Ericka Fabiola Pérez Sánchez
Expediente 719/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 8 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 719/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 12/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Ericka Fabiola Pérez Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; doce de junio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el ocurso el escrito signado por el licenciado ***********, autorizado de la parte quejosa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, como lo solicita expídasele la copia certificada que refiere. Por otra parte, con fundamento en el artículo 280 del citado Código, hágasele devolución de la documental que acompañó la parte quejosa al escrito inicial de demanda, previa firma que por su recibo quede asentada en autos para debida constancia. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **********, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia de veintidós de febrero de dos mil diecinueve, en el cual se sobreseyó el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en cita. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y sí obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **********, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
- Principal
SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de febrero de dos mil diecinueve. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 719/2018-VI; y RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, turnado a este órgano el veintiséis siguiente, *******, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman vulnerados. La parte quejosa señala como derecho vulnerado el contenido en los artículos 103 fracción I y 107 fracciones II y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramite del asunto. Mediante auto de veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, se ordenó formar expediente y registrar el asunto bajo el juicio 719/2018-VI; se admitió a trámite la demanda; se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita se le dio la intervención legal que le compete, y; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación clara y precisa del acto reclamado a la autoridad responsable. Del análisis integral del escrito inicial de demanda y de los presentes autos se desprende que la peticionaria de amparo reclama al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, la omisión de proveer lo conducente respecto la petición formulada el diez de julio de dos mil dieciocho, relativa al crédito *******. Por ende, se tiene a tal acto como el reclamado en esta instancia constitucional. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Subdelegado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, al rendir informe justificado, comunicó, entre otras cosas, que el dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, se dio contestación a la petición formulada por la quejosa el diez de julio de esa anualidad; anexando para tal efecto, el oficio *******. Documento al cual se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°. CUARTO. Improcedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Constitución, la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que se analiza en forma profunda de acuerdo con el texto del artículo 62 de la ley citada en segundo término. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo estudio del fondo de la constitucionalidad del acto reclamado, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se estima actualizada. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.] Luego, a fin de establecer los alcances de la cesación de efectos es oportuno citar el contenido del artículo 77 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. [.] De los preceptos legales transcritos, se advierte que para considerar que el juicio de amparo es improcedente por cesación de efectos del acto reclamado, se requiere la concurrencia de los elementos siguientes: Que por virtud de mandamiento de la autoridad responsable o por cualquier otra circunstancia se deje sin efecto el acto reclamado; Que se hayan destruido todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional; Que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo; y, Que no se hayan causado consecuencias con la ejecución total o parcial del acto reclamado, que deban ser analizadas en la sentencia constitucional, a pesar de que se haya derogado o revocado el acto reclamado. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 59/99 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, consultable en la página 38, cuyo rubro y texto se insertan a continuación: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje allí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la parte quejosa reclama al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, la omisión de proveer lo conducente respecto la petición formulada el diez de julio de dos mil dieciocho, relativa al crédito *******. Sin embargo, del estado que guardan los presentes autos se advierte que el Subdelegado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, al rendir informe justificado, comunicó, entre otras cosas, que el dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, se dio contestación a la petición formulada por la quejosa el diez de julio de esa anualidad, relativa al crédito *******; anexando para tal efecto, el oficio *******. Documento al que se le reconoce pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. De manera que, si el Subdelegado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, mediante el oficio ******* de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, dio contestación a la petición formulada por la quejosa el diez de julio de esa anualidad, relativa al crédito *******; y este juzgado, mediante proveído de veinte de diciembre de dos mil dieciocho, dio vista con su contenido a la agraviada; es indudable que cesaron los efectos del acto reclamado al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que le dio motivo al amparo, reponiendo a la directamente agraviada en el goce del derecho vulnerado, es decir, volviendo a las cosas al estado que guardaban. Lo anterior, porque el efecto de una sentencia en la que se concediera la protección constitucional, sería precisamente, el obligar a la responsable en términos de lo dispuesto por el artículo 8º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a proveer lo conducente, respecto a la petición formulada por la quejosa el diez de julio de esa anualidad, relativa al crédito ******* y exigirle notificar lo proveído a la directamente agraviada; lo cual finalmente ocurrió debido a la actuación tanto de la propia responsable, como de este juzgado. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, con registro 196820, que a la letra dice lo siguiente: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Así como la diversa tesis aislada P.CL/97, que sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, noviembre de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, con registro 197367, que es del tenor literal siguiente: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio, con apoyo en el diverso numeral 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XXI, 62, 63, fracción V, 64, 65, 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 719/2018-VI, promovido por *******, contra actos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZÓN ACTUARIAL SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE VEINTIUNO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE A LA LETRA DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de enero de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el escrito signado por el licenciado **************, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual solicita a este juzgado, se requiera a la autoridad responsable, los documentos que sustentan el oficio DR/II/02/SJ/00483/2018, de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho. Al respecto es oportuno señalar que en el escrito inicial de demanda la parte quejosa únicamente reclamó ante esta instancia lo siguiente: La inconstitucionalidad falta de contestación a LA FORMAL PETICION presentada en fecha 10 de julio del 2018. Asimismo, el Subdelegado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), al rendir informe justificado exhibió el citado oficio DR/II/02/SJ/00483/2018, de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, mediante el cual se dio contestación al escrito de diez de julio de dos mil dieciocho, formulado por la cuentahabiente aquí quejosa. Por tanto, el suscrito considera innecesario, por ahora, solicitar a la responsable las constancias relativas a la contestación formulada mediante el oficio DR/II/02/SJ/00483/2018, de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, en virtud de que el acto reclamado consiste únicamente en la falta de contestación. No obstante, lo procedente es dar vista a la parte quejosa, para que dentro del término de quince días, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste si es su deseo ampliar su demanda respecto al acto consistente en oficio DR/II/02/SJ/00483/2018, de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, mediante el cual se dio contestación al escrito de diez de julio de dos mil dieciocho, formulado por la cuentahabiente aquí quejosa; apercibida que de no cumplir con lo que este auto ordena, se continuará el trámite del presente juicio de amparo únicamente respecto del acto precisado en su escrito inicial de demanda. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ****************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **************. Doy fe.
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