Erick Delgado Zarate

Expediente 127/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 21 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
127/2023
Año
2023
Actuaciones
21
Última actuación
13/07/2023

Partes del expediente

  • Erick Delgado Zarate

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de julio de dos mil veintitrés. RAZÓN. Agréguese a los autos la razón de once de julio de dos mil veintitrés, signada por el actuario judicial adscrito, en la cual, hace del conocimiento que no logro notificar la resolución de diez de julio pasado, en atención a que al constituirse en el Centro Penitenciario de Puebla, Puebla y una vez presente en el área de control, fue atendido por Jorge Rosas González, custodio de dicho centro penitenciario, al cual, al saber el motivo de su visita, le informó que el aquí quejoso ***, fue puesto en libertad el veinticuatro de junio de esta anualidad, por lo cual le fue imposible realizar la notificación correspondiente. En consecuencia, al tratarse de un obstáculo de carácter permanente, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar por medio de lista a la parte quejosa el presente acuerdo, el diverso de diez de julio del año en curso, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. Finalmente, con fundamento en el artículo 3, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, se considera que el registro con el que se dio cuenta y el presente proveído, deben integrarse al expediente físico pues dicha promoción se presentó de forma física. Notifíquese por lista al quejoso ***, el presente acuerdo y el diverso de diez de julio del año en curso. AUTO DE DIEZ DE JULIO DEL AÑO EN CURSO. San Andrés Cholula, Puebla, diez de julio de dos mil veintitrés. FIRME CUMPLIMIENTO. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran contra el acuerdo dictado el dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del diecinueve de junio al siete de julio de dos mil veintitrés, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. ARCHIVO. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, insértese este acuerdo en el incidente de suspensión. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), en vigor a partir del día siguiente hábil (ocho de junio de dos mil veintitrés), se establece que el presente asunto en el cual se concedió el amparo constitucional, no es de relevancia documental, por lo que es conservable y susceptible de ser transferido cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, a los depósitos documentales dependientes del área coordinadora de archivos de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, ello, en términos del artículo 17 fracción III, inciso a), en relación con el artículo 9, del capítulo segundo del acuerdo general señalado. DEVOLUCIÓN DE ANEXO. En otro sentido, se ordena devolver al 1. Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro, (Francisco Javier Martínez Castillo), tres discos versátiles digitales que contienen los registros de audio y vídeo de las audiencias celebradas en la carpeta judicial 1201/2021/PUEBLA de su estadística, lo cuales obran en autos del presente juicio de amparo. No ha lugar a solicitarle el acuse de recibo respecto de las constancias a devolver, toda vez que la citada responsable se encuentra en el lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que en el acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega de la documental descrita. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. Finalmente, con fundamento en el artículo 3, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, se considera que el presente proveído, deben integrarse al expediente físico pues genera constancias de notificación, al ordenarse en archivo definitivo del presente asunto. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión, por lista al promovente, así como a los terceros interesados y por oficio a las autoridades responsables, a la autoridad tercera interesada y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diez de julio de dos mil veintitrés. FIRME CUMPLIMIENTO. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran contra el acuerdo dictado el dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del diecinueve de junio al siete de julio de dos mil veintitrés, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. ARCHIVO. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, insértese este acuerdo en el incidente de suspensión. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), en vigor a partir del día siguiente hábil (ocho de junio de dos mil veintitrés), se establece que el presente asunto en el cual se concedió el amparo constitucional, no es de relevancia documental, por lo que es conservable y susceptible de ser transferido cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, a los depósitos documentales dependientes del área coordinadora de archivos de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, ello, en términos del artículo 17 fracción III, inciso a), en relación con el artículo 9, del capítulo segundo del acuerdo general señalado. DEVOLUCIÓN DE ANEXO. En otro sentido, se ordena devolver al 1. Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro, (Francisco Javier Martínez Castillo), tres discos versátiles digitales que contienen los registros de audio y vídeo de las audiencias celebradas en la carpeta judicial 1201/2021/PUEBLA de su estadística, lo cuales obran en autos del presente juicio de amparo. No ha lugar a solicitarle el acuse de recibo respecto de las constancias a devolver, toda vez que la citada responsable se encuentra en el lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que en el acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega de la documental descrita. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. Finalmente, con fundamento en el artículo 3, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, se considera que el presente proveído, deben integrarse al expediente físico pues genera constancias de notificación, al ordenarse en archivo definitivo del presente asunto. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión, por lista al promovente, así como a los terceros interesados y por oficio a las autoridades responsables, a la autoridad tercera interesada y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio 19870/2023/JC, remitido por el Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro (Francisco Javier Martínez Castillo), con el que señala que en cumplimiento al requerimiento de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, remite un disco en formato DVD, con el que acredita el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Sin embargo, no ha lugar a mayor pronunciamiento, en virtud de que por diverso oficio 16955/2023/JC, al que se anexó un disco versátil digital que contiene la audiencia celebrada el veintisiete de abril del año en curso, se tuvo a dicha responsable informando el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, ordenándose la vista correspondiente y por auto de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, se tuvo por cumplida dicha ejecutoria. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. Finalmente, con fundamento en el artículo 3, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, se considera que el registro con el que se dio cuenta y el presente proveído, deben integrarse al expediente físico pues dicha promoción se presentó de forma física Cúmplase.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. AVISO DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN En cumplimiento a lo dispuesto por Acuerdo General 3/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla; y al cambio de denominación de la Oficina de Correspondencia Común que presta servicio a los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta entidad (en adelante AG 3/2023); a partir del dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, cambia de denominación a Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula. FALLO CUMPLIDO Vista certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes quejosa y tercera interesada mediante proveído de dos de mayo de dos mil veintitrés, a efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniera, respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo hubieran hecho. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional resolverá si de acuerdo con las constancias que existen en autos, dicha ejecutoria se encuentra o no cumplida. Al respecto, se tiene que por sentencia firmada y autorizada el treinta de marzo de dos mil veintitrés (fojas 124 a 137), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Flavio Alberto Carro Poblano, en su calidad de defensor del quejoso Erick Delgado Zárate, en los siguientes términos: ".OCTAVO. Efectos de la protección constitucional. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, se concede el amparo y protección constitucional a Flavio Alberto Carro Poblano, en su carácter de defensor del imputado Erick Delgado Zárate, para que Francisco Javier Martínez Castillo, juez de control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Puebla, una vez que quede firme la sentencia y se le requiera su cumplimiento, dentro del plazo que para tal efecto se establezca, realice lo siguiente: 1. Deje sin efectos la resolución de diez de enero de dos mil veintitrés, emitida en la causa penal 1201/2021/PUEBLA, donde determinó no revocar el auto de cuatro anterior. 2. En su lugar, dicte otro acuerdo en el que, dentro del término que prevé el artículo 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales y de conformidad con éste, declare procedente el citado medio de impugnación y ordene dejar sin efectos el auto de cuatro de enero de dos mil veintitrés, en el que se determinó improcedente la solicitud de sobreseimiento en dicha causa y señale fecha y hora para la celebración de la audiencia que refiere el artículo 327, primer párrafo del citado ordenamiento, donde resuelva lo conducente con libertad de jurisdicción. 3. Enviará a este juzgado federal las constancias que acrediten el cumplimiento de cada uno de los efectos en cita. En la inteligencia que, para cumplir con el fallo protector, la autoridad responsable debe observar las consideraciones expuestas y lineamientos establecidos en esta y no únicamente a sus efectos." En acuerdo de veintiuno de abril de dos mil veintitrés se determinó que la sentencia amparadora había causado ejecutoria y se requirió su cumplimiento (foja 152 a 153). En acatamiento a ello, mediante oficio 16385/2023/JC, remitido por el Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro (Francisco Javier Martínez Castillo) -foja 160- informó que en autos de la carpeta judicial 1201/2021/PUEBLA, realizó lo siguiente: -Dejó sin efectos la determinación motivo del acto reclamado y declaró fundados los agravios del quejoso. -Revocó el proveído de cuatro de enero del año en curso y señaló las quince horas con treinta minutos del veintiséis de abril de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia respectiva. Ante tales circunstancias, en acuerdo de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, se requirió a la responsable en cita para que remitieran las constancias que acrediten el cumplimiento total de la ejecutoria, esto es, las que avalaran lo informado y desde luego evidenciaran la celebración de la audiencia a que se refiere el artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde -como se ordenó en el fallo protector- habrá de resolver lo conducente (a la petición de sobreseimiento del quejoso). -Fojas 162 y 163- Posteriormente, dicha responsable hizo llegar el diverso oficio 16906/2023/JC, con el que informó que en autos de la carpeta judicial 1201/2021/PUEBLA, no se llevó a cabo la audiencia de sobreseimiento (señalada para el veintiséis de abril de dos mil veintitrés), toda vez que no compareció la defensa particular nombrada por el acusado y en atención a ello, se declaró el abandono y se nombró defensa pública. Y, que a fin de que la defensa pública pudiera imponerse de los registros de la carpeta de investigación 1201/2021/PUEBLA y no dejar en estado de indefensión al acusado, prorrogó la audiencia para las diez horas de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, anexando al efecto el registro audiovisual de la citada audiencia de veintiséis de abril del año en curso. (Fojas 168 y 169). Posteriormente, el juez de control hizo llegar el oficio 16955/2023/JC, con el que informó que en audiencia oral de veintisiete de abril pasado, celebrada en autos de la carpeta judicial 1201/2021/PUEBLA, realizó lo siguiente: -Se le dio el uso de la voz a la defensa pública para que se hiciera cargo de la pretensión respecto al sobreseimiento que señaló la defensa particular anterior -de la cual se declaró su abandono en audiencia de veintiséis de abril del año en curso-. Y anexó el registro de audio y video de tal audiencia. Documentales con las que se ordenó dar vista a las partes en acuerdo de dos de mayo de dos mil veintitrés y que cuentan con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." En cuanto a la valoración de las videograbaciones de las audiencias celebradas en el procedimiento penal, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, que dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del 'expediente electrónico', como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Ahora de la imposición de las documentales y el contenido de los citados registros audiovisuales se aprecia que la primigenia audiencia dio inicio a las diecinueve horas con dieciocho minutos del veintiséis de abril de dos mil veintitrés, en donde tras individualizar a la partes -entre ellas a la defensora pública Noemí Virginia Calderón- el juez preguntó al imputado (hoy quejoso), el motivo por el que no se encontraba su defensa particular, esto es sus tres defensores, a lo que el refirió que tal vez se debiera a que la audiencia estaba fijada para las tres de la tarde y ya eran las seis (sic). Ante tal circunstancia el juez preguntó a la encargada de Sala, respecto a la defensa del hoy quejoso, en específico sobre Flavio Alberto Carro Poblano, a lo que respondió que a las doce horas con cinco minutos de esa data se comunicó con él, quien le dijo que estaría en la audiencia. Que aproximadamente a las dieciséis horas los defensores del imputado se apersonaron, pero como todavía no se declaraba abierta la audiencia, se retiraron y que previo al inicio de la audiencia les llamó por teléfono a los números que proporcionaron pero ya no le contestaron. Igualmente dijo que llamó al área del público e hizo constar que ya no se encontraban presentes. Ante ello, el juez dijo que por tales razones se llamó a la defensora pública. En uso de la voz el agente del Ministerio Público, solicitó se revocara el nombramiento a los defensores particulares y se designara una defensora pública para garantizar una defensa adecuada. Petición la que se adhirió la asesora jurídica. En consecuencia el juez responsable, con fundamento en el artículo 57 del Código Nacional de Procedimientos Penales, declaró el abandono de la defensa del aquí quejoso. A continuación se le preguntó al hoy quejoso si tenía algún defensor que pueda hacerse cargo de la audiencia, a lo que dijo que no. Razón por la cual el juez indicó que se seguiría la audiencia con la defensora pública, por lo que corroboró con la encargada de Sala la cédula profesional de aquella, y se le designó a dicha profesionista, quien aceptó y protestó el cargo. A continuación el juez le explicó a la defensora el motivo de la audiencia, indicando, en lo que al caso importa, que en acuerdo de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés dejó sin efectos la resolución de diez de enero de dos mil veintitrés, emitida en la causa penal 1201/2021/PUEBLA, donde determinó no revocar el auto de cuatro del mismo mes y año; y en su lugar, determinó que era fundado el agravio formulado por la defensa del imputado Erick Delgado Zárate, por lo que revocó el auto de cuatro de enero de dos mil veintitrés, y en atención a ello -indicó- se accedió la solicitud de celebrar la audiencia de sobreseimiento en dicha causa; indicando que por ello se celebraba esa audiencia. En uso de la voz la defensa solicitó que se señalara nueva fecha y hora para llevar a cabo la audiencia, para estar en condiciones de llevar a cabo una adecuada defensa y solicitó un término de diez días para imponerse de las constancias. A lo que la fiscalía no estuvo de acuerdo, argumentando que sólo se diera un receso para tal efecto, pues diez días era excesivo. Petición con la que concurrió la asesora jurídica. Ante ello el juez determinó que lo procedente era señalar las diez horas del veintisiete de abril de dos mil veintitrés, para verificarla audiencia en la que se atienda los solicitado por la defensa del hoy quejoso respecto al sobreseimiento planteado. Lo que ordenó hacer del conocimiento de esta autoridad federal, lo que en efecto realizó. En la segunda audiencia (la de veintisiete de abril de dos mil veintitrés), la defensora pública señaló, en relación con la pretensión de sobreseimiento de la entonces defensa particular del hoy quejoso, que a su criterio no había elementos qué hacer valer para el sobreseimiento ya que éstos debían ser valorados en la etapa de juicio oral, por lo que para no "aletargar" el asunto se le tuviera por desistida de la pretensión de sobreseimiento, a fin de no afectar a su representado. Solicitud respecto de la cual no hubo oposición de la fiscalía ni de la asesora jurídica. En uso de la voz, el hoy quejoso dijo que él nunca había estado de acuerdo con la defensora de oficio. A lo que el juez le preguntó que si deseaba hacer algún planteamiento. Respondiéndole el imputado que él tenía que hacer una audiencia de sobreseimiento, pero él nunca aceptó la defensa de la defensora. Ante tal circunstancia el juez le explicó que la defensa de oficio le había sido asignada por parte de ese órgano jurisdiccional ante el abandono de su defensa particular, el día anterior. En repuesta el hoy quejoso dijo que él no tenía entendido eso del abandono, porque se le citó a las tres de la tarde y él estuvo ahí y lo llamaron hasta las seis. El juez le inquirió si en relación al sobreseimiento tenía algo que manifestar. A lo que dijo que no tenía defensa, que no sabía ni que decir. El juez le hizo ver que estaba con él la defensora pública, a lo que el imputado dijo que él no la había designado, que nunca estuvo de acuerdo. A lo que se le repitió que se le había asignado por parte de ese tribunal. Contestando "no eso sí no lo sé entonces". Por lo que una vez escuchadas las partes, el juez responsable tuvo a la defensa por desistida de la pretensión del sobreseimiento que señaló la anterior defensa del imputado hoy quejoso, la cual fue relevada por abandono Así, en términos de lo dispuesto en los artículos 74, fracción V, 77 y 196 de la Ley de Amparo, quien resuelve, estima que de la comparación de los efectos contenidos en la ejecutoria de amparo, con las constancias que remitió el juez responsable, se obtiene que se cumplió en su totalidad con dicha ejecutoria sin excesos ni defectos. Lo anterior, pues al responsable dejó sin efectos la resolución de diez de enero de dos mil veintitrés, emitida en la causa penal 1201/2021/PUEBLA, ordenó revocar el auto de cuatro anterior, en el que se determinó improcedente la solicitud de sobreseimiento en dicha causa y señaló fecha y hora para resolver la pretensión de la defensa particular. Y si bien, no se pronunció en relación con la petición de sobreseimiento formulada por la entonces defensa particular del hoy quejosos, ello obedeció a que su nueva defensora, tras imponerse de las constancias de la carpeta judicial administrativa, consideró que no resultaba provechoso para su defenso continuar con dicho trámite. Sin que sobre decir que pese a que el juez responsable declaró el abandono de la defensa privada de Erick Delgado Zárate, no se aprecia que por ello se haya dejado en estado indefensión al quejoso, pues al margen que no se aprecia que contra tal determinación se hubiera interpuesto recurso legal alguno, la responsable correctamente determinó oficiosamente señalar como su defensora a la pública de la adscripción, en tanto que el imputado hoy quejoso, no pudo designada a otro abogado que lo asistiera, garantizando así el derecho a una defensa legal adecuada. Por ende, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo vigente, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. INTEGRACIÓN A EXPEDIENTE FÍSICO Finalmente, con fundamento en el artículo 3, último párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, se considera que el registro con el que se dio cuenta y el presente proveído, deben integrarse al expediente físico pues genera impulso procesal al presente asunto. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión, al promovente, así como a los terceros interesados y por oficio a las autoridades responsables, a la autoridad tercera interesada y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

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