Erick Guillermo Parra
Expediente 1617/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1617/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 27/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Erick Guillermo Parra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
PRIMERO SE SOBRESEE...SEGUNDO PUBLICACION DE LA SENTENCIA
- Principal
Mérida, Yucatán, veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio DGAJ/8850/2019 remitido por el Encargado de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, compareciendo por el Director en Jefe dicha Institución, mediante el cual cumple con el requerimiento que este Juzgado Federal le formuló en proveído de seis de septiembre del presente año, informando que por oficio DGAJ/8849/2019 de ocho de octubre de esta anualidad, en su carácter de superior jerárquico ordenó al Delegado del mencionado instituto, con residencia en esta ciudad de Mérida, que diera cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en este juicio de amparo, el cual se ordena agregar a estos autos para que obre como corresponda. Por otra parte, toda vez que mediante oficio RAN/YUC/SR/DJ/2739/2019 la Encargada de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, informó que el título de propiedad número 1004482 que ampara la parcela 456 del Ejido de Kiní, municipio de Motul, Yucatán, se encontraba en elaboración por el Registro Público de la Propiedad, para su inscripción en dicha dependencia (foja 262), sin que a la presente fecha haya comunicado a esta autoridad si ya concluyó con el trámite ante la dependencia estatal, a fin de que ponga a disposición de la parte quejosa dicho certificado. Lo anterior, el entendido de que el efecto concedido en el presente juicio de amparo respecto del Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, fue el siguiente: "El Delegado Estatal del Registro Agrario Nacional, deberá realizar las gestiones necesarias, respecto al trámite de la solicitud de la parte quejosa relativo al título de la parcela 456 ubicada en el ejido Kiní, municipio Motul, Yucatán, para ello deberá notificar al quejoso los trámites realizados, en los términos señalados en el Capítulo VII del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, debiendo remitir a este Juzgado las constancias que así lo acrediten." En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Delegado Estatal del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, para que dentro del término de tres días siguientes contados a partir del siguiente al en que reciba el oficio en el que se le transcribe el presente acuerdo, informe respecto de las medidas que se encuentra realizando ante la dependencia estatal para dar cabal cumplimiento a la sentencia ejecutoriada de amparo, debiendo remitir a este tribunal federal las constancias relativas a todo lo actuado con motivo de dicho ordenamiento, dentro del término legal antes señalado; con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo que se le señala, con apoyo en el numeral 193 de la aludida legislación y en la fracción XVI del artículo 107 Constitucional, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado del presente acuerdo, con fundamento en los artículos 238 y 258, ambos de la ley reglamentaria vigente en esta fecha, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado a que corresponda o en su caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otra parte, con fundamento en el artículo 192, párrafo tercero del ordenamiento legal invocado, requiérase al Director en Jefe del Registro Agrario Nacional, con residencia en Ciudad de México, como superior jerárquico del Delegado Estatal del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, para que le ordene acatar la sentencia concesoria; apercibido que de no hacerlo de igual forma se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado del presente acuerdo, acorde con el ordinal 267, fracción I, de la ley reglamentaria vigente, e incurrirá en las mismas responsabilidades que la autoridad responsable. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 54/2014, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el catorce de noviembre de dos mil catorce, que a la letra dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria que autoriza y da fe.
- Incidental
Mérida, Yucatán, veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, el telegrama enviado por la Directora de Amparos y Controversias Constitucionales de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, mediante el cual informa la fecha en que recibió el oficio 24450-IV con el que se le comunicó la sentencia dictada en el presenta juicio de amparo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario Marco Polo Robles Santoyo, que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos, para pronunciar la sentencia en los autos del juicio de amparo 213/2019-VI promovido por Juan Carlos Hernández Rabago, contra actos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y otras autoridades, por violación a los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el trece de febrero de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado y turnada a este Juzgado de Distrito al día siguiente, Juan Carlos Hernández Rabago, promovió demanda de amparo indirecto contra actos de la Secretaría de Seguridad Pública y Fiscalía General, ambos del Estado de Yucatán, así como del Fiscal General del Estado de Campeche. Segundo. Admisión demanda. Por auto de quince de febrero de dos mil diecinueve (fojas 11 a 13), se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado y se dio la intervención legal correspondiente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; posteriormente, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio. Tercero. Ampliación de la demanda. Mediante diversos proveídos de catorce de mayo y treinta de julio del año en curso, se tuvo a la parte quejosa ampliando la demanda de amparo en el presente asunto, respecto del Titular de la Fiscalía Especializada en Delitos contra el Patrimonio y Agente del ministerio Público de la Fiscalía de Guardia, Turno A, dependiente de la Fiscalía General, ambas del Estado de Campeche, las que se admitieron a trámite y se solicitaron los informes justificados correspondientes; seguidamente, se llevó a cabo el desahogo de la audiencia constitucional en términos del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este juzgado federal tiene competencia legal para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 35 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General número 3/2013 pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; lo anterior, al reclamarse actos que tuvieron ejecución dentro del ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de actos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio lo procedente es determinar cuáles son los actos reclamados que constituyen la materia del presente juicio de amparo. Así, del análisis integral del escrito inicial de demanda y de los escritos de ampliación de demanda, se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional a reclamar: 1) La orden de detención del vehículo de la marca Ford Fiesta 2011, placas DJK5744 y su ejecución llevada a cabo el veinte de enero del año en curso, con motivo de una supuesta denuncia de robo en la ciudad de Campeche, Campeche, siendo que no obstante haber obtenido su libertad y demostrado la propiedad del vehículo y su inocencia, hasta la fecha dicho automóvil sigue en resguardo de la Unidad Especializada de Delitos Comunes de la Fiscalía General del Estado de Yucatán. Tercero. Inexistencia de actos. El Fiscal General del Estado de Campeche, Campeche, al rendir su informe justificado respectivo, negó la existencia del acto que se le reclama en el ámbito de sus atribuciones, sin prueba en contrario de la parte quejosa, en tal virtud, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso concreto, por similitud de razón, la Tesis Jurisprudencial número 310, visible en la página 209, Tomo VI, Materia Común del Apéndice 1917-1995 del Semanario Judicial de la Federación, que al rubro y texto dicen: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las autoridades responsables niegan los actos que se les atribuyen y el quejoso no desvirtúa esta negativa procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarto. Actos existentes. En sus correspondientes informes justificados el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública y el Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación en Delitos Comunes del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General, ambos del Estado de Yucatán, manifestaron que son ciertos los actos reclamados, dentro del ámbito de sus competencias; por lo tanto, se tienen por existentes los mismos. Por su parte, la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Delitos Contra el Patrimonio y la Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Atención Temprana Turno A, ambas del Estado de Campeche, Campeche, al rendir su informe justificado manifestaron que no es cierto el acto reclamado, sin embargo del contenido de dichos informes, así como de las constancias remitidas, se advierte la existencia del acto impugnado, por lo que se desvirtúa la negativa expuesta por dichas autoridades y se tiene por cierto el acto a ellas impugnado. Quinto. Análisis de las causales de improcedencia. Una vez establecida la existencia del acto reclamado, se impone analizar la procedencia del juicio, al ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 814, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 553, del tomo VI, parte TCC, del año 1995, Materia Común, Octava Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación (con registro: 394770), cuyo rubro y texto es el siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." De oficio este órgano de control constitucional considera que por lo que hace a los actos que se reclaman en esta sede judicial, el presente juicio es improcedente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, debido a que la parte quejosa no demostró su interés jurídico para instar la protección constitucional, respecto del citado acto. En efecto, el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.". En estrecha relación con tal regla, se encuentra lo dispuesto por la fracción I del numeral 107 de la Carta Magna, que establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por su parte, el diverso numeral 5 de la mencionada ley de Amparo dispone: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta ley". De los citados numerales se puede advertir que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa. En tal contexto cabe indicar que el artículo 14 de la Constitución Federal dispone que nadie podrá ser privado de sus posesiones, propiedades o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento; por ello, a fin de proteger cualquier derecho que resulte afectado sin las garantías de audiencia y defensa que en él se consagran, procede el juicio de amparo. Sin embargo, para que la acción de amparo prospere, tal afectación debe comprobarse, y de manera fehaciente, pues la misma no puede inferirse por indicios. En tal virtud, atendiendo al reclamo de la parte quejosa, se procede a establecer si ésta tiene interés jurídico para instar la protección federal, toda vez que acude a este tribunal federal a reclamar la orden de detención del vehículo de la marca Ford Fiesta 2011, placas DJK5744 y su ejecución llevada a cabo el veinte de enero del año en curso, con motivo de una supuesta denuncia de robo en la ciudad de Campeche, Campeche, siendo que no obstante haber obtenido su libertad, hasta la fecha dicho automóvil sigue en resguardo de la Unidad Especializada de Delitos Comunes de la Fiscalía General del Estado de Yucatán. Ahora, respecto a la condición de la parte quejosa con relación al bien mueble materia de la litis, para determinar si el acto que reclama le puede ocasionar un perjuicio en sus derechos sustantivos, debe decirse que aun y cuando defiende la desposesión de dicho bien, tal afirmación debe ser probada de manera plena dentro de la presente instancia constitucional, por recaer en la parte quejosa la carga de la prueba desde el momento de la presentación de la demanda. En efecto, si la parte quejosa invoca un derecho sustantivo, pues se ostenta propietario de un bien mueble, resulta evidente que por disposición expresa del cuarto párrafo del numeral 5 de la Ley de Amparo, debe analizarse si le asiste un interés jurídico para instar la protección constitucional. Es aplicable en lo que interesa, la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, visible en la página 1807 del Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Décima Época, que dispone lo siguiente: "INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA ACREDITARLO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL DE 6 DE JUNIO DE 2011. Del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la entrada en vigor de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 6 de junio de 2011, se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo. Luego, a partir de la indicada reforma, como requisito de procedencia del amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa." De lo anterior, se advierte que el gobernado tiene interés jurídico para acudir al juicio de amparo a fin de combatir un acto de autoridad, en la medida que sea titular de un derecho subjetivo afectado con la actuación del poder público. Esa afectación puede ocurrir de dos formas, a saber: I. Que se afecte la esfera jurídica del demandante en abstracto, imponiendo una obligación que antes no se tenía; o, II. Que se afecte un derecho subjetivo en particular, ya sea eliminándolo o restringiéndolo. En el caso, el quejoso reclamó la orden de detención del vehículo de la marca Ford Fiesta 2011, placas DJK5744 y su ejecución llevada a cabo el veinte de enero del año en curso, con motivo de una supuesta denuncia de robo en la ciudad de Campeche, Campeche, aduciendo que no obstante haber obtenido su libertad, hasta la fecha dicho automóvil sigue en resguardo de la Unidad Especializada de Delitos Comunes de la Fiscalía General del Estado de Yucatán; sin embargo, no exhibió prueba alguna para acreditar la propiedad del mencionado bien y por tanto, su interés jurídico. De conformidad con los preceptos legales antes transcritos, se desprende que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo cual implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional, es la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación con los derechos y obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado. Este criterio lo ha sustentado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, de la Novena Época, que se encuentra visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, materia común, página 225, del rubro y contenido siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Atento a lo anterior, resulta claro que el interés jurídico de quien promueve la acción constitucional, sólo se puede actualizar en la medida que demuestre que el acto de autoridad reclamado le ha causado molestias relacionadas a su esfera jurídica, entendiéndose por ésta el cúmulo de derechos y obligaciones que legalmente le corresponden. Lo anterior encuentra sustento por analogía en la jurisprudencia 1/2002, que sustenta la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15, tomo XV, febrero de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto." En consecuencia, al no haber acreditado el quejoso su interés jurídico respecto al vehículo relacionado con el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. De ahí que debe sobreseerse en el juicio respecto del citado acto de desposesión del bien mencionado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V de dicha ley, al no quedar acreditado, para efectos exclusivos del presente juicio, la propiedad del bien mueble de referencia con un título sustentado en alguna figura jurídica y válida prevista por la ley, a fin de que sea objeto de protección constitucional, tal como se prevé en la tesis jurisprudencial P./J. 1/2002, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, tomo XV, febrero de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que por identidad de razón a continuación se cita: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." Sin que pase desapercibido que el quejoso exhibió con su escrito inicial de demanda copia simple por ambos lados de una credencial para votar a su nombre; copia simple de la factura con número UCSEM000000190, a nombre de Alejandro Jesús Barrera Medina, relativa a un vehículo de la marca Ford, Fiesta, modelo dos mil once, con número de serie 3FADP4BJ7BM165706; copia simple de una factura 14720 W, a nombre de María Elda Rebeca Miss Barrera, respecto de un vehículo de la marca Ford, Fiesta, modelo dos mil once, con número de serie 3FADP4BJ7BM165706; copia simple poco visible de un tarjeta de circulación SVA0434737, expedida por el Gobierno del Estado de Campeche, a favor de Barrera Medina Alejandro Jesús, respecto de un vehículo de la marca Ford, Fiesta, modelo dos mil once, con número de serie 3FADP4BJ7BM165706; copia simple por ambos lados de una credencial para votar a nombre de Barrera Medina Alejandro Jesús; toda vez, que dichas pruebas resultan insuficientes para acreditar por si mismas la propiedad que aduce tener sobre el vehículo que por esta vía defiende. Dado el sentido en que se resuelve este juicio, no es posible entrar al estudio de los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa en su escrito de demanda de amparo. Es aplicable la tesis de jurisprudencia número 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Sexto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no serán objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto, considerado y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo aplicable, es de resolverse y se: R e s u e l v e: Primero. Se sobresee el presente juicio de amparo promovido por Juan Carlos Hernández Rabago, contra actos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y otras autoridades, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, hasta el día de hoy veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, por así permitirlo las labores del Juzgado, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.
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