Erik Ronaldo Rodríguez Cisneros

Expediente 419/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
419/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
09/09/2022

Partes del expediente

  • Erik Ronaldo Rodríguez Cisneros

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, nueve de septiembre de dos mil veintidós. FIRME FALLO. Por otro lado, del estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, así como de la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra el proveído que SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el mismo queda firme, para los efectos legales procedentes. Hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. ARCHIVO. En consecuencia, una vez hechas las notificaciones respectivas, archívese el expediente como asunto concluido. VALOR DOCUMENTAL. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se sobreseyó en el presente asunto, de conformidad con lo supuesto por el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que señala el artículo 15 del propio Acuerdo General. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, en su artículo 1°, fracción I, en relación con la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en los numerales 3, párrafo primero y 7, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE A LA PARTES POR CUALQUIER MEDIO ELECTRÓNICO AUTORIZADO CONFORME AL ACUERDO GENERAL 21/2020 EMITIDO POR EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, a diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Vistos, los autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que el once de julio de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por Erick Ronaldo Rodríguez Cisneros, por su propio derecho, contra actos del Director de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal Urbana Federal Profesor J. Jesús Romero Flores, con sede en Morelia, Michoacán y otras autoridades. Ahora, del estudio integral de la demanda que dio origen al presente juicio, se advierte que el acto reclamado consiste en: "LA NEGATIVA DE OBTENER EL PASE DE INGRESO A LA APLICACIÓN DEL EXAMEN CENEVAL, EL 10 DE JULIO DEL AÑO 2022, A LAS 08:00 HORAS EN LAS INSTALACIONES DEL RECINTO FERIAL UBICADO EN LA EXPO FERIA S/N, C.P 61301, COLONIA LA GOLETA, EN LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁN, DE ACUERDO A LA CONVOCATORIA DE CONCURSO DE SELECCIÓN DE ASPIRANTES DE NUEVO INGRESO A LA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA, PLAN DE ESTUDIOS 2022." De la transcripción que antecede, se advierte que la aplicación del examen Ceneval, dirigida a los aspirantes de nuevo ingreso para la Licenciatura en Educación Primaria, plan de estudios 2022, fue realizada a las ocho horas del diez de julio de dos mil veintidós, en las instalaciones del Recinto Ferial ubicado en la Expo-feria, sin número, Código Postal 61301, colonia "La Goleta", en la ciudad de Morelia, Michoacán. Según lo manifestó el quejoso bajo protesta de decir verdad, en su escrito inicial de demanda. Improcedencia. Destacado lo anterior, es procede analizar si en el caso se actualiza alguna de las hipótesis que hagan improcedente el juicio de garantías, por ser su estudio preferente y de orden público, atento al contenido del artículo 62, de la Ley de Amparo. Ello, en base a la jurisprudencia VI.2o. J/323, Sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Así como la diversa II.1o. J/5, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Bajo ese contexto, de manera indudable es evidente que se actualizan las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XVI y XXIII, en concordancia con los diversos 77, en sentido contrario y 214 de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado consistente en la aplicación del examen Ceneval, dirigida a los aspirantes de nuevo ingreso para la Licenciatura en Educación Primaria, plan de estudios 2022, fue realizado a las ocho horas del diez de julio de dos mil veintidós, en las instalaciones del Recinto Ferial ubicado en la Expo-feria, sin número, Código Postal 61301, colonia "La Goleta", en la ciudad de Morelia, Michoacán, según lo refirió el quejoso bajo protesta de decir verdad, en su escrito inicial de demanda, en virtud de que dicho acto se ha consumado de modo irreparable. Es así, toda vez que la aplicación del examen materia de la Litis se llevó a cabo a las ocho horas del diez de julio de dos mil veintidós y no se podrían materializar los efectos de una eventual concesión del amparo. Los preceptos aludidos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad con motivo de delitos que la ley no considere como graves o respecto de los cuales no proceda la prisión preventiva oficiosa conforme la legislación procedimental aplicable, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto por el que se resuelva la situación jurídica del quejoso en el sentido de sujetarlo a proceso penal, en términos de la legislación procesal aplicable, y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." "Artículo 214. No podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional o no exista materia para la ejecución y así se haya determinado por el órgano jurisdiccional de amparo en resolución fundada y motivada." Del artículo 61, fracción XVI transcrito se deduce que el juicio de amparo es improcedente contra actos consumados de modo irreparable, entendidos como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. La fracción XXIII debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se establecen deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Federal, lo que de suyo implica que las veintidós primeras fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que el juicio puede resultar improcedente, pues existen otras causas previstas en algunos preceptos de la Constitución Política y la Ley de Amparo. De la interpretación armónica de las disposiciones 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 77, en sentido contrario y 214, se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando no puedan concretarse los efectos de la concesión, lo que consecuentemente impedirá ordenar su archivo, pues ello no puede ocurrir, hasta en tanto se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional o no exista materia para la ejecución. Por su parte, para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) Actos consumados de modo reparable, son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable, de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. b) Actos consumados de modo irreparable. Son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio en términos de la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Bajo esa tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque se llegaría al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados). De la propia narrativa de la demanda de amparo se advierte que a parir de las ocho horas del diez de julio de dos mil veintidós, en las instalaciones del Recinto Ferial ubicado en la Expo-feria, sin número, Código Postal 61301, colonia "La Goleta", en la ciudad de Morelia, Michoacán, fue practicado el examen Ceneval a los aspirantes de nuevo ingreso para la Licenciatura en Educación Primaria, plan de estudios 2022, lo que se traduce en una "confesión expresa" por parte del quejoso, respecto del acto jurídico vinculado con el acto que combate, de conformidad con los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición establecida en su artículo 2°; habida cuenta que de las propias manifestaciones realizadas por el agraviado bajo protesta de decir verdad. Manifestación (confesión) que lejos de estar desvirtuada o contradicha, se encuentra plenamente corroborada con la copia simple exhibida por el propio quejoso relativa a la convocatoria del concurso de selección de aspirantes de nuevo ingreso a la Licenciatura en Educación Primaria, Plan de Estudios 2022, para 120 matrículas, en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal Urbana Federal «Profr. J. Jesús Romero Flores» de Morelia, Michoacán, para el ciclo escolar 2022-2023, en la que se establecen los términos y condiciones para la presentación del examen en la categoría a que se hace referencia en la presente determinación. Documental a la que se le otorga valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. De la parte medular de la referida convocatoria, se advierte: "Convocatoria al concurso de selección de aspirantes de nuevo ingreso a la Licenciatura en Educación Primaria, Plan de Estudios 2022, para 120 matrículas, en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal Urbana Federal «Profr. J. Jesús Romero Flores» de Morelia, Michoacán, para el ciclo escolar 2022-2023, estableciéndose de la siguiente manera. CONVOCA Al concurso de selección de aspirantes de nuevo ingreso a la Licenciatura en Educación Primaria, Plan de Estudios 2022, para 120 matrículas, en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal Urbana Federal «Profr. J. Jesús Romero Flores» de Morelia, Michoacán, para el ciclo escolar 2022-2023. REQUISITOS GENERALES (.) INFORMACIÓN GENERAL 1. Los aspirantes que reúnan los requisitos generales podrán acudir a la Benemérita y Centenaria Escuela Normal Urbana Federal «Profr. J. Jesús Romero Flores», ubicada en Av. Acueducto no. 20, Colonia Centro, Morelia, Michoacán, a fin de obtener de las autoridades de la institución la ficha correspondiente para participar en el proceso autorizado por el Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán, en la fecha establecida para la realización del examen cognitivo diseñado por el CENEVAL. 2. La expedición de fichas para los aspirantes se hará con apego a la presente convocatoria. 3. El Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán implementará las medidas necesarias para el desarrollo del proceso de admisión de los aspirantes. 4. El Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán integrará un equipo de observadores del proceso de admisión debidamente acreditados 5. Las actividades se realizarán conforme al siguiente calendario: 5.1. Expedición de fichas del 6 de junio al 20 de junio de 2022, de 8:00 a 14:00 horas. 6 al 10 de junio de 2022, aspirantes cuyo apellido paterno empiece con las letras de la A a la J. 13 al 17 de junio de 2022, aspirantes cuyo apellido paterno empiece con las letras de la K a la Z. 20 de junio de 2022, aspirantes rezagados. Para obtener su pase de ingreso a la aplicación del examen, el aspirante deberá de registrar sus datos en la siguiente liga: http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php 5.2 Valoración cognitiva: 10 de julio de 2022 a las 8:00 horas en las instalaciones del Recinto Ferial ubicado en Expo Feria S/N, C.P. 61301, Colonia La Goleta, de la Ciudad de Morelia, Michoacán. (.)" Con base en los puntos que anteceden, es dable sostener que se actualiza la causa de improcedencia en estudio, al haberse consumado de manera irreparable el acto reclamado, pues se agotó el objeto de la Convocatoria al concurso de selección de aspirantes de nuevo ingreso a la Licenciatura en Educación Primaria, Plan de Estudios 2022, para 120 matrículas, en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal Urbana Federal «Profr. J. Jesús Romero Flores» de Morelia, Michoacán, para el ciclo escolar 2022-2023; esto es, la valoración cognitiva a los interesados, se efectuó a partir de ocho horas del diez de julio del dos mil veintidós, dentro de las instalaciones del Recinto Ferial ubicado en Expo Feria S/N, C.P. 61301, Colonia La Goleta, de la Ciudad de Morelia, Michoacán; por lo que no queda lugar a dudas que desde aquél momento (diez de julio de dos mil veintidós), quedó irreparablemente consumado el acto reclamado que hoy se estudia. De manera que en caso de una posible concesión del amparo, sería imposible restituir al quejoso en los derechos que aduce le fueron violados, en razón de que el plazo y vigencia de la valoración académica ha fenecido en su totalidad, por lo que ante una eventual concesión del amparo sería imposible restituir al quejoso en los derechos que estima violados al no poder concretarse los efectos de la concesión. Al respecto, el artículo 77 de la Ley de la materia, regula uno de los principios rectores del juicio de amparo denominado "principio de restitución", según el cual, la finalidad de las sentencias en las que se otorgue el amparo y la protección de la Justicia Federal, es la de restituir al quejoso en el pleno goce del derecho fundamental vulnerado, trasladando las cosas al estado que guardaban antes de la violación (en el caso de actos positivos); o bien, obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate (actos negativos). De ahí que, el objetivo del amparo no se limita a la mera anulación o nulidad del acto que se tilda como conculcatorio de derechos fundamentales, sino el de lograr la efectiva restauración del orden constitucional infringido, en su caso, por el acto autoritario, en perjuicio del gobernado, titular de esos derechos. Por tal motivo, previo al análisis del fondo del asunto, es oportuno el examen sobre la viabilidad de los efectos de una eventual sentencia que conceda el amparo solicitado, toda vez que llegado el momento (llegada la fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional), carecería de razón y sentido práctico emprender el análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, si se tiene pleno conocimiento que la restitución en el goce del derecho fundamental violado resultaría inalcanzable. En efecto, la previsión de los posibles efectos de la sentencia protectora, tiene el propósito de corroborar que esa decisión no se limite a la mera declaración de inconstitucionalidad del acto reclamado, sino que tal determinación, efectivamente, surta efectos en la esfera jurídica del gobernado; esto es, que se traduzca en un verdadero beneficio para éste. Por lo que, constituye una obligación del órgano jurisdiccional que conozca del juicio, verificar que el fallo de fondo no implique un mero ejercicio especulativo sobre una posible violación de derechos fundamentales, sino que, en caso de que constate que efectivamente se incurrió en la infracción alegada, su decisión pueda tener la eficacia suficiente para restaurar el orden constitucional que se estime violado, pues la sentencia protectora además de proporcionar un estudio de los motivos por los cuales se incurrió en la lesión de derechos alegada, debe tener efectos vinculantes y restitutorios para volver las cosas al estado en que se encontraban antes de dicha infracción; o bien, que la autoridad actúe apegada a ciertos lineamientos a fin de respetar el derecho fundamental que se considere vulnerado. Si no se realiza aquél análisis anticipado, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso se hiciera carecería de ejecutividad y de efecto práctico para la parte quejosa, colocándola en la misma situación en que se encontraba al iniciar el juicio. Apoya las consideraciones anteriores, por analogía la tesis aislada sin número de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven"; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención) se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." Es igualmente aplicable, la tesis sin número de la propia Segunda Sala, visible en el Semanario Judicial de la Federación, que establece: "AMPARO, PROCEDENCIA DEL. REQUIERE QUE LA SENTENCIA PRODUZCA EFECTOS EN EL ACTO RECLAMADO, CON QUE SE OBTENGA EL RESPETO DE INTERESES JURIDICOS DEL QUEJOSO. En acatamiento del artículo 80 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia de este Alto Tribunal, que con el número 174, página 297, puede consultarse en la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, para que un juicio de amparo resulte procedente es menester que la sentencia que en él llegare a pronunciarse pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto combatido en dicho juicio sea de carácter positivo; o que sea factible obligar a la autoridad responsable, si el acto reclamado constituye una abstención, a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a que se cumpla lo que tal garantía exija, ya que el juicio constitucional debe tener siempre una finalidad práctica y no servir para realizar una actividad meramente especulativa. De aquí que proceda contra leyes solamente cuando, por ser éstas autoaplicativas, la determinación de su inconstitucionalidad pueda dar por resultado la no aplicación de sus disposiciones; o cuando, por no serlo, ya hayan sido aplicadas, sea factible la privación de efectos inconstitucionales del acto de aplicación." Motivos por los cuales carece de objeto y razón de ser la presente vía constitucional, porque, se insiste, tales actos se consumaron en forma irreparable y, por ende, no es posible retrotraer las cosas al estado que se encontraban antes de la violación que se aduce; aunado a que no pueden concretarse los efectos de la concesión. Entonces, se actualizan las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XVI y XXIII, en relación con los diversos 77, en sentido contrario y 214 de la Ley de Amparo, razón por la cual con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de la materia, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto respecto del acto reclamado consistente en la negativa de obtener el pase de ingreso para la aplicación del examen Ceneval, que se llevó a cabo el diez de julio de dos mil veintidós, dentro de las en las instalaciones del Recinto Ferial ubicado en la Expo-feria, sin número, Código Postal 61301, colonia "La Goleta", en la ciudad de Morelia, Michoacán. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Esta Juzgadora considera que el sentido de la determinación adoptada no contraviene lo señalado en el artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en atención a las consideraciones expuestas en la tesis XVI.1º A.T.2 K del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Del examen de compatibilidad de los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo con el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no se advierte que el derecho interno desatienda los estándares que pretenden proteger los derechos humanos en dicho tratado, por regular causas de improcedencia y sobreseimiento que impiden abordar el estudio de fondo del asunto en el juicio de amparo, en virtud de que el propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin mérito, es en sí legítimo, por lo que esa compatibilidad, en cuanto a los requisitos para la admisibilidad de los recursos dependerá, en principio, de los siguientes criterios: no pueden ser irracionales ni de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia, ni discriminatorios y, en el caso, la razonabilidad de esas causas se justifica por la viabilidad de que una eventual sentencia concesoria tenga un ámbito de protección concreto y no entre en conflicto con el orden jurídico, no son de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia ni tampoco son discriminatorias, pues no existe alguna condicionante para su aplicabilidad, en función de cuestiones personales o particulares del quejoso. Por tanto, las indicadas causas de improcedencia y sobreseimiento no son incompatibles con el citado precepto 25.1, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio de garantías." Esta Juzgadora, tampoco inadvierte la circunstancia que a la presente data, no se hayan recibido los informes justificados de las autoridades responsables, ni que tampoco se tenga constancia de la recepción de los comunicados por los cuales hayan quedado debidamente notificadas de la instauración del presente juicio -la totalidad de las autoridades responsables-, pues la presente determinación se decreta en congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta, y se debe evitar la prolongación innecesaria de la controversia, siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos procesales. Tampoco, se violan los derechos a la seguridad jurídica del peticionario del amparo, ni se contraviene su derecho humano a una tutela judicial efectiva; por el contrario, lo que se pretende, es; privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales, pues como se enfatizó en el párrafo que antecede, con la presente determinación no se afecta la igualdad entre las partes. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 16/2021 (11a.), de la Undécima Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA (PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO). A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA ADICIÓN AL ARTÍCULO 17, TERCER PÁRRAFO, CONSTITUCIONAL, TODAS LAS AUTORIDADES JUDICIALES Y AQUELLAS CON FUNCIONES MATERIALMENTE JURISDICCIONALES DEBEN PRIVILEGIAR LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO SOBRE LOS FORMALISMOS PROCEDIMENTALES, SIEMPRE Y CUANDO NO SE AFECTE LA IGUALDAD ENTRE LAS PARTES (DOF DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017). Hechos: Una persona promovió juicio de amparo indirecto en el cual alegó que los artículos 91 y 92 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo que prevén la resolución del recurso de revisión en sede administrativa, son contrarios al mandato previsto en el tercer párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que no contemplan que se privilegie la resolución de fondo del asunto sobre los formalismos procedimentales. La Jueza de Distrito que conoció del asunto consideró que la disposición constitucional de referencia contiene una regla que confiere poder a la autoridad legislativa, mas no un derecho subjetivo público a favor de la persona, lo cual implica que hasta en tanto no se ejerza esa atribución por parte del Congreso de la Unión, a fin de adecuar las normas legales al texto del artículo 17 de la propia Constitución, las situaciones jurídicas imperantes en materia de resolución de recurso de revisión en sede administrativa no debían cambiar." Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que a la entrada en vigor de la adición al artículo 17, tercer párrafo, contenida en el Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 16, 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Cotidiana (Solución de Fondo del Conflicto y Competencia Legislativa sobre Procedimientos Civiles y Familiares), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2017, todas las autoridades judiciales y aquellas con atribuciones materialmente jurisdiccionales del país deben privilegiar la resolución de fondo de los conflictos sometidos a su potestad sobre los formalismos procedimentales, siempre y cuando no se afecte la igualdad entre las partes. Lo anterior, con independencia de que las normas que rigen sus procedimientos no establezcan expresamente dicha cuestión. Justificación: Del análisis de la reforma constitucional mencionada, se advierte que el Constituyente Permanente consideró que, para hacer frente a la problemática consistente en la "cultura procesalista", la cual genera que en el desahogo de una parte importante de asuntos se atiendan cuestiones formales y se deje de lado el fondo y, por tanto, sin resolver la controversia efectivamente planteada, debía adicionarse al artículo 17 constitucional, el deber de las autoridades de privilegiar, por encima de aspectos formales, la resolución de fondo del asunto. Se dijo, que este deber exige también un cambio en la mentalidad de las autoridades para que en el despacho de los asuntos no se opte por la resolución más sencilla o rápida, sino por el estudio que clausure efectivamente la controversia y la aplicación del derecho sustancial. Además, se precisó que la incorporación explícita de tal principio en la Constitución General pretende que éste permee el sistema de justicia a nivel nacional, es decir, que todas las autoridades judiciales y con atribuciones materialmente jurisdiccionales del país se vean sometidas a su imperio, pero más allá de su obligatoriedad, reconozcan la razón y principio moral que subyacen a la adición al artículo 17 constitucional. Por lo anterior, esta Sala concluye que a la entrada en vigor de la referida adición, todas las autoridades jurisdiccionales deben privilegiar la resolución de los conflictos sometidos a su potestad, con independencia de que las normas que rigen sus procedimientos no establezcan expresamente dicha cuestión, puesto que del análisis teleológico de la reforma constitucional, se desprende la intención relativa a que este principio adicionado apoyara todo el sistema de justicia nacional para que las autoridades privilegiaran una resolución de fondo sobre la forma, evitando así reenvíos de jurisdicción innecesarios y dilatorios de la impartición de justicia." Así como la tesis del Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, de rubro y texto: "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL. El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección. Por su parte, el artículo 17 constitucional prevé el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, que supone, en primer término, el acceso a la jurisdicción, es decir, que el gobernado pueda ser parte en un proceso judicial y, en segundo, el derecho que tiene a obtener una sentencia sobre el fondo de la cuestión planteada y su cabal ejecución, que deberá ser pronta, completa e imparcial, lo cual se encuentra íntimamente relacionado con el principio del debido proceso, contenido en el artículo 14 del señalado ordenamiento, por lo que para dar cabal cumplimiento al derecho inicialmente mencionado, debe otorgarse la oportunidad de defensa previamente a todo acto privativo de la libertad, propiedad, posesiones o derechos, lo que impone, además, que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Por tanto, el acceso a un recurso efectivo, sencillo y rápido, mediante el cual los Jueces y tribunales tutelen de manera eficaz el ejercicio de los derechos humanos de toda persona que lo solicite, sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal, es consecuencia del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, en tanto que asegura la obtención de justicia pronta, completa e imparcial, apegada a las exigencias formales que la propia Constitución consagra en beneficio de toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción." Tampoco es impedimento para la anterior (decretar el sobreseimiento fuera de audiencia), que al momento de su presentación haya sido admitida la demanda de amparo y que se hubiese seguido el trámite de este juicio hasta esta fecha en que se toma la presente determinación, toda vez que por ser las causas de improcedencia una cuestión de orden público, deben estudiarse preferentemente en cualquier etapa del juicio, si éstas se encuentran plenamente probadas de las constancias que obren en el expediente, sea que la aleguen o no las partes. Lo anterior, encuentra sustento, en lo conducente, en la tesis sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. PUEDEN EXAMINARSE EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO DE AMPARO. La circunstancia de que se admita una demanda de garantías, por no advertirse una causal de notoria improcedencia, no impide que el Juez Federal con posterioridad, en la audiencia constitucional, advierta una causal de improcedencia que quede plenamente demostrada de acuerdo a las probanzas y actuaciones que integran el expediente, ya que la causa de improcedencia bien pudo pasar desapercibida al momento de admitirse la demanda, por no ser clara su notoriedad de acuerdo con los elementos que en ese momento tuvo a su alcance el Juez y, posteriormente, ya para dictarse sentencia el referido juzgador advierta claramente la causal de improcedencia que conlleve al sobreseimiento en el juicio de amparo, el que a mayor abundamiento, podrá ser examinado en cuanto a su procedencia por el Tribunal Colegiado en términos de la fracción III del artículo 91 de la Ley de Amparo, lo que evidencia la posibilidad legal de que las causales de improcedencia sean examinadas por el juzgador en cualquier momento de las dos instancias del juicio constitucional." En el entendido que los diversos criterios contenidos en la presente determinación, resultan aplicables al caso en términos de lo establecido en el Artículo Sexto Transitorio del Decreto por el cual se expidió la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente, el cual dispone: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley". Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA. La citada reforma que dio origen a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, no implica que la jurisprudencia emitida en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo abrogada, con anterioridad a aquélla, se torne obsoleta, por el contrario, sigue vigente y es obligatoria. No obsta a lo anterior, el hecho de que tomando como sustento el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 1o. constitucional, los órganos autorizados para integrar jurisprudencia puedan variar algunos de los criterios sostenidos tradicionalmente, atendiendo para ello a las particularidades de cada asunto." En consecuencia de lo anterior, déjese sin efectos la celebración de la audiencia constitucional fijada para LAS NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO Y EN CUMPLIMIENTO AL APERCIBIMIENTO DECRETADO EN CITATORIO DE FECHA DIECIOCHO DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA ASI COMO A SUS AUTORIZADOS EL PROVEIDO DE DIECISIETE DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, POR MEDIO DE LISTA QUE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ORGANO JURISDICCIONAL, PROVEIDO DE REFERENCIA QUE EN LO CONDUCENTE DICE:

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, a nueve de agosto de dos mil veintidós. Del estado que guardan los autos se advierte que a la fecha no se cuenta con el informe justificado de las autoridades responsables Director de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal Urbana Federal Profesor J. Jesús Romero Flores; Director General del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán; y Coordinador de la Secretaria de la Contraloría del Estado de Michoacán, todas con residencia en la Ciudad de Morelia, Michoacán de Ocampo, ni tampoco se advierte constancia que demuestre que fueron enviados, al no contar con el acuse de recibo de los oficios 13638/2022, 13639/2022 y 13640/2022, derivados del proveído de once de julio de dos mil veintidós. Consecuentemente, envíense los comunicados de referencia, a efecto de que las autoridades responsables se impongan de su contenido y rindan el informe que se les solicita; para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para esta fecha, se difiere y en su lugar se programan LAS NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. NOTIFÍQUESE.

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