Ericka Guerrero Quintana
Expediente 56/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 10 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 56/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 30/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Ericka Guerrero Quintana
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; a treinta de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días que establece el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra la resolución de cumplimiento de treinta de mayo del presente año, sin que lo hiciera así; por tanto, se declara que la citada resolución ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su oportunidad archívese el presente expediente. Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 34, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente es conservable, conforme lo establece el numeral artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción, Digitalización, Transferencia, Resguardo y Destino Final de los Expedientes Judiciales Generados Por Los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. De este modo, en términos del numeral 9 del citado Acuerdo General, el expediente deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. En atención a la citada certificación, esta juzgadora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y, las partes entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico, ni histórico y no obran documentos originales, en términos del General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción, Digitalización, Transferencia, Resguardo y Destino Final de los Expedientes Judiciales Generados Por Los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Además, se hace constar que, no obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Finalmente, las constancias que integran el expediente electrónico coinciden en su totalidad con el expediente impreso del juicio de amparo indirecto 56/2023, ello, en términos del artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; a seis de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos para que obre como simple antecedente el oficio y anexo que remite el Consultor Jurídico adscrito al Departamento Jurídico Fiscal, de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, vía delegación de facultades, en esta ciudad; en virtud de que mediante auto de treinta de mayo del año actual, se dictó resolución de cumplimiento en el presente juicio de amparo; y por lo que hace a la cancelación de las multas impuestas, del sumario destaca que en el presente asunto no se le impuso sanción pecuniaria alguna. Lo anterior, de conformidad con el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.IRS
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; a veintitrés de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por el Consultor Jurídico adscrito al Departamento Jurídico Fiscal, de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, vía delegación de facultades, en esta ciudad, adjunto al cual exhibe copia del cheque 1158251, a nombre de la quejosa ****, de once de mayo del presente año, valioso por la cantidad de $3,745.35 (tres mil setecientos cuarenta y cinco pesos 35/100 moneda nacional), a cargo de la institución bancaria Banco Mercantil del Norte, sociedad anónima, Instituto de Banca Múltiple BANORTE, relativo al pago que la parte quejosa realizó en exceso, por concepto de inscripciones traslativas de dominio de propiedad de inmueble y garantías constituidas sobre éstos; con lo que precisa haber dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio. Atento a lo anterior, de conformidad en lo dispuesto por el artículo 196, primer párrafo, de la Ley de Amparo, con su contenido dese vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, para que manifieste lo que a su derecho convenga. Se apercibe a la peticionaria de amparo que una vez transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este órgano jurisdiccional dictará resolución que declare si la sentencia está cumplida o no, en términos del artículo referido en el párrafo que antecede. Finalmente, con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante, designando como delegados a las personas que indica y señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que refiere en su informe; sin que se haga necesario pronunciarse respecto a la cancelación de la multa que a su decir se le impuso, pues en el sumario no obra constancia de ello. Notifíquese por lista electrónica y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ****, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ****. Doy fe.IRS
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de abril de dos mil veintitrés.********************Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia de catorce de marzo del presente año, en la que se sobreseyó y concedió el amparo solicitado por ********************, sin que se haya presentado promoción al respecto.********************Por lo anterior, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86, de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la legislación de la materia, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes; háganse las anotaciones en el libro respectivo.********************Atento a lo anterior, toda vez que en el presente asunto se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal, se procede a requerir el cumplimiento respectivo.********************Sin embargo, dicho cumplimiento, no se requerirá al Congreso y Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre, pues cabe decir, que en atención al principio de relatividad que rige el juicio de amparo, los efectos que produce la sentencia que declara inconstitucional una ley, se constriñen exclusivamente en destruir el acto de aplicación que dio lugar a la promoción del juicio y los actos de aplicación, que en su caso, se hayan generado durante la tramitación del mismo y actúan hacia el futuro, impidiendo que en lo sucesivo se aplique a la quejosa la norma declarada inconstitucional, pero no alcanzan a vincular a las autoridades que expidieron, promulgaron, refrendaron y aprobaron dicha norma, ni las obligan a dejar insubsistentes sus actos, pues la sentencia de amparo no afecta la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de eficacia general.********************En apoyo a la consideración anterior, se cita la tesis número P. CXXXVII/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 135, del Tomo IV, Noviembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que textualmente dice:********************LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ÓRGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACIÓN. De los antecedentes históricos que dieron lugar a la consagración constitucional del principio de relatividad de las sentencias de amparo y de los criterios sentados por este tribunal sobre la materia, particularmente del establecido en los asuntos de los cuales derivaron las tesis jurisprudenciales publicadas con los números 200 y 201 del Tomo I del Apéndice de 1995, con los rubros de "LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN" y "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN", se desprende que los efectos de la sentencia que concede el amparo en contra de una ley reclamada con motivo de su aplicación concreta, actúan hacia el pasado, destruyendo el acto de aplicación que dio lugar a la promoción del juicio y los actos de aplicación que en su caso se hayan generado durante la tramitación del mismo, y actúan hacia el futuro, impidiendo que en lo sucesivo se aplique al quejoso la norma declarada inconstitucional, pero no alcanzan a vincular a las autoridades que expidieron, promulgaron, refrendaron y publicaron dicha norma, ni las obligan a dejar insubsistentes sus actos, pues la sentencia de amparo no afecta la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de eficacia general.********************Ahora, debe precisarse que en el juicio de amparo en que se actúa, se concedió la protección constitucional en los términos siguientes: ********************[.]********************Se cobre a ********************, únicamente el catorce por ciento de la tarifa total, es decir, la cantidad de $******************** (******************** pesos ********************/100 moneda nacional), por cada uno de los servicios que recibió, acorde con el certificado de pago relativo a la operación ******************** de veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, a nombre de la disconforme reintegrándose la parte que cubrió en exceso.********************Por lo que al tomar en cuenta que es a la autoridad exactora a quien corresponde dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo en su carácter de ente estatal encargado de la recaudación, tan pronto como el presente fallo cause ejecutoria, con las constancias correspondientes, deberá requerirse a la Oficina de Recaudación de Rentas de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, para que devuelva las cantidades descritas.********************[.]********************Conforme a ello, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a la Titular de la Oficina de Recaudación de Rentas, con sede en esta ciudad, así como al Secretario de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, este último en su carácter de superior jerárquico de la primera en mención, para que en el término de tres días, contados a partir de que queden legalmente notificados de este proveído, den cumplimiento a la ejecutoria de amparo o, en su defecto, informen las medidas que tomen tendentes a ello, lo que deberán acreditar con las constancias conducentes, para lo cual se les remite copia simple de lo siguiente: 1) demanda de amparo, 2) factura fiscal con el número de operación ******************** la cual se exhibió con el escrito recibido en auto de diecinueve de enero y, 3) sentencia.********************Resulta aplicable al caso, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Segundo Circuito, Octava Época, visible en la página 554, XV-II, Febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes:********************SENTENCIAS DE AMPARO. ESTÁN OBLIGADAS A SU CUMPLIMIENTO. TODAS LAS AUTORIDADES QUE DEBAN INTERVENIR EN SU EJECUCIÓN, AUN CUANDO NO HAYAN INTERVENIDO EN EL AMPARO. El hecho de que alguna autoridad no haya sido señalada como parte en el juicio de amparo, no implica que no esté obligada a cumplir con el fallo protector, por el contrario, a su cumplimiento se obligan todas aquellas autoridades que por razón de sus funciones deban intervenir en su ejecución.********************Lo anterior con el apercibimiento que de no hacerlo así, se procederá conforme a lo dispuesto por los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá como sanción el equivalente a cien unidades de medida y actualización, que asciende a $10,374.00 (diez mil trecientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), previstas en el artículo 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2, fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, en esta ciudad, para seguir el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar en la separación de su cargo y su consignación ante la autoridad penal correspondiente.********************Apoya lo anterior, la tesis I.13o.T.3 K (10a.), aprobada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXV, de Octubre de 2013, Tomo 3, materia común, página 1767, del siguiente tenor:********************EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. AL MOMENTO DE REQUERIR SU CUMPLIMIENTO, EL JUZGADOR DEBE INDIVIDUALIZAR EL MONTO DE LA MULTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 192, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO Y NO EN UN ACUERDO POSTERIOR (INTERPRETACIÓN DEL CONCEPTO "DESDE LUEGO"). La base toral de las facultades que la ley otorga a las autoridades para actuar con el propósito de lograr la finalidad que la misma les señala, implica la posibilidad de optar entre dos o más decisiones, y se encuentra subordinado a que se respeten los presupuestos procesales para hacer cumplir sus determinaciones. En este sentido, el artículo 192, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, establece que en la notificación que se haga a la responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego. Ahora bien, el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, en su vigésima segunda edición, define el vocablo "luego" como el adverbio de tiempo que tiene por significado "prontamente, sin dilación"; a partir de lo anterior, el propio instrumento en consulta define la locución adverbial "desde luego" como aquello que debe ocurrir "inmediatamente, sin tardanza". De esta manera, el presupuesto procesal que estableció el legislador para la imposición de esa multa, consiste en que ésta se determine "desde luego", esto es, inmediatamente, sin tardanza; por tanto, al requerir el cumplimiento de la sentencia en que se concedió el amparo, el juzgador debe individualizar su monto y no en un acuerdo posterior.********************Por ello, se hace del conocimiento del Secretario de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, que en caso de que no acredite haber conminado eficazmente a la Titular de la Oficina de Recaudación de Rentas, en esta ciudad, incurrirá en las mismas responsabilidades de dicha autoridad.********************Notifíquese por lista electrónica; por oficio a las autoridades responsables, a las requeridas y al agente del Ministerio Público adscrito.********************Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
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