Erick David Hidalgo Flores
Expediente 425/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 10 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 425/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 29/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Erick David Hidalgo Flores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión, sin que hasta estos momentos se haya hecho valer contra la sentencia engrosada el dos de septiembre de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los diversos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, SE DECLARA QUE LA CITADA RESOLUCIÓN HA CAUSADO EJECUTORIA. ARCHÍVESE COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por otro lado, tomando en consideración que las autoridades responsables remitieron diversas constancias en justificación de sus actos; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, POR LO QUE RESULTA INNECESARIO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del presente juicio, ...; se concluye que no es de relevancia documental. ...; se hace la observación de que el expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se trata de un asunto en el que se sobreseyó. No obra en autos documento original, en los términos que establece el ordinal 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Finalmente, vista la certificación que antecede, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, la secretaria encargada de la tramitación del expediente revisó e hizo constar que la versión impresa de ese último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA en el juicio de amparo 425/2021; ..., procediendo a dictar la resolución correspondiente. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 425/2021, promovido por ..., contra actos de la Quinta Sala y Juez Trigésimo Cuarto, ambos de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. La parte quejosa solicitó el amparo contra actos de las autoridades referidas, por estimarlos violatorios de los derechos humanos reconocidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales. SEGUNDO. Admisión. Previa remisión del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el veintitrés de junio dos mil veintiuno, se admitió la demanda, se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se pidieron los informes justificados y se ordenó emplazar a la parte tercera interesada. SEGUNDO. Admisión. Previa remisión del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el veintitrés de junio dos mil veintiuno, se admitió la demanda, se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se pidieron los informes justificados y se ordenó emplazar a la parte tercera interesada. La representante social citada no formuló pedimento, se tuvieron por rendidos los informes justificados, la tercera interesada fue debidamente emplazada; finalmente, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este órgano jurisdiccional es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme a los artículos 103, párrafo primero, fracción I, 107, párrafo primero, fracción III, párrafo único, inciso b), de la Constitución Federal; 54, párrafo primero, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 37 de la Ley de Amparo, pues se trata de un juicio de amparo indirecto donde se reclaman actos emitidos por autoridad judicial del orden familiar, con jurisdicción dentro del ámbito de competencia de este juzgado de control constitucional. SEGUNDO. Litis. Acorde al artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, como acto reclamado se tendrá la resolución de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, dictada por la Quinta Sala Familiar de la Ciudad de México, en el toca de apelación 512/2020, interpuesto por la tercera interesada en el incidente de liquidación de sociedad conyugal, derivado del juicio de divorcio promovido por ... en contra de ..., expediente 13/2019 del índice del Juez Trigésimo Cuarto Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. En dicha sentencia, se dejó sin efectos la interlocutoria impugnada y se ordenó la reposición del procedimiento incidental a fin de prevenir a las partes para que exhiban un inventario y avalúo, incluso para que el juez natural se allegara de elementos que estimara necesarios a fin de resolver. TERCERO. Existencia. Las autoridades responsables al rendir su informe justificado, aceptaron el acto reclamado; lo anterior, se corrobora con las constancias certificadas del proceso de origen, de valor probatorio pleno, acorde a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes. Es pertinente destacar los antecedentes del acto que derivan de constancias de autos. I. Mediante sentencia definitiva de veintidós de febrero de dos mil diecinueve, se decretó la disolución del vínculo matrimonial entre ... y ..., en el expediente 13/2019 del índice del Juez Trigésimo Cuarto Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. II. ... promovió incidente de ejecución de sentencia (liquidación y disolución de la sociedad conyugal), el cual fue admitido a trámite por el juez de origen. III. Mediante escrito presentado el veinticinco de junio de dos mil diecinueve, ... campo dio contestación a la demanda incidental incoada en su contra. IV. Seguido en sus etapas procesales correspondientes, el nueve de enero de dos mil veinte, se dictó sentencia declarando procedente el incidente de liquidación de sociedad conyugal. V. Inconforme, la parte actora incidentista interpuso apelación, la cual se resolvió el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, por la Quinta Sala Familiar de la Ciudad de México, en el toca 512/2020, donde dejó sin efectos la sentencia impugnada y ordenó la reposición del procedimiento incidental a fin de prevenir a las partes para que exhiban un inventario y avalúo, incluso para que el juez natural se allegara de elementos que estimara necesarios a fin de resolver. Esta determinación constituye el acto reclamado. QUINTO. Improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe analizarse por el juzgador, previo al estudio del fondo del amparo, lo aleguen o no las partes, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia. Apoya lo anterior en la jurisprudencia que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En la especie, se reclama la resolución de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, dictada por la Quinta Sala Familiar de la Ciudad de México, en el toca de apelación 512/2020, interpuesto por la tercera interesada en el incidente de liquidación de sociedad conyugal, donde dejó sin efectos la sentencia impugnada y ordenó la reposición del procedimiento incidental a fin de prevenir a las partes para que exhiban un inventario y avalúo, incluso para que el juez natural se allegara de elementos que estimara necesarios a fin de resolver. El juicio de amparo es improcedente, pues el acto reclamado no es de imposible reparación, esto es, no afectan material e inmediatamente los derechos humanos de la parte quejosa, conforme a la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" Al respecto, el precepto 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, indica: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan. (.)" Estas disposiciones instituyen la procedencia del juicio de amparo para combatir actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando su ejecución se hace irreparable; sin embargo, la Constitución Federal se limita a enunciar esta categoría de actos, pero no ofrece su definición, dado que en ésta se establecen principios esenciales de las instituciones, dejando el Constituyente Permanente para el legislador la tarea de pormenorizar y explicar lo que debe entenderse en torno a dicha figura. En cambio, el artículo 107 de la Ley de Amparo, sí define qué debe entenderse por actos de imposible reparación, al describir que serán aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. De esta forma, el legislador proporcionó seguridad jurídica, ya que mediante una definición reiteró su propósito de que tanto en procedimientos judiciales, como en procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser examinados en amparo indirecto necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberán impedir el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Al resolver la contradicción de tesis 377/2013, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos derechos revistan la categoría de "sustantivos"; expresión que excluye a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, es decir, en los que la afectación depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Al respecto se invoca la jurisprudencia cuyo contenido es: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado - con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Como esta tesis lo señala, por la connotación legislativa con que ahora cuenta la Ley de Amparo, no pueden seguir siendo aplicables los criterios que trataban el aspecto de la imposible reparación, ya que son criterios generados con una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión; lo que además, se apoya con el contenido del sexto artículo transitorio de la ley de la materia. En el particular, el acto que reclama la quejosa es la resolución de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, dictada por la Quinta Sala Familiar de la Ciudad de México, en el toca de apelación 512/2020, interpuesto por la tercera interesada en el incidente de liquidación de sociedad conyugal, donde dejó sin efectos la sentencia impugnada y ordenó la reposición del procedimiento incidental a fin de prevenir a las partes para que exhiban un inventario y avalúo, incluso para que el juez natural se allegara de elementos que estimara necesarios a fin de resolver. Lo que, evidencia que el reclamo se trata de actuaciones que únicamente envuelven cuestiones adjetivas o procedimentales que tienen vinculación con la integración del proceso incidental; por lo que, no se actualiza la afectación de los derechos sustantivos constitucionales del accionante de amparo, como la vida, la propiedad, la familia, o la libertad, etc. Así es, tales actuaciones son actos reparables que afectan derechos adjetivos o procesales y sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, los cuales inciden en las posiciones que van tomando las partes en el procedimiento, en busca de un fallo favorable, y una vez alcanzado dicho objetivo, los alcances producidos se extinguen sin haber originado alguna afectación a los derechos sustantivos del gobernado ni a su esfera jurídica. Al respecto cobra aplicación la tesis I.130.A.3K, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIII, de marzo de 2001, página 1742, novena época, en materia común, cuyo rubro y texto es: "DERECHOS SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS, DIFERENCIA DE LOS, CUANDO SE TRATA DE ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. El artículo 107, fracción III, inciso b, de nuestro Texto Constitucional señala que: "Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ... III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: ... b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan.". Del texto anterior se desprende que cuando se reclaman, en amparo indirecto, actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, resulta indispensable que los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros, los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, mismos que se encuentran tutelados en nuestro Texto Constitucional a través de las llamadas garantías individuales, en virtud de que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable en el juicio; por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de una sentencia favorable; por lo que si esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo." Lo anterior es así, ya que con la reposición a fin de prevenir a las partes para que exhiban un inventario y avalúo, o bien, para que el juez natural se allegue de elementos necesarios a fin de resolver el incidente de liquidación de sociedad conyugal, no se afectan en ninguna forma sus derechos sustantivos constitucionales, pues sólo produce efectos de carácter formal o adjetivo, y únicamente se reflejan en el curso natural del procedimiento incidental, en tanto que su efecto se ciñe a permitir su desarrollo y continuación. Al respecto, se cita por analogía la jurisprudencia 3a. 20/90, de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, EneroJunio de 1990, registro 207226, que dice: "PRUEBAS. SU ADMISION, COMO REGLA GENERAL, CONSTITUYE VIOLACION PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. Las fracciones III, VII y XI, del artículo 159 de la Ley de Amparo guardan estrecha relación entre sí, ya que en la primera se establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso, cuando no se le reciban pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley; en la segunda fracción cuando sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes, con excepción de las que fueren instrumentos públicos, y en la tercera, o sea en la fracción XI del mismo numeral, también se establece que son violaciones de esa índole los casos análogos a los de las fracciones que preceden, a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda. Ahora bien, debe estimarse como caso análogo al previsto por las fracciones III y VII, la admisión de las pruebas ofrecidas por la parte contraria del quejoso, tomando en consideración que igual perjuicio recibe el agraviado cuando son rechazadas ilegalmente las pruebas que ofrece, como cuando a su contraparte se le reciben las que propone sin conocimiento del quejoso, en una forma contraria a lo establecido por la ley. En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, la violación de que se trata, sólo es reclamable mediante el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio respectivo. Sin embargo, esta regla general sufre una excepción: cuando esa admisión y su consecuente desahogo puedan tener una ejecución de imposible reparación, ya que se viola una garantía individual que no podrá repararse, aunque la sentencia llegue a ser favorable al efecto, lo que sucede de acuerdo con la tesis jurisprudencial número 16 publicada en la página 81 del Informe de Labores del Presidente de este Alto Tribunal, correspondiente al año de mil novecientos ochenta y nueve, con el rubro de "EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL." Igualmente, cabe la posibilidad de que la sentencia que posteriormente emita el juez dentro del proceso del que deriva el acto, sea favorable a sus intereses, en cuyo caso, el reclamo que hoy formula, quedará superado sin dejar huella en su esfera jurídica; y en caso contrario, estará en condiciones de alegarlo como violación procesal, a través del medio de impugnación que promueva contra el fallo que resuelva en definitiva el incidente. Sirve de apoyo, por analogía, la jurisprudencia IX. 1o. J/10, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Octubre de 2002, página 1303, Novena Época, Materia Común, registro 185612, cuyo rubro y texto son: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. DEBEN RECLAMARSE EN EL AMPARO DIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL JUICIO. El artículo 161, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece que las violaciones a las leyes del procedimiento sólo podrán reclamarse en la vía de amparo, al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio; esto implica que el juicio de amparo indirecto es improcedente para reclamar una infracción a las normas que rigen el procedimiento, ya que sería inadmisible que éste pudiera promoverse tantas veces como violaciones de este carácter se estima fueron cometidas en un procedimiento, motivando con ello que se demore la resolución de dicho conflicto, pues lo que se pretende es la continuación del procedimiento sin mayores obstáculos, pero con la posibilidad legal de reclamar todas las violaciones procesales que se llegaran a cometer, a través de un solo juicio de garantías que se tramite en la vía directa, en contra de la sentencia, laudo o resolución que pone fin al juicio." Asimismo, la Jurisprudencia VI.2o.C. J/302, Registro digital: 167997, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Materias(s): Común, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Enero de 2009, página 2594, que señala: "VIOLACIONES PROCESALES. SI ACONTECEN DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE UN INCIDENTE DEBEN ALEGARSE EN EL AMPARO QUE PROCEDA CONTRA LA INTERLOCUTORIA RESPECTIVA. Cuando durante la tramitación de un proceso incidental cuya resolución sea susceptible de impugnarse mediante el amparo indirecto, se cometan violaciones intraprocesales, tales infracciones no podrán ser reclamadas de inmediato, sino que el agraviado deberá esperar a que se pronuncie la interlocutoria, y ante el Juez de Distrito competente impugnar junto con ella, las posibles violaciones procesales cometidas dentro de ese procedimiento incidental." De ahí que al analizar la determinación que manda reponer el procedimiento incidental para efecto de prevenir a las partes para que exhiban un inventario y avalúo, incluso para que el juez natural se allegara de elementos que estimara necesarios a fin de resolver, se verificó que en el caso no hay una afectación a derechos sustantivos, sino que sólo se afectan derechos adjetivos. Esto encuentra respaldo en la jurisprudencia 17/91, del Pleno del alto Tribunal, publicada en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Mayo de 1991, página 25, que dice: "AMPARO INDIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y DE LA REPOSICION, SON O NO DE IMPOSIBLE REPARACION. Para establecer si procede el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que deja insubsistente la de primera instancia y ordena la reposición del procedimiento por violaciones cometidas en éste, en cada caso concreto debe estudiarse y determinarse si las consecuencias producidas por la insubsistencia de la resolución de primera instancia y por la reposición ordenada, son o no de imposible reparación, y para ello debe acatarse el criterio sostenido en la jurisprudencia 6/1991, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en sesión privada de 22 de enero de 1991, con el rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCION QUE DESECHA LA EXCEPCION DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA.". En efecto, si bien la mera reposición del procedimiento, por regla general, no produce la afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo, consagrado por las garantías individuales, cuyas consecuencias no sean reparables aun cuando quien las sufra obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, en algunos casos las consecuencias de dicha reposición del procedimiento pueden llegar a producir tales afectaciones, caso en el que procederá el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que decretó la reposición. Por el contrario, si las consecuencias de la insubsistencia del fallo o de la reposición del procedimiento no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por las garantías individuales, se estará frente a una violación del procedimiento reclamable en el amparo directo que llegare a intentarse contra la sentencia definitiva, pues tal caso es análogo, por su gravedad y efectos, a los previstos por el artículo 159 de la Ley de Amparo, y afecta las defensas de la parte agraviada pudiendo trascender al resultado del fallo." Consecuentemente, con apoyo en el artículo 63 fracción V de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, interpretada contrario sensu, ambos de la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo vigente, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 425/2021, promovido por ..., contra actos de la Quinta Sala y Juez Trigésimo Cuarto, ambos de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. NOTIFÍQUESE. Lo sentencia y firma electrónicamente, ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., secretaria del Juzgado que autoriza y da fe; en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, el día que tuvo verificativo la audiencia constitucional. Doy fe.
- Principal
Agréguese el oficio de la Quinta Sala de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento formulado en autos y al efecto acompaña las constancias que indica, con las que se da vista a las partes para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Visto el estado procesal de autos, se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, por el motivo asentado en la certificación de cuenta; en consecuencia, se difiere y se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo. Por otro lado, agréguese el escrito del quejoso, como lo solicita, por señalado el domicilio que refiere para los efectos que apunta. Respecto de la profesionista que faculta en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, solo gozara de las prerrogativas que prevé si tiene registrada su cédula profesional en el sistema correspondiente, sino únicamente lo estará para oír y recibir notificaciones. Finalmente, glósese el ocurso de la tercera interesada; atento a su contenido se tienen por hechas sus manifestaciones en vía de alegatos, con lo que se hará relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre. NOTIFÍQUESE.
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