Erick Gabriel López Martínez

Expediente 736/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 18 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
736/2020
Año
2020
Actuaciones
8
Última actuación
18/03/2021

Partes del expediente

  • Erick Gabriel López Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. Ténganse por recibido y con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los presentes autos el oficio signado por el Juez de Control en Funciones de Juez de Ejecución Penal del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México, por medio del cual en atención al requerimiento inserto en proveído de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, acusa recibo de las copias certificadas del expediente de ejecución 977/2018, de su índice, remitidas con el oficio 2886/2021, de este índice; en consecuencia, se tiene a la citada autoridad responsable, remitiendo el acuse en comento, por lo que se deja sin efectos el apercibimiento con el cual fue conminada. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a cuatro de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que la sentencia de catorce de diciembre de dos mil veinte, en la que en su primer resolutivo se sobreseyó el presente juicio de amparo y en el segundo la justicia de la Unión no amparó ni protegió a ---------, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que en el juicio de amparo en que se actúa no existe diligencia ni trámite pendiente que realizar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo definitivo; háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno de este juzgado. Por otra parte, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, artículos 18, fracción I, inciso b, que dicen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: (.) II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; (.)" "CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DEPURABLES Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito: b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional; y (.) Por tanto, SE ESTIMA QUE ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN; pues se trata de un asunto en el que se negó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, debiéndose dejar únicamente la demanda y sentencia, de las que se ordena el desglose y copia debidamente certificada en su oportunidad, a fin de ser remitidas al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su guarda y custodia. A criterio de este juzgado, el presente asunto no tiene valor jurídico e histórico para su conservación conforme al artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en consecuencia, no es de relevancia documental. Por otra parte, se aprecia que ya no son necesarias las constancias remitidas por el Juez de Ejecución Penal del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México, consistentes en copia certificada del expediente de ejecución 977/2018, por lo tanto, devuélvanse a su lugar de origen, y con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase a dicha autoridad responsable, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos la legal notificación del presente proveído, acuse recibo de las constancias que se le remiten. Apercibida que de no dar cumplimiento a lo aquí ordenado, o no informar la imposibilidad que tenga para ello, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y uno pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cincuenta unidades diarias de medida y actualización vigente. Cabe precisar que la multa a que se hace referencia en el presente acuerdo, está fundamentada en los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, el valor de dicha unidad emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, divulgada en el mencionado medio de difusión oficial de ocho de enero de dos mil veintiuno, cuyo monto vigente es de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional). Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  3. Principal

    V I S T O S los autos para pronunciar sentencia en el juicio de amparo 736/2020-III, promovido por ------------, contra acto de la Jueza de Ejecución de Sentencias del Nuevo Sistema de Justicia Penal del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México y otra autoridad; y, RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito recibido en este juzgado el quince de octubre de dos mil veinte, la parte quejosa solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades siguientes: Autoridades responsables. "Autoridad Ordenadora: A) Jueza Ejecutora de Sentencias del Nuevo Sistema de Justicia Penal del Distrito Judicial de Ecatepec Estado de México, con domicilio conocido. Autoridad Ejecutora: B) Director del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec Estado de México. SERGIO GARCIA RAMIREZ'". Actos reclamados. "El auto de fecha de fecha veintidós de septiembre del dos mil veinte (.)": SEGUNDO. Este juzgado admitió a trámite la demanda el veinte de octubre de dos mil veinte, solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, dio la intervención que legalmente corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento. Finalmente, se celebró la audiencia constitucional conforme al acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para conocer el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I y VII, de la Constitución General de la República; 33 fracción IV, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como la fracción II de la Sección Cuarta del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintitrés de enero de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en relación al Acuerdo General 53/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el quince de enero de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación; ya que el acto reclamado, no requiere ejecución y fue presentado ante este juzgado. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, con el fin de estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, debe precisarse que de la lectura integral de la demanda y las diversas constancias que obran en el expediente, el acto reclamado en el presente juicio es: El auto veintidós de septiembre de dos mil veinte, dictado por la Jueza de Ejecución de Sentencias del Nuevo Sistema de Justicia Penal del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, en el expediente 977/2018, que dio contestación al escrito presentado por el quejoso el mismo día, donde acordó que no se le infringió su derecho de audiencia porque le fueron comunicados todos y cada uno de los actos jurídicos. Y en relación con la controversia que, a consideración del quejoso, se debió tramitar, dejó a salvo sus derechos para promover lo que a su derecho e interés conviniera. Al Director del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, se le atribuyó la ejecución de ese auto. TERCERO. El Director del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, negó el acto reclamado en su informe justificado, pues señala que no le fue comunicado el auto de veintidós de septiembre de dos mil veinte, al contrario, sí fue informado del auto de ocho de febrero de dos mil diecinueve, que revocó al quejoso el beneficio sustitutivo de la pena, y se dejó al quejoso a disposición del ejecutivo estatal para compurgar la pena. Por lo tanto, es inexistente el acto de ejecución que se le atribuyó, pues se dejó a disposición del ejecutivo estatal para compurgar la pena, no con motivo del auto veintidós de septiembre de dos mil veinte -el cual no le ha sido comunicado- sino en virtud del diverso de ocho de febrero de dos mil diecinueve. En tal virtud, era preciso que la parte quejosa probara lo contrario dentro de la secuela del procedimiento o en la propia audiencia constitucional, sin que lo haya hecho, no obstante que oportunamente se le dio vista con el contenido del informe justificado y constancias proporcionadas por la responsable, a efecto de que estuviera en aptitud de aportar los medios de prueba que considerara pertinentes para desvirtuar la negativa de la existencia del acto reclamado. En consecuencia, si en la especie el acto reclamado es un hecho positivo, era obligación del peticionario probarlo, y no así, la negativa de hechos realizada por la responsable, porque evidentemente no existe materia qué comprobar. Por tanto, es claro que en el caso concreto se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que opera cuando de autos apareciere claramente demostrado, que no existe el acto reclamado, o cuando no se probaren su existencia en la audiencia constitucional, lo que obliga a sobreseer en el presente juicio por el acto atribuido al Director del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec. CUARTO. Por otra parte, la Jueza de Ejecución de Sentencias del Nuevo Sistema de Justicia Penal del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado. Situación que se corrobora con las constancias que acompañó a su informe justificado de las cuales se ordenó formar un anexo por separado. QUINTO. La procedencia del juicio de amparo, es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador aun de oficio, antes de analizarse las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sin embargo, las partes no hicieron valer alguna causal de improcedencia y este juzgado no advierte la actualización de alguna. SEXTO. Para entender el contexto donde fue generado el acto reclamado, se expone lo siguiente: i En la sentencia de treinta de mayo de dos mil dieciocho, el Juez de Control de Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, condenó al quejoso a compurgar una pena de cinco años, ocho meses de prisión, multa, al pago de la reparación del daño; asimismo, concedió el sustitutivo de la pena de prisión por el sistema de localización y rastreo, previo pago de las multas y reparación del daño impuestas. ii. Después de pagar las multas y reparar el daño, acreditar la existencia de apoyo familiar, oferta de trabajo, domicilios y línea telefónica fija, por auto de treinta de octubre de dos mil dieciocho, la Jueza de Ejecución de Sentencias del Nuevo Sistema de Justicia Penal del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, solicitó al Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social de Ecatepec, le informara si el sentenciado contaba con diverso proceso penal. El Secretario General del cetro preventivo, mediante oficio presentado el cinco de diciembre de dos mil dieciocho, informó que el quejoso no tenía proceso pendiente. iii. La Jueza de Ejecución el uno de febrero de dos mil diecinueve, acordó que el sentenciado al contar con apoyo familiar y laboral, que los domicilios de reinserción social y laboral contaban con elementos técnicos necesarios para el funcionamiento del sistema de posicionamiento global, que había cubierto los montos por concepto de pena pecuniaria, que no se encontraba sujeto a proceso penal por causa distinto o sentencia ejecutoriada que cumplir, ordenó la inmediata libertad al sentenciado, previo puesta del brazalete. Asimismo, hizo hincapié en que "para el caso de que el sentenciado se encuentre dentro de la hipótesis prevista por la fracción I, del artículo 70 bis, del Código Penal aplicable para este sistema de justicia penal, que cuente con un proceso pendiente por cumplir o fue condenado con anterioridad por delito doloso que se persiga de oficio no se procederá a la colocación del dispositivo electrónico debiendo informarlo de manera inmediata a este juzgado". iv. La Directora del Centro Preventivo y de Readaptación Social de Ecatepec, no ejecutó la orden de poner en libertad al quejoso, asimismo, envió un oficio el seis de febrero de dos mil diecinueve, donde informó a la juez que el ahora quejoso contaba con una sentencia anterior de seis meses de prisión, por comisión del delito de disparo de arma de fuego, dentro de la causa penal 172/2011, por lo que solicitó se revisara el beneficio y así se lo informara a la brevedad. v. Con la finalidad de verificar si el quejoso contaba con la sentencia previa, la juez solicitó el expediente criminológico; una vez obtenido, el ocho de febrero de dos mil diecinueve, acordó que como el quejoso contaba con un ingreso anterior al centro penitenciario de reinserción social de Ecatepec, el tres de mayo de dos mil once, por el delito de disparo de arma de fuego, relacionado con la causa penal 172/2011, del extinto Juzgado Segundo de Cuantía Menor del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México, era la razón por la cual no cumplía con el requisito previsto en el artículo 70 bis, fracción I, del Código Penal para el Estado de México. Por lo tanto, revocó el beneficio sustitutivo de la pena otorgado, para poner al sentenciado a disposición del ejecutivo para compurgar la pena. vi. El tres de junio y dos de julio de dos mil diecinueve, el quejoso solicitó copias certificadas y simples; el trece de agosto de dos mil veinte, revocó todo nombramiento con anterioridad y designó como defensor privado a José Guadalupe Miranda Saldívar, quien ya con ese carácter solicitó fotografiar todo el expediente. vii. El sentenciado hasta el veintidós de septiembre de dos mil veinte, presentó un escrito donde adujo que la revocación del beneficio que se le concedió era materia de una controversia, más de no de un simple acuerdo donde no se le respetó su garantía de audiencia. Por lo tanto, solicitó "proveer de conformidad en cuanto a la revocación de beneficio de la sustitución de la pena de prisión", ello porque no se contaba con el soporte documental de la sentencia anterior que lo condenó a seis meses de prisión, que debió exhibir la Directora del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec. En auto de veintidós de septiembre de dos mil veinte, la juez acordó lo siguiente: "Ecatepec de Morelos, México, veintidós de septiembre de dos mil veinte. Se tiene por recibida la promoción suscrita y firmada por el sentenciado ----------, por lo que deberá glosarse a sus autos para debida constancia legal. Ahora bien, tomando en consideración las manifestaciones del sentenciado de referencia de las que se advierte que el promovente, en esencia, proclama que debió respetarse su derecho de audiencia en torno a la revocación del beneficio otorgado, o bien que debió haberse planteado mediante controversia, de lo cual debe decirse no le asiste razón, ya que contrario a ello, en todo momento se respetó su derecho a ser oído, ya que le fueron comunicados todos y cada uno de los actos jurídicos que conforman la memoria procesal. Por otra parte, en relación (sic) a la controversia que aduce el sentenciado de referencia, queda expedito y a salvo su derecho para que promueva lo que a su derecho legal convenga." Lo anterior constituye el acto reclamado, donde dio contestación al escrito presentado por el quejoso el mismo día, y acordó que no se le infringió su derecho de audiencia porque le fueron comunicados todos y cada uno de los actos jurídicos. En relación con la controversia que, a consideración del quejoso, se debió tramitar, dejó a salvo sus derechos para promover lo que a su derecho e interés conviniera. Conceptos de violación. El quejoso señala que la autoridad responsable, previo a revocar el beneficio sustitutivo de la pena en el auto de ocho de febrero de dos mil diecinueve, debió generar una controversia ante su potestad, con la observación realizada por la Directora del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, Estado de México, bajo los parámetros previstos en el Título Cuarto de la Ley Nacional de Ejecución Penal; sin embargo, revocó el benefició que se le concedió mediante un simple auto. Que la Jueza de Ejecución no debió tomar en cuenta para revocar el sustitutivo de la pena de prisión en el auto de ocho de febrero de dos mil diecinueve, la información proporcionada por la Directora del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec de Morelos, Estado de México, en su oficio de cinco de febrero de ese año, donde adujo que contaba con una sentencia firme anterior. Lo anterior, porque dicha manifestación es subjetiva, y para acreditar lo manifestado, debió demostrarlo de forma objetiva y tangible. Que si bien la concesión del beneficio de la sustitución de la pena privativa de libertad a través del Sistema de Localización Satelital (BRAZALETE) lo es conforme a los parámetros establecidos conforme a la Nueva Ley Nacional de Ejecución Penal, la autoridad responsable ordenadora basó la revocación en una ley abrogada, al aludir al Código de Procedimientos Penales del Estado de México. Dichos conceptos de violación son ineficaces, dado que se encuentran dirigidos a controvertir una determinación distinta al acto reclamado. En efecto, el acto reclamado en el presente juicio es el auto de veintidós de septiembre de dos mil veinte, donde se dio contestación a las manifestaciones del quejoso respecto de la revocación del beneficio otorgado, donde la juez acordó que se le respetó su derecho a ser oído, ya que le fueron comunicados todos y cada uno de los actos jurídicos que conforman la memoria procesal. Y en relación con la controversia que a su consideración se debió tramitar, dejó a salvo sus derechos para promover lo que a su derecho e interés conviniera. Sin embargo, el acto reclamado no fue el que revocó el beneficio otorgado al quejoso en la sentencia condenatoria. En estas condiciones, se advierte que el acto reclamado no afecta la libertad del quejoso, pues no revocó el sustitutivo de pena de prisión concedido al quejoso, incluso dejó a salvo los derechos del quejoso para que promoviera controversia en ese aspecto. Además, en su escrito de veintidós de septiembre de dos mil veinte, no se advierte que es lo que solicitó en específico a la autoridad, ya sea dejar sin efectos el auto que revocó el beneficio de sustitución de la pena, o entablar una controversia donde se diera intervención al quejoso para resolver si era procedente ese beneficio, de ahí que la autoridad acordara sus "manifestaciones" en tales términos y dejara a salvo el derecho para entablar una controversia que dirimiera si era válido o no que se le haya revocado el beneficio. Así, el acto reclamado a la autoridad responsable no afecta el derecho de libertad del quejoso, pues dejó a salvo sus derechos para que promueva lo conducente para restituir el beneficio concedidos, que fue limitada en la determinación de ocho de febrero de dos mil diecinueve, donde lo revocó porque el quejoso había sido condenado por una pena de prisión. En estas condiciones, al ser ineficaces los argumentos de la parte quejosa, lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que en el caso, se advierta alguna causa para suplir la deficiencia de la queja. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, así como en el numeral 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por --------------, por la autoridad precisada en el considerando tercero de la presente resolución. SEGUNDO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a ---------------, por el acto analizado en el considerando último de la presente resolución. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a dieciocho de noviembre de dos mil veinte. Vista la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio, por medio del cual rinde informe justificado el Juez de Ejecución Penal del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México. En mérito de lo anterior, téngase por rendido dicho informe y de conformidad con el ordinal 117, de la legislación de la materia, dése vista a las partes con el mismo, así como anexo que acompaña la autoridad, por el término de ocho días con el fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia de ley. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas, admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza las pruebas documentales que al efecto adjunta la responsable en su informe, consistente en copia certificada del expediente de ejecución 977/2018, sin perjuicio de relacionarlas en la celebración de la audiencia constitucional. Respecto a las citadas constancias, para mejor manejo del presente juicio de amparo, fórmese un anexo, previa certificación de identificación respectiva. Atento a lo anterior, se difiere la referida audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy, fijándose en su lugar las diez horas del catorce de diciembre de dos mil veinte, día y hora disponibles en la agenda que para tal efecto se lleva en este Juzgado Federal. Notifíquese; personalmente al quejoso en el lugar en que se encuentra recluido y a las demás partes en términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

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