Erick Michael Andrade Escobedo

Expediente 1/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
17/01/2023

Partes del expediente

  • Ricardo Pedro Ángel Francisco Muñiz Vázquez
  • Erick Michael Andrade Escobedo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, diecisiete de enero de dos mil veintitrés. VISTA CON CUMPLIMIENTO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguense a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por la representante legal de la Directora Ejecutiva de Regulación, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), por medio del cual en atención a la resolución de nueve de diciembre de dos mil veintidós, remite réplica certificada de las autorizaciones con números de oficio (1) COFEPRIS-CASDEREPSQ-24-2023, de fecha seis de enero de dos mil veintitrés, dirigida al aquí promovente ********************. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con copia de la promoción de cuenta, así como del presente acuerdo, dese vista al promovente, por el término de tres días contados a partir de la notificación de este auto, para que exprese lo que a su interés legal convenga; en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el plazo indicado, esta juzgadora procederá a analizar de forma oficiosa, lo relativo al cumplimiento de la sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE DENUNCIANTE.

  2. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, nueve de enero de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS. Visto el estado de los autos de los que se advierte que mediante proveído de veinte de diciembre de dos mil veintidós, este Juzgado Federal reservó proveer lo que en derecho corresponda respecto de la promoción signada por la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso adscrita a la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra riesgos sanitarios de la Secretaría de Salud en representación de la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefaciente, Psicotrópicos y Sustancias Químicas y Comisión Federal de la COFEPRIS, con sede en la Ciudad de México. Ahora bien, en relación a su petición en el sentido de que se otorgue una prórroga, por las razones que ahí expone; con apoyo en el último párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley en la materia, se le concede una prórroga por el plazo de treinta días naturales, computados a partir de la fecha en que la autoridad responsable realizó su petición ante este Juzgado de Distrito, para que cumpla cabalmente con la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad. Apercibida que de no hacerlo, se estará a lo que disponen los artículos 192 a 198 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.

  3. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinte de diciembre de dos mil veintidós. OFICIO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese el oficio suscrito por la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso adscrita a la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra riesgos sanitarios de la Secretaría de Salud en representación de la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefaciente, Psicotrópicos y Sustancias Químicas y Comisión Federal de la COFEPRIS, con sede en la Ciudad de México, en atención a su contenido, resérvese en proveer lo que en derecho corresponda; lo anterior, hasta en tanto se deje firme la resolución dictada el nueve de diciembre de dos mil veintidós. NOTIFÍQUESE.

  4. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    R E S U L T A N D O: PRIMERO. Denuncia. El diecinueve de julio de dos mil veintidós, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, a través del buzón judicial, recibió la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad, promovida por ********************, en contra de la Secretaría de Salud, por conducto de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), con sede en la Ciudad de México y otras autoridades, con motivo de la aplicación en el oficio ********************de trece de mayo de dos mil veintidós, del sistema normativo descrito en la Ley General de Salud, que establece la prohibición absoluta para emitir autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos. SEGUNDO. Trámite de la denuncia. La denuncia fue turnada al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, cuyo titular en auto de veinte de julio de dos mil veintidós, la tuvo por recibida ordenando formar y registrar el respectivo expediente bajo el número ********************; asimismo, en ese auto previno al denunciante entre otra cuestión, para que manifestara si era su deseo designar también como autoridad responsable a la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, dependiente de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), con residencia en la Ciudad de México; autoridad que el denunciante al contestar la prevención sí designó con el carácter de responsable, sin embargo, ante las diversas manifestaciones expuestas en ese escrito, el Juez Noveno en cuestión, en auto de veintiséis de julio de esta anualidad, se declaró legalmente impedido para conocer del asunto, por lo que se remitió el expediente al Tribunal Colegiado en Materias Administrativas y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esa ciudad capital, donde se resolvió fundado tal impedimento en resolución dictada el dieciocho de agosto del año en curso, dentro del impedimento administrativo ********************; por lo que, en proveído de cinco de septiembre de esta anualidad, el referido Juzgador ordenó remitir el asunto a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, para returnarse al Juzgado de Distrito que correspondiera, turnándose al Juzgado Tercero de Distrito, cuyo titular en auto de ocho de septiembre de esta anualidad radicó la denuncia de que se habla, bajo el número de registro ********************, admitiendo a trámite el asunto y ordenó dar vista a las partes requiriendo a las responsables su respectivo informe, quienes en su momento lo rindieron; luego, en auto de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, determinó que indebidamente la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, turnó la denuncia al Juzgado de su adscripción, como asunto relacionado, cuando debió haberse turnado por el sistema aleatorio, por lo que acordó devolver las constancias del respectivo expediente a dicha Oficina para que turnara el asunto de manera aleatoria a los Juzgados de Distrito, residentes en esa ciudad, con excepción del juzgado Noveno, por el impedimento que su titular planteo. Por lo anterior, el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, turnó el asunto de manera aleatoria correspondiendo de su conocimiento al Juzgado Segundo, cuyo titular en proveído de veintiocho de octubre del año en curso, registró el asunto bajo el consecutivo ******************** donde además, resolvió declararse legalmente incompetente para su conocimiento, ordenando su remisión a los Juzgados de Distrito de esta localidad, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de dichos órganos jurisdiccionales, correspondiendo su conocimiento a este Juzgado, registrando el respectivo expediente bajo el número ******************** en auto de dieciséis de noviembre del presente año, avocándose a su conocimiento en el estado procesal en que se recibió, ordenando notificar a las partes su radicación, lo que así aconteció como se advierte de los propios autos. TERCERO. Contestación a la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad. La Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso adscrita a la Coordinación General Jurídica y Consultiva, en representación del Comisionado Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios y de la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, con sede en la Ciudad de México y el Comisionado Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Michoacán, con residencia en Morelia, contestaron el escrito de denuncia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán ejerce jurisdicción y es legalmente competente para conocer y resolver en definitiva la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad; lo anterior con apoyo en lo dispuesto en los artículos 210, fracción I, de la Ley de Amparo y 57, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. Legitimación del denunciante. En principio debe verificarse la legitimación de quien formula la denuncia, toda vez que la formulación de esta última por la parte legitimada para ello, será la condición que haga posible que este Juzgado analice las cuestiones sometidas a su jurisdicción. En ese sentido, el citado artículo 210 de la Ley Reglamentaria de la materia dispone que si con posterioridad a la entrada en vigor de la declaratoria general de inconstitucionalidad se aplica la norma general inconstitucional, el afectado podrá denunciar dicho acto. En este asunto, la presente denuncia fue presentada por ********************, quien de acuerdo a las documentales anexas a la denuncia, demostró que el diez de marzo de dos mil veintidós, solicitó al Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, la autorización para el consumo personal de cannabis sativa; en respuesta, la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, con residencia en la Ciudad de México, emitió el oficio ********************, de trece de mayo de dos mil veintidós, número éste con el que también fue registrado el referido escrito petitorio, el que fue contestado en esa fecha, negando al solicitante la autorización para llevar a cabo actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis con fines lúdicos o recreativos. Así, ******************** tiene legitimación activa para interponer la denuncia, ya que es la persona que resintió la aplicación del sistema normativo de la Ley General de Salud, que establece la prohibición absoluta para emitir autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos que fue declarada inconstitucional en la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, lo alegado por la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso adscrita a la Coordinación General Jurídica y Consultiva, en el sentido de que no se demostró la aplicación del sistema normativo prohibicionista expulsado del sistema jurídico mexicano, es materia de estudio de fondo que se realice, por lo que debe estudiarse en su apartado correspondiente. TERCERO. Oportunidad. El artículo 210 de la Ley de Amparo no establece un plazo para denunciar el acto en el que se aplique la norma general inconstitucional; en consecuencia, debe considerarse oportuna la denuncia. CUARTO. Antecedentes de acto denunciado. De acuerdo a las constancias existentes en autos, se advierte que el diez de marzo de dos mil veintidós, ******************** solicitó al Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, con residencia en la Ciudad de México, le expidiera la autorización para el consumo personal de cannabis sativa, por lo que, mediante oficio ********************de trece de mayo de dos mil veintidós, la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, con residencia en la Ciudad de México, negó al solicitante la autorización sanitaria para el consumo personal de cannabis sativa. QUINTO. Análisis de la procedencia de la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad. En el escrito de denuncia, ******************** argumenta esencialmente que en el oficio ********************de trece de mayo de dos mil veintidós, la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, de la Comisión Federal de Protección Contra Riesgos Sanitarios, con residencia en la Ciudad de México, le aplicó el sistema normativo prohibicionista declarado inválido por la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al contestar la denuncia, la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso adscrita a la Coordinación General Jurídica y Consultiva, en representación del Comisionado Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios y de la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, con residencia en la Ciudad de México, manifestó que el denunciante no comprobó que le fueron aplicados los preceptos declarados inconstitucionales en la declaratoria en mención; además, indicó, el denunciante no acreditó fehacientemente que ejercerá su derecho con las condiciones precisadas en la Declaratoria General de Salud. Por su parte, el Comisionado Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Michoacán, con sede en Morelia, negó que haya emitido el oficio ********************de trece de mayo de dos mil veintidós, a través de cual se negó a solicitante, aquí denunciante, la autorización para el consumo personal de cannabis sativa, al no encontrarse en su esfera de competencia. En ese sentido, la materia de estudio consiste en determinar si las autoridades denunciadas aplicaron o no, en perjuicio del denunciante, el sistema normativo anulado a través de la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, como punto de inicio del presente análisis, debe destacarse que la figura jurídica de la declaratoria general de inconstitucionalidad fue uno de los aspectos de mayor novedad que se introdujeron al juicio de amparo en la reforma constitucional de seis de junio de dos mil once. En efecto, los párrafos segundo y tercero de la fracción II del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen: "Artículo 107. (.) Cuando en los juicios de amparo indirecto en revisión se resuelva la inconstitucionalidad de una norma general, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo informará a la autoridad emisora correspondiente. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito establezcan jurisprudencia por reiteración, o la Suprema Corte de Justicia de la Nación por precedentes, en la cual se determine la inconstitucionalidad de una norma general, su Presidente lo notificará a la autoridad emisora. Transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que se supere el problema de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá, siempre que fuere aprobada por una mayoría de cuando menos ocho votos, la declaratoria general de inconstitucionalidad, en la cual se fijarán sus alcances y condiciones en los términos de la ley reglamentaria. (.)" El objetivo fue crear un mecanismo que permitiera la expulsión definitiva de normas inferiores que fueran contrarias a la Constitución, y que a su vez, mediante un procedimiento especial, los gobernados puedan denunciar los actos en los que con posterioridad a la entrada en vigor de la declaratoria, se apliquen las normas invalidadas. En ese tenor, el procedimiento de denuncia por incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad se encuentra contemplado en el artículo 210 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece lo siguiente: "Artículo 210. Si con posterioridad a la entrada en vigor de la declaratoria general de inconstitucionalidad, se aplica la norma general inconstitucional, el afectado podrá denunciar dicho acto: I. La denuncia se hará ante el juez de distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto denunciado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, el trámite se llevará ante el juez de distrito que primero admita la denuncia; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre ella o, en su caso, el que primero la haya recibido. Cuando el acto denunciado no requiera ejecución material se tramitará ante el juez de distrito en cuya jurisdicción resida el denunciante. El juez de distrito dará vista a las partes para que en un plazo de tres días expongan lo que a su derecho convenga. Transcurrido este plazo, dictará resolución dentro de los tres días siguientes. Si fuere en el sentido de que se aplicó la norma general inconstitucional, ordenará a la autoridad aplicadora que deje sin efectos el acto denunciado y de no hacerlo en tres días se estará a lo que disponen los artículos 192 al 198 de esta Ley en lo conducente. Si fuere en el sentido de que no se aplicó, la resolución podrá impugnarse mediante el recurso de inconformidad; II. Si con posterioridad la autoridad aplicadora o en su caso la sustituta incurrieran de nueva cuenta en aplicar la norma general declarada inconstitucional, el denunciante podrá combatir dicho acto a través del procedimiento de denuncia de repetición del acto reclamado previsto por el Capítulo II del Título Tercero de esta Ley. El procedimiento establecido en el presente artículo será aplicable a los casos en que la declaratoria general de inconstitucionalidad derive de lo dispuesto por la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." De acuerdo con el precepto transcrito, la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general, consiste en el medio de control constitucional a través del cual una persona reclama la inobservancia a la declaratoria general de inconstitucionalidad que repercute en su esfera de derechos, sin que tenga la necesidad de promover previamente juicio de amparo por vulneración de sus derechos fundamentales. La denuncia podrá formularse por los gobernados cuando, con posterioridad a la entrada en vigor de una declaratoria general de inconstitucionalidad, se aplica la norma declarada inválida; así, para denunciar dicho acto, necesariamente deben concurrir los siguientes elementos: A. Debe existir una declaratoria general de inconstitucionalidad, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: B. Que la declaratoria haya surtido efectos; y, C. Con posterioridad a ello, se afecte al gobernado con su aplicación. Establecidos los supuestos para que se actualice la acción de denuncia por incumplimiento a la declaratoria de inconstitucionalidad, proceda verificar su actualización en el caso que se resuelve. Existencia de una declaratoria general de inconstitucionalidad. Este requisito se encuentra acreditado porque el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, resolvió la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, en la que declaró la inconstitucionalidad de los artículos 235, último párrafo, en su porción normativa "sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y", y 247, último párrafo, en su porción normativa "sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y" de la Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación el quince de julio de dos mil veintiuno. En la declaratoria general, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declaró la inconstitucionalidad de los artículos 235, último párrafo, en su porción normativa "sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos" y 247, último párrafo, en su porción normativa "sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos", ambos de la Ley General de Salud; es decir, declaró la inconstitucionalidad del sistema normativo que establece la prohibición absoluta de emitir autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos. Además, en los párrafos 88 a 94 de la ejecutoria que contiene la declaratoria general de inconstitucionalidad, se estableció: "88. Es importante enfatizar, ante todo, que los alcances de esta declaratoria general de inconstitucionalidad se limitan a remover los obstáculos jurídicos para permitir la autorización del consumo personal y regular con fines meramente lúdicos o recreativos, exclusivamente, del estupefaciente cannabis (sativa, índica y americana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico THC (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocidos como "marihuana". 89. Por lo tanto, esta declaratoria general de inconstitucionalidad no tiene como efectos permitir que se autorice el consumo lúdico o recreativo de estupefacientes o psicotrópicos distintos a los que en conjunto se conocen como marihuana. 90. En efecto, con la declaratoria general de inconstitucionalidad de esas porciones normativas, se remueve el obstáculo jurídico para que la Secretaría de Salud, a través del órgano competente, autorice en lo sucesivo las actividades relacionadas con el autoconsumo de, exclusivamente, cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos, respetando el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad reconocido por el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo que se estima necesario ordenar la notificación de la misma también a la Secretaría de Salud y a la COFEPRIS. 91. En la inteligencia de que en lo sucesivo, y mientras el Congreso de la Unión no legisle al respecto, la Secretaría de Salud deberá emitir esas autorizaciones sólo a personas adultas y para los efectos precisados en las ejecutorias respectivas, a saber: la adquisición, siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte, exclusivamente, del estupefaciente cannabis (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocido como marihuana. 92. Así mismo, la COFEPRIS deberá establecer los lineamientos y modalidades de la adquisición de la semilla y tomar todas las medidas necesarias para dar cauce al derecho tutelado, sin que la autorización incluya en ningún caso la permisión de importar, comerciar, suministrar, o cualquier otro acto que se refiera a la enajenación y/o distribución de las substancias antes aludidas. 93. Además, al emitir las autorizaciones la COFEPRIS deberá precisar que el ejercicio del derecho de autoconsumo de cannabis y THC con fines lúdicos o recreativos en ningún caso podrá hacerse afectando a terceros, por lo que ese derecho no deberá ser ejercido frente a menores de edad ni en lugares públicos donde se encuentren terceros que no hubieran brindado su autorización, y precisará que no está permitido conducir vehículos u operar máquinas peligrosas bajo los efectos de esas substancias, ni realizar, en general, cualquier otra actividad bajo los efectos de esas substancias que pueda poner en riesgo o dañar a terceros. 94. De esta manera, invalidando las porciones normativas precisadas y vinculando a la Secretaría de Salud, a través del órgano competente, a emitir las autorizaciones necesarias para permitir las actividades necesarias para el autoconsumo recreativo de cannabis y THC, con las limitaciones y restricciones precisadas, este Tribunal Pleno considera que se supera el problema de constitucionalidad advertido por la jurisprudencia de la Primera Sala." Con lo cual, el Pleno del Alto Tribunal matizó los alcances de tal declaratoria en los términos siguientes: Que su emisión removía los obstáculos jurídicos para permitir la autorización del consumo personal y regular con fines meramente lúdicos o recreativos, exclusivamente, del estupefaciente cannabis (sativa, índica y americana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico THC (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocidos como "marihuana". Que en lo sucesivo la Secretaría de Salud, a través del órgano competente COFEPRIS, autorizará a las personas adultas las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos, incluidas las relacionadas con la adquisición, siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte, exclusivamente, del citado estupefaciente. Que corresponderá a la autoridad sanitaria establecer los lineamientos y modalidades de la adquisición de la semilla y tomar todas las medidas necesarias para dar cause al derecho tutelado, sin que la autorización incluya en ningún caso la permisión de importar, comerciar, suministrar, o cualquier otro acto que se refiera a la enajenación o distribución de las substancias referidas. En ese contexto, a partir de esa fecha, la declaratoria entró en vigor e impuso a todas las autoridades del país la obligación de abstenerse de aplicar los preceptos declarados inválidos, así como otorgó la posibilidad a las personas afectadas por su aplicación la facultad de reclamarla, a través del presente procedimiento. Que la declaratoria de invalidez haya surtido efectos. Requisito éste que también se encuentra reunido; la declaratoria general de inconstitucionalidad debe surtir sus efectos, entendiéndose que ello acontece cuando los puntos resolutivos de esa sentencia se notifican al Congreso de la Unión. Ahora, la resolución que contiene la declaratoria general 1/2018, fue notificada el veintinueve de junio de dos mil veintiuno (fecha que surtió plenamente sus efectos en términos del punto resolutivo segundo), a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, a través de los oficios SGA/FAOT/194/2021 y SGA/FAOT/195/2021. Así, toda vez que la ejecutoria en cita surtió sus efectos, pues fue notificada a las autoridades del Congreso de la Unión, el segundo presupuesto se estima cumplido. Con posterioridad a ello, se afecte al gobernado con su aplicación. En este apartado se estudiará la materia de fondo de la denuncia, la cual se centra en determinar si las autoridades denunciadas aplicaron o no, en perjuicio del denunciante el sistema normativo anulado a través de la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el caso, la suscrita considera parcialmente fundada la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad. En efecto, por una parte, es infundada la denuncia formulada en contra del Comisionado Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Michoacán, con sede en Morelia, ya que no fue la autoridad que suscribió el oficio ********************de trece de mayo de dos mil veintidós, a través del cual se negó a ******************** la autorización para el consumo personal de cannabis sativa, lo que así informó tal autoridad en su oficio 5009/2022/117, de trece de septiembre de dos mil veintidós, en el que argumentó que en su esfera de competencia no tiene contemplada la autorización para el consumo personal y regular con fines meramente lúdicos o recreativos del estupefaciente cannabis sativa. Le asiste razón a dicha autoridad, toda vez que, el oficio ********************de trece de mayo de dos mil veintidós, fue suscrito por la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes Psicotrópicos y Sustancias Químicas, de la Comisión Federal de Protección Contra Riesgos Sanitarios, con sede en la Ciudad de México, que si bien forma parte de las autoridades reguladoras en materia sanitaria, tal circunstancia no conlleva responsabilidad a quienes no participaron en su emisión, pues es un acto concreto que sólo puede atribuirse a quienes materialmente lo emiten y tienen participación en él, independientemente de que pertenezcan a la misma dependencia y de las relaciones de jerarquía que entre ellas exista. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2ª. 3. de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 10-12, Noviembre-Diciembre de 1988, página 51, Registro digital 820062, que textualmente indica: "AUTORIDAD RESPONSABLE. TIENE ESE CARACTER LA QUE EMITE EL ACTO RECLAMADO Y NO SU SUPERIOR JERARQUICO. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Amparo, es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la Ley o el acto reclamado. Por lo tanto, la autoridad que debe señalarse en la demanda cuando se reclaman actos concretos, como es el caso de una resolución administrativa, es precisamente la que suscribe la resolución, es decir, la que materialmente la emite, de manera que si una resolución administrativa aparece firmada por una autoridad subalterna de la señalada como responsable, esto no significa que deba tenerse por cierto el acto en cuanto es atribuido al superior, independientemente de que pertenezcan a la misma dependencia y de las relaciones de jerarquía que entre ellas exista; puesto que el citado artículo 11 no establece que tiene el carácter de autoridad responsable el superior de quien emite el acto reclamado por el sólo hecho de serlo." En otro orden de ideas, es fundada la denuncia respecto del Comisionado Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, y Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, ambos de la Comisión Federal de Protección Contra Riesgos Sanitarios, con residencia en la Ciudad de México, en razón de que en el oficio ********************de trece de mayo de dos mil veintidós, se dejó de observar lo resuelto en la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que así se considera, ya que implícitamente se aplicó al solicitante el marco legal prohibicionista eliminado del sistema jurídico, y se dejó de atender los alcances que el Alto Tribunal otorgó a la declaratoria general de inconstitucionalidad. Ciertamente, en el oficio ********************de trece de mayo de dos mil veintidós, la autoridad sanitaria negó la autorización para el consumo personal de cannabis sativa. Sustancialmente apoyó su determinación en la consideración de que aun cuando conoce la existencia de la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Congreso de la Unión no ha emitido la normativa aplicable, por lo que al tener la Comisión el carácter de ejecutora, carece de preceptos legales con los cuales atender la petición de ********************, de forma que se encuentra imposibilitada para evaluar la petición para obtener una autorización para realizar las actividades que pretende. Lo anterior, permite establecer que la autoridad denunciada eventualmente no aplicó de manera expresa el artículo 235, último párrafo, fracción I, de la Ley General de Salud materia de la ejecutoria pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque se desprende del propio oficio que entre otros preceptos normativos, la autoridad responsable precisa el 235 de esa legislación, sin que indique la fracción o el párrafo del mismo. Sin embargo, al negar la solicitud formulada por la parte denunciante con el fin de que se le expidiera la autorización sanitaria correspondiente para el consumo personal bajo el argumento de que, conforme a la Ley General de Salud, no está facultada para otorgar la autorización para el consumo de marihuana por considerar que la ley de la materia no le confiere facultades para emitir tal determinación, aplicó de manera implícita los artículos 235 último párrafo, 247, último párrafo y 248 de la ley en comento, invalidados por la Suprema Corte en la declaratoria general de inconstitucionalidad. Lo anterior es así, pues son esos artículos los que constituyen el sistema de prohibiciones administrativas que impiden la emisión de las autorizaciones sanitarias para que las personas puedan consumir privada, personal y lúdicamente, los componentes activos de la marihuana. Lo que es importante si se toma en consideración que en la declaratoria general de Inconstitucionalidad 1/2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, invalidó dos de los artículos mencionados, a saber, el 235, último párrafo y el diverso 247, último párrafo, en las porciones normativas que, precisamente, establecen que el uso de la planta de marihuana únicamente se encuentra permitido para fines médicos y científicos. Además, la naturaleza jurídica de la denuncia prevista en el artículo 210 de la Ley de Amparo, únicamente consiste en determinar si, con posterioridad a que surtió efectos la declaratoria general de inconstitucionalidad, se aplicó la norma general ahí declarada inconstitucional. Circunstancia que en el presente caso se encuentra demostrada, ya que la autoridad denunciada sustentó su actuar, en los artículos invalidados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018. Por su contenido es aplicable la jurisprudencia P./J. 30/96 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Junio de 1996, página 58, Registro digital 200064, del tenor literal siguiente: "NTERES JURIDICO PARA RECLAMAR UNA LEY. LO TIENE EL QUEJOSO CUANDO EN UNA RESOLUCIÓN SE LE APLICA, AUNQUE NO SE CITEN LOS PRECEPTOS RELATIVOS. Constituye acto de aplicación de un precepto legal la resolución que de manera indudable se funda en él, por darse con exactitud sus supuestos normativos, aunque el mismo no se invoque expresamente, debiendo concluirse que el quejoso tiene interés jurídico para reclamar la resolución y la ley aplicada." Además, las razones que expuso la autoridad denunciada para negar la autorización son contrarias a los alcances de la declaratoria general de inconstitucionalidad. En efecto, en esencia, la autoridad sanitaria argumentó que no es posible expedir la autorización porque carece de marco regulatorio, y el Congreso de la Unión no ha emitido la normativa aplicable; sin embargo, esos aspectos fueron estudiados en la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, y materia de enfoque por parte del Alto Tribunal. Ello es así, dado que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación previó que los alcances de la declaratoria de inconstitucionalidad eran, fundamentalmente, que la COFEPRIS expidiera a las personas adultas, las autorizaciones para las actividades relacionadas con el autoconsumo del citado psicotrópico y sus derivados, debiendo precisar las limitaciones del derecho de autoconsumo de cannabis y THC con fines lúdicos o recreativos, tales como que no podrá hacerse afectando a terceros, no deberá ser ejercido frente a menores de edad ni en lugares públicos donde se encuentren terceros que no hubieran brindado su autorización, no está permitido conducir vehículos u operar maquinas peligrosas bajo los efectos de esas sustancias, ni realizar, en general, cualquier otra actividad bajo los efectos de esas substancias que pueda poner en riesgo o dañar a terceros. En ese sentido, el actuar de la autoridad fue en desacato a la declaratoria general de inconstitucionalidad, pues no obstante que ya se encontraba surtiendo efectos la declaratoria de invalidez de los artículos de la Ley General de Salud, implícitamente los aplicó de manera tácita a través de la negativa contenida en el oficio denunciado, y desatendió los alcances de lo resuelto por la Suprema Corte, lo que causó una afectación al derecho fundamental de libre desarrollo de la personalidad del denunciante al continuar con la aplicación del criterio de prohibición absoluta para el consumo del referido psicotrópico. Bajo esa tesitura, con base en las razones y efectos para los cuales se declaró la inconstitucionalidad del artículo 235, último párrafo, en su porción normativa "sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos", entre otros, contenidos en la ejecutoria emitida en la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, de observancia obligatoria para este Juzgado Federal, procede declarar fundada la denuncia presentada. Lo fundado de la denuncia irradia al Comisionado Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, con sede en la Ciudad de México, ya que si bien no emitió materialmente la negativa objeto de la denuncia, es parte integrante de la COFEPRIS, que además, tiene la responsabilidad de emitir autorizaciones en los términos indicados en la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, de forma que tiene responsabilidad en vigilar que los órganos y unidades administrativas que forman parte de su organización cumplan con lo resuelto por el Alto Tribunal del país. SEXTO. Efectos. En atención a lo resuelto en el considerando anterior, con fundamento en el artículo 210, fracción I, de la Ley de Amparo, se ordena a la autoridad denunciada realizar lo siguiente: A. Se deje sin efectos el oficio ********************, de trece de mayo de dos mil veintidós, emitido por la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, con residencia en la Ciudad de México, que contiene la negativa sanitaria al denunciante para el consumo personal de cannabis sativa. B. En su lugar, la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, de no advertir alguna irregularidad o causa diversa de improcedencia en cuanto a los requisitos de la solicitud de la parte denunciante, siguiendo los lineamientos precisados en la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, deberá otorgar la autorización sanitaria para el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente "cannabis" (sativa, índica y americana o marihuana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC"), en conjunto conocido como marihuana, así como las actividades relacionadas como adquirir y/o importar la semilla, sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar, del citado estupefaciente. En el entendido que ello no supone en ningún caso autorización para realizar actos de comercio, suministro o cualquier otro que se refieran a la enajenación y/o distribución de las sustancias antes aludidas; que el ejercicio del derecho no debe perjudicar a terceros; y, que corresponderá a la autoridad mencionada establecer los lineamientos y modalidades de la adquisición de la semilla, quedando obligada a tomar todas las medidas necesarias para dar cauce al derecho reconocido, así como constreñida a dar efectivo y total cumplimiento a la presente resolución. Debe precisarse que la presente resolución no constituye por sí misma la autorización para llevar a cabo el consumo personal de marihuana ni de los actos para materializarlo, pues la autorización respectiva se otorgará por la autoridad responsable Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios que, una vez firme, debe dar cumplimiento a este fallo. SÉPTIMO. Se requieren acuses de recibo. Para los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término de tres días hábiles, contado a partir de la fecha en que reciban el oficio que derive de la presente determinación, informen a esta autoridad federal al correo electrónico 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, la fecha en que quedaron debidamente notificados de esta sentencia. Se apercibe a dichas autoridades que, de no cumplir con el presente requerimiento, con apoyo en los artículos 237 fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo se les impondrá una multa por el equivalente a cincuenta valores diarios de la unidad de medida y actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. OCTAVO. Acuerdo de Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 113, 118, 119 y 120, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos. NOVENO. Firma Electrónica. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. Por lo expuesto y fundado, con fundamento en el artículo 210 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Es infundada la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad presentada por ********************, por su propio derecho, en contra del Comisionado Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Michoacán, con sede en Morelia. SEGUNDO. Es fundada la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad presentada por ********************, por su propio derecho, en contra del Comisionado Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, y Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, ambos de la Comisión Federal de Protección Contra Riesgos Sanitarios, con residencia en la Ciudad de México, por los motivos expuestos en el considerando quinto y para los efectos indicados en el sexto de los considerandos. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE; mediante oficio a las autoridades responsables.

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