Erika Coctecon Limón
Expediente 267/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 15 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 267/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 06/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Erika Coctecon Limón
- Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de los Bravo
- Erika Coctecon Limón y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, seis de abril de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, se declara que la resolución que sobresee fuera de audiencia ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso b), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será DESTRUIBLE, en su totalidad, porque se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes; empero, sí obran copias certificadas que devolver a la autoridad responsable. Por tanto, como se dijo, en autos del juicio principal existen copias certificadas (un tomo) exhibidas por el Juez Segundo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de los Bravo; por tanto, devuélvanse a su lugar de origen. En el entendido que el sello de recibido del oficio respectivo, se tomará como acuse de recibo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintiocho de febrero de dos mil veintidós. En principio, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, este órgano jurisdiccional procede a realizar un nuevo análisis de la demanda de amparo promovida por **************, en contra del Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de los Bravo. Ahora bien, analizada nuevamente la demanda de amparo en su integridad, el suscrito juzgador advierte que la quejosa hace consistir su acto reclamado en el siguiente: La negativa de la autoridad responsable de establecer alimentos a favor de la quejosa (***************) dentro del juicio especial de alimentos, radicado bajo el número de expediente ****************,..." Asimismo, de los antecedentes que expone la quejosa se puede advertir que el veintidós de junio de dos mil veintiuno, el juez responsable radicó la demanda estableciendo alimentos únicamente a favor de los menores ************ y ************* de apellidos *****************, sin que se hayan establecidos alimentos en favor de ***************, debido a que no justificó tener derecho de acreedora en relación al demandado aquí tercero interesado. En ese orden, el suscrito juzgador considera que resulta improcedente la demanda de amparo al actualizarse la causal de improcedencia prevista en los artículos 113 y 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que indican: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinara el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas..". Así, el texto del precepto legal transcrito en segundo término, consagra la improcedencia del juicio de amparo indirecto en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto. En efecto, el principio de definitividad que rige al juicio de garantías, encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos, legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal, como puede apreciarse en el criterio contenido en la tesis aislada número LVI/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro es: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.". Esos medios de defensa deben estar previstos en la ley que rige el acto o los actos reclamados, y para que tenga la parte quejosa la obligación de agotarlos previamente debe existir entre éste y aquél, una relación directa de idoneidad, es decir, que el medio común de defensa sea eficaz para anularlo, revocarlo o modificarlo. No obstante, el principio de definitividad admite excepciones, que el mismo numeral describe: 1. Cuando el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzosa de personas o algunos de los prohibidos por (sic) el artículo 22 de la constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. 2. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. 3. Cuando el peticionario del amparo es una persona extraña a juicio. 4. Asimismo, cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Dichas hipótesis no se ajustan al tema propuesto por la quejosa en el presente juicio de amparo. Por lo que una vez que se ha señalado la razón jurídica de la existencia del principio de definitividad, en el caso, la improcedencia en estudio cobra vida jurídica en el sentido de que la quejosa destaca en su libelo constitucional su acto reclamado en la negativa por parte de la responsable en fijar alimentos a su favor, lo cual fue determinado en el auto de radicación de veintidós de junio de dos mil veintiuno, en donde sólo se establecieron alimentos en favor de los menores referidos dentro del juicio especial ************. Esta última resolución, constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Sin embargo, en la especie, surge a la vida jurídica la causa de improcedencia señalada, porque en contra de la determinación reclamada procede el recurso de apelación, previsto en los artículos 224, en relación al 385 y 386, párrafo primero, fracción II del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, el cual es válidamente aplicable por ser el ordenamiento legal que rige el procedimiento del juicio de donde emana el acto reclamado, que es de naturaleza familiar en materia local; además, porque la aquí parte quejosa, es como se vio, actora dentro del juicio familiar génesis del presente amparo, por ende, al ser parte en ese procedimiento está en aptitud de deducir sus derechos dentro de él. Los numerales citados establecen lo siguiente: "Artículo 224.- Otorgamiento de los alimentos provisionales y su ejecución. Rendida la justificación a que se refiere el artículo anterior, el juzgador fijará la suma o el porcentaje en que deban consistir los alimentos, mandando abonarlos por meses o quincenas anticipados. La providencia se ejecutará sin necesidad de otorgamiento de caución. La resolución que niegue los alimentos es recurrible en queja ante el superior. La que los conceda es apelable en el efecto devolutivo." "Artículo 385.- Procedencia. El recurso de apelación tiene por objeto que el Tribunal Superior confirme, revoque o modifique la sentencia o el auto dictado en la primera instancia en los puntos relativos a los agravios expresados." "Artículo 386.- Resoluciones apelables. Sólo podrán ser objeto de apelación las siguientes resoluciones de primera instancia: (.) II. Los autos, cuando expresamente lo disponga este Código; y." De lo anterior, se advierte que, a fin de agotar el principio de definitividad rector del juicio de amparo, la aquí quejosa debió impugnar la resolución que considera le causa perjuicio a través del recurso de apelación establecido en los numerales antes transcritos, medio de defensa legal a través del cual puede ser modificado, revocado o nulificado ese acto, y, de no resultarle favorable tal resolución, será hasta entonces que esté en aptitud de accionar el juicio de amparo biinstancial. En efecto, el juicio de amparo indirecto resulta improcedente para impugnar el acuerdo de que se queja la promovente, pues éste debió ser previamente recurrido a través del medio de defensa legal apuntado, el cual resulta obligatorio agotar antes de acudir a esta instancia constitucional, pues la procedencia del juicio de amparo está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, siendo suficiente que la ley que rige el acto los contenga para estar a disposición del interesado y éste pueda ejercerlos. De manera que no es optativo para la parte afectada cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo y al no haberlo hecho así, es evidente que el acto de molestia impugnado carece de dicho principio que rige el juicio de amparo, de donde deviene la causal de improcedencia señalada, pues como se dijo, la quejosa, es parte dentro del juicio familiar de origen, por ser la actora, lo cual la obliga a agotar los medios ordinarios de defensa establecidos en la ley que rige el acto reclamado. Resulta aplicable a lo anterior, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página novecientos dos del Tomo XV, mayo de dos mil dos, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, bajo el registro 187016, página 902, con la literalidad siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Así, se estima dable que, en su caso no resultaría una excepción al principio de definitividad, el hecho de reclamarse un auto dictado en un juicio de controversias del orden familiar en el que se encuentra involucrado menores de edad, pues la característica de irreparabilidad de ese acto no está comprendido entre las excepciones que impera en el juicio de amparo, previstas por los artículos 107, fracciones III, IV y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 61 fracción XVIII inciso a), (los que importen peligro de la privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o algunos de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales); así como los especificados en los incisos b), c) y d) del propio numeral; pues, al estar siendo oída en defensa de sus intereses dentro del juicio de origen, la parte impetrante de amparo se encuentra obligada a agotar el multicitado principio de definitividad; máxime, que los alimentos se encuentran garantizados a favor de los menores referidos. Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1ª./J. 113/2013 (10ª.), con registro 2005039, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 350, Libro 1, diciembre de dos mil trece, tomo I, Décima Época, con el rubro y texto siguiente: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." De igual forma, resulta aplicable la tesis 1a./J.2011, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 101, del Tomo XIV, Agosto de 2011, Materia Civil, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, con registro 189125, con el rubro siguiente: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. LA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO SÓLO PROCEDE RESPECTO DE VIOLACIONES A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO IMPUGNABLES EN LA VÍA DIRECTA, TRATÁNDOSE DE CONTROVERSIAS QUE AFECTEN AL ESTADO CIVIL, AL ORDEN Y ESTABILIDAD DE LA FAMILIA O A MENORES O INCAPACES. La interpretación literal, sistemática y teleológica de lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 161 de la Ley de Amparo, permite concluir que la excepción al principio de definitividad que dichas normas establecen, procede exclusivamente cuando en amparo directo en materia civil, se impugnen sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al juicio, por violaciones a las leyes del procedimiento que afecten las defensas del quejoso, siempre que dichas sentencias se hayan dictado en controversias relativas al estado civil o que afecten al orden y estabilidad de la familia o a menores o incapaces. Ahora bien, si se toma en consideración que sólo en este caso específico y respecto de la referida vía de amparo, el interesado queda eximido de preparar el juicio de amparo, resulta inconcuso que no puede hacerse extensiva la citada excepción a los casos en los que por la diversa vía del amparo indirecto se impugnen actos de tribunales civiles ejecutados fuera de juicio o después de concluido, no obstante que se trate de controversias del estado civil o de actos que pudieran afectar al orden y estabilidad de la familia o a menores o incapaces, pues del contenido textual y de la interpretación de los mencionados preceptos legales se infiere que fue voluntad del Constituyente Reformador y del legislador ordinario, que la excepción en cita procediera exclusivamente en vía de amparo directo. Lo anterior se confirma con la interpretación de lo establecido respecto al juicio de amparo indirecto, en el inciso b) de la fracción III del señalado precepto constitucional y en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, así como por el hecho de que por la propia naturaleza procedimental de esta vía, no se requiere de actos procesales tendientes a su preparación." En ese orden de ideas, debe decirse que incluso contra actos de autoridades jurisdiccionales no resulta una excepción al principio de definitividad, el hecho que se reclamen violaciones directas a la constitución, como lo es la falta de fundamentación y motivación, toda vez que la referida causa de improcedencia no lo prevé. Sirve de apoyo a lo anterior, Tesis III.1o.T.Aux.5 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado Auxiliar, con residencia en Guadalajara, Jalisco, visible en la página 1556, Tomo XXXIII, Junio de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, bajo el registro 161793, cuyo rubro dice: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD CONTRA ACTOS JURISDICCIONALES. NO ES UNA EXCEPCIÓN PARA AGOTARLO, RECLAMAR VIOLACIONES DIRECTAS DE FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN (LINEAMIENTOS DE INTERPRETACIÓN DE LAS FRACCIONES XIII Y XV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO). De una interpretación literal y sistemática de tales disposiciones se observa un distinto trato legislativo de excepciones al anotado principio frente a actos de autoridad jurisdiccional (tribunales judiciales, administrativos o del trabajo). La fracción XIII no exime de observarlo respecto de aquellos donde se alega tal tipo de violaciones directas sino atiende a la naturaleza del acto y la magnitud o relevancia de la infracción constitucional (actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución); en cambio, la fracción XV, último párrafo, del numeral 73 es donde el legislador estableció para actos de autoridad no jurisdiccional notas distintivas, a saber, que el recurso esté previsto en ley, no exigir mayores requisitos para el otorgamiento de la suspensión que la Ley de Amparo y, finalmente, dispensar de agotarlo si el acto reclamado carece de fundamentación. Esto último acorde con la diferenciación que hizo el propio Constituyente para reglamentar ese principio en materia administrativa (artículo 107, fracción IV). Ante ese pronunciamiento específico normativo habría de preferirlo y determinar que es respecto de actos no jurisdiccionales que aplica la jurisprudencia de la Segunda Sala del Alto Tribunal de rubro: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN.", publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo III, Materia Administrativa, página 104, con el número 154, la cual data de la Séptima Época y es anterior a la inclusión de tal excepción en las reformas a la Ley de Amparo publicadas el cinco de enero de mil novecientos ochenta y ocho. Luego, dicha jurisprudencia debe ser atendida en su justa medida, congruente con la serie de actos frente a los cuales el legislador estimó que debía regir la anotada excepción a partir de la reforma aludida, además de que en el proceso legislativo no se aprecia una motivación en particular respecto de su adición y, que permita una conclusión opuesta. Por ende, si bien ese criterio subsanaba una laguna del ordenamiento jurídico vigente de aquella época, a partir de su inclusión en el último párrafo de la fracción XV, desapareció ese vacío y habría de atender a los actos en que aplica de manera explícita, de lo contrario se habría añadido también en la fracción XIII. Igualmente, no es obstáculo la tesis aislada 2a. LVI/2000, de rubro: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, julio de 2000, página 156, pues sólo sintetiza de manera general las que provienen de la Constitución, Ley de Amparo, o bien, de la jurisprudencia, sin abordar directamente el tema analizado de si el reclamo de violaciones directas como falta de fundamentación y motivación puede dispensar de agotarlo contra actos jurisdiccionales ya que la contradicción de tesis de la cual deriva, se ocupó de la interpretación jurídica la fracción XV respecto de terceros extraños a procedimiento seguidos en forma de juicio. Adicionalmente, conforme al postulado del legislador racional y la interpretación sedes materiae, si la Ley de Amparo es un ordenamiento con determinada sistematización racional en todas sus disposiciones, como expresión de la voluntad de su creador y no como una casualidad, es de concluir que esta rigurosidad de prever diferentes causas de improcedencia (artículo 73) y reglas al principio de definitividad localizadas en dos fracciones distintas, según de qué tipo de órganos provengan los actos reclamados, guarda un sentido o racionalidad básica: disponer hipótesis diferenciadas que toman en cuenta la naturaleza jurídica del acto, el tipo de autoridad y trascendencia de las violaciones, sin poder descontextualizar tales excepciones del apartado en que están reguladas y de la distinta manera en que aplica la fuerza del principio de definitividad. De lo contrario, habría sido una simple redundancia legislativa sin sentido, el prever dos fracciones para disponer que el anotado principio y sus excepciones deben ser las mismas, contrario a los criterios de economía y no repetición normativa; por lo cual, el intérprete al atribuir significado a los enunciados normativos, puede atender que cada disposición tenga su significado específico como lo hizo el legislador. Además, respecto de actos jurisdiccionales no habría igualdad de razón jurídica porque la garantía de fundamentación y motivación impacta bajo una perspectiva cualitativa diferente y con menor rigor que frente a actos administrativos -donde hay un deber de mayor precisión como la cita específica del precepto, fracción, inciso, subinciso que apoya el acto-; lo cual justifica que sea respecto a la fracción XV donde no sea obligatorio agotar recursos cuando carece de tales requisitos el acto, mientras que en los jurisdiccionales sea diferente la intensidad de tal principio, dada la naturaleza de la función de juzgar y el acceso a los recursos ante dichas instancias que permiten que sea la propia justicia ordinaria la que por regla general pueda remediar los yerros procesales, formales o de fondo en que pudiera incurrir, pues al no existir comúnmente el reenvío, el propio órgano revisor podrá reparar la violación advertida, dando cabida a una capacidad de hallar reparación en la propia justicia común, y no en la extraordinaria de orden constitucional -sin agotar los recursos o medios de defensa legales procedentes previamente-, por cuanto acto jurisdiccional se alegara carente de fundamentación y motivación en amparo. Finalmente, de ampliar a la referida fracción XIII, la dispensa en mención, sería desatendido que las normas de excepción son de interpretación estricta por lo que no se pueden extender a los casos no previstos, y haría nugatorio el carácter extraordinario del amparo como medio de defensa constitucional contra actos de los poderes judiciales locales, provocando una constante incidencia de la justicia constitucional en los actos de la potestad común y contrariando a su vez la interpretación conforme a la Constitución del principio de definitividad frente a actos jurisdiccionales, en función de la garantía de acceso efectivo a la justicia (artículo 17), es decir, que no resulte procedente el amparo de manera inmediata frente a cualquier reclamo de ausencia de fundamento y motivo de una determinación jurisdiccional sino sólo cuando se actualicen los casos de excepcionalidad o extraordinariedad comentados, en aras de garantizar que la justicia constitucional sólo incida en la medida de lo estrictamente necesario para reparar violaciones de orden fundamental relevantes o cualitativamente importantes, preservando los procesos del orden común su fluidez y prontitud, así como manteniendo un sano y adecuado acceso efectivo de los gobernados a estos últimos." Sin pase inadvertido ni se desconozca la jurisprudencia 1a./J. 85/2009, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ALIMENTOS PROVISIONALES. LA RESOLUCIÓN QUE LOS DECRETA Y FIJA SU MONTO CONSTITUYE UN ACTO CUYA EJECUCIÓN ES DE IMPOSIBLE REPARACIÓN"; sin embargo, se considera que en el caso particular no resulta aplicable al dilucidar un punto jurídico emitido conforme a la Ley de Amparo anterior, aunado a que, no alude a la definitividad y, como ya se dijo, la propia Primera sala del máximo Tribunal del País, con posterioridad a ese criterio, ha discernido en la invocada Jurisprudencia 1a./J. 113/2013, que la irreparabilidad del acto no es causa para dejar de cumplir con el principio de definitividad que rige l juicio de amparo; máxime, que como se dijo, los alimentos se encuentra decretados a favor de los menores involucrados en el juicio de origen. Esto es, ya que aún contra actos dentro de juicio que revistan una ejecución irreparable, es necesario agotar los recursos ordinarios procedentes a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismo, dentro de algunos de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad, lo cual, en el caso, como ya se precisó, se considera no acontece en este asunto. Máxime, que en ese mismo sentido se han pronunciado diversos Tribunales Federales, en la Tesis I.4.C.266 C, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, TeisisIV.2°.C.88 C, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, II.1°. 32 C, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, y en la Jurisprudencia PC.XXI.J/5 C del Pleno del Vigésimo Primer Circuito, con los rubros siguientes: "ALIMENTOS PROVISIONALES. EL AUTO QUE LOS DECRETA ESTÁ SUJETO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD". "PENSIÓN PROVISIONAL DE ALIMENTOS DECRETADA COMO MEDIDA CAUTELAR EN EL JUICIO DE DIVORCIO NECESARIO. EN SU CONTRA PROCEDE EL RECURSO DE REVOCACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN". "DIVORCIO INCAUSADO. AL DECRETARSE DE EMITEN PRONUNCIAMIENTOS PROVISIONALMENTE COMO SON LOS ALIMENTOS, CUYAS DECISIONES NO CONSTITUYEN UNA SENTENCIA DEFINITIVA, AL SER IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO, Y PARA SU PROCEDENCIA DEBE ATENDERSE AL PRINCIPIO DE DEFINITIVITA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO E MÉXICO". "ALIMENTOS PROVISIONALES. CONTRA EL AUTO QUE LOS FIJA PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO". Aclarado lo anterior, este órgano jurisdiccional concluye que el acto reclamado por la quejosa es improcedente, al considerar que se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo indirecto, prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, precepto que obra transcrito en anteriores párrafos; por tanto, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio desde este momento con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la propia ley. Se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. En virtud de lo anterior, del estado de los autos así como de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que se encuentra señalada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional misma que no es posible desahogarla en razón de lo resuelto en este proveído; por tanto, se deja sin efectos la misma señalada para las diez horas del día de la fecha. En otro orden, agréguese a los autos el telegrama enviado por la Secretaría de la Defensa Nacional, residente en la ciudad de México, por medio del cual desahoga el requerimiento de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, informando que el tercero interesado ************ actualmente presta sus servicios en ese instituto armado, por lo que en caso de requerir su comparecencia pide sea citado con quince días hábiles de anticipación a fin de llevar a cabo el trámite que corresponda. Sin embargo, en razón de lo acordado en este párrafo, glósese únicamente para que obre como corresponda. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que se encuentra señalada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional, misma que no es posible celebrar en virtud de que no obra el emplazamiento del tercero interesado Armando Antaño Hernánd
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, catorce de enero de dos mil veintidós. Glósese a los autos únicamente para que obre como corresponda, el oficio signado por la Directora de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, por medio del cual informa que de la búsqueda en el sistema de Información institucional de ese organismo, se desprende que Armando Antaño Hernández, es militar en servicio activo y presta sus servicios para la Secretaría de la Defensa Nacional; circunstancia por la cual se encuentra imposibilitada para remitir la información que le fue solicitada. De lo que se toma conocimiento. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.
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