Erick Filiberto Chiyean y Cámara
Expediente 2346/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2346/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 13/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Erick Filiberto Chiyean y Cámara
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Mérida, Yucatán, trece de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan estos autos y atento a lo informado por la Secretaría en la cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra del auto de treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo, se declara que aquel acuerdo HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales pertinentes. (...) Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido del licenciado Francisco Javier Cetina Cetina, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
MESA VI. Mérida, Yucatán, treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el informe justificado rendido por el Apoderado General del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán, mismo que se ordena agregara los presentes autos para que obre como legalmente corresponda. De conformidad con el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio y delegados de su parte los señalados en su informe justificado de cuenta. Con respecto a los correos electrónicos oficiales que proporciona a efecto de entrañar una relación directa con el presente asunto, en respuesta al brote del virus COVID-19 y privilegiando las mejores prácticas en la materia, atento a la interpretación que del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, realiza la circular SECNO/12/2020, se tiene como medio para recibir notificaciones relacionadas con el presente asunto los correos electrónicos proporcionados en su informe de cuenta, no obstante, se exhorta a la responsable para hacer uso de las herramientas que el Portal de Servicios en línea pone a su alcance, como lo es, las notificaciones electrónicas a través de un usuario registrado y autorizado para tal efecto. De igual forma, de conformidad con las fracciones IV y V del artículo 2 del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la consulta del presente expediente vía electrónica a la autoridad responsable en comento, mediante las claves de usuario "mcuevas" y "lamezquita", siempre y cuando las claves de usuario proporcionadas sean correctas y se encuentren debidamente registradas. Atento a lo anterior, se ordena al Analista Jurídico SISE de este juzgado, para que habilite la consulta de dicho expediente, con el privilegio del trabajo a distancia y haciendo uso de los medios tecnológicos, ello en atención al Acuerdo General 4/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitido el diecisiete de marzo de dos mil veinte, y posteriores modificatorios, en los que se determinó adoptar una serie de medidas preventivas con la finalidad de evitar la concentración de personas y, con ello la propagación del coronavirus COVID-19. Ahora bien, atento el estado procesal que guarda este expediente se estima pertinente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, aun fuera de la audiencia constitucional, conforme a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, de acuerdo con las consideraciones que a continuación se exponen. Cabe señalar que diversas tesis emitidas por Órganos del Poder Judicial de la Federación, sostienen que el sobreseimiento fuera de audiencia puede darse en casos notoriamente evidentes, tales como aquéllos en que hayan cesados los efectos del acto reclamado. Esto al tener en cuenta que la actualización de la hipótesis anterior, debe ser tan evidente que ni aun en la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con algún medio probatorio que pudieran allegar las partes, porque el sentido del fallo siempre sería el mismo. Robustece el criterio anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el 14 de febrero de 2003, derivada de la contradicción de tesis 26/2002-PL, que es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". De lo anterior, se infiere que cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Aunado a que ésta por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, puede analizarse de oficio y en cualquier etapa del juicio, como lo señala el artículo 62 de la Ley de Amparo, motivo por el cual se procederá a su estudio. De conformidad con lo anterior, en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de Amparo, que establece: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La causal de improcedencia prevista en el precepto legal trascrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo. En efecto, se actualiza la mencionada causa de improcedencia, toda vez que de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama del Director General del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán: La omisión de dar contestación a su escrito de seis de julio de dos mil veintiuno, presentado el mismo día ante la Oficialía de Partes del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán. Sin embargo, del informe justificado de cuenta y de las constancias que el Instituto responsable remitió con el mismo, a los que este órgano de control constitucional les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que mediante oficio de veinte de diciembre de dos mil veintiuno, dio contestación al escrito de seis de julio de dos mil veintiuno, respecto del cual se reclama su omisión. Lo anterior, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que lo fue el treinta de noviembre de dos mil veintiuno; por lo que es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado; lo que impide a este órgano de control analizar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, toda vez que, a virtud de la cesación de efectos en cuestión, no se puede decidir sobre el acto reclamado. Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento reglamentario. En virtud de lo anterior, se queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las ocho horas con treinta minutos del veintiséis de enero de dos mil veintidós. Sin que pase desapercibido para el Juzgador que la autoridad responsable señaló en su informe justificado que no le fue posible notificar el contenido del oficio emitido el veinte de diciembre del año en curso a la parte quejosa y solicita, se le haga del conocimiento por conducto de este Juzgado de Distrito, toda vez que como se advierte de autos la omisión reclamada por la parte quejosa fue subsanada al haber emitido respuesta al respecto. Por tanto y sin perjuicio de lo anterior, mediante notificación personal que al efecto se haga a la parte quejosa, corrasele traslado con copia simple del oficio remitido por la autoridad responsable de veinte de diciembre del año en curso, para su conocimiento y efectos legales conducentes. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
MESA III. Mérida, Yucatán, seis de enero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que hasta la presente fecha no se han recibido los acuses de recibo relativos a los oficios 31368/2021 y 31369/2021 dirigidos a la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Quintana Roo y Registradora Integral adscrita a la Delegación Quintana Roo, del Registro Agrario Nacional, mediante los cuales se les reenviaron los oficios con los que se les notifico la sentencia dictada en este juicio de amparo. En virtud de lo anterior, tomando en consideración que las referidas autoridades responsables tienen su residencia fuera de la de este juzgado, requiéranse vía telegráfica para que dentro del término de tres días informen a este juzgado por la misma vía la fecha en la que recibieron los oficios en comento; con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 fracción I, en relación con el diverso 259 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado del presente acuerdo. Notifíquese.
- Principal
MESA III. Mérida, Yucatán, treinta de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guarda el presente asunto y toda vez que hasta la presente fecha el Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán y el Director General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, no han dado cabal cumplimiento a la sentencia ejecutoriada emitida por este Juzgado el trece de noviembre de dos mil veinte, toda vez que no han informado sobre el trámite dado al recurso de revisión interpuesto en contra de la Calificación Registral Denegatoria de quince de enero de dos mil diecinueve, la cual recayera al trámite de adopción de dominio pleno (expedición del título de propiedad) signado con el número de trámite 31170011859 de fecha nueve de noviembre de dos mil diecisiete, así como su correspondiente notificación; por lo que, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la responsable para que dé cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, dentro del término de tres días que al efecto se le concede, debiendo remitir a este Juzgado Federal las constancias certificadas relativas a lo actuado con motivo de dicho ordenamiento, dentro del término legal antes señalado; con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo que se le señala, con apoyo en el numeral 193 de la aludida legislación y en la fracción XVI del artículo 107 Constitucional, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado del presente acuerdo, con fundamento en los artículos 238 y 258, ambos de la ley reglamentaria, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado a que corresponda o en su caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese.
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