Erika Azucena Valladares Najera

Expediente 196/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
196/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
30/11/2020

Partes del expediente

  • Erika Azucena Valladares Najera
  • Fiscalia General del Estado Integral 2del Distrito Judicial de Hidalgo, Ciudad

Actuaciones

  1. Principal

    SE DECLARA FIRME EL AUTO DE CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, EN EL QUE SE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO NOTIFIQUESE POR LISTA A LA QUEJOSA

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo, promovida por *****, contra actos de la Fiscalía General del Estado Integral 2 del Distrito Judicial de Hidalgo, con residencia en esta ciudad. Registro. Fórmese expediente impreso y electrónico; regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 196/2020, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Estudio de la demanda. En principio, debe decirse que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte impetrante y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. Del estudio íntegro del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado:  La negativa de dar seguimiento y llevar a cabo todas las diligencias pertinentes y útiles al esclarecimiento y averiguación de los hechos dentro de la carpeta de investigación 12060380101363231020. Del mismo modo, se deduce que la impetrante es parte formal del juicio de origen, pues tiene el carácter de denunciante. Causal de improcedencia. En ese sentido, este juzgado federal considera que se actualiza en forma indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia, que establece: Lo anterior es así, porque la omisión reclamada que se analiza en este juicio de amparo no tiene el carácter de definitivo para su procedencia, toda vez que respecto de éste, la parte quejosa pudo promover el medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; por lo que resulta inconcuso, si la quejosa estimaba que dicha omisión le irrogaba algún perjuicio, debió agotar, previo acudir al juicio de amparo, la reclamación establecida en el ordenamiento legal anteriormente invocado que establece: En efecto, en la contradicción de tesis 233/2017, que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 28/2018 (10a.), -antes citada-, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, interpretó los artículos 16 párrafo décimo cuarto; 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Federal y los numerales 109, fracción XXI, y 258 del Código Nacional, para concluir que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el juez de control quien revise la legalidad de las mismas. Asimismo, la Primera Sala estimo que tales determinaciones no se limitan a las taxativamente previstas en dicho numeral (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal), sino que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Además, la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una investigación, es que al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. De esta manera, tratándose de la omisión ministerial en la etapa de investigación, la autoridad judicial rectora puede ordenar que cese ese estado de cosas y, en consecuencia, que el Ministerio Público continúe realizando la investigación correspondiente. Por otro lado, debe destacarse que el artículo 109, fracción XXI, del Código Nacional, establece que el derecho de la víctima u ofendido a impugnar las omisiones o negligencias que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, debe hacerse valer en los términos previstos en el mismo código y en las demás disposiciones legales aplicables. De ahí que, el juicio sea improcedente, en virtud de que la impetrante no agotó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, sobre todo porque con dicho medio de defensa pueden cesar los efectos de la omisión reclamada. Lo anterior es así, ya que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener lo solicitado, se abra el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Expuesto lo anterior, cabe recordar que en el presenta caso la parte quejosa reclama en esta vía constitucional, la negativa u omisión de dar seguimiento y llevar a cabo todas las diligencias pertinentes y útiles al esclarecimiento y averiguación de los hechos dentro de la carpeta de investigación 12060380101363231020, sin haber agotado el medio de defensa ordinario previsto por el Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que es innegable que en esta instancia no se puede analizar tal aspecto, toda vez que en la especie se colmaron las exigencias establecidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que: 1. El acto reclamado es una actuación proveniente de una autoridad administrativa, esto es, la Fiscalía General del Estado Integral 2 del Distrito Judicial de Hidalgo, con residencia en esta ciudad. 2. El mencionado recurso innominado, se encuentra previsto en la ley que rige el acto reclamado, es decir, en el Código Nacional de Procedimientos Penales. 3. Ese medio de defensa, opera dentro del procedimiento en el que se alega la omisión reclamada; y, 4. Por virtud del referido recurso innominado, la omisión de la que se trata pudo cesar en todos sus aspectos. Sobre esa base, es incontrovertible que la parte quejosa tenía la obligación insoslayable de promover, el medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que con ello, se pudiera dejar sin efecto, en su caso, lo aquí reclamado; lo cual, refiere la necesidad de solventar previamente a instar el juicio constitucional, los recursos ordinarios o medios de defensa previstos en el cuerpo de leyes normativo. En consecuencia, al advertirse el motivo manifiesto e indudable de improcedencia analizado, con fundamento en lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la presente demanda de amparo. Expediente electrónico. Por otro lado, con fundamento en los numerales 34 y 55, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo , se autoriza la consulta de este asunto vía electrónica bajo el usuario "mojica24", para tal efecto, se ordena realizar tal autorización en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Notificaciones electrónicas. Asimismo, con fundamento en los artículos 3 y 26, fracción IV de la Ley de amparo, en relación con el numeral 55, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo , háganse las notificaciones a dicha parte procesal vía electrónica. Autorizados. Asimismo, se autoriza en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo a ******, toda vez que tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredita para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados; y únicamente para oír y recibir notificaciones a ******, por no contar con dicho requisito. Por otra parte, con fundamento en el artículo 2, fracción XIX , del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se tiene como número de teléfono móvil ***** y la cuenta de correo electrónico *****, para que se establezca el contacto respectivo con la parte quejosa en los casos en que se estime necesario. Notificación electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma César Chávez Souverbielle, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido Cristian Jovani Ramos Quintero, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

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