Erick Gabriel Valdes Centeno
Expediente 587/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 587/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 25/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Erick Gabriel Valdes Centeno
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veinticinco de agosto de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta signado por la Magistrada Semanera Integrante de la Primera Sala Familiar Regional de Tlalnepantla, México, por medio del cual acusa recibo de las constancias que le fueron devueltas en atención a lo ordenado en proveído de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno. Atento a lo anterior, se toma conocimiento y se deja sin efectos el apercibimiento de multa con el que fue conminada dicha autoridad. Notifíquese por lista a las partes, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Así lo proveyó y firma, René Ramos Pérez, Juez Décimo de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez, quien actúa con Rodrigo Alejandro Ramos Gómez, Secretario que da fe
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a dieciocho de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que la sentencia de treinta de julio de dos mil veintiuno, dictada por este órgano jurisdiccional en la cual se negó el amparo a ------------, por propio derecho, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo, captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Ahora bien, vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en el juicio de amparo en que se actúa no existe diligencia ni trámite pendiente que realizar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, contrario sensu, se ordena su archivo definitivo; háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno de este juzgado. Por otra parte, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, artículos 18, fracción I, inciso a; 20, fracción II, inciso a, y 21, inciso a, que dicen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: . II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; ." "CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DEPURABLES Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito: Los incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas; b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional; y . EXPEDIENTES DESTRUIBLES Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de seis meses. Los expedientes auxiliares y judiciales de las siguientes series documentales deberán ser destruidos, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos: II. Expedientes judiciales: Duplicados, siempre que se cuente con el original; y. ... Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados;" En consecuencia, de conformidad con lo previsto en los artículos que anteceden, se estima que el expediente principal es susceptible de depuración, pues se trata de un asunto en el que se negó el amparo a la parte quejosa, debiéndose dejar únicamente del expediente principal la demanda y la sentencia, de las que se ordena el desglose y copia debidamente certificada en su oportunidad, a fin de ser remitidas al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su guarda y custodia. No se omite precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15 del acuerdo de mérito, no es considerado asunto de relevancia documental. Por otro lado, ya que no son necesarias las constancias remitidas por el Magistrado Semanero Integrante de la Primera Sala Familiar Regional de Tlalnepantla, México, consistentes en i) copias certificadas del toca de apelación 261/2021, ii) copias certificadas del incidente de incumplimiento de pago de pensiones alimenticia; y, iii) copias certificadas del expediente 922/2020; devuélvase a su lugar de origen, y con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase para que dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos la legal notificación del presente proveído, acuse recibo de las constancias que se le remite. Se apercibe a dicha autoridad, que de no dar cumplimiento a lo aquí ordenado, o informar la imposibilidad que tenga para ello, con fundamento en el artículo 237 fracción I y 259 de la Ley de Amparo, se le aplicará una multa de $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cincuenta unidades diarias de medida y actualización. Cabe precisar que la multa a que se hace referencia en el presente acuerdo, está fundamentada en los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, el valor de dicha unidad emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, divulgada en el mencionado medio de difusión oficial de ocho de enero de dos mil veintiuno, cuyo monto vigente es de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional). Notifíquese por lista a las partes, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Naucalpan de Juárez, Estado de México, a las once horas con cuarenta minutos del treinta de julio de dos mil veintiuno, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 587/2021-VI, en audiencia pública, Así lo proveyó y firma, Óscar Durán Valdés, Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, Encargado del Despacho en términos del artículo 141, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/2422/2021, de cinco de julio de dos mil veintiuno, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido de Rodrigo Alejandro Ramos Gómez, Secretario que da fe, la declaró abierta sin la asistencia de las partes. A continuación, el Secretario da cuenta de todas y cada una de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas. Asimismo, da cuenta con el escrito registrado con el folio 8564, signado por el quejoso ****, por el cual oferta pruebas documentales. Acto seguido el Secretario Encargado del Despacho acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias que antecede para los efectos legales a que haya lugar y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, por reproducido en todas y cada una de sus partes el informe justificado rendido por la autoridad responsable. Asimismo, agréguese a los autos el escrito de cuenta, por el cual el quejoso ofrece pruebas documentales; en consecuencia, acuérdese lo conducente en la etapa probatoria correspondiente a esta audiencia constitucional. Abierto el período probatorio: El Secretario da cuenta con las pruebas ofrecidas por las partes durante la substanciación del presente juicio de amparo. El Secretario Encargado del Despacho provee: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza las pruebas exhibidas por las partes que así lo hicieron, las cuales se analizaran en el momento procesal oportuno. Abierto el periodo de alegatos: El Secretario da cuenta con los formulados por la parte tercera interesada mediante escrito registrado con el folio 7939 y hace constar que el Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción no formuló pedimento. El Secretario Encargado del Despacho acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por formulados los alegatos de la parte tercera interesada y por precluido el derecho del Fiscal Federal adscrita, para ejercerlo. Con lo anterior, se tienen por efectuadas las etapas procedentes en la audiencia constitucional, en términos de la presente acta y se realiza el estudio de las constancias para dictar la sentencia que en derecho corresponda, con lo que culminará esta audiencia constitucional. Doy Fe. SUMARIO En el juicio por violencia familiar de origen se determinó establecer una pensión alimenticia provisional a cargo del aquí quejoso y en favor de sus menores hijas, medida cautelar que adquirió firmeza procesal al no haber sido impugnada en el momento oportuno. Posteriormente, en atención a que el quejoso no cubrió de forma completa la pensión fijada, la madre de las acreedoras alimentarias promovió un incidente de liquidación de pensiones vencidas y no pagadas. Seguido el trámite correspondiente el juez de primera instancia cuantificó las cantidades adeudadas y ordeno al aquí quejoso su pago. Inconforme, el deudor alimentario interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto en el sentido de confirmar la interlocutoria de liquidación. Esa determinación es el acto reclamado en el presente juicio.1 SENTENCIA VISTOS para dictar sentencia en los autos del juicio de amparo 587/2021-VI, promovido por ****, por propio derecho, contra actos de la Primera Sala Regional Familiar de Tlalnepantla, Estado de México. RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el quince de junio de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, remitido hasta el diecisiete siguiente, a este órgano jurisdiccional, ****, por propio derecho, demando el amparo y la protección de la justicia federal en contra de: III. NOMBRE DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES: Lo es LA PRIMERA SALA REGIONAL FAMILIAR DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO [.]. "V.-ACTO RECLAMADO: 1.- De la Autoridad Responsable señalo como Acto Reclamado la Sentencia Dictada por la misma en Fecha 2 (DOS) DE JUNIO DE AÑO 2021 (DOS MIL VEINTIUNO) dentro del Toca: ***, relativo al INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE PENSIONES ALIMENTICIAS PROVISIONALES VENCIDAS que se deduce del 1 El presente sumario es únicamente de carácter informativo, por lo que no forma parte integral de la sentencia que se dicta en el presente asunto. Expediente ****, el cual es relativo AL PROCEDIMIENTO VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, promovido por la Señora ****. [sic] SEGUNDO. Trámite del juicio. Mediante proveído de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, admitió a trámite la demanda de amparo, solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación, dio la intervención que legalmente corresponde a Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento, ordenó el emplazamiento de la tercera interesada ****, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; la cual tuvo lugar al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para conocer el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estado Unidos; 33 fracción IV, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Apartado Cuarto, fracción II, del Acuerdo General 3/2013, en relación con el diverso Acuerdo General 53/2018, ambos emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues, el acto que reclama la parte quejosa, tiene ejecución material en el municipio de Atizapán de Zaragoza, esto es, dentro de circunscripción territorial donde ejerce su jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de una lectura integral de la demanda, así como de las demás constancias que obran en el expediente, se advierte que la parte quejosa reclamó de la Primera Sala Regional Familiar de Tlalnepantla, Estado de México el siguiente acto: La sentencia de dos de junio de dos mil veintiuno, dictada dentro del toca de apelación ***; que confirmó la sentencia interlocutoria de ocho de abril de dos mil veintiuno, dictada en el incidente de liquidación de pensiones alimenticias vencidas, deducido del juicio **** -en la que se condenó al quejoso al pago de las pensiones alimenticias adeudadas-. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es CIERTO el acto reclamado, ya que el Magistrado Semanero, integrante de la Primera Sala Familiar Regional de Tlalnepantla, Estado de México, al rendir su informe justificado aceptó el acto reclamado. Además, la existencia del acto reclamado se corrobora con las copias certificadas del toca de apelación ****, del índice de la autoridad responsable, así como del incidente de incumplimiento de pago de pensiones alimenticias y del expediente de violencia familiar ***, del índice del Juzgado Segundo Familiar de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, que fueron remitidas en apoyo al informe justificado. Constancias que dado su carácter de documento público por haber sido emitido por una autoridad en ejercicio de sus funciones, merece valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2. CUARTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público, merece estudio preferente, lo aleguen o no las partes, tal y como lo estatuye el artículo 62 de la Ley de Amparo; sin embargo, las partes no hicieron valer alguna causal de improcedencia y este juzgador tampoco advierte de oficio su actualización, por lo tanto, a continuación se procede al estudio de fondo del asunto. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Antes de proceder al estudio de fondo, se considera importante hacer referencia a los antecedentes relevantes del acto reclamado, entre los que destaca lo siguiente: 1. El veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la controversia de violencia familiar promovida por ****, en contra del aquí quejoso ****, demanda que fue radicada por el Juzgado Quinto Familiar de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México bajo el número de expediente ***, quien en esa fecha dictó medidas de protección para la promovente y sus menores hijas, y además decretó una pensión alimenticia provisional a cargo de ****, de tres Unidades de Medida y Actualización al día, en favor de sus menores hijas. 2. En audiencia de doce de marzo de dos mil diecinueve, se modificó el monto de la pensión alimenticia provisional, para quedar en tres días de salario mínimo diario. Determinación que no fue recurrida a través de algún medio de defensa ordinario ni extraordinario por el deudor alimentario. 3. Posteriormente, mediante escrito presentado el dieciocho de agosto de dos mil veinte, ***, promovió incidente de incumplimiento del pago de pensiones alimenticias, en perjuicio de sus menores hijas, ya que a su dicho el deudor alimentario solo había depositado parcialmente las pensiones de sus hijas durante los meses de septiembre a diciembre de dos mil diecinueve, y de enero a agosto de dos mil veinte, pero que aún adeudaba la cantidad de $***. 4. Esa demanda incidental que fue admitida a trámite por el Juzgado Quinto Familiar de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, mediante auto de diecinueve de agosto de dos mil veinte. 5. En auto de veintitrés de octubre de dos mil veinte, el Juzgado Quinto Familiar de Tlalnepantla ordenó la acumulación de ese procedimiento, al diverso ***, del índice del Juzgado Décimo Segundo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, quien una vez recibido, lo radicó con un nuevo número de expediente: el ***. 6. Seguido el trámite del incidente de liquidación correspondiente, ante el Juez Décimo Segundo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla el ocho de abril de dos mil veintiuno, dicto sentencia interlocutoria, en la cual cuantificó las pensiones adeudadas y ordenó al aquí quejoso pagar la cantidad aprobada, bajo las siguientes consideraciones: - A partir de la plantilla de liquidación presentada por la quejosa por la falta de pago completo de las pensione del periodo de septiembre a diciembre del año dos mil diecinueve, y de enero a julio de dos mil veinte; el juez de origen realizó una tabla con el desglose de meses, monto del salario mínimo, así como el cálculo de la pensión diaria y a partid de ello, procedió a cuantificar las cantidades que el deudor debió pagar durante el periodo referido, siendo que esa cantidad asciende a $***. - Ahora, derivado de las pruebas ofrecidas, se tuvo por acreditado que el deudor alimentario había hecho pagos parciales de la pensión alimenticia, durante el periodo en cuestión, por un monto de $***. - Por lo que al restar al monto total de la pensión alimenticia provisional que se tuvo que haber pagado en el periodo, el monto de las cantidades que ha consignado el deudor alimentario, el juez de origen determinó se encontraba pendiente de pago la cantidad de $****, adeuda la cantidad referida por concepto de pensiones alimenticias del periodo de septiembre a diciembre de dos mil diecinueve y de enero a julio de dos mil veinte, esto al no haber acreditado el pago completo de las pensiones correspondientes a ese periodo, en razón de tres días de salario mínimo. - Sin que sea posible tomar en consideración el argumento de que no se ordenó que la pensión se incrementaría conforme aumentara el salario mínimo, ya que ello sería en perjuicio de los acreedores alimentarios, además de que es un hecho conocido que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, cada año publica el aumento que tendrá esa unidad, y dado el carácter progresivo, cotidiano y necesario de los alimentos, estos al fijarse en días de salario, también deben aumentar en la proporción que lo hace el salario mínimo. - Finalmente, respecto de las manifestaciones relativas a la capacidad económica del deudor, no son motivo del presente incidente, cuya finalidad es únicamente cuantificar las pensiones adeudadas. 7. Inconforme con esa resolución ***, mediante escrito de trece de abril de dos mil veintiuno, interpuso recurso de apelación; en el cual expuso los siguientes agravios: - La resolución impugnada violenta los artículos 1.195 y 1.260 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, así como el 4.138 del Código Civil, ya que el juez dejó de valorar que el quejoso acreditó que su sueldo mensual es de $***. - El juez de primera instancia inadvirtió que su contraparte estableció en su planilla de liquidación, mensualidades de $***, lo cual rebasa por mucho lo que el recurrente percibe por su trabajo. - Refiere que los recibos de nómina que exhibió no fueron objetados, por lo que el juez de origen debió tomarlos en cuenta, sin embargo de un simple plumazo se abstiene de regular el procedimiento y le condena a pagar una cantidad de dinero que no tiene. - Si bien es cierto que en audiencia de doce de marzo de dos mil diecinueve se decretara como pensión alimenticia provisional la cantidad de tres veces el salario mínimo, la cantidad que ello implica es casi el cien por ciento de lo que ganaba al mes, como consta de los recibos de nómina ofrecidos. - Explica que el aumento del salario mínimo es para aquellas personas que laboran y ganan el salario mínimo, lo que no es aplicable a su persona, por lo que es totalmente ilógico que la mama de sus hijas pretenda que se deposite más de lo que gana, cuando al mes le deposita el setenta o setenta y cinco por ciento de su salario. - Por ende se desatiende el artículo 4.138 del Código Civil, que establece que los alimentos deben ser proporcionales a la capacidad del deudor, y se modificarán de manera proporcional a las modificaciones de los ingresos del deudor alimentario. Por ende, se le está condenando a pagar un dinero que está fuera de sus posibilidades, al no observar que la pensión alimenticia rebasa por mucho lo que mes a mes gana de salario, en consecuencia resulta injusta y arbitraria la medida que se le ha fijado. - Dice que se debe regularizar el monto de la pensión para hacerlo acore y proporcional al sueldo que percibe en su centro de trabajo. 8. Dicho recurso fue admitido a trámite por la Primera Sala Familiar Regional de Tlalnepantla, quien lo radicó bajo el número de toca ***; y seguido el trámite correspondiente, en sentencia de dos de junio de dos mil veintiuno, resolvió que era infundado y confirmó la interlocutoria antes referida, por los siguientes motivos: - Los conceptos de agravio son inoperantes, ya que no se realizó ningún razonamiento lógico jurídico que atacara los fundamentos legales y las consideraciones en que se sustentó el fallo reclamado. - El incidente de liquidación tiene como fin primordial determinar con precisión la cuantía de ciertas prestaciones a las que quedaron obligadas las partes en el juicio y que son indispensables para llevar a cabo su ejecución. Por ende, dentro de estos incidentes no se pueden modificar, anular o rebasar las obligaciones materia de la litis del juicio principal, que en el caso es sobre el derecho a recibir alimentos. - Así, la interlocutoria que resuelve el incidente de liquidación de pensiones alimenticias provisionales vencidas y no pagadas no puede tener el alcance pretendido por el inconforme de reducir el monto de la pensión provisional. - En el caso la actora incidentista solicitó el pago faltante de las pensiones alimenticias, por el periodo de septiembre a diciembre de dos mil diecinueve y enero a agosto de dos mil veinte, de modo que la plantilla debe analizarse como lo hizo el juez de primera instancia, supliendo en forma total la deficiencia de la queja ya que está de por medio la afectación jurídica de menores de edad. - La decisión de doce de marzo de dos mil diecinueve, en que se fijó el importe de la pensión alimenticia provisional ha adquirido firmeza procesal, lo que da lugar a que las acreedoras alimentarias puedan promover válidamente el incidente de liquidación por cada mes que ha transcurrido sin que se pague de forma total el importe de la pensión; máxime que ese pago se necesita para la propia subsistencia material y el bienestar mínimo de la persona a favor de quien se concede el pago. - De esa forma, los motivos de disenso expuestos por el inconforme devienen inoperantes, ya que no son procedentes para modificar el sentido del fallo recurrido, pues de la lectura de los mismos se advierte que no combaten las consideraciones de esa resolución, sino que se limitan a repetir los motivos por los cuales, en su concepto, no podía reclamársele el pago de las pensión, los cuales indicó desde su escrito inicial de contestación a la demanda incidental, y sobre los que el juez de primera instancia ya se pronunció. - Finalmente determinó no condenar al pago de costas en segunda instancia. Resolución que constituye el acto reclamado en el presente juicio. SEXTO. Estudio de fondo. Los conceptos de violación del quejoso se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias; sin embargo, es conveniente referir que, en su demanda de amparo, en síntesis, hizo valer lo siguiente: 1. El quejoso argumenta, que la resolución reclamada no estudia ni lee correctamente los agravios expresados en el recurso, ya que la responsable los califica como inoperantes en tanto que no realizó razonamientos lógicos para atacar los fundamentos legales en que se sustenta el sentido del fallo; sin embargo, de la lectura de su escrito de agravios se advierte que sí da los fundamentos legales y lógico jurídicos para cambiar la resolución impugnada. 2. Existen motivos leales y lógico jurídicos en su escrito para que no se lo obligue a lo imposible, pues los alimentos deben ser proporcionados de acuerdo a la capacidad económica del deudor alimentario y de las necesidades de quien deba recibirlos; y en autos existe constancia de que su sueldo era de $***, y al omitir esa cuestión, la responsable no da argumentos para explicar como si el quejoso gana un monto inferior al de la pensión, lo puede condenar al pago de la cantidad expuesta. 3. Aduce que en el juicio de origen se había fijado una pensión calculada en Unidades de Medida y Actualización (UMAs) y posteriormente de manera unilateral se cambió a Salarios Mínimos; y si en el momento no se opuso, fue porque no tenía medios de prueba. Por ende, considera que la resolución es arbitraria y contraria al artículo 4.138 del Código Civil para el Estado de México, que dispone que los alimentos han de ser proporcionados de acuerdo a la capacidad económica del deudor y a las necesidades de quien deba recibirlos, y que éstos se modificarán de manera proporcional a las modificaciones de los ingresos del deudor alimentario. 4. La resolución le está dejando sin dinero para su subsistencia, por lo que tiene la necesidad de ir a vivir con sus padres para que ellos le proporcionen nuevamente alimentos y ayuda económica para sus necesidades básicas, ya que se le pretende quitar todos su salario y más, siendo totalmente desproporcionado a lo que tendría que cubrir por concepto de alimentos; cuando antes solo pagaba el 75% de su salario. 5. La Sala responsable en lugar de regularizar el procedimiento, dejó de valorar las pruebas sobre lo excesivo del importe de la pensión; sin embargo, contrario a lo que hizo, debió señalar que el incidente era improcedente, pues la quejosa vive en un inmueble del padre del quejoso, del que se entiende que no paga renta y es incongruente que no trabaje para sacar adelante a las menores, cuando tiene la profesión de ser licenciada en derecho. 6. Es irrazonable que se supla la deficiencia de la queja para no dejar a las menores sin alimentos, pues de autos consta que mes a mes se le deposita la cantidad de $***, que es el setenta y cinco por ciento de su salario, y que jamás ha dejado de proporcionarlos, como lo quiso manjar la responsable. 7. Finalmente, se duele de que la madre de sus hijas pretenda que pague una pensión mil pesos mayor a su sueldo mensual, y dice que se siente en desesperación porque no se regulariza el procedimiento para fijarle una pensión alimenticia acorde con lo que gana. Conceptos de violación que resultan INOPERANTES, ya que en ellos el quejoso no combate las consideraciones torales en que se sustenta el acto reclamado.2 2 Al respecto resulta aplicable por analogía la jurisprudencia 173 de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACION. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO. Si los conceptos de violación no atacan los fundamentos del fallo impugnado, la Suprema Corte de Justicia no está en condiciones de poder estudiar la inconstitucionalidad de dicho fallo, pues hacerlo equivaldría a suplir las deficiencias de la queja en un caso no permitido legal ni constitucionalmente, si no se está en los que autoriza la fracción II del artículo 107 reformado, de la Constitución Federal, y los dos últimos párrafos del 76, también reformado, En los conceptos de violación sintetizados con los numerales 1, 2 y 3, el quejoso en esencia aduce que sí combatió las consideraciones de la interlocutoria de ocho de abril de dos mil veintiuno, pues esgrimió argumentos para explicar (i) que no se le debía obligar a lo imposible, ya que la pensión alimenticia fijada resultaba superior a sus ingresos mensuales; (ii) que la responsable no estudió valoró los recibos de pago y no regularizó el monto de la pensión alimenticia para ajustarlo al artículo 4.138 del Código Civil para el Estado de México, que dispone que los alimentos han de ser proporcionados de acuerdo a la capacidad económica del deudor y a las necesidades de quien deba recibirlos, y que éstos se modificarán de manera proporcional a las modificaciones de los ingresos del deudor alimentario; y (iii) que no se opuso al monto de la pensión porque en ese momento no tenía los medios de convicción, pero que después los presentó ante la autoridad natural. Sin embargo, como se advierte de su simple lectura, esos argumentos no combaten las consideraciones torales del acto reclamado, ya que, en la sentencia reclamada, la autoridad responsable sostuvo que los agravios expresados en el recurso de apelación eran inoperantes porque no se encaminaban a combatir la sentencia recurrida, ya que el incidente de liquidación tiene como fin primordial determinar la cuantía de ciertas prestaciones a las que quedaron obligadas las partes en el juicio; sin embargo, explica la responsable, dentro de estos incidentes no se pueden modificar, anular o rebasar las obligaciones materia de la litis del juicio principal, que en el caso es sobre el derecho a recibir alimentos. de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado no se funda en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte, ni tampoco se trate de una queja en materia penal o en materia obrera en que se encontrare que hubiere habido en contra del agraviado una violación manifiesta de la ley que lo hubiera dejado sin defensa, ni menos se trate de un caso en materia penal en que se hubiera juzgado al quejoso por una ley inexactamente aplicable." Sobre esas bases, la responsable explicó que la interlocutoria que resuelve el incidente de liquidación de pensiones alimenticias provisionales vencidas y no pagadas, no puede tener el alcance pretendido por el inconforme de reducir el monto de la pensión provisional. Además, la responsable refirió que los agravios, lejos de atacar las consideraciones del fallo impugnado solo repetían los motivos por los cuales, en su concepto, no podía reclamársele el pago de la pensión, que indicó desde su escrito inicial de contestación a la demanda incidental, y sobre los que el juez de primera instancia ya se había pronunciado. De esa forma, se desprende que la razón principal para estimar que los conceptos de agravio eran inoperantes, fue porque la naturaleza del incidente de liquidación de pensiones alimenticias se limita a cuantificar una obligación preexistente, y que ya había quedado firme en el cuaderno principal, por lo que los argumentos en torno a lo desproporcional de la pensión y al hecho de que no se valoraron sus recibos de pago, no estaban encaminados a desvirtuar la sentencia interlocutoria, además de que el juez de primera instancia ya había contestado esas alegaciones. Por lo tanto, el hecho de que el quejoso ahora refiera que esos argumentos sí estaban encaminados a controvertir la resolución de primera instancia, es insuficiente para atacar las consideraciones esenciales del fallo impugnado, pues para ello era preciso que desvirtuara las razones expuestas por la autoridad responsable. Para ello era preciso que justificara que en el incidente de liquidación de pensiones vencidas sí se podía revisar el quantum de la pensión, o que justificara que combatió las consideraciones del juez de primera instancia, por ejemplo, al haber controvertido la cuantificación realizada en la interlocutoria reclamada. Sin embargo, el quejoso se limitó a decir que sí había expuesto argumentos legales y lógico-jurídicos para controvertir lo resuelto en primera instancia, repitiendo lo alegado en sus agravios en los agravios que dieron origen al recurso de revisión, en relación a que la pensión fijada es excesiva, que se debió regularizar el monto de la misma; y que si bien no se había opuesto al monto de la pensión impuesto, con posterioridad fue aportando medios de convicción para probar su ingreso mensual. Por lo tanto; los conceptos de violación en comento, no controvierten los razonamientos expuestos por la responsable en el acto reclamado, sino que constituyen únicamente una repetición de lo que ya había alegado en su recurso de revisión y que ya contestó la autoridad responsable. De la misma forma, debe decirse que el argumento de que la autoridad responsable no fundó ni motivó por qué se permitió la imposición de una cantidad superior a la de sus ingresos, es una mera repetición de los agravios, por lo que esto no controvierte en forma alguna los argumentos en los que la autoridad responsable respondió porqué resultaba improcedente analizar cuestiones relacionadas con el monto de la pensión. Por lo tanto, se concluye que los conceptos de violación en estudio devienen inoperantes. En segundo término, en los conceptos de violación sintetizados con los numerales 4 y 5, el quejoso se duele de que la resolución reclamada (i) le deja sin dinero para su subsistencia, (ii) que debe volver a recibir alimentos de sus padres, ya que la pensión que se le pretende cobrar es desproporcionada, (iii) que la actora incidentista vive en un inmueble de su padre sin pagar renta, y (iv) que es incongruente porque a pesar de que la actora incidenista ser licenciada en derecho, no trabaja para sacar adelante a sus menores hijas. Conceptos de violación que tampoco se encuentran encaminados a combatir las consideraciones del acto reclamado, pues en éste se analizó la legalidad de una interlocutoria en la que únicamente se resolvió que el deudor alimentario no había cubierto el monto total de la pensión alimenticia provisional que estaba obligado a pagar en términos de lo resuelto en el juicio principal; y cuantificó el monto adeudado por el periodo comprendido entre septiembre de dos mil diecinueve y agosto de dos mil veinte. Sin embargo, el quejoso esgrime argumentos relacionados con el quantum de la pensión alimenticia, pues alega que ésta es desproporcionada ya que lo deja sin ingresos, lo obliga a volver a depender económicamente de sus padres, desatiende que la acreedora no paga renta gracias a que vive en un inmueble de su padre (del quejoso) y que ésta a pesar de ser licenciada en derecho no trabaja; argumentos todos que se advierte están encaminados a controvertir el monto que se le fijó para el pago de la pensión alimenticia provisional en favor de sus hijas. Pero ninguno de ellos tiende a acreditar que hubiera sido erróneo confirmar la sentencia de primera instancia. En otras palabras, los argumentos sobre la desproporcionalidad de la pensión, sobre las posibilidades que tiene de pagarla como deudor alimentario y sobre la actitud de la acreedora alimentaria; se encuentra encaminado a controvertir un acto que no formó parte de la litis constitucional, es decir lo resuelto en la audiencia de doce de marzo de dos mil diecinueve, se modificó el monto de la pensión alimenticia provisional, para quedar en tres días de salario mínimo diario. Por lo tanto, se advierte que esos conceptos de violación tampoco se encuentran encaminados a controvertir o atacar alguno de los fundamentos en que se sustenta el acto reclamado, que es la sentencia de dos de junio de dos mil veintiuno, dictada dentro del toca de apelación ****; que confirmó una sentencia interlocutoria en la que únicamente se cuantificó el monto de las pensiones alimenticias vencidas que el quejoso adeudaba, pero no emitió algún pronunciamiento sobre el monto o la existencia de la obligación de pago del quejoso, de ahí que se considere que éstos son INOPERANTES, porque son jurídicamente ineficaces para demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado, en tanto que no atacan ninguno de los fundamentos en los que se sustentó, sino que se encaminan a controvertir un acto diverso, que debió ser impugnado en su momento, a través de la vía conducente.3 En tercer lugar, los conceptos de violación sintetizados con el numeral 6, en que el quejoso considera que no se debió suplir la deficiencia de la queja a las menores, ya que sí les deposita mes a mes la cantidad de $***, que es el setenta y cinco por ciento de su salario, y que jamás ha dejado de proporcionarlos, este únicamente controvierte una consideración accesoria, pero que no fue la razón en la que se sustenta el acto reclamado. 3 Al respecto resulta aplicable por analogía la jurisprudencia 173 de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACION. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO. Si los conceptos de violación no atacan los fundamentos del fallo impugnado, la Suprema Corte de Justicia no está en condiciones de poder estudiar la inconstitucionalidad de dicho fallo, pues hacerlo equivaldría a suplir las deficiencias de la queja en un caso no permitido legal ni constitucionalmente, si no se está en los que autoriza la fracción II del artículo 107 reformado, de la Constitución Federal, y los dos últimos párrafos del 76, también reformado, de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado no se funda en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte, ni tampoco se trate de una queja en materia penal o en materia obrera en que se encontrare que hubiere habido en contra del agraviado una violación manifiesta de la ley que lo hubiera dejado sin defensa, ni menos se trate de un caso en materia penal en que se hubiera juzgado al quejoso por una ley inexactamente aplicable." Si bien es cierto que la responsable sostuvo que se debía suplir de manera absoluta la deficiencia de la queja de las menores acreedores alimenticias, ello fue para explicar por qué fue correcto que la autoridad de primera instancia hubiera realizado la cuantificación de las pensiones vencidas, sin embargo, no se advierte de la resolución reclamada que ésta efectivamente haya suplido la deficiencia de la actora incidentista (representante de las menores acreedoras alimentarias), ya que la Sala se limitó a analizar los agravios del quejoso y a calificarlos como inoperantes al no combatir los fundamentos de la interlocutoria impugnada Por lo tanto, esos argumentos también son inoperantes cuando ya que tienen como finalidad controvertir argumentos expresados por la autoridad responsable en forma accesoria a las razones que sustentan el sentido del fallo, sobre todo, porque no resultan compatibles con el sentido toral del acto reclamado; lo anterior es así porque aunque le asistiera la razón al quejoso, al combatir la consideración secundaria, ello no tendría la fuerza suficiente para que se revocara el fallo combatido, dado que seguiría rigiendo la consideración principal.4 Finalmente, en los conceptos de violación sintetizados con el número 7, el quejoso se duele de que la madre de sus hijas pretenda que pague una pensión mil pesos mayor a su 4 Es aplicable por analogía la jurisprudencia 1a./J. 19/2009, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Marzo de 2009, página 5, de rubro y texto: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE COMBATEN ARGUMENTOS ACCESORIOS EXPRESADOS EN LA SENTENCIA RECURRIDA, MÁXIME CUANDO ÉSTOS SEAN INCOMPATIBLES CON LAS RAZONES QUE SUSTENTAN EL SENTIDO TORAL DEL FALLO. En términos del artículo 88 de la Ley de Amparo, la parte a quien perjudica una sentencia tiene la carga procesal de demostrar su ilegalidad a través de los agravios correspondientes, lo que se cumple cuando los argumentos expresados se encaminan a combatir todas las consideraciones en que se apoya la resolución impugnada. Ahora bien, los agravios resultan inoperantes cuando tienen como finalidad controvertir argumentos expresados por el órgano de control constitucional en forma accesoria a las razones que sustentan el sentido del fallo, sobre todo cuando sean incompatibles con el sentido toral de éste, porque aunque le asistiera la razón al quejoso al combatir la consideración secundaria expresada a mayor abundamiento, ello no tendría la fuerza suficiente para que se revocara el fallo combatido, dado que seguiría rigiendo la consideración principal, en el caso la inoperancia del concepto de violación." sueldo mensual, y dice que se siente en desesperación porque no se regulariza el procedimiento para fijarle una pensión alimenticia acorde con lo que gana; sin embargo, ello tampoco se encuentra dirigido a controvertir el acto reclamado; sino que en todo caso se dirigen a atacar la conducta del juez natural dentro del procedimiento principal, pues considera que el procedimiento debió ser regularizado a fin de reducir el monto de la pensión alimenticia. En otras palabras, ello no resulta un argumento que se encuentre dirigido a controvertir las consideraciones que sustentan el acto reclamado, ya que el hecho de aducir que se le pretende cobrar una pensión mayor de sus ingresos y que se siente en desesperación porque los jueces naturales han omitido regularizar el procedimiento, resultan cuestiones ajenas a la resolución reclamada en esta instancia constitucional, en la cual la autoridad responsable únicamente confirmó la liquidación formulada por el juez de primera instancia respecto de las pensiones alimenticias provisionales vencidas y no pagadas (íntegramente) por el periodo comprendido entre septiembre de dos mil diecinueve y agosto de dos mil veinte, sin que el quejoso haya hecho alguna manifestación que permitiera advertir su ilegalidad, por lo tanto, dicho concepto tampoco constituye un argumento eficaz para demostrar su inconstitucionalidad y en consecuencia se califica de INOPERANTE. Sin embargo, no está de más decir al quejoso que si lo que pretendía era que se regularizara el procedimiento, así lo debió haber solicitado dentro del propio juicio, o en su caso debió reclamarlo a través de incidente de modificación de la pensión alimenticia provisional, en términos del artículo 1.393, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, y al no haberlo hecho así, es evidente que el monto de la pensión es una cuestión que no puede ser modificada dentro de un incidente de liquidación, pues como lo refirió la autoridad responsable, el objetivo de esos juicios incidentales es únicamente cuantificar una prestación ilíquida que ya se ordenó dentro de un juicio principal. En esas condiciones, al resultar INOPERANTE la totalidad los conceptos de violación expuestos el quejoso, al no contener algún argumento que permita revisar la legalidad del acto reclamado, o arribar a la conclusión pretendida por la parte quejosa,5 y al no existir motivo para suplir su deficiencia, en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, ya que el amparo en materia civil es de estricto derecho, lo procedente es negar la protección constitucional que solicita.6 Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, 65, 73, 74, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: 5 Al respecto resulta aplicable en virtud de no ser contraria a las disposiciones de la nueva Ley de Amparo, la jurisprudencia 1a./J. 81/2002 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse." 6 Resulta aplicable la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a. CC/2002, de rubro y texto: "SENTENCIAS DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO NO INCURRE EN INCONGRUENCIA SI CON MOTIVO DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, NIEGA EL AMPARO. El hecho de que el Juez de Distrito haya estimado que parte de los conceptos de violación son inoperantes y, por ende, haya negado el amparo solicitado y no considerado la improcedencia del juicio, no transgrede el principio de congruencia que las sentencias de amparo deben revestir. Esto es así, porque la improcedencia del juicio alude a obstáculos o causas que impiden el estudio de los conceptos de violación y que, en consecuencia, no permiten que el juzgador se pronuncie sobre la inconstitucionalidad planteada, lo que conduce al sobreseimiento en el juicio en términos de lo dispuesto en los artículos 73 y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, mientras que la inoperancia de los conceptos de violación proviene de la ineptitud de los argumentos para conducir a la concesión del amparo, esto es, que aun cuando resultaran fundados, ello no daría lugar a conceder el amparo, por lo que, ante la inutilidad de su análisis, la consecuencia es la negativa del amparo y no la improcedencia del juicio, ya que no existe obstáculo alguno para su estudio." ÚNICO. La justicia de la unión NO AMPARA NI PROTEGE a ****, contra el acto precisado en el considerando SEGUNDO, en términos de los razonamientos expuestos en el considerando SEXTO de esta sentencia. Notifíquese por lista a las partes, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Así lo resolvió y firma Óscar Durán Valdés, Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, Encargado del Despacho en términos del artículo 141, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/2422/2021, de cinco de julio de dos mil veintiuno, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido de Rodrigo Alejandro Ramos Gómez, Secretario.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinte de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de los autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo para imponerse del contenido de los presentes autos; con que cuentan las menores de edad de identidad reservada P.L.V.H., M.A.V.H., y H.D.V.H., a quienes se les tuvo por apersonadas y se les reconoció el carácter de terceras interesadas en auto de quince de julio de dos mil veintiuno. De ahí que a efecto de dar margen a que transcurra el plazo referido, lo conducente es diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las once horas con cuarenta minutos del treinta de julio de dos mil veintiuno, para su verificativo, día y hora disponibles en la agenda que para tal efecto se lleva en este órgano jurisdiccional. | Al respecto, con apoyo en el numeral 25, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, si las partes estiman conveniente estar presentes en la audiencia constitucional, de manera virtual, a través de videoconferencia, es menester que soliciten por escrito su deseo de dicha circunstancia; para lo cual, se les concede el plazo de tres días legalmente computados, de conformidad con el precepto 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, a fin de que manifiesten tal situación, y en caso de no hacerlo, se les tendrá por desinteresados y se llevará a cabo sin su asistencia. Ello, sin perjuicio que puedan alegar u ofrecer medios de convicción procedentes antes de la hora señalada para la celebración de la audiencia de Ley, de manera física o en línea. Para el caso de que las partes asistan al desahogo de la audiencia constitucional, de manera virtual, a través de videoconferencia, es menester que cuenten con la aplicación 'Cisco Webex Meetings', misma que deberán descargar en cualquier dispositivo móvil o computadora personal (PC), y que se encuentra a su disposición en Apple store y google play. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
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