Erika Esperanza Chávez Javier

Expediente 1618/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1618/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
02/12/2022

Partes del expediente

  • Erika Esperanza Chávez Javier

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, dos de diciembre de dos mil veintidós. En un inicio, visto el estado procesal de los autos y la certificación que antecede, se aprecia que ha fenecido el término que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós mediante el cual se desechó la presente demanda de amparo; en consecuencia, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. Luego, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el artículo 21 fracción d del citado acuerdo, el expediente principal transcurrido tres años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será destruido en su totalidad, porque se desechó el juicio de amparo. En otro orden, en cumplimiento a lo que establece el capítulo quinto en su artículo quince del citado Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente a criterio de la juzgadora no es de relevancia documental, histórica ni jurídica, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Se tiene recibida la demanda presentada por ******* **** ***, por su propio derecho, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este órgano jurisdiccional, con el número 1618/2022 y fórmese el expediente respectivo físico y electrónico. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, dice: Artículo 113. "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Jurisprudencia I.6o.C. J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 730 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época, cuyo rubro prescribe: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." La jurisprudencia en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se actualice un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, que se advierte en forma patente y absolutamente clara, y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia que se trata es operante en el caso concreto. En ese orden de ideas, esta Juzgadora estima que respecto del acto reclamado consistente en la resolución interlocutoria de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, dictada en el expediente laboral 545/2021, por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el artículo 107 fracción V, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, como se demostrará a continuación. Al respecto, los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la citada Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." De lo anterior se advierte que, el juicio de amparo indirecto procede en contra de actos dentro de juicio que tengan una ejecución de imposible reparación, esto es, tratándose de actos dentro de juicio, el amparo en la vía indirecta procede cuando aquéllos tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que, conforme a la legislación reglamentaria actual, no existe margen de interpretación que permita considerar como susceptibles de reclamarse en amparo indirecto los actos cuya afectación no trascienda el plano meramente procesal, pues al definir lo que debe entenderse por actos en juicio con efectos de imposible reparación, el legislador estableció que era necesario que los mismos "afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." En la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis 377/2013, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que, la procedencia del amparo indirecto en contra de violaciones cometidas dentro de un juicio es excepcional, en tanto que los actos susceptibles de combatirse son aquellos que tengan una ejecución de imposible reparación, esto es, aquellos que afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tales como la vida, la propiedad, posesión, mas no contra actos de índole intraprocesal. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la citada contradicción de tesis, sostuvo que los actos dentro de juicio, que únicamente afectan derechos adjetivos o procesales, no pueden ser considerados de imposible reparación, toda vez que sus consecuencias son exclusivamente formales, las cuales, por su propia naturaleza, son susceptibles de repararse si se obtiene sentencia favorable. No pasó inadvertido para el Tribunal Pleno que existen casos en los que la afectación producida por un acto dentro de juicio puede, en su momento, estimarse como grave o de gran entidad; sin embargo, se concluyó que ese sólo hecho no hace procedente el juicio de amparo indirecto. Esto es así, pues si tal afectación desaparece por el hecho de obtener sentencia favorable, entonces es claro que aquélla no trascendió y, en consecuencia, no provocó un daño real y concreto en la esfera jurídica del justiciable. Expuesto lo anterior, es dable relatar los antecedentes del acto reclamado como fueron narrados bajo protesta de decir verdad por la aquí quejosa, de los cuales se aprecia que: ".Con fecha trece de diciembre de dos mil veintiuno la suscrita quejosa presenté demanda laboral ante la autoridad responsable, en contra de H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. La Autoridad Responsable dio entrada a la demanda interpuesta por la suscrita registrándola bajo el número de expediente 545/2021, así mismo, ordenó girar exhorto a la H, Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje con residencia en la Ciudad y Puerto de Acapulco Guerrero, para que en auxilio de su labores llevara a cabo el emplazamiento de la demandada, emplazado que fue dicha demandada, produjo su contestación de demandada por conducto del Lic. Jaime Castillo Hilario y para tal efecto, el supuesto apoderado legal del H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, exhibió la escritura pública número 32,977 pasada ante la fe del notario público número trece del Distrito Notarial de Tabares de fecha seis de diciembre de dos mil veintiuno, señalando la responsable once horas del día dos del mes de septiembre del año dos mil veintidós para la audiencia de Pruebas Alegatos y Resolución, mediante acuerdo de fecha once de mayo de dos mil veintidós, acuerdo que fue notificado a la suscrita quejosa por conducto de uno de mis apoderados legales con fecha diecisiete de junio de dos mil veintidós. . mediante escrito presentado ante la responsable con fecha veintidós de junio de dos mil veintidós, interpuse por conducto del diverso apoderado legal incidente de personalidad en contra del Licenciado Jaime Castillo Hilario y demás profesionistas señalados en la escritura pública citada, haciendo valer también en dicho escrito mi respectiva replica y objeción de pruebas incidente de personalidad que se tuvo por admitido mediante acuerdo de fecha dos de septiembre del año dos mil veintidós y en el cual se señaló audiencia incidental a las diez horas del veintiséis de octubre de dos mil veintidós; .al momento de resolver el incidente de personalidad planteado la autoridad responsable resolvió declararlo IMPROCEDENTE y ordenó continuar con el procedimiento laboral señalando fecha y hora para el desahogo de la audiencia de pruebas, alegatos y resolución. En ese orden de ideas, se advierte que la quejosa reclamó la resolución interlocutoria de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, emitida en el juicio laboral 545/2021, en la cual determinó declarar improcedente el incidente de falta de personalidad en contra del apoderado legal del demandado en el juicio laboral de origen. Expuesto lo anterior, en estricto apego a lo establecido con anterioridad, es claro que el acto que por esta vía combate la parte quejosa constituye una violación de índole procesal, porque la resolución interlocutoria dictada el veintiséis de octubre de dos mil veintidós, en el expediente laboral de origen, versa respecto de personalidad de unas de las partes contendientes en el juicio laboral; por lo que son cuestiones, que no afectan derechos sustantivos de la parte quejosa, en ese orden, resulta inconcuso que el motivo de inconformidad expuesto en la demanda de amparo por la actora del juicio de origen aquí quejosa, es una cuestión de índole procesal. Además, no se advierte que se haya dictado alguna medida cautelar que afecte materialmente derechos sustantivos de la aquí quejosa; aunado a que la resolución de veintiséis de octubre del año en curso, no puede considerarse un acto que cause un perjuicio a la parte actora aquí quejosa, porque no se conoce como trascenderá en la sentencia definitiva que se dicte y si ésta afectará o no a esa parte procesal; aunado a que tales violaciones si desde su punto de vista trascienden al resultado del fallo definitivo todavía podría hacerlo valer al momento de impugnar la sentencia definitiva, claro de no serle favorable el sentido de la sentencia. En consecuencia, es procedente desechar la demanda de amparo respecto del acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, al actualizarse de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso concreto la Jurisprudencia con número de Registro digital: 2006589, del Pleno de Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, Materias(s): Común, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 39 de rubro y texto siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda; y, dado que se trata de un juicio de amparo en materia laboral, donde la peticionaria no es parte patronal, se tiene como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que indica. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, para reproducir actuaciones que obren en el presente juicio, debiendo quedar constancia por escrito; en el entendido que la utilidad que se dé a los documentos cuya reproducción se solicite, será responsabilidad de quien la obtenga, de conformidad con lo previsto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de Los Bravo, ante el Secretario Jaime González García, que autoriza y da fe.

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