Erick Gonzalez Herrera
Expediente 1132/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 12 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1132/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 26/01/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Erick Gonzalez Herrera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de enero de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo , para que las partes se inconformaran en contra del acuerdo dictado el veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del dos veintidós de diciembre del año pasado, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió la autoridad responsable Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, en apoyo a su informe justificado, devuélvasele el duplicado de la causa penal 12/2016, de su índice, y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, se sirva acusar. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Finalmente, se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis. Vista, la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de quince de noviembre de dos mil dieciséis, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que así lo hiciera, en consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector de garantías con los elementos que obran en autos. En principio, es necesario indicar que en la sentencia engrosada el siete de octubre de dos mil dieciséis (fojas 57 a 75), se concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso Erick González Herrera, para los efectos siguientes: "NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, lo procedente es conceder el amparo para el efecto de que se: 1. Deje insubsistente la resolución reclamada de dictada en la causa penal 12/2016, que se instruye en contra de la parte quejosa; y 2. Con libertad de jurisdicción, dicte otra debidamente fundada y motivada, la cual podrá ser en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero si decidiera lo primero, deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es deberá: a) Realizar el desglose correcto de los elementos del cuerpo del delito de fraude genérico, atendiendo a la norma que lo prevé y sanciona, ya que se trata de un tipo penal complejo que comprende varias hipótesis normativas que son excluyentes en su integración, bastando, por ende, la actualización de alguna de ellas, para que se integren los elementos constitutivos del delito atribuido, por tanto, a fin de no incurrir en la falta de fundamentación y motivación la autoridad deberá indicar cuál de los supuestos contemplados se acredita, además de señalar con qué prueba o qué parte de las pruebas en específico acredita cada elemento que desglose. b) Explicar en qué consistió el engaño, y con qué pruebas se acredita tomando en consideración que si considera que el fraude deriva de una relación contractual es necesario acreditar que desde el inicio de ella el activo no tenía la intención de cumplir con sus obligaciones; o, en su caso ponderar si la conducta del inculpado configura alguna acción civil mercantil. c) Exponer en qué consistió el lucro y con qué pruebas se acredita. d) Al establecer que se configura el delito de fraude genérico deberá justificar por qué corresponde ubicar la conducta delictiva en el artículo 403, fracción IV, del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, para lo cual deberá señalar cuál era el salario mínimo o unidad de cuantificación en el lugar y fecha de la comisión del hecho delictivo, explicando las pruebas u operaciones aritméticas necesarias y reflejarlas en el acto reclamado para ubicar la conducta del quejoso en el supuesto legal citado. Se hace extensiva la concesión del amparo por lo que respecta al acto de ejecución, al no reclamarse por vicios propios, sino como consecuencia directa de la resolución controvertida, de acuerdo con la jurisprudencia 88, sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, tomo VI, Materia Común, registro 917622, página 70, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios de ésta". Quinta Época: Amparo civil en revisión 1429/26.-Martínez Cuende Luis.-30 de abril de 1927.-Mayoría de nueve votos.-Disidente: Gustavo A. Vicencio.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo civil directo 2491/26.-Castilla viuda de Jiménez Carolina.-5 de octubre de 1927.-Unanimidad de diez votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo administrativo en revisión 2677/25.-Azcárraga Pedro I.-15 de diciembre de 1927.-Mayoría de diez votos.-Disidente: Arturo Cisneros Canto.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo civil en revisión 3126/27.-Banco Occidental de México, S.A.-11 de mayo de 1928.-Mayoría de ocho votos.-Disidente: S. M. Olea.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo civil en revisión 888/29.-Cuautli Miguel y coagraviado.-29 de octubre de 1929.-Unanimidad de cuatro votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Apéndice 1917-1995, Tomo VI, Primera Parte, página 66, Tercera Sala, tesis 102". (fojas 72 vuelta a 74). Dicha sentencia causó ejecutoria mediante proveído de nueve de noviembre de dos mil dieciséis, y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables (fojas 143 a 145). Ahora bien, mediante oficio 12368 de once de noviembre de dos mil dieciséis (foja 153), el Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, remitió copia certificada de la resolución de esa misma fecha que pronunció en cumplimiento a la ejecutoria amparadora, en la que, realizó lo siguiente: Dejó insubsistente la resolución reclamada, consistente en el auto de formal prisión pronunciado el nueve de julio de dos mil dieciséis, en el proceso penal 12/2016, decretado en contra del quejoso como probable responsable del delito de FRAUDE GENÉRICO, previsto y sancionado por los artículos 402 y 403, fracción IV del Código Penal para el Estado de Puebla, cometido en agravio de Mario Alberto Sánchez Moreno; y, Consideró que no se encuentran acreditados los elementos del cuerpo del mencionado delito, y dictó AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR CON LAS DEBIDAS RESERVAS DE LEY en favor de ERICK GONZÁLEZ HERRERA. Dichas constancias, por ser documentos públicos de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, es inconcuso que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, mediante el cual, hace del conocimiento de la suscrita Jueza Federal, que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintiséis de octubre del actual, determinó la adscripción del licenciado OMAR OLIVER CERVANTES, como titular del Juzgado Auxiliar oficiante, en sustitución del anterior Titular, con efectos a partir del uno de noviembre de dos mil dieciséis. En consecuencia, hágase del conocimiento de las partes en el presente juicio de amparo, para los efectos legales conducentes. Resultando aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J.104/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, quince de noviembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio y anexo de la autoridad responsable Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, en atención a su contenido, téngasele a la referida autoridad manifestando haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio y anexo de cuenta, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga. Apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad de referencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto en seguida se anuncian: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo."
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