Erika Ivethe Lemus Hernández

Expediente 1482/2021 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1482/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
21/01/2022

Partes del expediente

  • Erika Ivethe Lemus Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, veintiuno de enero de dos mil veintidós. Visto el estado actual que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, y del contenido de la certificación secretarial que antecede, se observa que a la fecha ha transcurrido el término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran el recurso de revisión contemplado por el numeral 81, fracción I, inciso e), de la citada legislación, en contra de la sentencia emitida en este asunto el tres de enero de dos mil veintidós, en la que se decretó el sobreseimiento; en consecuencia, con fundamento en el dispositivo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta legislación, se declara que dicho fallo ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados a este cuaderno; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído; además a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de este asunto, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada María Dolores Camacho Díaz, Secretaria que actúa y da fe.

  2. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, tres de enero de dos mil veintidós. Visto para resolver el juicio de amparo 1482/2021-I, promovido por Erika Ivethe Lemus Hernández, contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el cinco de noviembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, y recibido el día siguiente ante este Juzgado de Distrito, Erika Ivethe Lemus Hernández, promovió juicio de amparo indirecto, en el que como autoridad responsable y acto reclamado señaló lo siguiente: Autoridades responsables: a) Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de esta ciudad. Acto reclamado: "La omisión de la substanciación del juicio en la forma y términos previstos por los artículos 873 al 891 de la Ley Federal del Trabajo." Asimismo, manifestó bajo protesta de decir verdad los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, señaló como derechos fundamentales transgredidos los contenidos en los artículos 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y formuló el concepto de violación que estimó pertinente. SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda. Mediante auto emitido el nueve de noviembre de dos mil veintiuno, se ordenó formar expediente; se admitió a trámite; se requirió a las autoridades responsables su informe con justificación; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción la intervención legal que le compete; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional y una vez integrado el expediente tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, con residencia en Heroica Matamoros, es competente para conocer del presente juicio de amparo en términos de los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Es de establecerse que conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se determina la obligación que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan una fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como de la valoración de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. De lo anterior se deduce que para impartir una recta administración de justicia, si en el escrito de demanda no se aprecia en forma concreta el acto reclamado, el juez puede interpretarla en su integridad, precisando exactamente la intención del peticionario del amparo, cumpliendo así con lo dispuesto en el ordinal invocado. Así, del estudio integral de la demanda de amparo se desprende que los actos reclamados consisten en: a) La omisión de la autoridad responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, en administrar justicia en los plazos y términos que para tal efecto fija la Ley Federal del Trabajo, al no señalar fecha para el desahogo de la audiencia inicial dentro del expediente administrativo laboral 045/E06/2019. No escapa para este Juzgado de Distrito que la quejosa señala también como acto destacado: ".la substanciación del juicio en la forma y términos previstos por los artículos 873 al 891 del ordenamiento legal en cita, dilatando la substanciación del juicio sin razón legal."; y, ".las notificaciones personales que se deba realizar durante todo el procedimiento." Empero, se invoca como hecho notorio para este órgano jurisdiccional, que conforme a la resolución relativa al recurso de inconformidad 282/2013, de dieciocho de septiembre de dos mil trece, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el criterio sustentado en la jurisprudencia 2a./J. 45/2007, fue abandonado, al considerarse que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración de la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro el procedimiento laboral, en respeto de los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. El criterio que ahora se invoca, se encuentra publicado en la página 732 del Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que en su rubro y texto señala: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Luego entonces, como se dijo, los actos que aquí se analizarán se delimitaron en función de los mismos, conforme a la etapa específica donde se incurrió en la dilación u omisión reclamada." TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, pues de las constancias que remitiera la citada responsable como complemento a su informe justificado, no se advierte que haya llevado a cabo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas dentro del expediente administrativo laboral 045/E06/2019; de ahí que deban considerarse ciertos los actos que de ella se reclamaban; aún y cuando al rendir su informe justificado, hubiera negado su existencia. QUINTO. Causal de improcedencia. Previamente al estudio de los conceptos de violación, sea que las partes lo aleguen o no, lo conducente es analizar la existencia de alguna causa de improcedencia, por ser una cuestión de orden público en el juicio de amparo, de acuerdo con el numeral 62 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disposición que ha sido interpretada por la jurisprudencia 814, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 553, del tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." La quejosa carece de interés jurídico en el presente asunto, por lo que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. El dispositivo legal que contiene la causa de improcedencia invocada, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso." Del contenido del artículo y fracción transcritos se advierte que el juicio de amparo resulta improcedente en contra de aquellos actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso. Pero, previo a analizar la falta de interés jurídico del quejoso, se hará un estudio de dicha figura jurídica, con la finalidad de dar claridad a este asunto y motivar el dictado de esta sentencia. Para el caso, se trae a colación la jurisprudencia 2a./J. 141/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVI, diciembre de 2002, página 241, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. AMBOS TÉRMINOS TIENEN DIFERENTE CONNOTACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. De los diversos procesos de reformas y adiciones a la abrogada Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, y del que dio lugar a la Ley en vigor, se desprende que el legislador ordinario en todo momento tuvo presente las diferencias existentes entre el interés jurídico y el legítimo, lo cual se evidencia aún más en las discusiones correspondientes a los procesos legislativos de mil novecientos ochenta y seis, y mil novecientos noventa y cinco. De hecho, uno de los principales objetivos pretendidos con este último, fue precisamente permitir el acceso a la justicia administrativa a aquellos particulares afectados en su esfera jurídica por actos administrativos (interés legítimo), no obstante carecieran de la titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico), con la finalidad clara de ampliar el número de gobernados que pudieran accesar al procedimiento en defensa de sus intereses. Así, el interés jurídico tiene una connotación diversa a la del legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico." Según se ha precisado en la jurisprudencia temática, el interés jurídico presupone la existencia de un derecho subjetivo protegido por la ley, que es violado o desconocido, con lo cual se infiere un perjuicio a su titular, facultándolo para acudir ante los órganos jurisdiccionales a demandar que esa transgresión cese. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 167, 145-150 Tercera Parte, Séptima Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. La afectación de los intereses jurídicos debe realizarse de manera directa para que sea procedente el juicio de amparo. No acontece esa situación cuando es mediata la afectación que produce al promovente del amparo el acto de autoridad que éste reclama." Así como la diversa sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 173, 205-216 Tercera Parte, Séptima Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse solamente a base de presunciones." De lo anterior se obtiene que la vía constitucional sólo puede promoverse por quien resulte perjudicado con un acto de autoridad en su esfera jurídica, esto es, el perjuicio sufrido presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando es transgredido por la actuación del Estado, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional a reclamar el cese de esa violación, o sea, que el derecho protegido por la ley es lo que constituye el interés jurídico, para la procedencia del juicio de amparo. De igual forma, de acuerdo con el artículo 4o. de la ley de la materia, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o, en su caso, por la ley, esto es lo que se define como agravio personal y directo. El anterior criterio se sustenta en la tesis visible a fojas 224, del tomo II, Primera Parte, Julio a diciembre de 1988, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO QUÉ LO CONSTITUYE. El artículo 4º de la Ley de Amparo, contempla para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando este acto lesiona sus intereses jurídicos en su persona o en su patrimonio y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así como la tutela del derecho sólo comprende bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse de forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse a base de presunciones, de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados en la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de un agravio cuando los daños o perjuicio de una persona puede sufrir no afectan real y efectivamente sus bienes legalmente amparados." Una vez plasmadas las consideraciones que permiten establecer la naturaleza del interés jurídico en el juicio biinstancial, ahora se precisa que la peticionaria del amparo Erika Iveth Lemus Hernández omitió, en el presente asunto, acreditar dicho interés para promover la contienda constitucional, pues de las constancias de autos se deprende que no es parte en el expediente de origen, y tampoco allegó a este juicio documento alguno con el cual acredite que la omisión reclamada transgreda sus derechos fundamentales; lo que se hacía necesario ya que las eventuales omisiones en el controversial que señala en su demanda de amparo como origen del acto, no figura como parte. En efecto, Erika Iveth Lemus Hernández promueve este juicio señalando omisiones derivadas del expediente 045/E06/2019, pero no forma parte de la relación jurídico procesal habida en el mismo, y en este tenor, dada la inexistencia de acto de privación o de molestia alguno en su perjuicio, es que, se reitera, no acreditó su interés jurídico para comparecer a juicio, pues resulta ajeno a la titularidad de esos derechos que estima infringidos por la omisión reclamada, de ahí que este Juzgado de Distrito no pueda determinar si fueron o no transgredidos por la autoridad responsable, ya que se actualiza la causa de improcedencia enunciada al inicio del presente considerando. En consecuencia, dado que la impetrante no demostró que el acto reclamado afecte su interés jurídico, la presente instancia constitucional resulta improcedente en términos de la fracción XII del numeral 61, de la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del ordinal 63 de la invocada legislación. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 63, fracción V, 74, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de garantías promovido por Erika Iveth Lemus Hernández. Notifíquese. Así lo resuelve y firma el licenciado Edgar Ulises González González, Secretario del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, encargado del despacho en términos del artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del titular, autorizadas por el Consejo de la Judicatura Federal, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, secretario con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, seis de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos del presente juicio de garantías, se aprecia que la autoridad responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, no ha rendido su informe justificado, no obstante de estar debidamente notificada para ello, desde el diez de noviembre de dos mil veintiuno. Por tanto, a fin de estar en condiciones de resolver el presente asunto, con fundamento en el numeral 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, remita copia fotostática autorizada de la totalidad de las constancias relacionadas con los actos combatidos. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, o de no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, de la ley de la materia, se hará acreedora a una multa por la cantidad de $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos, moneda nacional), equivalente a cincuenta veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización. En consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional programada para esta fecha, y se fijan de nueva cuenta para su desahogo las diez horas con veinticinco minutos del tres de enero de dos mil veintidós. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.

  4. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el escrito firmado por Juan Martínez Moreno, mediante el cual solicita diversas copias certificadas; en tal razón, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2°, de la última legislación en cita, agréguese a sus autos sin pronunciamiento alguno, toda vez que el compareciente únicamente se encuentra autorizado para el efecto de oír y recibir notificaciones en este asunto. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Armando González Urbina, Secretario que actúa y da fe.

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