Erick Hernandez Villaseñor

Expediente 712/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 20 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
712/2023
Año
2023
Actuaciones
20
Última actuación
11/12/2023

Partes del expediente

  • Erick Hernandez Villaseñor

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Agréguese el escrito del quejoso, en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, expídase a su costa copias certificadas de las constancias que indica, previa identificación y toma de razón que por su recibo se asiente en autos. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Agréguese el ocurso del quejoso; atento a su contenido, como lo solicita, con fundamento en los artículos 81 fracción I inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo se tiene por interpuesto el recurso de revisión contra la sentencia; remítase el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito que por turno corresponda, así como el ocurso original de expresión de agravios para la substanciación del referido medio de impugnación, previa formación del cuaderno de antecedentes. Distribúyase entre las partes copia simple del mismo, dejando en esta Secretaría la de la contraria. Se instruye al actuario de la adscripción para que, previo al envío del recurso interpuesto al Tribunal Colegiado respectivo, efectúe las notificaciones necesarias y las vincule al expediente electrónico, para que la superioridad esté en condiciones de consultarlas a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se ordena que, una vez que se tenga información de quién es el Tribunal que conocerá del mismo, se haga disponible este asunto en el sistema aludido. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 712/2023; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ..., asistido de ..., Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación el Secretario hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo; B) Oficios por los cuales las autoridades responsables rindieron su informe justificado; C) Emplazamiento de la parte tercera interesada. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que el quejoso ofreció la documental, instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto, legal y humana. Al efecto se acuerda: Se admiten y desahogan las probanzas aludidas atento a su propia y especial naturaleza. Al no haber más elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se hace constar que ninguna de las partes los formuló, el Registro Público responsable invocó la improcedencia del juicio y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no intervino; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con el Secretario que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.

  4. Principal

    VISTOS para resolver el juicio de amparo 712/2023, promovido por ****** contra actos de la Segunda Sala y Juez Vigésimo Octavo, ambos de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia, y Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, todos de la Ciudad de México; y RESULTANDO PRIMERO. Demanda. El accionante solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, aduciendo que se violentaron en su perjuicio los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales. SEGUNDO. Substanciación del proceso. La demanda se turnó a este órgano federal, donde se admitió parcialmente; dio intervención a la representante social de la Federación adscrita; requirió los informes justificados; señaló a la parte tercera interesada; y fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Las autoridades rindieron sus informes, la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no formuló intervención, la parte tercera interesada fue emplazada; finalmente, la audiencia constitucional tuvo lugar en términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto en los dispositivos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso c), de la Constitución General de la República; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 37 de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un amparo indirecto promovido contra actos derivados de un proceso de naturaleza mercantil, seguido ante un tribunal del orden común con residencia en la ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Conforme al artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se precisa: El quejoso se ostenta tercero extraño auténtico y reclama la falta de llamamiento y todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil ... del índice del Juzgado Cuadragésimo Octavo Civil de esta ciudad; particularmente la resolución emitida por la Segunda Sala Civil de esta ciudad, que decretó la aprobación del convenio de dación en pago del inmueble ubicado en ******. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, la Sala responsable aceptó el acto que se le atribuye. El A quo únicamente refirió que remitía copias certificadas del expediente de origen, del cual se advierte la existencia del juicio de origen, por lo que se tendrá por cierto el reclamo que se le imputa. Lo anterior se corrobora con las copias certificadas del proceso natural allegadas, de valor probatorio pleno conforme a los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Por su parte, la autoridad registral se pronunció en sentido negativo; no obstante, de su contenido íntegro se advierte la existencia de la anotación de la dación en pago cuya aprobación constituye uno de los reclamos en esta instancia. De ahí que deba desvirtuarse lo mencionado por dicha autoridad, y en su lugar tenerse por cierto el acto que se le atribuye. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV- Julio de 1994, página 391, que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Conforme a lo anterior, no es dable decretar el sobreseimiento del juicio en términos de lo invocado por la autoridad responsable, pues el acto reclamado sí existe. CUARTO. Antecedentes. Para una mejor comprensión del asunto, es pertinente hacer las siguientes precisiones que se advierten de las constancias allegadas: 1. El veinticinco de septiembre de dos mil quince, la moral Munrro, Sociedad Anónima de Capital Variable, demandó en la vía ejecutiva mercantil a César Ortiz Catalán, el pago de diversas prestaciones. 2. Dicho asunto se admitió el treinta del mismo mes y año, y mediante diligencia de veinte de octubre siguiente, se efectuó el requerimiento de pago, embargo y emplazamiento del demandado. En esa actuación, entre otras cosas, se aseguró el inmueble ubicado en calle Cerro Tezoyo número 29, departamento 2, manzana 19, lote 4, sección segunda, colonia Campestre Churubusco, Coyoacán, Distrito Federal. 3. El dos de marzo de dos mil dieciséis, se dictó sentencia definitiva absolutoria, la cual fue revocada en segunda instancia mediante resolución de veintidós de agosto de ese año, para en su lugar condenar al demandado a pagar $50'000,000.00 (cincuenta millones de pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de suerte principal, más los intereses moratorios. 4. En escrito presentado el dos de agosto de dos mil diecisiete, la parte actora solicitó entre otras cosas, notificar a Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, el estado de ejecución del juicio. 5. Mediante diligencia de veinte de febrero de dos mil dieciocho, se efectuó dicha notificación. 6. Mediante escrito presentado el veintidós de marzo de dos mil dieciocho, las partes solicitaron la aprobación de un convenio de dación en pago donde el demandado se comprometió a transmitir entre otros, la propiedad del inmueble ubicado en ..., a favor de la actora. 7. El tres de abril de ese año, no se aprobó dicho pacto. 8. Inconforme, el demandado apeló y mediante resolución de dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, se dictó sentencia en segunda instancia modificando dicho proveído para, en su lugar, aprobar el convenio y elevarlo a la categoría de cosa juzgada, obligando a las partes a estar y pasar por él en todo tiempo y lugar. 9. A petición de la parte actora, en proveído de nueve de octubre siguiente, se ordenó poner el expediente a disposición del Notario Público número ... de la Ciudad de México, para la elaboración de las escrituras correspondientes. 10. Mediante proveído de catorce de junio de dos mil diecinueve, ante la extinción del Juzgado Cuadragésimo Octavo de lo Civil de esta ciudad, el asunto se reasignó al diverso Vigésimo Octavo de la misma materia y sede. La falta de llamamiento a dicho procedimiento y particularmente la resolución enlistada con el arábigo 8, junto con su ejecución, constituyen el reclamo en esta instancia constitucional. QUINTO. Improcedencia. La procedencia del juicio es un presupuesto procesal que debe estudiar de oficio el juzgador antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la ley de la materia. Dicho lo anterior, este juicio es improcedente por falta de interés jurídico, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, fracción XII de la legislación en cita. Dicho precepto establece que, para la procedencia de la instancia constitucional, contra un acto proveniente de tribunales judiciales, se requiere como presupuesto procesal, que el peticionario acredite el interés perjuicio o afectación que resienta en su esfera jurídica, de manera personal y directa, con la ejecución de los actos reclamados, para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a demandar su tutela, lo cual se traduce como el interés jurídico. Esto es, la acción de amparo exige como condición esencial para su procedencia, entre otros, la existencia de un perjuicio que afecte a la persona o los derechos del quejoso; además, el juicio procede siempre a instancia de parte agraviada, debiendo entenderse por perjuicio para los efectos del amparo, la lesión directa en los intereses jurídicos de una persona, o bien una ofensa, un daño, una afectación indebida derivada de una ley o de un acto de autoridad, que se haga a los derechos o intereses de un particular. En este entendido, la procedencia del juicio de amparo en contra de un acto dictado por una autoridad, debe referirse a la existencia de una parte agraviada, lo cual implica la afectación de los intereses jurídicos de un particular. Un acto puede engendrar una situación jurídica concreta en beneficio o en perjuicio de una o varias personas en relación con la formación, modificación o extinción de una relación de derecho; por tanto, cuando con su emisión produce un acto jurídico que afecta a uno o varios individuos, en su persona o patrimonio, creando, modificando o extinguiendo en su perjuicio una situación jurídica concreta, el juicio de amparo es procedente, y en contrario sentido, cuando por su sola emisión no afecta la esfera jurídica del particular, el juicio de amparo es improcedente, puesto que la acción constitucional de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto, en términos del artículo 6o. de la ley de la materia. Ilustra la consideración anterior, la jurisprudencia 854, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." Así como la tesis jurisprudencial de la otrora Sala Auxiliar de la suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL. El artículo 4o. de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: "El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona". Este Alto Tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, "no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados" (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean estos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial." Cabe destacar que el interés jurídico debe estar plenamente acreditado y no inferirse con base en presunciones, tal como lo establece la jurisprudencia 2a./J. 16/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Ahora bien, los documentos provenientes de terceros que consignan contratos, para que tengan eficacia plena, deben tener fecha cierta y ello acontece: a) A partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado. La presentación de un documento privado ante un fedatario público da certidumbre sobre la fecha en que fue elaborado, pues es un tercero ajeno a las partes que está investido de fe pública y cuenta con facultades para autenticar y dar forma en los términos que disponga la ley a los instrumentos en que se consignen los actos y hechos jurídicos, por lo cual su intervención conduce así a garantizar la certeza de la fecha de su realización, porque da fe de que existió el instrumento que le fue presentado. b) A partir del día en que se incorpore o inscriba en un registro público. En efecto, se debe tener como fecha cierta de un documento privado aquella que se tiene a partir del día en que se incorpore o se inscriba en un Registro Público de la Propiedad, porque del mismo tiene conocimiento un tercero digno de fe ajeno a las partes, dado que dicho Registro es una institución pública que da certeza de que ese acto existe. c) Desde la muerte de los que firmaron. El fallecimiento de alguno de los contratantes también genera certidumbre en la fecha del documento, pues al ocurrir el deceso no existiría posibilidad de prefabricar un pacto de voluntades por no poder contrariarse el orden cronológico y natural de los eventos. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS. La certeza de fecha de un documento privado, depende de su presentación a un registro público, o ante un funcionario público en razón de su oficio, o de la muerte de cualquiera de los firmantes." En ese sentido, la falta de actualización de alguno de estos supuestos, propicia que al documento no se le pueda dar valor jurídico ante terceros, por carecer de certeza de la fecha en que se celebró. En la especie, el peticionario refiere ser cesionario del derecho real de hipoteca respecto del inmueble ubicado en ****, y para sustentar sus afirmaciones exhibió los siguientes documentos: 1. Copias certificadas del juicio especial hipotecario 2/2016 del índice del Juzgado Quincuagésimo Séptimo Civil de esta ciudad, donde obran: Escrito donde el quejoso exhibió el contrato de cesión de derechos litigiosos contenido en el instrumento notarial 156,557 pasado ante la fe del Notario Público número 54 de esta ciudad. Auto de veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, emitido en dicho procedimiento, donde se tuvo por recibido dicho ocurso, le reconoció el carácter de cesionario y ordenó hacer las anotaciones respectivas. Sentencia definitiva condenatoria. Proveído en el cual causó ejecutoria el fallo. 2. El folio real 1289795. De los documentos anteriores se advierte en su orden, que el veintidós de julio de dos mil dieciséis, el quejoso celebró con ..., un contrato de cesión respecto de los derechos litigiosos del contrato base de la acción exhibido en el juicio especial hipotecario mencionado, relativo al inmueble que defiende en esta instancia. Dicho pacto fue exhibido en el procedimiento aludido mediante escrito presentado el veintidós de agosto de dos mil dieciséis, y se le reconoció el carácter de cesionario mediante proveído de veintiséis de ese mes y año. En tanto que la anotación respectiva se inscribió en el folio real del inmueble el veinticinco de julio de dos mil dieciséis. Sin embargo, tales constancias resultan insuficientes para acreditar el interés jurídico del peticionario. Lo anterior es así, pues si bien el contrato de cesión de derechos litigiosos se celebró ante notario público (y con ello puede afirmarse que tiene fecha cierta), desde el veintidós de julio de dos mil dieciséis, su reconocimiento en el juicio especial hipotecario del que se trasladaron los derechos, se emitió hasta el veintiséis de agosto de ese año, siendo esa esa fecha, y no la asentada en el documento primigenio, la que debe tomarse en consideración para realizar el análisis del interés jurídico, pues la cesión de derechos no tendría sus alcances plenos en caso de que la autoridad jurisdiccional hubiera rechazado su reconocimiento. Se afirma lo anterior, pues conforme a los artículo 2029 y 2030 del Código Civil para esta entidad, la cesión de derechos implica que el acreedor transmita las prerrogativas que tenga contra su deudor, a una persona distinta llamada cesionario, lo cual puede ocurrir sin el consentimiento del deudor, a menos que esté prohibido por la ley, se haya convenido no hacerla o la naturaleza del derecho no lo permita. En ese sentido, si la cesión en la que sustenta el quejoso su defensa constitucional versó sobre derechos que ya estaban inmersos dentro de un procedimiento jurisdiccional, ese acto implica una sustitución de la parte actora en dicho asunto. Siendo así, es necesario que el juez ante quien se tramita el juicio emita un pronunciamiento aprobatorio -debiendo analizar si es viable su reconocimiento- para que de esa forma la cesionaria esté en aptitud de ejercer las prerrogativas que le fueron transmitidas, lo que no ocurriría en caso de que la autoridad rechazara la solicitud de reconocimiento de cesión. Como se adelantó, tales medios de prueba resultan insuficientes para tener por acreditado el interés jurídico del quejoso, pues si bien los documentos exhibidos tienen fecha cierta, lo relevante es que dicha data es posterior al día en que se efectuó el embargo del inmueble que defiende el quejoso (lo que ocurrió el veinte de octubre de dos mil quince, y cuya inscripción se asentó en el folio real el diez de diciembre de ese año). Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis jurisprudencial 1a./J. 21/2010, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "DOCUMENTO PRIVADO QUE CONTIENE UN ACTO JURÍDICO TRASLATIVO DE DOMINIO. SU COPIA CERTIFICADA POR UN FEDATARIO PÚBLICO DEBE CONSIDERARSE DE FECHA CIERTA Y, POR ENDE, SUFICIENTE PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. Si bien es cierto que conforme al artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados hacen prueba plena de los hechos mencionados en ellos, que pueden consistir, por ejemplo, en la celebración de un acto jurídico válido de traslación de dominio, también lo es que ello no es suficiente para tener por acreditado el interés jurídico en el juicio de amparo, acorde con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues aquéllos además deben ser de fecha cierta, lo cual acontece desde el día en que se incorporan o inscriben en un Registro Público, desde la muerte de cualquiera de sus firmantes o desde la fecha en que son presentados ante algún funcionario público, por razón de su oficio. Por tanto, si el documento privado que contiene un acto jurídico traslativo de dominio es presentado ante un notario público, y en uso de sus funciones emite copia certificada de éste, constatando que en cierta fecha tuvo a la vista el documento para su compulsa, dicha copia certificada es un documento de fecha cierta, pues no deja duda de que el documento existía al momento en que el notario lo tuvo a la vista, de manera que si dicha fecha es anterior al acto reclamado, la copia certificada puede demostrar el interés jurídico de quien la presenta, siempre y cuando se acredite la afectación al derecho real de propiedad hecho valer, y sin perjuicio de que el tribunal de amparo, valorando el documento con las reglas de las documentales privadas, pueda determinar si en éste se contiene o no un acto jurídico válido y eficaz que produzca como consecuencia la creación o traslación del derecho subjetivo que el quejoso señala como transgredido por el acto reclamado a la autoridad responsable." En esta tesitura, si la fecha cierta de los documentos en los que sustenta su defensa el quejoso, ya se había efectuado el embargo del inmueble que defiende, así como su inscripción; entonces es dable concluir que el peticionario no tiene derecho que pueda ser objeto de protección en el juicio de amparo, pues la fecha cierta del contrato de cesión de derechos litigiosos, no genera un derecho oponible a los contendientes de un proceso donde se aseguró el inmueble que defiende, cuya temporalidad es previa. Además, es importante señalar que la totalidad de constancias exhibidas por el quejoso, son de fecha posterior tanto al inicio del juicio ejecutivo mercantil de origen (veinticinco de septiembre de dos mil quince), como al aseguramiento del inmueble (veinte de octubre de dos mil quince) y su anotación en el folio real (doce de diciembre de dos mil quince), como se demostrará: - El contrato de cesión de derechos litigiosos fue celebrado el veintidós de julio de dos mil dieciséis. - El escrito mediante el cual compareció ante el Juez Quincuagésimo Séptimo Civil de esta ciudad, fue presentado el veintidós, y acordado el veintiséis, ambas datas de agosto de ese año. - Su anotación en el folio real se efectuó el veinticinco de julio de dos mil dieciséis. De ahí que sea dable afirmar que conforme a las documentales exhibidas, el peticionario de amparo carece de interés jurídico. Aunado a lo anterior, en el supuesto no concedido de que la parte quejosa tuviera la posesión del inmueble, este sólo hecho no es suficiente para considerar procedente el estudio de la constitucionalidad de los actos de autoridad, pues tratándose de casos en que el agraviado se ostenta como tercero extraño a juicio, señalando que tiene la posesión de un bien por virtud de un contrato, es indispensable la plena comprobación de que éste tiene fecha cierta anterior al inicio del proceso, a fin de que quede demostrado el interés jurídico; lo anterior, pues la posesión sin derecho sólo puede tenerse como simple detentación, y por tanto no protegida a través del juicio constitucional. Al respecto se cita la tesis de jurisprudencia P./J. 1/2002 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto es: "TERCERO EXTRAÑO. INTERES JURIDICO. NO LO ACREDITA LA DETENTACION MATERIAL DEL INMUEBLE. De acuerdo con el artículo 790 del Código Civil del Distrito Federal, es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho. Sin embargo, tal poder de hecho necesariamente debe tener una causa u origen según se advierte de los propios términos del artículo 791 del referido código, pues si dicha causa, por su naturaleza jurídica, faculta al poseedor a usar, disfrutar y disponer de la cosa, se trata de la posesión originaria o en concepto de dueño; en cambio, si la causa de la posesión faculta al titular del derecho, únicamente a usar y disfrutar del bien, se trata de la posesión derivada, en calidad de usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario, u otro título análogo. Ahora bien, si cualquiera de las dos clases de posesión, originaria o derivada, debe reconocer una causa jurídicamente suficiente para atribuir al sujeto que la ejerce alguno o algunos de los derechos o atributos de la propiedad (usar, disfrutar, disponer), o aquellos que son característicos y exclusivos de la posesión derivada (usar y disfrutar del bien, pero no disponer de él), es inconcuso que la simple tenencia material de un bien, faltando dicha causa, no es la posesión jurídica a que alude la legislación civil común y, por ende, no puede ser tutelada por la garantía de audiencia del artículo 14 constitucional, el cual protege la posesión jurídica, sea ésta originaria o derivada. De lo anterior, resulta inconcuso que el agraviado necesariamente debe hacer mención en su demanda de amparo a la causa u origen de ese poder de hecho, y demostrarla en el juicio, a fin de proporcionar al Juez del amparo los elementos objetivos necesarios para apreciar si ese poder de hecho constituye o no la posesión jurídica protegida por el derecho, a través de la garantía de seguridad contenida en el aludido artículo 14 constitucional. Consecuentemente, si en el amparo indirecto el inconforme se reduce a manifestar que tiene el carácter de propietario del inmueble, del que dice que la autoridad responsable trata de desposeerlo sin haber sido oído y vencido en un juicio previo; pero no alude a la causa de esa posesión originaria, ni la demuestra en el juicio de garantías; resulta inconcuso que aun en el supuesto de que se hubiera acreditado con las pruebas que aportó, que ejerce un poder de hecho sobre el inmueble relacionado, debe concluirse que se trata de la simple detentación material que no constituye la posesión jurídica, en los términos de la legislación civil común; y, por ende, el Juez de Distrito estuvo en lo correcto al sobreseer en el juicio de amparo, toda vez que lo actuado en el juicio natural respecto del que el recurrente afirma ser tercero extraño, jurídicamente tiene que pararle perjuicio, porque sólo la posesión jurídica es protegible, mas no la simple tenencia; por lo que si se está en este último caso, ello no implica la existencia de un interés jurídico, sino de un interés simple, que no autoriza al quejoso para reclamar en la vía constitucional." Tampoco es obstáculo para lo considerado, que en el caso se haya probado la existencia del acto reclamado con la propia manifestación de las autoridades responsables y con las constancias remitidas en anexo a sus informes justificados, porque ello no releva a la parte quejosa de la obligación de acreditar su interés jurídico, máxime que en el caso, se ostenta como tercera extraña a juicio. Sustenta lo considerado, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto es: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO LO ACREDITA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Cuando alguna autoridad emite un acto que el gobernado estime violatorio de sus garantías individuales, y lo impugne a través del medio de defensa instituido para atacar tales violaciones, como lo es el juicio de amparo, deberá observar las reglas que para su procedencia establece la ley respectiva. Así tenemos que para acudir al juicio de amparo, es necesario que exista un acto autoritario que, según la apreciación subjetiva del gobernado, sea violatorio de sus derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución Política. Ahora bien, no basta que exista el acto autoritario para que prospere el juicio de garantías, sino que es necesario que el peticionario del amparo acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley. Lo anterior es así ya que, entre otros requisitos de procedencia del juicio de garantías, el artículo 107 constitucional, en su fracción I, reglamentada por el artículo 4o. de la Ley de Amparo, señala que dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que equivale a decir que no basta que el acto autoritario exista, sino que es necesario, para efectos de procedencia del juicio de amparo, que transgreda un derecho subjetivo que le otorgue nuestra Carta Fundamental al quejoso." Además, de las constancias allegadas se advierte que en el convenio celebrado por las partes en el juicio del que deriva el reclamo, se precisó que la parte actora recibió en dación en pago, el bien inmueble ubicado en ******, con todo por cuanto de hecho y por derecho le corresponde, en las condiciones en que se encuentra y con los gravámenes, cargas y adeudos existentes, destacando la garantía hipotecaria de la que deriva el derecho que pretende defender la parte quejosa. Lo anterior abona a la falta de interés jurídico del peticionario para ser llamado al procedimiento con motivo de la aprobación del convenio de dación en pago, pues no se hizo algún pronunciamiento que implicara la cancelación de la garantía hipotecaria. Consecuentemente, al no afectarse el interés jurídico de la parte quejosa, se actualiza la causal de improcedencia invocada y con fundamento en el artículo 63 fracción V en relación con el diverso 61 fracción XII, ambos de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio de amparo. El sobreseimiento decretado, se hace extensivo a los actos de ejecución que se reclaman de las autoridades ejecutoras, dado que no se combaten por vicios propios. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS." Sin que pase inadvertido que se invocara la improcedencia del presente juicio en diversos términos a los expuestos; empero, no existe necesidad de emprender un análisis adicional, cuando ya existe probada causa suficiente para decretar el sobreseimiento. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 54/98 sustentada por la Segunda Sala dela Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, de agosto de 1998, página 414, en materia común, cuyo rubro "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo vigente, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee el juicio de amparo promovido por ****** contra actos de la Segunda Sala y Juez Vigésimo Octavo, ambos de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia, y Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, todos de la Ciudad de México, precisados en el considerando segundo, por los motivos expresados en el diverso último. NOTIFÍQUESE COMO LEGALMENTE CORRESPONDA. Lo sentencia y firma electrónicamente, ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe; en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy quince de noviembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.

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