolución combatida se notificó a la quejosa el veintiséis de noviembre de dos mil quince (fojas 1867 y 1968 del anexo), diligencia que se efectuó a través del autorizado de la amparista, de nombre Vicente Sócrates Cruz Carrada, persona que la propia quejosa autorizó en escrito presentado ante la responsable el diecinueve de agosto de dos mil quince (fojas 735 a 743 del anexo), acordada favorablemente en auto de la misma fecha (fojas 732 a 734 del anexo); por tanto, la notificación realizada de la resolución debió combatirse mediante la declaración de nulidad prevista en el artículo 261 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, cuya literalidad es: "Artículo 261. Las notificaciones que no fueren hechas conforme a lo dispuesto en este Código, serán nulas. En este caso la parte perjudicada podrá pedir que se declare la nulidad dentro de los tres días siguientes a aquél a que conoció el hecho, ofreciendo pruebas pertinentes en el mismo escrito en que se promueva la nulidad. Si se admite la promoción de nulidad, el magistrado resolverá en un plazo de tres días. En el caso de que se declarara la nulidad, la sala ordenará reponer el procedimiento a partir de la notificación anulada." Del precepto descrito se establece la posibilidad de combatir mediante la declaración de nulidad, las notificaciones que no fueren hechas conforme a lo dispuesto en el referido Código, medio por el cual la notificación reclamada en este juicio puede ser nulificada. Es así, con base en las siguientes consideraciones: 1. La notificación reclamada proviene de una autoridad administrativa. 2. El Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México concede la posibilidad de que las notificaciones que no fueren hechas conforme a lo dispuesto en ese Código, serán nulas, en cuyo caso la parte perjudicada podrá pedir se declare la nulidad, de conformidad con el ordinal 261. 3. Dicho medio de impugnación es susceptible de hacerse valer, y 4. Por virtud de la declaración de nulidad, la multicitada notificación, en caso de declararse nula, la autoridad responsable ordenará reponer el procedimiento a partir de la notificación, esto es, tal nulidad abarca la insubsistencia de los actos derivados de falta de notificación reclamada. En ese orden, el medio de defensa legal idóneo para combatir la notificación de la resolución de doce de noviembre de dos mil quince, es la declaración de nulidad, en términos del artículo 261 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, actualizándose la hipótesis normativa prevista en la fracción XX del ordinal 61 de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso la jurisprudencia P./J. 3/2001 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 8, tomo XIII, Enero de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "LEYES QUE RIGEN LOS ACTOS" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE LA MATERIA. El artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo previene que el juicio de amparo es improcedente: "Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal ... que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. ...". Ahora bien, del contenido de este precepto, se advierte que no se indica qué debe entenderse por "leyes que rijan los actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo", a fin de establecer si es necesario o no agotar el recurso, juicio o medio de defensa legal procedente, siempre que proceda la suspensión definitiva, sin exigirse mayores requisitos que los que la propia Ley de Amparo establece para conceder dicha medida, independientemente que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido conforme a dicha ley. Sin embargo, la intención del legislador al referirse a "leyes que rigen los actos", no pudo ser otra, más que la de considerar, a aquellos ordenamientos legales (entendiendo por éstos a las leyes propiamente), que guardan relación con dichos actos, ya sea por haber establecido su nacimiento o instauración, su regulación, efectos, o bien, sus formas de impugnación, en la inteligencia que no siempre tales actos serán normados por un solo cuerpo legal, sino que puede darse el caso de que lo sea por varios, e incluso sólo en uno se prevenga lo relativo al recurso, juicio o medio de impugnación que proceda contra ellos, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Es decir, para determinar cuáles son las leyes que rigen el acto y así tener pleno conocimiento sobre el recurso, juicio o medio de defensa legal que en contra del mismo se debe agotar previamente al amparo, debe atenderse a la relación que guardan esas leyes con dicho acto, sobre todo aquella que establece propiamente el medio de defensa en cuestión y, si además se cumplen los demás requisitos previstos en el citado artículo 73, fracción XV, para así estimar que es obligatorio agotarlo." Y por analogía, la jurisprudencia publicada con el número 573, en la página 515, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo texto y rubro son: "RECURSOS ORDINARIOS, AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclaman actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73, fracción XIII, de la invocada Ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la Ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional". Bajo tales condiciones, este órgano de control constitucional concluye que la notificación reclamada, que la quejosa pretende ventilar en el presente asunto, puede ser combatida mediante la declaración de nulidad ante la autoridad emisora de la sentencia de doce de noviembre de dos mil quince, en términos de la legislación que rige la actuación de la responsable, para así observar el principio de definitividad que rige a este juicio de amparo. No obsta a lo anterior, el hecho de que la quejosa aduzca habérsele dejado inaudita ante la falta de notificación de la resolución también reclamada, ya que no tiene el carácter de tercera extraña para que esté exenta de promover la declaración de nulidad. Es así, porque de las constancias de los autos del procedimiento IGISPEM/SAPA/095/2015, se obtiene que la radicación del mismo le fue notificada el veintiocho de enero de dos mil quince, mediante el oficio 210D11000/87/2015 (foja 188 del anexo), circunstancia que hace evidente que la amparista tuvo conocimiento del procedimiento desde la fecha mencionada, incluso como quedó narrado, se apersonó al procedimiento, autorizó a diversas, formuló alegatos y ofreció pruebas (foja 735 a 743 del anexo), razón por la cual no debe considerársele tercera extraña, y de esa forma encuadrar en la causa de excepción al principio de definitividad. b) Actualización de la causa de improcedencia de la resolución de doce de noviembre de dos mil quince, dictada en el procedimiento IGISPEM/SAPA/095/2015. En la referida resolución, mediante la cual se decretó la destitución del empleo, cargo o comisión e inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por el término de cuatro años en perjuicio de la quejosa, al haberse demostrado la existencia de responsabilidad administrativa disciplinaria, como integrante del Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Preventivo y de Readaptación Social de Tenango del Valle, Estado de México, procede el juicio administrativo, en términos de lo dispuesto en el artículo 139 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, el cual dispone: "Artículo 139. Tratándose de resoluciones desfavorables a los derechos e intereses legítimos de los particulares, las autoridades administrativas deberán informarles al momento de la notificación, el derecho y plazo que tienen para promover el recurso de inconformidad o el juicio ante el Tribunal." Sobre este tenor, se colige que el acto reclamado debió combatirse a través de ese medio de defensa previsto en el artículo 139 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, para considerar satisfecho el principio de definitividad que rige a este juicio de amparo. Se estima lo anterior, en virtud de que el referido código, en su artículo 139, el cual debe interpretarse conjuntamente con el diverso 186 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que prevé: "Artículo 186. Contra los actos y resoluciones de las autoridades administrativas y fiscales, los particulares afectados tendrán la opción de interponer el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad o el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Cuando se esté haciendo uso del recurso de inconformidad, previo desistimiento del mismo, el interesado podrá promover el juicio ante el propio Tribunal. La resolución que se dicte en el recurso de inconformidad también puede impugnarse ante el Tribunal. Para los efectos del párrafo anterior, tienen el carácter de particulares las personas afectadas en sus intereses jurídicos o legítimos por los actos y resoluciones reclamados, incluyendo a los servidores públicos que se les atribuya alguna causal de responsabilidad administrativa y los integrantes de los cuerpos de seguridad pública que sean molestados en sus derechos e intereses, en términos de las leyes aplicables." Normativa que otorga a los justiciables la opción de interponer el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. En ese sentido, si el artículo 139 de la codificación en análisis prevé la posibilidad de impugnar las resoluciones desfavorables a los derechos e intereses legítimos de los particulares, mediante el juicio ante el Tribunal Administrativo, es evidente que la quejosa debió acudir a esa instancia previamente a promover el presente juicio de amparo, para así satisfacer el principio de definitividad y hacer procedente el juicio constitucional. Es así, porque el numeral 139 otorga la posibilidad a los particulares, en este caso a la quejosa, entendida ésta como la persona susceptible a ser perjudicada por un acto administrativo o fiscal en sus derechos e intereses legítimos, de acuerdo al artículo 111 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que dice: "Artículo 111. Los particulares podrán participar en el procedimiento administrativo con el carácter de peticionario, afectado o tercero interesado. Es peticionario quien hace a la autoridad administrativa una solicitud. Afectado es la persona susceptible a ser perjudicada por un acto administrativo o fiscal en sus derechos e intereses legítimos. El tercero interesado es aquél que tiene una pretensión contraria o coincidente con la del peticionario." En ese orden, resulta evidente que la amparista estaba en posibilidad de promover el juicio administrativo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Así, para hacer patente la actualización de la causa de improcedencia invocada, es necesario establecer que el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, prevé la suspensión de los actos reclamados sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo. Para clarificar tal aserto, se tiene presente que la Ley de Amparo, en sus artículos 128 y 132 establece los requisitos para conceder la suspensión, como sigue: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." "Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos." En contraste, los artículos 254 a 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, relativo a la suspensión de los actos administrativos, establecen: "Artículo 254. La suspensión del acto impugnado se decretará de oficio o a petición de parte. Sólo procede la suspensión de oficio cuando se trate de multa excesiva, confiscación de bienes, privación de libertad por autoridad administrativa y actos que de llegar a consumarse harían físicamente imposible restituir al actor en el pleno goce de sus derechos. Esta suspensión se decretará de plano por el magistrado de la sala regional, en el mismo acuerdo en que se admita la demanda. En los demás casos, la suspensión podrá solicitarla el actor en el escrito de demanda o en cualquier momento, mientras se encuentre en trámite el proceso administrativo, ante el magistrado de la sala regional que conozca del asunto. Cuando se otorgue la suspensión, se comunicará sin demora a la autoridad demandada para su inmediato cumplimiento." "Artículo 255. La suspensión tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, en tanto concluye el proceso administrativo. No se otorgará la suspensión sino a solicitud de parte, si se sigue perjuicio al interés social, si se contravienen disposiciones de orden público o se deja sin materia el juicio. La suspensión podrá concederse con efectos restitutorios siempre que proceda el otorgamiento de la medida cautelar genérica, cuando se trate de actos privativos de libertad decretados por autoridad administrativa, cuando se actualicen a favor del particular la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora o bien, cuando a criterio del magistrado sea necesario otorgarle estos efectos con el objeto de conservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular. La suspensión podrá ser revocada o modificada por la sala, en cualquier momento del juicio, previa vista que se conceda a los interesados en un plazo de tres días, si varían las condiciones en las cuales se otorgó." "Artículo 256. Tratándose de multas, impuestos, derechos o cualquier otro crédito fiscal, el magistrado discrecionalmente podrá conceder la suspensión sin necesidad de que se garantice su importe. Cuando a criterio del magistrado fuere necesario garantizar los intereses del fisco, la suspensión del acto reclamado se concederá, previo aseguramiento de los mismos, en cualquiera de las formas que se establecen en las disposiciones fiscales relativas, a menos que la garantía se hubiese constituido de antemano ante la autoridad demandada." "Artículo 257. En los casos en que proceda la suspensión pero pueda ocasionar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el actor otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella se causaren, si no obtiene sentencia favorable en el juicio. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos de terceros no estimables en dinero, el magistrado que conozca del asunto fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión otorgada quedará sin efecto si el tercero da, a su vez, caución bastante para que las cosas se mantengan en el estado en que se encontraban al momento de la violación y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al actor, en el caso de que éste obtenga sentencia favorable. Para que surta efecto, la caución que ofrezca el tercero, deberá cubrir previamente el costo de la que hubiese otorgado el actor." "Artículo 258. En los casos en que la suspensión sea procedente, ésta se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento administrativo en el que se haya emitido el acto impugnado hasta dictarse resolución que ponga fin al mismo, a no ser que la continuación del procedimiento deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al actor." "Artículo 259. El acuerdo del magistrado de sala regional que conceda la suspensión del acto impugnado, surtirá sus efectos desde luego, aunque se interponga el recurso de revisión. El acuerdo en que se niegue la suspensión deja expedita la facultad de la autoridad demandada para la ejecución del acto impugnado, aún cuando se interponga el recurso de revisión; pero si la sección de la sala superior revoca el acuerdo recurrido y concede la suspensión, ésta surtirá sus efectos de manera inmediata." "Artículo 260. Para hacer efectivas las garantías otorgadas con motivo de la suspensión, el interesado deberá solicitarlo dentro de los 15 días siguientes a la notificación del auto que declare ejecutoriada la sentencia o la ejecutoria respectiva. La sala dará vista a las demás partes por un término de tres días y citará a una audiencia de pruebas y alegatos dentro de los tres días siguientes, en la que dictará la resolución que corresponda." Como se advierte, en lo que aquí interesa, los artículos transcritos relativos a la suspensión del acto administrativo impugnado, prevén que la medida será concedida siempre que no se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público y sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. Bajo tales condiciones, este órgano de control constitucional concluye que el acto reclamado que nos ocupa, relativo a la resolución de doce de noviembre de dos mil quince, dictada en el procedimiento IGISPEM/SAPA/095/2015 y su ejecución, debió ser combatido mediante el juicio contencioso administrativo, en términos del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, pues no se exigen mayores requisitos para conceder la suspensión del acto impugnado, lo que evidencia que la parte quejosa previamente a promover la presente instancia constitucional, debió promover ese juicio, para así observar el principio de definitividad. Es aplicable la jurisprudencia PC.II.A. J/3 A (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo III, Materia Común, Décima Época, emitida por el Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito, cuyo contenido es: "SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDERLA QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO Y, POR TANTO, AQUELLA INSTANCIA DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL JUICIO CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los artículos 254 al 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que regulan la suspensión del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo, no se advierte que se exijan mayores requisitos para otorgarla que los consignados en los artículos 128 a 158 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, pues no disponen requisitos adicionales, sino sólo ciertas diferencias que atienden a las características propias de cada sistema; por tanto, al no existir excepción al principio de definitividad, aquella instancia debe agotarse antes de acudir al juicio constitucional." Y la tesis XIX.1 o.1 K, visible en la página 177, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, correspondiente al mes de abril de mil novecientos noventa y cinco, Novena Época, sustentada por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, que refiere: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. CORRESPONDE A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y NO A LOS PARTICULARES DETERMINAR SI DEBE AGOTARSE O NO. No basta que el peticionario de garantías haga valer en su demanda exclusivamente violaciones directas a la Constitución Federal para exonerarlo de agotar el principio de definitividad, sino que el juzgador debe examinar en cada caso concreto el acto autoritario para determinar si carece o no de la debida fundamentación, como exige el artículo 73, fracción XV, último párrafo, de la Ley de Amparo para proceder en consecuencia; ya que de otra manera quedaría al arbitrio del quejoso y no del órgano jurisdiccional determinar la procedencia del juicio de amparo con sólo invocar violaciones directas a la Ley Suprema, lo que no puede permitirse." Sumado a lo anterior, en el presente juicio no existe excepción alguna al principio de definitividad, toda vez que de la lectura del acto reclamado no se advierte que carezca de fundamentación, pues la responsable invocó lo preceptos que consideró correctos, con independencia de que ese actuar sea violatorio de derechos; de igual forma el juicio contencioso administrativo se encuentra previsto en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, legislación aplicable al procedimiento seguido en forma de juicio contra la quejosa, y no en diversa legislación, en el entendido de que en el resolutivo tercero del acto impugnado expresamente se indica la procedencia de este último medio de defensa ordinario y el plazo para interponerlo, y tal determinación fue notificada a la parte quejosa por conducto de su autorizado (fojas 1866 a 1868 del procedimiento administrativo de origen). Finalmente, como se ha expresado con antelación, la quejosa no se encuentra en el supuesto de ser tercera extraña al procedimiento, como lo aduce en su demanda, al afirmar que no estaba debidamente notificada. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio constitucional promovido por Erika Leticia Florina Hinojosa Díaz, en términos del numeral 63, fracción V de la legislación descrita. Sobreseimiento que debe hacerse extensivo a los actos de ejecución reclamados al Comisionado Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de México, al no haberse reclamado por vicios propios, conforme a lo que dispone la jurisprudencia VI. 2o. J/7 publicada en la página 690, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1988, Materia Común, Octava Época, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." Por todo lo anterior, este órgano jurisdiccional se encuentra jurídicamente impedido para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte inconforme. Las manifestaciones precedentes cobran aplicación en la jurisprudencia VI. 1o. J/23, publicada en la página 252 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 22-24, Octubre-Diciembre de 1989, Materia Común, Octava Época, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuya literalidad es: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto, fundado y motivado, con apoyo, además, en los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo en vigor, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 1965/2015, promovido por *********, contra los actos, autoridades y por los motivos señalados en el considerando último de esta sentencia.
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