Erika Elideth Palacios Mata
Expediente 1072/2022 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1072/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/10/2022
Partes del expediente
- Erika Elideth Palacios Mata
Actuaciones
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación con que se da cuenta, se desprende que Erika Elideth Palacios Mata, no interpuso el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra del proveído emitido el diez de octubre de dos mil veintidós (fojas 19 a 24), en el cual se desechó su demanda de amparo; por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido, por lo que con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto en que sin decidirlo en lo principal se dio por concluido; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Finalmente, cabe precisar que el artículo 20, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, establece que en el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional dentro del plazo de noventa días hábiles a recuperar los documentos originales que en su caso hubieren exhibido en el expediente, con el apercibimiento que de no hacerlo en el término indicado éstos serán destruidos; sin embargo, toda vez que en el juicio en que se actúa no existen documentos originales presentados por las partes, es innecesaria dicha notificación personal. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Gilberto Anaya Camargo, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, catorce de octubre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el escrito signado por la quejosa Erika Elideth Palacios Mata, por el que solicita la devolución de los documentos que se anexaron al escrito inicial de demanda de amparo (fojas 11 a 16), los cuales deberán ser entregados a su autorizado licenciado Juan Pablo Correa Contreras; en consecuencia, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo, es de aplicación supletoria a ésta, agréguese a sus autos para que obre como corresponda. En atención a lo anterior, se autoriza la devolución de los documentos a que hace referencia la citada doliente, previo cotejo y copia certificada que de los mismos se dejen en autos, realizando constancia de la entrega respectiva, en virtud de no ser necesaria su retención. Asimismo, se le informa que este órgano jurisdiccional generó el QR impreso, por lo que deberá acudir a este Juzgado de Distrito el autorizado designado para tal efecto licenciado Juan Pablo Correa Contreras, con identificación oficial vigente, a las once horas del veinte de octubre de dos mil veintidós, a realizar las gestiones relativas a la devolución de los documentos antes aludidos. En consecuencia de lo anterior, se comisiona a la actuaria adscrita para que con el citatorio respectivo entregue el código QR correspondiente, para que el autorizado de la parte agraviada tenga la posibilidad de acceder a las instalaciones que ocupa este Juzgado de Distrito en la hora y fecha señaladas. Finalmente, se hace saber al citado profesionista que deberá respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva, evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Gilberto Anaya Camargo, secretario que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, diez de octubre de dos mil veintidós. Visto el escrito de demanda de amparo promovida por Erika Elideth Palacios Mata, contra el acto del Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad y de otra autoridad; regístrese en el libro respectivo con el número 1072/2022-VI. Se exhorta a las partes para que, de ser posible y tomando en consideración las dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"; atendiendo a ello, deberán haber solicitado la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, mismas que este juzgado debe haber autorizado, en el entendido de que la actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente. No obstante, para el caso de quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de su representante legal, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y las notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Ahora bien, de conformidad con el artículo 113 de la ley de la materia, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de derechos humanos que se recibe, numeral que es del tenor literal siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto faculta para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Así, en relación con ello, se precisa que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Al efecto, la parte quejosa señala como autoridades responsables, a las siguientes: Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad; y, Centro Médico Educativo y Cultural "Lic Adolfo López Mateo", sin número, colonia Pedro Sosa, código postal 87120, Ciudad Victoria, Tamaulipas. Asimismo, como actos reclamados: "a).- De la Autoridad Responsable se reclaman la RESOLUCIÓN pronunciada en fecha 16 de agosto de 2022, con motivo del RECURSO DE INCONFORMIDAD interpuesto por la suscrita ERIKA ELIDETH PALACIOS MATA, en mi calidad de beneficiaria y viuda del finado C. JORGE LUIS GIRON HERNÁNDEZ, en contra de la Subdelegación del IMSS, en Matamoros, Tamaulipas, anexando copia de la misma (ANEXO UNO), resolución que se combate con el presente Juicio de Amparo, en razón de que atenta en contra de los Derechos Humanos fundamentales de la suscrita" (sic) En el caso concreto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XX de la Ley de Amparo, que a la letra refiere: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" Como puede advertirse claramente, el motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita, se encuentra motivado por el hecho de que la impetrante de amparo, previo acudir a la instancia constitucional, no agote los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En efecto, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la quejosa, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte, de invalidar los actos de las autoridades, en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación de la agraviada consistente en agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursos ordinarios (lato sensu) tendentes a revocar o modificar los actos que estime lesivos. En la especie, como ya se dijo, se actualiza la referida causal de improcedencia, toda vez que, respecto del acto reclamado, la parte promovente debió agotar el juicio ordinario tendiente a revocar o modificar los actos lesivos. Se estima así, porque el acto combatido, es impugnable mediante el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por medio del cual se puede lograr que el acto que se trata de combatir por esta vía constitucional, sea revocado. En efecto, este Juzgado Federal estima que el referido acto de autoridad, previamente a impugnarlo en la presente instancia constitucional, debe combatirse a través del juicio de nulidad en términos del citado artículo 3 fracción VII de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como se aprecia a continuación: "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: (.). VII. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; (.)" Se estima lo anterior, en virtud de que, la referida ley orgánica, en su artículo 3 fracción VII precisa que dicho tribunal conocerá de las resoluciones dictadas por autoridades administrativas. La jurisprudencia 27/2016 se encuentra visible en la página 1194, Libro 28, Tomo II, marzo de 2016, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro digital 201189, de rubro y texto siguientes: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Ley de Amparo prevé la obligación del juzgador de fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa que la medida suspensional siga surtiendo efectos. En tanto que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ordena que el Magistrado instructor determine la situación en que habrán de quedar las cosas cuando concede la suspensión, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal hasta que se dicte sentencia firme. Esta última prevención no es menor al postulado por la Ley de Amparo, relativo a la posibilidad de otorgar efectos restitutorios a la suspensión definitiva, que se traduce en restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado en tanto se dicta sentencia definitiva, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, pues ambos alcances tienden a preservar la materia del juicio y a restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva. Con ello, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar, pues un análisis comparativo entre ambas legislaciones evidencia que tanto en el juicio contencioso administrativo, como en el de amparo, para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, se exigen requisitos esencialmente iguales, pues en ambos casos debe preceder la solicitud respectiva, sin que exista afectación al interés social ni la contravención a disposiciones de orden público, así como acreditarse el acto de autoridad que cause perjuicios de difícil reparación, además de concurrir similitud en lo relativo a la obligación del solicitante de otorgar garantía cuando la suspensión pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, así como en los casos en que la suspensión quedará sin efectos, y ser coincidentes en señalar que ésta se tramitará por cuerda separada y podrá pedirse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria". Bajo esos criterios jurisprudenciales, es inconcuso que la parte solicitante del amparo antes de instar la protección constitucional, se encontraba obligada a acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, esto es, debió agotar los recursos o medios de defensa ordinarios que hubieren tenido como efecto el de revocar, nulificar o modificar los actos reclamados, obteniendo así remedio a las eventuales violaciones cometidas en su perjuicio, concretamente el juicio contencioso administrativo. Como consecuencia de lo hasta aquí descrito, es dable señalar que interpuesto el recurso en contra de una resolución emitida por la autoridad responsable se encuentra procesalmente legitimada y en condiciones de promover el juicio de nulidad, lo que constituye una obligación para la procedencia del juicio constitucional, dado que con base en el principio de definitividad deben agotarse los recursos ordinarios para que sea dable la procedencia del juicio de amparo. Sin que sea el caso, considerar la hipótesis de excepción al principio de definitividad prevista en el inciso c) de la fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, que exceptúa de ese principio a las personas extraña al procedimiento, pues en el caso la quejosa no es tercero extraña, ya que es la persona que promovió la inconformidad cuya resolución se reclama; además no hay que perder de vista que la excepción al principio de definitividad tratándose de terceros extraños por equiparación, únicamente opera cuando el acto reclamado son resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y no cuando se trata de actos emanados de autoridades distintas de las mencionadas (como en el caso), pues para ese caso, la Ley de Amparo, prevé en la fracción XX del artículo 61, otras salvedades y las cuales no hay que confundir con lo previsto en la fracción XVIII del mismo precepto legal. Apoya lo anterior, la tesis IV.2o.C.3 K (10a.), consultable en la página 3141, Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, Materia Común, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES PREVISTAS EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO." En ese contexto, evidente resulta que la promovente debió interponer el señalado medio de defensa, cumpliendo así con el principio de definitividad rector de la instancia constitucional, contenido en la fracción XX del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, toda vez que no se actualizan los supuestos de excepción previstos en ese normativo, a saber, que se trate de un tercero extraño a procedimiento, que el acto carezca de fundamentación, que se aleguen violaciones directas a la Constitución o que no tenga previsto en la ley aplicable el medio de defensa. En esas condiciones, contra los actos reclamados, la parte quejosa debió agotar el juicio de nulidad establecido en el artículo 3o. fracción VII de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En las relatadas condiciones, con fundamento en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Erika Elideth Palacios Mata, contra el acto del Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad y de otra autoridad, por su manifiesta e indudable improcedencia. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual resulta preferible que la promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de derechos humanos y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por el derecho humano de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, lo que incluso permite que la parte doliente promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Así, los razonamientos expuestos con antelación, apoyados en las consideraciones que informan las tesis invocadas, ponen de relieve lo manifiesto de la causa de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable habida cuenta que en opinión de quien esto resuelve, se halla la certeza de su existencia, pues no obstante que se admitiera la demanda de cuenta y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Téngase a la parte agraviada señalando como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Norma Nelly Aguilar Hernández y Juan Pablo Correa Contreras, quienes se encuentran registrados en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, bajo los números de registros 81353 y 198695, de los cuales se anexan copias simples para los efectos legales a que haya lugar. Respecto a lo solicitado por la parte agraviada en el sentido de que se le consultar acuerdos y resoluciones de forma electrónica, conforme a lo establecido en el artículo 3, párrafo quinto de la legislación de la materia; en términos de los numerales 5, 6, 12 y 15 del Acuerdo General Conjunto 1/2013 y 77 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, ambos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan los servicios tecnológicos relativos a las tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal; del igual forma, al encontrarse registrado ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, bajo el nombre de usuario Gretta17, y correo electrónico nnag_67@hotmail.com. por lo que, se autoriza para que tenga acceso al expediente electrónico y, además, las notificaciones del presente asunto se le practiquen vía electrónica en términos de la fracción IV del numeral 26 de la ley de la materia. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Erika Elideth Palacios Mata. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Gilberto Anaya Camargo, secretario que actúa y da fe.
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