Erick Concepción Rodríguez Cruz
Expediente 1180/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1180/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 22/07/2019
Partes del expediente
- Erick Concepción Rodríguez Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Como de la certificación que antecede se advierte, transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso d) y 84, todos de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara con el proveído de veintisiete de junio de dos mil diecinueve (folios 24 a 28), en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, e hiciera valer el recurso de revisión en su contra, sin que lo haya realizado, en consecuencia, se declara firme. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el expediente como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, en sus artículos Vigésimo y Vigésimo Primero, el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Ahora bien, hágase saber para los efectos establecidos en el multicitado acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Notifíquese.
- Principal
Citatorio Principal.- Se notifica por medio de lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, al quejoso, el acuerdo autorizado el veintisiete de junio de dos mil diecinueve, mediante el cual, Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como de un estudio conjunto de la totalidad de las constancias remitidas por las autoridades responsables en apoyo a su informe justificado, se advierte que se ha actualizado un motivo de sobreseimiento que impide la continuación de este sumario constitucional, como se verá a continuación. El artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y" De la porción normativa trascrita se advierte que establece dos supuestos específicos que constituyen motivos de sobreseimiento del juicio de amparo; a saber: a) Cuando con las constancias que obran en los autos del juicio, es suficiente para tener plenamente demostrado que no existe el acto que se reclama, o bien, y; b) Cuando la existencia del acto reclamado no se acredita en la audiencia constitucional. Además, debe precisarse que la existencia del acto reclamado debe analizarse, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, en tanto que, de otra manera, la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la promoción del juicio de amparo. Así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número 79, julio de 1994, página 15, registro 206346, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja" En el mismo sentido se pronunció la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo X, agosto de 1992, Octava Época, página 145, registro 206800, cuyo rubro y texto dice: "ACTO RECLAMADO. SU ANÁLISIS DEBE HACERSE EN RELACIÓN A LA FECHA EN QUE SE IMPUGNA. La existencia del acto reclamado, debe estimarse, en general, con relación a la fecha en que se presente la demanda de amparo respectiva, pues de lo contrario, la sentencia tendría que ocuparse previsiblemente de actos posteriores y distintos de los que dieron origen a la queja, lo que además de ser contrario a la técnica que rige en el juicio de garantías, sería violatorio de lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley de Amparo, que establece: "el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable" En el caso, a las trece horas con treinta y un minutos del veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, se promovió este juicio de amparo, por el que la parte quejosa reclamó, en síntesis, la omisión de dictar el auto por cual se admita y se deseche la demanda laboral que presentó y se registró como el juicio laboral 153/2019/5-I del índice de la Quinta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco. Por otra parte, del informe justificado y de las constancias que a éste se anexaron, a los que se les concede valor probatorio pleno, por tratarse de documentos públicos, según lo prevén los artículos 93, fracción II, 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se advierte que: 1. El uno de marzo de dos mil diecinueve, la parte quejosa presentó un escrito ante la autoridad responsable, cuya omisión de proveer reclama en el presente juicio de amparo. 2. Mediante acuerdo cuatro de abril del año en curso, la Junta responsable proveyó dicho ocurso, y dio trámite a la demanda laboral que inició la parte quejosa. De las constancias reseñadas se hace patente que, cuando se instó el juicio constitucional, esto es, el veinticuatro de mayo de la presente anualidad, la Quinta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, ya había proveído el escrito presentado el uno de marzo pasado, pues dio trámite a la demanda instanda. En tales condiciones, se arriba a la convicción de que a la fecha de presentación del juicio de amparo, la omisión reclamada era inexistente y esa circunstancia es suficiente para actualizar de manera manifiesta e indudable, la hipótesis normativa contenida en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo, transcrita en párrafos anteriores, puesto que, de las constancias que obran en el sumario constitucional está acreditado plenamente que no existe la omisión reclamada. Tal y como lo ilustran las siguientes imágenes: Consecuentemente, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia en materia común de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época, página 386, de registro 184572, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial" Importa destacar que, si bien, por regla general, atento a la jurisprudencia en materia común 1a./J. 49/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, diciembre de 2017, tomo I, libro 49, página 386, registro 2015699, y con el fin de respetar el derecho de defensa de la parte quejosa, la negativa del acto reclamado no constituye una causa, manifiesta e indudable, que motive sobreseer el juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, que para mayor claridad se transcribe dicha tesis: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POR REGLA GENERAL, LA NEGATIVA DEL ACTO RECLAMADO NO CONSTITUYE UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación sistemática del contenido de los artículos comprendidos del 117 al 124 de la Ley de Amparo, se obtienen las reglas del procedimiento que deben respetarse durante el trámite del juicio de amparo indirecto, de donde se obtiene que rendidos los informes justificados por las autoridades responsables, con ellos debe darse vista a las partes, debiendo mediar un plazo de ocho días entre la fecha en que se ponen en su conocimiento y la diversa señalada para la celebración de la audiencia constitucional, lapso en que deberán aportar las pruebas que consideren necesarias de acuerdo con los lineamientos establecidos en el artículo 119 de la ley de la materia para acreditar sus pretensiones; tal prerrogativa resulta de mayor relevancia para la parte quejosa, porque cuando la autoridad responsable niega el acto reclamado, le genera una carga procesal probatoria, de la que debe hacer uso para controvertir el informe respectivo; para ello se requiere que el juicio se agote en todas sus etapas y que por tanto, la audiencia constitucional se celebre, porque ese es el último momento procesal en que puede aportar medios de prueba para lograr desvirtuar las manifestaciones de la autoridad y alegar lo que a su derecho convenga para demostrar que el acto sí existe y que es violatorio de sus derechos fundamentales; de manera que, por regla general, sobreseer en el juicio antes de que esa actuación ocurra, implica contrariar las reglas del procedimiento, pero sobre todo dejar en completo estado de indefensión a la parte quejosa, lo que indefectiblemente llevará a reponer el procedimiento respectivo, porque no constituye generalmente una justificación válida, el argumento de que se actúa así en aras de una impartición de justicia pronta y expedita conforme a lo que dispone el artículo 17 Constitucional, puesto que está por encima el derecho de defensa del actor constitucional que le otorga la posibilidad de contar con un recurso efectivo, como lo previene el propio numeral constitucional invocado y el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos" Lo cierto es que, en el particular, no se deja en estado de indefensión a la parte quejosa, dado que al estar plenamente demostrado que la omisión de proveer el escrito referido no existe, tal como se advierte del informe justificado que rindió la autoridad responsable Quinta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, se acreditó que el ocurso cuya omisión de proveer se reclama en el presente juicio de amparo, se acordó el cuatro de abril de dos mil diecinueve. Es decir, que cuando se promovió el presente juicio de amparo ya se había emitido determinación judicial al respecto, lo que de suyo implica que la parte quejosa está en aptitud de hacer valer sus derechos contra esa determinación, en la vía y forma que corresponda. Lo que a su vez permite concluir que resulta ocioso e innecesario postergar la conclusión del presente juicio, en virtud de que el sentido de la resolución que al respecto se emita, sin duda, seguiría siendo el mismo. Sostener lo contrario, aun cuando existe certeza de que en nada práctico conduce postergar la conclusión del presente juicio constitucional, sería en detrimento de los principios de impartición de justicia pronta, expedita y acceso efectivo a la jurisdicción, previstos en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Lo dicho además tiene apoyo en la tesis XIII.1o.P.T.27 K (10a.), de registro 2019803, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, mayo de 2019, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, SI EL QUEJOSO, AUN CON LAS PRUEBAS QUE PUDIERA OFRECER, NO PODRÍA DESVIRTUAR QUE, A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE SU DEMANDA, ERA INEXISTENTE EL ACTO RECLAMADO. Conforme a la fracción IV del precepto mencionado, en el juicio de amparo el sobreseimiento procede cuando: 1) de las constancias de autos aparezca claramente demostrado que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Ahora, si bien, por regla general, el quejoso debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que pueda probar la existencia del acto reclamado, lo cierto es que si éste promovió un incidente no especificado para que se dejara sin efecto la orden de aprehensión librada en su contra, y el Juez de la causa, por auto dictado en la misma fecha en que se le realizó la petición, determinó que no había lugar a tramitar el incidente solicitado, y se lo notificó inmediatamente a aquél por estrados; no obstante, el quejoso promovió el juicio de amparo reclamando la falta de acuerdo a su escrito de referencia, es factible concluir que se actualiza una excepción a la regla general indicada. Ello es así, porque en el particular se estima actualizada la hipótesis del inciso 1) (de autos se advierte claramente que no existe el acto reclamado), pues como puede apreciarse, la falta de acuerdo a la petición planteada por el quejoso era inexistente desde antes de la presentación de la demanda, lo que conlleva que en el particular no tenga razón de ser el medio de control constitucional, ya que pretender analizar un acto que de manera evidente e incontrovertible era inexistente al momento de instar el juicio de amparo, resulta por demás ocioso y contrario al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En estas condiciones, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo antes de la celebración de la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia, porque para determinarlo resulta imperante que la inutilidad de la acción de amparo se actualice fehacientemente, que no pueda desvirtuarse aun cuando las partes ofrezcan pruebas, es decir, su materialización debe ser tal, que ningún medio de convicción pueda hacer patente su inconstitucionalidad; circunstancia que, en el caso, se surte a plenitud, pues independientemente de la naturaleza y cantidad de pruebas que el quejoso pudiera ofrecer, no podría desvirtuar que, a la fecha de la presentación de su demanda, era inexistente el acto reclamado" No está por demás agregar que la improcedencia del juicio constitucional es una cuestión de orden público y estudio preferente, por lo que el juez de Distrito está obligado a decretar el sobreseimiento en cuanto aparezca, durante su trámite, alguna causal de improcedencia o de sobreseimiento, incluso sin necesidad de dar vista previamente a la parte quejosa. Bajo esa tesitura, al actualizarse el motivo previsto en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, del mismo ordenamiento legal, lo conducente es sobreseer fuera de audiencia en el sumario en que se actúa. I. Se deja sin efectos fecha de audiencia constitucional. En consecuencia de lo acordado, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada a las nueve horas con treinta y nueve minutos del veintiocho de junio de dos mil diecinueve.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como de un estudio conjunto de la totalidad de las constancias remitidas por las autoridades responsables en apoyo a su informe justificado, se advierte que se ha actualizado un motivo de sobreseimiento que impide la continuación de este sumario constitucional, como se verá a continuación.De la porción normativa trascrita se advierte que establece dos supuestos específicos que constituyen motivos de sobreseimiento del juicio de amparo; a saber:Cuando con las constancias que obran en los autos del juicio, es suficiente para tener plenamente demostrado que no existe el acto que se reclama, o bien, y; Cuando la existencia del acto reclamado no se acredita en la audiencia constitucional.Además, debe precisarse que la existencia del acto reclamado debe analizarse, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, en tanto que, de otra manera, la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la promoción del juicio de amparo.Así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número 79, julio de 1994, página 15, registro 206346, de rubro y texto: Por otra parte, del informe justificado y de las constancias que a éste se anexaron, a los que se les concede valor probatorio pleno, por tratarse de documentos públicos, según lo prevén los artículos 93, fracción II, 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se advierte que:1. El uno de marzo de dos mil diecinueve, la parte quejosa presentó un escrito ante la autoridad responsable, cuya omisión de proveer reclama en el presente juicio de amparo.2. Mediante acuerdo cuatro de abril del año en curso, la Junta responsable proveyó dicho ocurso, y dio trámite a la demanda laboral que inició la parte quejosa.De las constancias reseñadas se hace patente que, cuando se instó el juicio constitucional, esto es, el veinticuatro de mayo de la presente anualidad, la Quinta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, ya había proveído el escrito presentado el uno de marzo pasado, pues dio trámite a la demanda instanda.En tales condiciones, se arriba a la convicción de que a la fecha de presentación del juicio de amparo, la omisión reclamada era inexistente y esa circunstancia es suficiente para actualizar de manera manifiesta e indudable, la hipótesis normativa contenida en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo, transcrita en párrafos anteriores, puesto que, de las constancias que obran en el sumario constitucional está acreditado plenamente que no existe la omisión reclamada.Importa destacar que, si bien, por regla general, atento a la jurisprudencia en materia común 1a./J. 49/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, diciembre de 2017, tomo I, libro 49, página 386, registro 2015699, y con el fin de respetar el derecho de defensa de la parte quejosa, la negativa del acto reclamado no constituye una causa, manifiesta e indudable, que motive sobreseer el juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, que para mayor claridad se transcribe dicha tesis: Lo cierto es que, en el particular, no se deja en estado de indefensión a la parte quejosa, dado que al estar plenamente demostrado que la omisión de proveer el escrito referido no existe, tal como se advierte del informe justificado que rindió la autoridad responsable Quinta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, se acreditó que el ocurso cuya omisión de proveer se reclama en el presente juicio de amparo, se acordó el cuatro de abril de dos mil diecinueve.Es decir, que cuando se promovió el presente juicio de amparo ya se había emitido determinación judicial al respecto, lo que de suyo implica que la parte quejosa está en aptitud de hacer valer sus derechos contra esa determinación, en la vía y forma que corresponda.Lo que a su vez permite concluir que resulta ocioso e innecesario postergar la conclusión del presente juicio, en virtud de que el sentido de la resolución que al respecto se emita, sin duda, seguiría siendo el mismo.Sostener lo contrario, aun cuando existe certeza de que en nada práctico conduce postergar la conclusión del presente juicio constitucional, sería en detrimento de los principios de impartición de justicia pronta, expedita y acceso efectivo a la jurisdicción, previstos en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos.No está por demás agregar que la improcedencia del juicio constitucional es una cuestión de orden público y estudio preferente, por lo que el juez de Distrito está obligado a decretar el sobreseimiento en cuanto aparezca, durante su trámite, alguna causal de improcedencia o de sobreseimiento, incluso sin necesidad de dar vista previamente a la parte quejosa.Bajo esa tesitura, al actualizarse el motivo previsto en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, del mismo ordenamiento legal, lo conducente es sobreseer fuera de audiencia en el sumario en que se actúa.En consecuencia de lo acordado, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada a las nueve horas con treinta y nueve minutos del veintiocho de junio de dos mil diecinueve. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
- Principal
CUADERNO DE ANTECEDENTES RELATIVO AL JUICIO DE AMPARO 1410/2018.-Del análisis que se realiza a las actuaciones del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que en proveído de doce de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 185 a 200), el juez Édgar Estuardo Vizcarra Pérez, titular de este órgano jurisdiccional hasta el treinta y uno de mayo del año en curso, planteó impedimento para conocer de la demanda que dio origen al juicio de amparo del cual deriva este cuaderno en que se provee, por figurar como parte quejosa en un amparo similar al que es materia el presente juicio de ahí que consideró que se actualizaba la causa de impedimento prevista en la fracción VI del artículo 51 de la ley de la materia. Cabe precisar que dicho impedimento es del conocimiento del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con el número de expediente 39/2018 (foja 215), mismo que se encuentra pendiente de resolver. Infórmese al Tribunal Colegiado. En ese sentido, es de mencionar que este juzgador también presenté juicio de amparo indirecto en contra de las mismas autoridades a quienes reproché idénticos actos materia de estudio en esta contienda, el cual se radicó bajo expediente 498/2018, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en Monclova, Coahuila de Zaragoza; ante tal circunstancia y por ser las mismas causas de impedimento existentes en este asunto, considero un deber legal y ético, además, actuando con apego a los principios que rigen a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Ley de Amparo y al Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, hacerlo del conocimiento de la superioridad para lo que tenga a bien determinar. Ahora bien, con fundamento en el Acuerdo General 4/2019, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al trámite, resolución y cumplimiento de los juicios de amparo en los que se reclaman, entre otros actos, la discusión, aprobación, expedición y publicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del decreto de reformas a esas disposiciones contenido en el diario oficial de la federación del 12 de abril de 2019, el presupuesto de egresos de la Federación en la parte respectiva a remuneraciones de los servidores públicos, así como manuales, circulares y diversas disposiciones normativas que regulen las remuneraciones y prestaciones en general de los servidores públicos de la Federación; así como la circular SECNO/2/2019, signada la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del mismo Consejo, específicamente, en el inciso B) de la citada circular, destaca lo siguiente: Lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.
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