Érik Alejandro Gómez Rodríguez
Expediente 1975/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1975/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/11/2019
Partes del expediente
- Érik Alejandro Gómez Rodríguez
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, trece de noviembre de dos mil diecinueve. Acepta competencia planteada y se ordena archivo. Visto el oficio de cuenta del Juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, por medio del cual informa que aceptó la competencia declinada en favor de dicho Juzgado y acusa recibo del diverso 47463/2019 de seis de noviembre del año en que se actúa, por el que se remitieron los autos originales del juicio de amparo 1975/2019-I, tres copias de la demanda de amparo, seis del escrito aclaratorio y un anexo; en atención a su contenido, agréguese a los autos para que obre como corresponda, y téngase a la autoridad oficiante acusando el recibo de estilo correspondiente; quedando enterado este Juzgado Federal de sus manifestaciones. Archivo. Por otra parte, al no existir diligencias que realizar archívese el presente cuaderno de antecedentes como asunto totalmente concluido y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, se acuerda lo siguiente: Destrúyase el presente cuaderno de antecedentes, una vez transcurridos seis meses de su archivo, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo del Acuerdo General Conjunto de referencia. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo décimo, fracción I, del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Notifíquese.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) DE 06 DE NOVIEMBRE DE 2019, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): Con el escrito de cuenta, se tiene al quejoso ***, desahogando en tiempo la prevención decretada por este juzgador mediante proveído de veintiuno de octubre del año en curso. Por otro lado, visto el estado que guardan los presentes autos, del cual se advierte que mediante proveído de veintinueve de octubre del año en curso, se reservó acordar lo conducente respecto de las constancias remitidas por la autoridad responsable en cumplimiento al requerimiento realizado en el mencionado proveído del veintiuno de octubre del año en curso, se procede a acordar lo conducente. ...Incompetencia. Presupuesto procesal de competencia. La competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento. Las reglas de competencia de los Jueces de Distrito se encuentran en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Amparo y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por lo tanto, con fundamento en los artículos 35, 37 y 48 de la Ley de Amparo se analiza la competencia legal para conocer del asunto, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo indirecto. En efecto, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes, ya que no solamente es declarativa sino constitutiva, debido a que define, aparte de qué juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, ya que de examinarse hasta la revisión y resultar cierta la violación implicaría la reposición del procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia. Ahora bien, para que un juez tenga competencia respecto de un asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, la vía y el territorio. La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a. Competencia por territorio; b. Competencia por materia; c. Competencia por razón de la vía; y, d. Competencia auxiliar. En el caso concreto, este órgano jurisdiccional es legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por ***, por razón de materia. Lo anterior, en virtud de que del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama, en esencia, la omisión de dar contestación al escrito de catorce de octubre de dos mil diecinueve dirigido al Delegado de la Fiscalía General de la República en Puebla a efecto de solicitar la devolución previa acreditación del vehículo ***, dentro de la carpeta de investigación ***, así como el resguardo y la falta de entrega material del citado vehículo. Asimismo, en diversos apartados de su demanda y escrito aclaratorio, el quejoso refirió que tal solicitud tenía como propósito la devolución del vehículo de su propiedad, cuestión que le compete a la autoridad responsable dentro de la carpeta de investigación ***. Ahora, para fijar la competencia de los jueces de distrito, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece diversas reglas. En relación al criterio de la materia se hace referencia a los asuntos según cada especialización, y así se indican los concernientes a los: Jueces federales penales artículos 50 a 50 ter; Jueces de distrito especializados para adolescentes artículo 50 quater; Jueces de distrito de amparo en materia penal artículo 51; Jueces de distrito en materia administrativa artículo 52; Jueces de distrito civiles federales artículo 53; Jueces de distrito mercantiles federales artículo 53 bis; Jueces de distrito de amparo en materia civil artículo 54; y, Jueces de distrito en materia de trabajo artículo 55. Asimismo, se establece que los jueces de distrito sin jurisdicción especial conocerán de todos los asuntos a que se refieren los artículos de ese capítulo sobre las atribuciones de los jueces de distrito artículo 48, supuesto en el cual quedan comprendidos los jueces de distrito de jurisdicción mixta; quienes, por tanto, tienen competencia para conocer de todos los asuntos, con independencia de la materia a la cual se refieran. Por tanto, si la parte quejosa reclama la omisión de dar contestación al escrito de catorce de octubre de dos mil diecinueve dirigido al Delegado de la Fiscalía General de la República en Puebla a efecto de solicitar la devolución previa acreditación del vehículo marca ***, dentro de la carpeta de investigación ***, así como el resguardo y la falta de entrega material del citado vehículo, dichos actos son de naturaleza penal. Al respecto, la Suprema de Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los actos y omisiones derivados de una averiguación previa son de naturaleza penal y, por ende, la competencia para conocer de los amparos en su contra se surte a favor de los Jueces de Distrito en Materia Penal. Así se explica en las siguientes jurisprudencias: AVERIGUACIÓN PREVIA. EL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA PENAL ES COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INTERPUESTO CONTRA LOS ACTOS REALIZADOS POR EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE LA INTEGRACIÓN DE AQUÉLLA. Cuando se trate de juicios de amparo interpuestos en contra de actos realizados por el agente del Ministerio Público durante la integración de la averiguación previa, que no incidan en la libertad personal del quejoso ni se esté en presencia de un procedimiento de extradición, en atención a su naturaleza intrínsecamente penal, independientemente de la procedencia del juicio de garantías, es competente para conocer de ellos el Juez de Distrito en Materia Penal y, en consecuencia, el Tribunal Colegiado de Circuito en la misma materia para resolver el recurso de revisión respectivo. Ello es así, en virtud de que el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al conocer de conflictos competenciales suscitados entre Tribunales Colegiados o Jueces de Distrito atiende a la naturaleza del acto reclamado para decidirlos, prescindiendo de la naturaleza formal de la autoridad de la que emana el acto; de ahí que aun cuando durante la integración de la averiguación previa el agente del Ministerio Público es una autoridad formalmente administrativa, los actos que realiza son de naturaleza penal, ya que practica toda clase de diligencias con fundamento en leyes penales, tanto sustantivas como adjetivas, por lo que se actualiza la competencia de los Jueces de Distrito en Materia Penal, prevista en el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues de la interpretación sistemática de sus fracciones se advierte que su teleología no está informada por el carácter orgánico de la autoridad que emite el acto, sino por la naturaleza penal de su actuación, aunado a que dicho análisis respeta el principio de especialización, el cual garantiza la expeditez en el fallo, ya que la resolución de los asuntos por materia requiere del conocimiento y experiencia que tienen los que se dedican en forma específica a una determinada rama del derecho, y que por ello pueden ponderar en forma más expedita y autorizada las distintas soluciones al caso concreto. AVERIGUACIÓN PREVIA. PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE AMPARO, EN CONTRA DE LA ABSTENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE INICIARLA DESPUÉS DE FORMULARSE UNA DENUNCIA DE HECHOS QUE PUDIERAN SER CONSTITUTIVOS DE DELITO PERSEGUIBLE DE OFICIO. El juicio de amparo indirecto es procedente en términos del artículo 114, fracción VII, de la Ley de Amparo, en contra de la abstención del Ministerio Público de iniciar una averiguación previa ante una denuncia de hechos que pudieran ser constitutivos de delitos perseguibles de oficio, siempre que se hayan cumplido los requisitos establecidos en los artículos 113 y 118 del Código Federal de Procedimientos Penales. Ello es así, pues tal omisión representa dejar al gobernado en estado de incertidumbre respecto a la persecución de los presuntos ilícitos denunciados, lo que contraviene el cuarto párrafo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994, cuyo objeto es garantizar que las denuncias sean atendidas y que el Ministerio Público ejercite las funciones de investigación que le encomienda la ley, pues en nada beneficiaría al gobernado el derecho otorgado constitucional y legalmente para combatir el no ejercicio de la acción penal, si no se le faculta para exigir que ante una denuncia se inicien las averiguaciones correspondientes. Al respecto, es importante precisar que la carpeta de investigación de origen se tramita conforme a las reglas del nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral; sin embargo, es posible traer a colación los criterios que sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando determinó qué juez constitucional es competente para conocer de los juicios de amparo promovidos contra actos y omisiones realizados durante la integración de la averiguación previa, pues con independencia de que ese análisis se realizó bajo la óptica del anterior sistema de justicia penal, lo cierto es que el pronunciamiento sigue resultando ilustrativo, en tanto resulta revelador de la naturaleza jurídica de los actos que realiza la autoridad ministerial durante la etapa de investigación. Además, de conformidad con la normativa constitucional reformada en junio del dos mil ocho, el Ministerio Público sigue conservando, salvo en casos de excepción, la competencia para investigar los delitos, verificar la probable participación de los involucrados e instar la actuación judicial mediante la materialización de la acción penal. Por tanto, si en la especie el quejoso reclama la omisión de dar contestación al escrito de catorce de octubre de dos mil diecinueve dirigido al Delegado de la Fiscalía General de la República en Puebla a efecto de solicitar la devolución previa acreditación del vehículo marca ***, dentro de la carpeta de investigación ***, así como el resguardo y la falta de entrega material del citado vehículo, resulta inconcuso que tales actos reclamados son de carácter penal. Lo anterior se corrobora con las constancias remitidas por el Delegado de la Fiscalía General de la República con sede en el Estado de Puebla, de las que se advierte, en lo que interesa, la resolución de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve emitida por el Agente del Ministerio Público de la Federación en apoyo de la Agencia Segunda Investigadora Puebla de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado, de la cual se desprende lo siguiente: . En ese tesitura esta Fiscalía Federal de la República, acuerda no favorable la petición al C. ***, devolución del ***, toda vez que se realizarán los actos de investigación respecto del vehículo mencionado en líneas anteriores . Bajo ese tenor, para poder determinar si resulta ajustada a derecho la negativa a ordenar la devolución del vehículo marca ***, resulta necesario acudir a la interpretación de normas de carácter penal. Y, por ende, de conformidad con el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el órgano competente para conocer del juicio de amparo es un Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal. En tales condiciones, este juzgado estima carecer de competencia legal para conocer y resolver el juicio de amparo promovido por ***; en consecuencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, previo cuaderno de antecedentes que al efecto se forme, se ordena remitir la demanda con sus copias al Juez de Distrito en Materia de Amparo Penal en el Estado de Puebla, en turno, a quien se estima competente para conocer de la misma, por los motivos apuntados; solicitándole el acuse de recibo y, en su caso, informe si acepta o no la competencia planteada. No procede suspender el acto reclamado. El artículo 48, párrafo primero, de la Ley de Amparo, establece que cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En la especie, se declina la competencia sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión, porque no se reclama alguno de los actos de excepción. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinticinco de octubre de dos mil diecinueve. ? Fenece plazo de las partes. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que feneció el plazo concedido a las partes en proveído del siete de octubre de dos mil diecinueve, mediante el cual se admitió a trámite el incidente de daños y perjuicios promovido por la tercera interesada ***, a fin de que ofrecieran las pruebas conducentes. ? Autoridad cumple requerimiento. Por otro lado, agréguese a los autos el oficio y anexo del Juez Noveno Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído del diecisiete de octubre pasado, remite el copia certificada del juicio ejecutivo mercantil *** de su índice. ? Admisión de prueba documental. Ahora, toda vez que en proveído del veintiuno de octubre del año en curso, se reservó proveer lo conducente respecto de dichas constancias hasta en tanto la autoridad oficiante las remitiera, lo cual ya aconteció; en consecuencia, con fundamento en el artículo 67 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida como prueba de la parte quejosa la documental consistente en la copia certificada del juicio ejecutivo mercantil *** del índice del Juzgado Noveno Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, debiendo darse cuenta con ella en la audiencia incidental. Se forma anexo. Finalmente, visto el volumen de las constancias remitidas, se ordena formar el tomo de pruebas III, para que obren por cuerda separada y para su mejor manejo y conservación, respetando folio, sello y rúbrica de la autoridad oficiante. ? Pruebas de las partes. Ahora bien, de autos se advierte que los terceros interesados ***, no ofrecieron pruebas en la presente incidencia. *** ? Se fija fecha para audiencia incidental. Finalmente, para dar margen a lo anterior, con fundamento en el referido artículo 67, segundo párrafo de la Ley de Amparo, se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y OCHO MINUTOS DEL ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para la celebración de la audiencia de incidental. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa y a la tercera interesada.
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