Erika Azucena Valladares Najera

Expediente 210/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
210/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
20/10/2021

Partes del expediente

  • Erika Azucena Valladares Najera

Actuaciones

  1. Principal

    VISTA LA CERTIFICACIÓN QUE ANTECEDE, SE ADVIERTE QUE HA TRANSCURRIDO EL PLAZO DE CINCO DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 98 DE LA LEY DE AMPARO, PARA INTERPONER EL RECURSO DE QUEJA EN CONTRA DEL AUTO TREINTA DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN EL QUE SE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO, SIN QUE SE HAYA INTERPUESTO DICHO MEDIO DE IMPUGNACIÓN. DECLARACIÓN DE FIRMEZA. EN CONSECUENCIA, CON APOYO EN EL ARTÍCULO 288, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, APLICADO SUPLETORIAMENTE A LA LEY DE LA MATERIA POR DISPOSICIÓN EXPRESA DE SU ORDINAL 2°, SE DECLARA FIRME EL REFERIDO AUTO. ARCHIVO. EN TAL VIRTUD, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO Y HÁGANSE LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO, ASÍ COMO EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). DESTINO DEL EXPEDIENTE. POR OTRO LADO, EN TÉRMINOS DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL VEINTICINCO DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE, SE HACE LA PRECISIÓN SIGUIENTE: 1. A CONSIDERACIÓN DE ESTE JUZGADO DE DISTRITO EL PRESENTE SUMARIO CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, ADEMÁS, NO ENCUADRA EN SUPUESTO ALGUNO DE LOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 15 DEL ACUERDO GENERAL DE REFERENCIA 2. EL PRESENTE JUICIO ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 FRACCIÓN I, INCISO B), DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES. EN OTRO CONTEXTO, SE COMUNICA A LAS PARTES QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO DEL REFERIDO ACUERDO, EL PRESENTE EXPEDIENTE PERMANECERÁ EN EL ARCHIVO DE ESTE JUZGADO FEDERAL DURANTE EL PLAZO DE TRES AÑOS, POR LO QUE DESPUÉS DE ESE LAPSO, SE PROCEDERÁ A LA DESTRUCCIÓN DEL MISMO, PUES NO CONSTITUYE UN ASUNTO DE TRASCENDENCIA O RELEVANCIA DOCUMENTAL, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 8º, FRACCIÓN I Y 15 DEL ACUERDO GENERAL MENCIONADO, POR TANTO, DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS SIGUIENTES, SE REMITIRÁ EL ACTA DE BAJA DOCUMENTAL CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN. NOTIFÍQUESE DE MANERA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    Iguala, Guerrero, treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el escrito firmado electrónicamente por Pedro Jesús Mojica, defensor de la víctima Erika Azucena Valladares Nájera, a través del cual desahoga la prevención formulada en el acuerdo de trece de septiembre de dos mil veintiuno. Desechamiento. Ahora, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Circunstancia que se corrobora con la documental exhibida por la citada promovente, consistente en copia simple del proveído de cuatro de agosto de dos mil veintiuno. Ahora bien, se ha determinado que al término utilizado en el precepto referido, en el sentido de que el recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso "se esté tramitando", no debe dársele una interpretación restrictiva, esto es, que la operancia de la causal de mérito se origine por la simple presentación del escrito mediante el cual se interpuso el medio de defensa innominado, sino que en concordancia con el aludido principio y atendiendo al estado de indefensión en que pudiera quedar la promovente del amparo, debe considerarse que el medio de impugnación o defensa hecho valer debe estar pendiente de resolución, lo que implica su admisión por la autoridad respectiva. De dicho criterio se advierte, que para la improcedencia del juicio de amparo por la causal prevista en la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, solo debe estimarse actualizada cuando se cumplan los siguientes requisitos: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de amparo; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. De ahí que, el hecho de que la víctima u ofendido impugne las omisiones del órgano investigador ante el Juez de Control, representa un beneficio para éstos, en virtud de que en una audiencia con asistencia de las partes, la autoridad judicial debe resolver lo conducente, evitando que injustificadamente se prolonguen las investigaciones de que conoce el agente del Ministerio Público o bien se emita la determinación correspondiente en la carpeta de investigación. Por otra parte, respecto al acto precisado en el inciso b), este órgano de control constitucional estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, sin que se surta alguna de las excepciones al principio de definitividad, como a continuación se expone Por lo que puede advertirse, el señalado motivo legal de improcedencia descansa en el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, pues siendo el amparo un juicio extraordinario, resulta obvio que a él sólo pueda acudirse cuando previamente se hayan agotado los recursos o medios de defensa legales previstos en la ley ordinaria, y que sean los idóneos para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse, pues en esto estriba precisamente el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual debió agotarse previamente por la accionante del amparo. En ese orden de En ese orden de ideas, del precepto legal trascrito, para que se actualice tal causal de improcedencia, se desprenden las siguientes hipótesis: a) Que se trate de resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo. b) Que respecto de las mismas la ley conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente. c) Igualmente, no existe obligación de agotar dichos recursos, cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. d) Que el acto reclamado no se trate de una orden de aprehensión, reaprehensión, de vinculación a proceso, que niegue la libertad provisional bajo caución o que se decida sobre un incidente de desvanecimiento de datos, arresto, o cualquiera que afecta la libertad personal del quejoso, siempre que se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. e) No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, cuando el juicio de amparo sea promovido por persona extraña al juicio del que derivan los actos reclamados. f) Tampoco existe obligación de agotar el recurso cuando esté sujeto a una interpretación adicional de la Ley. En este contexto, debe decirse que, el principio de definitividad en materia de amparo, consiste en la de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio de amparo, el cual, por su naturaleza, es un medio extraordinario de defensa; de ahí que dicho principio deba ser acatado previamente por la parte promovente del juicio de amparo, salvo lo que se dispone para los terceros extraños a juicio y las excepciones a que se refiere el transcrito numeral de la Ley de Amparo. Lo anterior implica que, salvo las excepciones destacadas, de no agotarse los recursos o medios de defensa que procedan contra el acto reclamado, el juicio de amparo que en su caso se promueva, resultará improcedente. Ahora, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la locución "leyes que los rijan" (los actos reclamados), debe entenderse como todos aquellos ordenamientos legales que guardan relación con dichos actos, ya sea por haber establecido su nacimiento o instauración, su regulación, efectos, o bien, sus formas de impugnación, en la inteligencia de que no siempre tales actos serán normados por un solo cuerpo legal, sino que puede darse el caso de que lo sea por varios, e incluso solo en uno se prevenga lo relativo al recurso, juicio o medio de impugnación que proceda contra ellos, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Por lo tanto, la víctima, aquí quejosa incumple con el principio de definitividad, pues tiene a su alcance el recurso de queja, el cual de considerarlo necesario deberá promoverlo ante la autoridad que señala como responsable a efecto de que se haga pronunciamiento respecto a su intervención en la carpeta de investigación *****, en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XVIII y XXI, de la Ley de Amparo; con fundamento en lo dispuesto en el diverso precepto legal 113 de la misma legislación, se desecha de plano la demanda de amparo promovida . Notifíquese vía electrónica a la quejosa

  3. Principal

    En trece de septiembre de dos mil veintiuno, Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.

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