Érick Nájera Gómez
Expediente 202/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 202/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 14/03/2019
Partes del expediente
- Érick Nájera Gómez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Estado procesal. Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, por el que se determinó desechar la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, se acuerda lo siguiente: Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos cinco años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó desechar de plano la demanda de amparo; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto de referencia, que establece: "... Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al punto décimo séptimo, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó desecharla de plano, y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, ..., hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Notifíquese.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE VEINTISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el término de cinco días concedido en auto del seis de febrero de dos mil diecinueve, en el que se requirió a la parte quejosa para aclarar si deseaba señalar como autoridad responsable a la Contraloría Municipal de Atlixco, Puebla, y manifestará bajo protesta de decir verdad, con claridad los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, sin que lo hubiere hecho. Atento a lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído antes citado, y por ello se tiene únicamente como autoridad responsable y acto reclamado, los que señala en el capítulo respectivo, esto es, la falta de acuerdo respecto de su escrito mediante el cual formuló derecho de petición ante el Comandante de la Dirección de Seguridad, Vialidad y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Atlixco, Puebla. Vista la demanda de amparo y las constancias que obran en autos, remitidas por el Contralor Municipal del Ayuntamiento y el Responsable de la Jefatura del Departamento de Tránsito y Vialidad Municipal, ambos de Atlixco, Puebla, este órgano jurisdiccional federal, advierte de oficio que el juicio de amparo es improcedente. En efecto, del análisis integral de la demanda de amparo indirecto, se advierte que la parte quejosa señaló esencialmente como acto reclamado el siguiente: La falta de acuerdo respecto de su escrito de fecha diez de diciembre de dos mil dieciocho, mediante el cual formuló derecho de petición ante el Comandante de la Dirección de Seguridad, Vialidad y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Atlixco, Puebla. Al respecto, este órgano jurisdiccional advierte que respecto de los actos reclamados se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Del citado precepto legal se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos sean destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; esto es, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la cual hacer un pronunciamiento de fondo. Bajo esa óptica, cabe precisar que de las constancias que remitieron las autoridades en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de seis de febrero de dos mil diecinueve, se advierte que el siete de febrero de dos mil diecinueve -fecha posterior a la presentación de demanda-, el Jefe de Policía de Tránsito y Vialidad Municipal de Atlixco, Puebla, dio contestación al escrito presentado por ..., el diez de diciembre de dos mil dieciocho, lo cual fue notificado al promovente en esa misma fecha. Circunstancias anteriores que ponen de manifiesto que han cesado los efectos de la omisión reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no hubiera dejado huella alguna de dicha afectación, toda vez que en la actualidad, ya se dio contestación a la petición formulada por Érick Nájera Gómez -quejoso- por el Comandante de la Dirección de Seguridad, Vialidad y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Atlixco, Puebla; acciones que denotan que han cesado los efectos de los actos reclamados. Por lo tanto, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En ese sentido surge la incógnita si respecto de la contestación de cinco de febrero de dos mil diecinueve, sería posible darle vista o no al promovente para que amplié la demanda de amparo relativa. La respuesta es en sentido negativo. Para corroborar lo anterior, debe decirse que el presente caso no se ubica en la hipótesis descrita en el artículo 61, fracción XX, último párrafo, de la Ley de Amparo, porque no se trata de un acto administrativo emitido de manera unilateral, por la autoridad responsable, y si bien podría ampliarla con base en las reglas generales de ampliación de una demanda de amparo, previstas en el artículo 111 de la misma legislación, lo cierto es que en esta última premisa, debe agotarse, contra dicha respuesta, el juicio de nulidad, y, por ende, a nada práctico conllevaría darle vista para ampliar. Debe recordarse que el artículo 111 de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando: I. No hayan transcurrido los plazos para su presentación; II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta Ley. En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda." Sin embargo, los supuestos establecidos para la ampliación de la demanda de amparo, aun cuando atienden a elementos de oportunidad o temporalidad para su promoción, así como el conocimiento posterior de actos relacionados con aquellos reclamados inicialmente, lo cierto es que el legislador no previó que en esos casos se actualizara la hipótesis de excepción al principio de definitividad, como sí lo previó -expresamente- respecto de la ampliación de la demanda tratándose de los casos en que se reclamen actos materialmente administrativos emitidos unilateralmente, y la autoridad responsable complementa la fundamentación y motivación, en términos de los artículos 61, fracción XX, párrafo último, 117, párrafo último y 124, párrafo último, de la Ley de Amparo . De ahí que el legislador ordinario no previó que tratándose de demandas de amparo en los que se reclame una violación al derecho de petición, deba seguirse el procedimiento previsto en el artículo 117, párrafo último, de la ley de la materia, consistente en otorgar un plazo razonable para ampliar la demanda respecto del acto emitido en respuesta a la solicitud de que se trata, pues ese supuesto se reservó a los actos unilaterales de la administración pública y, tampoco se estableció que el particular quedaba exento de agotar los medios ordinarios de defensa, como en este caso, el juicio de nulidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Puebla. Entonces, al no tratarse de un acto administrativo unilateral, de poco serviría otorgarle a la parte quejosa la posibilidad de ampliar su demanda, si de manera previa a su impugnación a través del juicio de amparo debe agotarse previamente el juicio de nulidad; esto es, se le daría vista para ampliarla, pero el juicio de amparo sería improcedente, pues no cumplió con el principio de definitividad, lo cual haría ociosa la vista de que se trata. Sobre la necesidad de agotar el medio de defensa, aun tratándose de la ampliación de la demanda prevista en el artículo 111 de la Ley de Amparo, en la contradicción de tesis 110/2006-SS, resuelta el veinticinco de agosto de dos mil seis, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se dijo: Lo anterior no irroga perjuicio alguno al sistema dispuesto en la Ley de Amparo para efecto de la procedencia de la demanda de garantías pues, por el contrario, el quejoso tiene expeditos sus derechos para impugnar el acuerdo de la responsable como corresponda y estime conveniente y, si el quejoso opta por ampliar su demanda porque considera que ésta es la vía adecuada, por razones de economía procesal, el Juez de Distrito que ha conocido de la demanda de amparo puede y debe ponderar si el juicio constitucional es la vía procedente para tal impugnación o no, lo cual, de hecho, acontecería si el quejoso impugnara el acuerdo de la responsable a través de una nueva acción de amparo, con la sola particularidad de que se tendrían dos expedientes diversos. (.) No obsta a lo anterior, el hecho de que el Juez de Distrito se encuentre en posibilidad de considerar actualizada la fracción III del artículo 74, en relación con la diversa XVI del numeral 73, relativa a la improcedencia del juicio de amparo ante el cese de los efectos del acto reclamado, ello porque esta consideración podría acontecer por lo que respecta al acto de omisión de la responsable en emitir el acuerdo de respuesta pero no por lo que hace a la ampliación de demanda; en todo caso, podría sobreseerse respecto de los nuevos actos si el Juez Federal estima que en la especie se acreditan diversas razones para ello." Con base en lo anterior, se insiste, de nada serviría que se le diera oportunidad de ampliar la demanda, por cuanto hace a la respuesta emitida si a la postre se sobreseería por no agotarse el principio de definitividad. Ahora, debe destacarse que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisión 571/2017, sostuvo lo siguiente: "De lo narrado con antelación, se constata que en la especie, sí se actualiza la excepción al principio de definitividad prevista en el último párrafo de la fracción XX del transcrito artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que al rendir sus informes justificados las responsables remitieron la calificación registral negativa recaída a la solicitud de los impetrantes, por lo que fue hasta ese momento que éstos conocieron el contenido del acto reclamado en ampliación. Por lo tanto, contrario a lo sostenido por el Juez de Distrito, era innecesario que los quejosos interpusieran ante el Tribunal Unitario Agrario, previo a la promoción de la demanda de amparo, el juicio de nulidad; de ahí lo fundado de los agravios así formulados. Con base en lo anterior, debe concluirse que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra la respuesta de siete de febrero de dos mil diecinueve, recaída al escrito del quejoso de fecha diez de diciembre de dos mil dieciocho, mediante el cual formuló derecho de petición ante el Comandante de la Dirección de Seguridad, Vialidad y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Atlixco, Puebla, pues antes de promover esta acción constitucional tiene a su alcance el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, por tratarse de un acto administrativo de la autoridad municipal con facultades de autoridad. Además, en el caso, no se actualiza ninguna de las siguientes excepciones al principio de definitividad: a) Si el acto reclamado afecta a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emana; b) Si se trata de un acto administrativo respecto del cual la ley que lo rige exige mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para suspender su ejecución; c) Si el acto reclamado implica una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; d) Si el acto reclamado implica peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; e) Si el acto reclamado carece de fundamentación; f) Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución Federal; g) Cuando el juicio, recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia; h) Cuando se reclama una ley con motivo del primer acto de aplicación, en términos del artículo 61, fracción XIV, tercer párrafo, de la Ley de Amparo; y, i) Finalmente, cuando se reclamen actos materialmente administrativos emitidos en forma unilateral por un órgano de la administración pública, de los cuales se alegue que carecen de fundamentación y motivación, y en el informe justificado la autoridad responsable subsana o perfecciona tales vicios también operará la excepción al principio de definitividad señalada en el inciso f). En primer orden, porque el referido acto no implica una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal, además tampoco importa peligro de la privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 de ese ordenamiento supremo. Además, no se trata de una ley que se impugne con motivo de su primer acto de aplicación, por lo que no se actualizan los supuestos señalados en los incisos c), d) y h). Por otro lado, el acto reclamado tampoco carece de fundamentación, pues en él se citaron los fundamentos legales que se consideraron aplicables; por tales motivos, no se actualizan los supuestos señalados en los incisos e), f) e i). Por otro lado, el acto reclamado puede ser combatido a través del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, máxime que el mencionado juicio se prevé en una ley, y no en un reglamento, por lo que tampoco se actualiza la hipótesis contenida en el inciso g). Asimismo, no se actualiza la hipótesis descrita en el inciso a), dado que el juicio de amparo indirecto no es promovido por persona extraña, pues fue el propio quejoso quien formuló derecho de petición ante el Comandante de la Dirección de Seguridad, Vialidad y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Atlixco, Puebla. Entonces, lo único que podría actualizar una excepción al principio de definitividad sería que la ley que rige el acto exigiera mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo para suspender su ejecución, o previera un plazo mayor al que establece la ley de la materia para el otorgamiento de la suspensión provisional. Sin embargo, en relación con ese tema, cabe señalar que la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla no exige mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva de los actos reclamados, ni establece un plazo mayor para el otorgamiento de la suspensión provisional. Además, debe indicarse que el artículo 55 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla es de contenido esencialmente igual al numeral 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 130/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no exige mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la ejecución del acto impugnado. Por lo tanto, es factible estimar que el juicio contencioso local no prevé mayores requisitos que la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado. En esa tesitura, resulta inconcusa la configuración de una nueva situación jurídica, lo que actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, y en consecuencia, lo que procede es desechar la demanda de amparo.
- Principal
... Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
... San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de febrero de dos mil diecinueve. No se tiene por desahogada la prevención. Agréguese el escrito de la autorizada de la parte quejosa, en virtud del cual pretende desahogar la prevención que se le formuló mediante proveído de seis de febrero de dos mil diecinueve, atento a lo anterior, se tiene por no cumplida la prevención en atención a que su desahogo debe de hacerse de manera personal por el quejoso, dado que es un requisito formal que debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción V, del artículo 108 de la ley de la materia, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual la autorizada en términos amplios por la parte quejosa, no puede desahogar la prevención realizada, relativa a que señalara si era su deseo señalar como autoridad responsable a la Contraloría Municipal de Atlixco, Puebla y manifestar con claridad los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, esto lo debería hacer bajo protesta de decir verdad, es decir, de manera personal. Lo anterior, en virtud de que precisar las autoridades responsables a quienes les imputa el acto reclamado y manifestar con claridad los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, es una cuestión que atañe o debe provenir directamente de la voluntad del interesado, ya que incide o modifica la configuración de la litis constitucional, y en esa medida es una atribución personalísima del agraviado. Al respecto cobra aplicación, la jurisprudencia 50/2014, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTA FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA Por lo tanto, subsiste el apercibimiento formulado mediante proveído de seis de febrero del año en curso; en la inteligencia de que la parte quejosa ha agotado cuatro de los cinco días que se le concedieron para tal efecto, por lo que a partir de que surta efectos la notificación de este proveído contará con el plazo restante para desahogar dicha prevención. Apoya lo anterior, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece lo siguiente: ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo. Por otra parte, respecto a la segunda manifestación de la parte quejosa en su escrito de cuenta, en el sentido de que la autoridad responsable no ha dictado el acuerdo correspondiente a su solicitud, dígasele que de las constancias remitidas por el Responsable de la Jefatura del Departamento de Tránsito y Vialidad Municipal de Atlixco, Puebla; se advierte que el siete de febrero del presente año, mediante oficio DGSPG/DPTV/SSPTV/JPTV/037/2019, se le dio respuesta a su petición, misma que fue notificada ese mismo día al propio quejoso -********************-. Notifíquese personalmente a la parte quejosa con copia certificada del oficio DGSPG/DPTV/SSPTV/JPTV/037/2019.
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