Erika Albores Montes
Expediente 7/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 34 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 7/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 34
- Última actuación
- 03/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Erika Albores Montes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 34.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, tres de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en proveído de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo; consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Ahora, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de depuración, dado que en sentencia dictada el veintidós de agosto de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó y se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en el presente juicio de amparo; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General, dado que se reclamó ataques a la libertad personal fuera del procedimiento e incomunicación; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en los artículos 18, 27, 28 y 29 ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, previa depuración que este órgano jurisdiccional lleve a cabo, transfiérase a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, lugar en el que se archivará a disposición de juzgado, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto, así como el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y demás documentos a consideración del titular de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse de acuerdo al calendario correspondiente y a petición escrita del titular de este juzgado.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término decretado en proveído de veintiséis de octubre del año en curso, sin que la parte quejosa se manifestara en relación a la vista contenida en dicho acuerdo, relativa al cumplimiento de la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio de garantías; por tanto, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable allegados al expediente. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En principio, la protección constitucional fue concedida para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: a) Deje insubsistente el oficio ********************, de veintidós de noviembre ********************b) Emita una nueva resolución en la cual analice si es procedente otorgar a la quejosa la pensión de viudez, soslayando aplicar el artículo 136, fracción I, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al momento de emitir la misma. Ahora bien, de autos se advierte que la autoridad responsable Subdelegada de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con residencia en Culiacán, Sinaloa, mediante oficio número UJ/4108/2022, remitió copia con firmas autógrafas de la resolución de cuatro de octubre del año en curso, dictada en cumplimiento a la sentencia de amparo, de cuyo contenido se desprende que dejó insubsistente el oficio ******************** de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, y ordenó emitir una nueva resolución fundada y motivada en la que no se aplique a la quejosa la restricción prevista en el artículo 136, fracción I de la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, asimismo, solicitó a la quejosa ******************** presente diversa documentación ante ese instituto, lo que le fue notificado vía electrónica a través de su autorizado legal; que es precisamente en lo que se traduce la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado, pues se cumplió con el núcleo esencial de la sentencia de amparo, pues se ha restituido al peticionario del amparo, en el pleno goce de las garantías violadas, en términos de lo que establece el numeral **************************************** de la Ley de Amparo, pues la ejecutoria se cumplió en los lineamientos precisados; por tanto, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, sin exceso ni defecto alguno.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DICTADO POR ESTE JUZGADO DE DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE A LA LETRA DICE: Los Mochis, Sinaloa, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término decretado en proveído de veintiséis de octubre del año en curso, sin que la parte quejosa se manifestara en relación a la vista contenida en dicho acuerdo, relativa al cumplimiento de la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio de garantías; por tanto, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable allegados al expediente. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En principio, la protección constitucional fue concedida para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: a) Deje insubsistente el oficio ********************, de veintidós de noviembre ********************b) Emita una nueva resolución en la cual analice si es procedente otorgar a la quejosa la pensión de viudez, soslayando aplicar el artículo 136, fracción I, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al momento de emitir la misma. Ahora bien, de autos se advierte que la autoridad responsable Subdelegada de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con residencia en Culiacán, Sinaloa, mediante oficio número UJ/4108/2022, remitió copia con firmas autógrafas de la resolución de cuatro de octubre del año en curso, dictada en cumplimiento a la sentencia de amparo, de cuyo contenido se desprende que dejó insubsistente el oficio ******************** de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, y ordenó emitir una nueva resolución fundada y motivada en la que no se aplique a la quejosa la restricción prevista en el artículo 136, fracción I de la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, asimismo, solicitó a la quejosa ******************** presente diversa documentación ante ese instituto, lo que le fue notificado vía electrónica a través de su autorizado legal; que es precisamente en lo que se traduce la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado, pues se cumplió con el núcleo esencial de la sentencia de amparo, pues se ha restituido al peticionario del amparo, en el pleno goce de las garantías violadas, en términos de lo que establece el numeral **************************************** de la Ley de Amparo, pues la ejecutoria se cumplió en los lineamientos precisados; por tanto, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, sin exceso ni defecto alguno.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, siete de noviembre de dos mil veintidós. Visto el oficio número UJ/4108/2022, signado por la Delegada autorizada en representación de la Subdelegada de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Sinaloa, con residencia en Culiacán, con el cual comunica el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; agréguese a los autos sin mayor proveído, toda vez que el veintiséis de octubre del año en curso, se acordó al respecto.
Quedan 30 actuaciones en este expediente
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