Enriqueta Alvarez Díaz

Expediente 681/2018 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
681/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
11/07/2018

Partes del expediente

  • Enriqueta Alvarez Díaz

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase por recibido el oficio 35066/2018 del secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, mediante el cual acusa recibo del diverso 12308/2018, con el que se le remitieron los autos originales del juicio de amparo 681/2018 del índice de este juzgado de distrito y seis copias simples de la demanda, con motivo de la incompetencia formulada, misma que registró con el número 2000/2018.Por otra parte, toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese.Del análisis del cuaderno en que se actúa, se considera que carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos a que alude el punto vigésimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.Por tanto, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo, fracción I del acuerdo en cita, se ordena la destrucción del presente cuaderno de antecedentes, en el plazo de seis meses a que alude dicho acuerdo.Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

  2. Principal

    Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ************por propio derecho, contra actos del Síndico Municipal de Zapotlanejo, Jalisco. II. Creación del expediente. Fórmese el expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 681/2018. III. Decisión sobre la instancia constitucional. Incompetencia. Ahora, del análisis de la demanda de amparo, este juzgado de Distrito estima que carece de competencia legal para conocerla por las razones que enseguida se expondrán. El artículo 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece que los jueces de distrito de amparo en materia civil conocerán de los juicios de amparo contra resoluciones del orden civil, en los casos a que se refiere la fracción VII, del artículo 107 constitucional; de los juicios de amparo contra leyes federales o locales y de los juicios de amparo que no están enumerados en los artículos 51, 52 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por su parte, el artículo 52 de la ley en cita, establece que los jueces de distrito en materia administrativa conocerán de las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas, por ende, exceptúa del conocimiento de los juicios de amparo que están enumerados en los artículos 51, 52, 53 bis y 54 de la referida legislación. Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que la quejosa reclama lo siguiente: 1.- Resolución impugnada: La de fecha 22 de mayo del año 2014 emitida dentro del expediente relativo al Recurso de Revisión 01/2014 que a continuación transcribo: EXPEDIENTE DE RECURSO DE REVISIÓN: 01/2014 RESOLUCIÓN.- Zapotlanejo, Jalisco y siendo las 10:27 diez horas con veintisiete minutos del día 22 veintidós de mayo de 2014 dos mil catorce. La suscrita Abogada JACQUELlNE HERNÁNDEZ TEMBLADOR en mi carácter de Sindicato Municipal del Ayuntamiento del Municipio de Zapotlanejo, Jalisco, con fundamento en 105 artículos 8 y 115 fracciones I y I1 inciso a), ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos I'v1'exicanos, articulos 48, 52, 53 Y 54 de [a ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como los artículos del capítulo IX de los medios de defensa del Ley de Catastro Municipal del estado de Jalisco, tengo a la vista el RECURSO OE REVISIÓN planteado por la C. MARTHA FABIOLA GUTIÉRREZ ALCALÁ. VISTO PARA RESOLVER: Con fecha del día 19 diez de marzo del año 2014 dos mil catorce, la C. MARTHA FABIOLA GUTIÉRREZ ALCALÁ, Mexicana. mayor de edad, con domicilio para oír y recibir notificaciones el ya señalado, en su carácter de propietaria de los bienes inmuebles ubicados en este Municipio de Zapotlanejo, y registrados en la oficina de catastro municipal bajo las cuentas catastrales números 1656. 1657, 3351, 8539 todas del sector rústico, con las características y antecedentes que describe en el cuerpo del documento que presentó ante la autoridad catastral municipal. El mismo día 10 de marzo del año 2014 dos mil catorce, la autoridad catastral municipal emite comunicado en el cual se argumenta que el recurso de rectificación interpuesto, adolecia de la formalidad exigida por la ley, dicho comunicado fue notificado con fecha del día 13 trece de marzo del año 2014 dos mil catorce. Con fecha del día 18 dieciocho de marzo de 2014 dos mil catorce, se presentó ante la autoridad catastral municipal la aclaración por escrito, en virtud de que por una parte, los requisitos exigibles formaban parte del cuerpo del recurso Interpuesto y que por la otra parte, 105 documentos que exigua, representan un exceso toda vez que la propia ley que rige el medio de defensa no lo establecía. Con fecha 21 veintiuno de marzo del año 2014 dos mil catorce, la autoridad catastral notifica a la C. MARTHA FABIOLA GUTIÉRREZ ALCALÁ que su recurso es admitido, pero que resulta improcedente, plasmándose en dicho resolutivo tres considerandos que la parte agraviada considera que son violatorios de sus derechos. Con fecha del 25 veinticinco de marzo del año 2014 dos mil catorce, la C. MARTHA FAB10LA GUTIÉRREZ ALCALÁ en virtud de haber agotado el recurso de rectificación, de conformidad con el artículo 109 de la Ley de Catastro Municipal del estado de Jalisco, la cual señalado. Para interponer la revisión es necesario agotar primero el procedimiento relativo a la rectificación. Interpone ante esta autoridad el recurso de revisión, señalando de manera textual los siguientes Forma parte del inventarlo catastral del municipio de Zapotlanejo y por obviedad desde esa fecha se encuentra cubriendo sus respectivas contribuciones de las cuales se encuentra debidamente al corriente. Tercero.- Con fecha 07 de diciembre de 2004 mediante' la escritura pública número 14333, protocolizada ante el notario número 1de la ciudad de Purísima de Bustos, estado de Guanajuato. Lic. Miguel Barajas Márquez, adquirí por compra a Francisco Guillermo Venegas Gutiérrez, el predio rústico denominado "SAN RAMÓN O BUENAVISTA" con superficte de 43- 65-00 CUARENTA Y TRESHECTÁREAS, SESENTAY CINCO ÁREAS, con las siguientes medidas y linderos: Al norte: en 650.00 metros con Lorenzo Contreras Hernández; Al sur: en 650 metros con Ejido "El Salitre" Al oriente: en 671.50 metros con UJ. Jesús contreras; Al poniente: en 671.50 metros con Donato Barajas. Este predio se encuentra inscrito ante catastro municipal Zapotlanejo bajo cuenta catastral número 8539 OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA NUEVE del sector rústico y de acuerdo al historial catastral debidamente certificado, la inscripción de este predio data de la fecha 08 de noviembre del año 1924, de acuerdo a la escritura 112 protocolizada por el notario Luis C. Robles, en consecuencia, desde esa fecha forma parte del inventario catastral del Municipio de Zapotlanejo y por obviedad desde esa fecha se encuentra cubriendo sus respectivas contribuciones de las cuales se encuentra debidamente al corriente. Cuarto.- Con fecha 07 de abril de 2011 mediante escritura pública número 2807¡ protocolizada ante el notario número 02 de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, lic. Gabriela García Medel, adquirí por compra a Luz Elba Gutiérrez Peña el predio rustico denominado "CERRO DE LA UBALANAII también conocido como "CERRO DE LA UBALA! con superficie de 43-65-00 CUARENTA Y TRES HECTÁREAS, SESENTA Y CINCO ÁREAS, con las siguientes medidas y linderos. Al norte: en línea irregular de oriente a poniente que sumados sus quiebres dan 445.73 metros con Marta Fabiola Gutiérrez Alcalá; Al sur: en línea irregular de oriente a poniente que sumados sus quiebres dan 523.61 metros con Ejido "El Salitre"; Al oriente: en 889.57 metros con Marta Fabiola Gutiérrez Alcalá; AL poniente en línea irregular de norte a sur sumados sus quiebres dan 877.75 metros con Miguel Rubio. Este predio se encuentra inscrito ante catastro municipal de Zapotlanejo bajo cuenta catastral numero 1657 MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE del sector rustico y de acuerdo al historial catastral debidamente certificado, la inscripción de este predio data de la fecha O de noviembre del año 1924, de acuerdo a la escritura numero 112 protocolizada por el notario Luis C. Robles, en consecuencia desde esa fecha forma parte de inventario catastral del municipio de Zapotlanejo y por obviedad desde esa fecha se encuentra cubriendo sus respectivas contribuciones de las cuales se encuentra debidamente al corriente. De lo que se advierte que los cuatro predios anteriormente descritos, de conformidad con las certificaciones catastrales y sus respectivos historiales forman parte a su vez de lo que fue el predio de J. Guadalupe González, adquirió mediante protocolización del juicio sucesorio intestamentario a bienes de Alfonso Morales en escritura pública en la cual se ampara una superficie de 418.5593 CUATROCIENTAS DIECIOCHO HECTÁREAS, CINCUENTA Y CINCO ÁREAS Y NOVENTA Y TRES CENTIÁREAS, de la fecha 08 de noviembre del año 1924, de acuerdo a la escritura numero 112 protocolizada por el notario Luis C. Robles. Es preciso aclarar que de conformidad con los historiales catastrales que anexo al presente, los mismos hacen prueba fehaciente del tracto sucesivo que acredita la existencia de los predios y sus respectivos registros desde 1924 a la fecha. Quinto.- que mediante comprobante de anotaciones catastrales 1319/1012 correspondiente al reciente año de 2012 se realizó la inscripción catastral de la cuenta 17548 del sector rustico a nombre de ENRIQUETA ÁLVAREZ DIAZ cuyo efecto consecuente resulto en la inscripción ilegal del pleno derecho, del predio que denominaron "RANCHO SAN RAMÓN" con una superficie de 28-00-00 hectáreas, en virtud que dicho predio comprende precisamente el área que conforman los predios. Esta reciente inscripción por ser primigenia, no cuentan con antecedentes de anotaciones catastrales que se relaciones con antecedente alguno, dado que la inscripción se realizó a la solicitud que realiza ENRIQUETA ÁLVAREZ DIAZ en el año de 2012, por lo que certificar un historial catastral anterior al año 2012 resulta absolutamente ilógico y carente de todo sustento legal. CONSIDERANDO: En ese tenor, y al hacer un análisis minucioso del presente RECURSO DE REVISIÓN, es de analizar lo que señala la Ley de Catastro Municipal del Estado de Jalisco y su Reglamento puesto que es evidente que el recurso y sus agravios se encuentran fundamentalmente basados en dichos dispositivos legales¡ los cuales señalan o siguiente: ley de Catastro Municipal del Estado de Jalisco Artículo 9,- Las operaciones catastrales estarán a cargo del catastro municipal. Artículo 14.- El Catastro Municipal, en el cumplimiento de sus atribuciones, observará las normas técnicas y reglamentarias que al efecto se expidan. Artículo 43.- En los casos de predios no registrados, el catastro deberá practicar las operaciones catastrales correspondientes. Para ello, tomará en consideración el estado físico de conservación que guarden dichos predios, en el momento que se practique su registro. Artículo 74.- En los casos de predios no registrados en el catastro municipal, por no haber sido manifestados oportunamente por su propietario o poseedor, deberán practicarse las operaciones catastrales correspondientes de acuerdo con el estado que guardan dichos predios en la fecha de su empadronamiento. Reglamento de la ley de Catastro Municipal: Artículo 69. Los bienes Inmuebles no pueden aparecer inscritos a la vez en favor de dos o más personas distintas, a menos que éstas sean copropietarias de acuerdo a la escritura pública correspondiente y demás casos señalados en la legislación aplicable. Ley de Catastro Municipal de Jalisco Artículo 24.- las operaciones catastrales tienen como objetivos efectuar la descripción, clasificación y mensura de la propiedad inmobiliaria; Inscribirla en los registros respectivos y valuarla, a fin de servir de apoyo para planificar y regular su utilización. Artículo 25,- la autoridad catastral llevará a cabo las operaciones que sean necesarias V que tiendan a la formación, conservación, mejoramiento y desarrollo del Catastral con sus registros, padrones y archivos documentales correspondientes. Artículo 26.- la identificación, clasificación, localización V levantamiento de datos de los predios, comprende las operaciones y trabajos necesarios para determinar sus características, tales como dimensiones, ubicación, uso y la información socioeconómica y estadística que requiere el catastro municipal, utilizando las normas V especificaciones técnicas, manuales e instructivos aprobados conforme a esta ley. Artículo 27.- La autoridad catastral practicará las operaciones a que se refiere este capítulo, de oficio o a solicitud del titular del predio. Artículo 28.- El propietario o poseedor a título de dueño, del predio que solicite su inscripción, deberá proporcionar la información necesaria para localizar cartográfica mente el inmueble respecto del cual acredite la titularidad de su derecho. La autoridad catastral procederá a asignar la clave catastral y en su caso, practicará las operaciones necesarias. Artículo 13.- Corresponden al Catastro Municipal o a la Dirección de Catastro del Gobierno del Estado, en el caso de los municipios que hayan convenido con el Ejecutivo del Estado, para la administración del catastro, las siguientes obligaciones: XXII. Expedir, a solicitud expresa, copias certificadas de los documentos que obren en el archivo del catastro, las que bajo ningún concepto significarán el reconocimiento o aceptación de un derecho. Estos documentos son exclusivamente para fines fiscales, urbanísticos y estadísticos; Una vez analizados los fundamentos legales esgrimidos por la parte quejosa, se advierte que lo conducente resulta en dilucidar que el mismo recurso de revisión es claro y preciso en cuando a demostrar la existencia de sus predios inscritos de manera correcta desde 1924, bajo las cuentas catastrales números 1656.1657,3351 y 8539 todas del sector rústico, que de conformidad con los historiales catastrales que acompaña a su recurso, los mismos hacen prueba fehaciente del trato sucesivo que acreditan la existencia de los predios V sus respectivos registros dese el 08 de noviembre 1924 a la fecha y también por otra parte demuestra la existencia del registro catastral de la cuenta 17548 del sector rústico a nombre de ENRIQUETA ÁLVAREZ DlAZ, mediante comprobante de anotaciones catastrales número 1319/2012, cuyo efecto consecuente resultó en la inscripción de la superficie de 280-00-00 DOSCIENTAS OCHENTA HECTÁREAS en el reciente año 2012. Por su parte la autoridad catastral fue omisa en el cumplimiento de los dispositivos que ella misma esgrimen ya que se advierte una fundamentación errónea, imprecisa e incompleta, toda vez que no demostró en su resolutivo haber realizado la descripción valuación, clasificación V mensura de la propiedad inscrita en sus archivos, a fin de verifica la existencia de los predios que la parte quejosa señala tanto los de su propiedad que demuestra que se encuentran inscritos desde 1924, como el predio que argumenta que indebidamente se inscribió en el año 2012, que casualmente resulta que se trata del mismo bien inmueble. Es evidente que el procedimiento catastral llevado a cabo por la autoridad catastral para la realización de esta inscripción efectuada en el año 2012, no considero los ordenamientos de la Ley de Catastro Municipal y su Reglamento y fue omisa en el cumplimiento del propio articulo 26 ella misma señala. Al pasar por alto desde dispositivo lega se viola el principio de la exhaustividad en los fundamentos de su resolución al no hacerse allegar de los elementos necesarios que de conformidad con el artículo 26 de la Ley de Castro Municipal, forman parte de sus obligaciones, como ya quedo demostrado. Respecto del considerando en donde la autoridad señala la fracción XXII del artículo 13 de la Ley de Catastro Municipal, resulta Imperioso aclarar que el recurso de rectificación no versa sobre esta situación, dado que a parte actora no solicito copia certificada de ningún documento en su recurso de rectificación, dado que como es sabido los documentos que obran en el archivo de catastro, bajo ningún concepto significan el reconocimiento o aceptación de un derecho. Infundado también resulta el considerando plasmado por la autoridad catastral, que funda en el artículo 70 del Reglamento de la ley de Catastro Municipal del Estado de Jalisco, toda vez que dicho dispositivo es muy claro en señalar que las cancelaciones se practicaban a petición de la autoridad judicial, las cuales tendrán como efecto regresar al estado como se encontraban antes de tramitar el acto jurídico impugnado lo anterior deja evidencia la errónea fundamentación, toda vez que lo que se está impugnando es un acto administrativo, pero jamás un acto jurídico, como lo ha querido ver la autoridad catastral, mas erróneo resulta al suponer que la titularidad del registro regrese al estado en que se encontraba, toda vez que antes de la realización del acto administrativo, ese registro era inexistente y por obvias razones, el regresar a un estado de inexistencia es materialmente posible. Del minucioso análisis de la jurisprudencia citada por la quejosa, se determina que es perfectamente aplicable al recurso que nos ocupa, toda vez que la fundamentación imprecisa ha trastocado sus garantías constitucionales de legalidad y seguridad Jurídica, por lo que en forma coadyuvante se cita dicha jurisprudencia. El cumplimiento de las garantías de legalidad y seguridad jurídica no se concreta exclusivamente a que se invoquen fundamentos de derecho a cada caso concreto, sino implica que, previo a la realización del acto de molestia o privación, las autoridades, sean jurisdiccionales o administrativas, se tengan en cuenta los distintos ámbitos de validez de la norma, de tal modo que resulte aplicable al supuesto de hecho. Esto es, constituye un imperativo que la autoridad corrobore oficiosamente sus ámbitos material espacial, personal y temporal de validez, salvo los casos en que el derecho este sujeto a prueba. Así no es válido que las autoridades, sean jurisdiccionales administrativas, están obligadas a resolver según el derecho aplicable a los hechos expuestos por el interesado; de lo contrario, vulneran las garantías tuteladas en os artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS DE MOLESTIA Y PRIVACIÓN CONSTITUYE UN IMPERATIVO QUE LA AUTORIDAD SEA JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVA, CORROBORE OFICIOSAMENTE LOS DISTINTOS ÁMBITOS DE VALIDEZ DE LA NORMA, POR LO QUE AL RESOLVER UNA INSTANCIA BAJO ELARGUMENTO DE QUE EL DERECHOALEGADO NO PUEDE LESIONARSEPOR NO ESTARVIGENTE, VULNERA LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA. Seminario Judicial de la Federación, tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Tomo XXCIII, p. 1105, Amparo en revisión 91/2008, 28 de Mayo del 2008, Unanimidad de votos, Ponente; Miguel Mendoza Montes. http://www2.scjn.gOp.mx/lua2006 Es evidente que el procesamiento catastral llevado a cabo para la realización de esta inscripción efectuada en el año 2012, paso por alto los ordenamientos de la ley de Catastro Municipal y su reglamento, de lo que se desprende que el acto administrativo resulta violatorio de las garantías consagradas en la Constitución General de la República Mexicana, en su artículo 16 que reza. ARTÍULO 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. La inobservancia de lo estatuido en la ley de Catastro Municipal y su reglamento, le ha provocado a la quejosa el acto de molestia en su patrimonio, en su derecho de propiedad, en sus documentos o papeles y en sus posesiones, violándose sus derechos y sus garantías consagras en la constitución en virtud de que no existe mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa apegada a la legalidad del procedimiento catastral que ese presento a solicitar su rectificación, por ser inconstitucional y contrario al derecho. De lo anterior se advierte que en la realización del acto administrativo que la quejosa se presentó a combatir, la autoridad catastral no observo los dispositivos legales expresados bajo los arábigos 26,43 y 74, de la Ley de Catastro Municipal del estado de Jalisco, dado que claramente es señalado que dichos dispositivos son procedentes para los casos de predios no registrados por lo que la autoridad no corroboro oficiosamente con elementos que confirman el acervo catastral que su acto administrativo general una doble inscripción, que incluso contaba con una denominación similar: "SAN RAMÓN" Y sobre todo contaba con la misma ubicación. Tiene aplicabilidad la siguiente tesis: La suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido de manera reiterada que entre las garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas en el artículo 16 constitucional, se encuentra la relativa a que nadie puede ser molestado en su persona, posesiones o documentos, sino a virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde o motive la causa legal del procedimiento, y dicha obligación se satisface cuando se expresan las normas legales aplicables y las razones QUE HACEN QUE EL CASO PARTICULAR ENCUADRE EN LA HIPÓTESIS E LA NORMA LEGAL APLICADA. Ahora bien, el incumplimiento a lo ordenado por el precepto constitucional anterior se puede dar de dos formas, a saber: que en el acto de autoridad exista una indebida fundamentación y motivación, o bien que se dé una falta de fundamentación y motivación del acto. La Indebida fundamentación implica que en el acto si se citan preceptos legales, pero éstos son inaplicables al caso partículas; por parte, la indebida motivación consiste en que en el acto de autoridad si se san motivos pero estos no se ajustan a los presupuestos de la norma legal citada como fundamento aplicable al asunto. En este orden de idea, al actualizarse la hipótesis de indebida fundamentación y motivación del acto reclamado, tal circunstancia de ubica en el supuesto previsto en la fracción IV de las normas legales aplicables y las razones que hacen que el caso particular encuadre en la hipótesis de la norma legal aplicada. Ahora bien, el incumplimiento a lo ordenado por el precepto constitucional anteriores puede dar de dos formas, a saber: que en el acto de autoridad exista una indebida fundamentación y motivación, o bien que se dé una falta de fundamentación y motivación del acto La indebida fundamentación implica que en el acto si se citan preceptos legales, pero estos son inaplicables al caso particular; por su parte la indebida motivación consiste en que el acto de autoridad si se dan motivos pero estos no se ajustan a los presupuestos de la norma legal citada como fundamento aplicable al asunto. En este orden de ideas, al actualizarse la hipótesis de indebida fundamentación y motivación del acto reclamado, tal circunstancia se ubica en el supuesto previsto en la fracción IV del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación y por tanto la nulidad deje ser lisa y llama, pues lo contrario permitirá a la autoridad demandada que tuviera dos o más posibilidades de fundar y motivar su acto mejorado der resolución ,lo cual es contrario a lo dispuesto en la fracción II del artículo 239 del Código Fiscal de la Federación, lo que implica una violación a las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales. De lo que se advierte el deficiente e Ilegal proceder del acto administrativo, consistente en la inscripción catastral de la cuenta 17548 del sector rustico a nombre de ENRIQUETA ÁLVAREZ DÍAZ, mediante comprobante de anotaciones catastrales número 1319/2012, cuyo efecto consecuente resultó en la inscripción de la superficie inexistente de 280-00- 00 hectáreas, dado que esa superficie de terreno corresponde a los cuatro registros catastrales a nombre de la quejosa MARTHA FABI0LA GUTIÉRREZ ALCALÁ, correspondiéndoles a estos bienes inmuebles ubicados en este municipio de Zapotlanejo, Jalisco, los registro en la oficina de catastro municipal bajo las cunetas catastrales números 1656, 1657, 3351 Y 8539 todas del sector rustico, que de conformidad con los historiales catastrales que anexó a su recurso a efecto de demostrar el tracto sucesivo que acreditan la existencia de los predios y sus respectivos registros desde 1924 a la fecha. Por todos los razonamientos y fundamentos expuestos, se emite la siguiente: RESOLUCÍÓN: PRIMERO.- Esta Sindicatura Municipal, se declara competente y facultada para conocer y resolver, el recurso de revisión interpuesto por MARTHA FABIOLA GUTIERREZ ALCALÁ de conformidad con lo establecido en el capítulo IX relativo a los medios de defensa y en especial de los articulas 92 y 102 de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Jalisco. SEGUNDO.- Se declara PROCEDENTE el RECURSODE REVISIÓN planteado por la C. MARTHA FABIOLA GUTIÉRREZ ALCALÁ, en fecha 25 veinticinco de marzo del año 2014 dos mil catorce, toda vez que quedo debidamente agotado el recurso de rectificación Interpuesto por la autoridad catastral del municipio de Zapotlanejo, Jalisco. De conformidad con el artículo 109 de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Jalisco. TERCERO.- Se declaran válidos y fundados los argumentos presentados por la quejosa, los cuales demuestran la existencia de dos registros catastrales a nombre de dos titulares diversos en donde no existe copropiedad, sobre un solo inmueble, contraviniendo lo estatuido en los artículos 43 y 74 de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Jalisco y 69 del Reglamento de la Ley en cita. CUARTO.- Se instruye a la autoridad catastral del Municipio de Zapotlanejo, Jalisco, denominada JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL, a dejar sin efecto el acto administrativo impugnado, consistente en dejar sin efecto el registro catastral de la cuenta 17548 del sector rustico a nombre de ENRIQUETA ÁLVAREZ DÍAZ, mismo que se realizó mediante comprobante de anotaciones catastrales número 1319/2012. Lo anterior de conformidad con el artículo 101, fracción IV de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Jalisco. De igual forma se instruye al Jefe de Catastro Municipal, para que realice la notificación de la presente resolución en forma personal a la C. ENRIQUETA ÁLVAREZ DÍAZ, en el domicilio de la misma que obra en los archivos catastrales municipales. QUINTO.- Notifíquese personalmente para los efectos legales a que haya lugar y par u debido cumplimiento tanto al Jefe de Catastro Municipal como a la recurrente MARTHA FABIOLA GUTIÉRREZ ALCALÁ. Así 10 resolvió y firma la suscrita abogada JACQUELINE HERNÁNDEZ TEMBLADOR, Síndico Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Zapotlanejo, Jalisco. ABOGADA JACQUELlNE HERNÁNDEZ TEMBLADOR SINDICO MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO, JALISCO." Como se advierte de lo transcrito, en el caso, se reclama por la quejosa en su calidad de tercera extraña natural, la emisión de la resolución de veintidós de mayo de dos mil catorce, emitida por la Síndico Municipal de Zapotlanejo, Jalisco, dentro del expediente de revisión administrativa 01/2014, planteado por la tercera interesada Martha Fabiola Gutiérrez Alcalá, quien se ostentó en su carácter de propietaria de los bienes inmuebles registrados bajo las cuentas catastrales 1656, 1657, 3351 y 8539, respecto de los cuales, la quejosa se encuentra registrada como propietaria bajo la diversa cuenta 17548, que ampara la misma superficie que equivale a 28-00-00 hectáreas que comprenden el predio denominado "Rancho San Ramón". Asimismo, de la narración de antecedentes del acto reclamado no se advierte que dicho actos hubieren sido realizados por autoridad jurisdiccional del orden civil; en consecuencia, es de entenderse, que los actos reclamados los atribuye por vicios propios a la autoridad señalada como responsable. Luego, si de la demanda de amparo, se desprende que los actos reclamados en estudio no derivan de una autoridad jurisdiccional del orden civil, ni es promovido contra leyes o disposiciones de observancia general en igual materia, sino que, lo que se reclama, son acciones de autoridades distintas de la judicial en materia civil, ya que señala como autoridades responsables al Síndico municipal de Zapotlanejo, Jalisco, toda vez que la actividad del juzgador de amparo, en el presente asunto, se limitará a determinar la legalidad de tal procedimiento administrativo, en el sentido del llamamiento o no al procedimiento respectivo de la quejosa previo a la orden de cancelación o modificación de la inscripción relativa; por tanto, se está en presencia de actos de naturaleza meramente administrativos, esto es, son actos que material y formalmente tienen esa naturaleza. Ello es así, dado que, atendiendo a la naturaleza del acto y de la autoridad responsable Síndico Municipal de Zapotlanejo, Jalisco, se estima que la controversia compete a la materia administrativa, puesto que atañe la emisión y ejecución atribuida a la referida autoridad, es decir, no involucra ninguna cuestión que concierna con el procedimiento en materia civil, sino que se reduce a actos de carácter administrativo. Sirven de apoyo a lo anterior, la tesis siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL PROCEDIMIENTO DE CANCELACIÓN O MODIFICACIÓN EN LOS LIBROS DE CATASTRO DE UNA INSCRIPCIÓN HECHA A NOMBRE DE UN TERCERO QUE NO FUE OÍDO Y A QUIEN PUDIERA PERJUDICARLE. CORRESPONDE A UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y NO CIVIL, AUN CUANDO DICHO ACTO DERIVE DE LA REVOCACIÓN DE DONACIÓN HECHA ANTE UN NOTARIO PÚBLICO. Si el acto reclamado consiste en el procedimiento de cancelación o modificación en los libros de catastro de una inscripción hecha a nombre de una persona que no fue oída en defensa previamente, aun cuando aquél derive de la revocación de una donación efectuada ante un notario público, dicha actuación tiene efectos puramente administrativos, pues la naturaleza jurídica del conflicto objeto de la litis constitucional la constituye la omisión de llamar a un tercero a quien pudiera perjudicar ese movimiento catastral. En esas condiciones, atendiendo a la naturaleza de la acción, corresponde conocer del asunto a un Juez de Distrito en Materia Administrativa y no civil, toda vez que la actividad del juzgador de amparo se limitará a determinar la legalidad de tal procedimiento administrativo, en el sentido de si previamente debió llamarse o no al tercero perjudicado, pero no juzgará sobre el origen de la revocación de la donación, si ésta no se atacó por vicios propios, ni emana de un Juez, sino que se hizo ante notario público y ello provocó la cancelación o modificación de la inscripción relativa" En consecuencia, se estima que este juzgado, no es competente legalmente para conocer de los actos que se reclaman, sino que se surte a favor de un juzgado de Distrito especializado en materia administrativa; sin embargo, toda vez que en este circuito no existe esta competencia especializada en dicha materia, le corresponde su conocimiento al Juez de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco. Por tanto, con base en el artículo 48 de la ley de la materia, remítanse el presente expediente y anexos, al titular homólogo en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en turno, por conducto de la oficina de correspondencia común del ramo, para el efecto de que resuelva si acepta o no la competencia declinada a su favor e informe lo anterior a este juzgado federal, para proveer lo que en derecho corresponda. Sirven de apoyo a lo anterior, los criterios siguientes: La tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 2674, del Tomo CIII, de la Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "COMPETENCIA EN AMPARO POR RAZÓN DE LA MATERIA. Para resolver una cuestión de competencia, deben juzgarse los actos reclamados de acuerdo con su naturaleza y no conforme a la interpretación que de ellos haya hecho el quejoso en su demanda de amparo, pues tal criterio podría permitir que, en ocasiones, a un acto esencialmente penal, se le diera carácter administrativo, o viceversa" Por los motivos que la informan, la tesis I.14o.C.8 K, consultable en la página 1773, Tomo XVIII, Agosto de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto indican: "JUZGADOS DE DISTRITO ESPECIALIZADOS POR RAZÓN DE MATERIA. SU COMPETENCIA SE DETERMINA CONFORME A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO. La competencia para conocer de una demanda de garantías por razón de la materia deriva de la naturaleza del acto reclamado, pero no de la autoridad que sea señalada como responsable; por ello, si la parte quejosa señaló en la demanda de amparo como responsables a autoridades de distinta materia, como lo son el Juez de lo Civil y el tribunal administrativo, y si a la primera le atribuyó actos de naturaleza civil como lo es todo lo actuado en el juicio de restitución de parcela, el cual ha concluido con sentencia y está en la etapa de ejecución, y por otra parte, a la segunda de ellas que tiene naturaleza administrativa le atribuyó como acto reclamado el auto por cuya virtud declaró carecer de competencia legal para conocer del procedimiento de restitución de parcela, y si de las constancias de autos se pone de manifiesto que la autoridad del orden civil aceptó y sustanció el procedimiento respecto del cual la autoridad administrativa adujo no tener competencia para ello, es evidente que lo actuado por la autoridad administrativa se subsumió en la aceptación de competencia de la autoridad del orden civil, por lo que deberá estarse, conforme a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo, a que la naturaleza del acto y su ejecución corresponden a un Juez de Distrito en esta materia, puesto que al aceptarse la competencia del procedimiento administrativo declinado por esta autoridad, los actos de ella quedaron inmersos en el actuar de la autoridad del orden civil" Solicítese el acuse de estilo respectivo, fórmese cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado de Distrito. IV. Incidente de suspensión. Ahora, toda vez que este juzgado en párrafos que anteceden se declaró incompetente para conocer de la presente demanda de amparo y en vista de que lo reclamado es la resolución de veintidós de mayo de dos mil dieciocho en autos de la revisión 1/2014; por tanto, con fundamento en el artículo 48 de la ley de la materia, dígasele que no ha lugar a proveer sobre la suspensión solicitada, en virtud de que en el caso no se está en el supuesto de que el acto que se reclama, importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. V. Intervención a las partes del juicio de amparo. 1. Quejoso. Enriqueta Álvarez Díaz por propio derecho. a. Domicilio. Téngase como domicilio para recibir notificaciones el señalado en el escrito de demanda. b. Autorizados. Se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la invocada ley, a Fidel Ángel Aguirre Castañeda, Mónica Tapia Cervantes, Alberto Gómez Vega Oscar Fabián Pérez de Lara Rivera, Fausto Fabián Pérez de Lara Rivera, Tania Mónica Pérez de Lara Tapia, Raúl González Delgadillo, Juan Jiménez Torres, María Georgina Peña Delgadillo, al contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en términos del arábigo 24 de la propia norma, esto es para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a Tadeo de Jesús Medina Romo, Luisa Juleth Hernández Iñiguez, así como Alejandra y Paul Uriel, ambos de apellidos Carrillo Cabral, por no existir registro en dicho sistema. c. Autorización de consulta de expediente electrónico. Como se solicita la promovente, con fundamento en lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como del 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se le autoriza la consulta vía electrónica de este juicio de amparo, a Mónica Tapia Cervantes, Alberto Gómez Vega y Oscar Fabián Pérez de Lara Rivera, quienes tienen registrado como nombre de los usuarios monicatapiac.; alberto.gomezv y osfaosfa. d. Uso de medios electrónicos. De conformidad con la circular 12/2009 del Pleno de la Judicatura Federal, como se solicita, se autoriza para que se utilicen medios electrónicos con el fin de reproducir las actuaciones del presente expediente. Resulta aplicable la tesis siguiente: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran" VI. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, del cuerpo legal en consulta, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. VII. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. VIII. Notifíquese por medio de lista. Notifíquese el presente auto por medio de lista, de conformidad con la jurisprudencia aplicada por analogía, cuyo rubro indica: "DEMANDA DE AMPARO RECIBIDA POR EL SECRETARIO AUTORIZADO EN LUGARES EN QUE EXISTEN VARIOS JUZGADOS DE DISTRITO REMITIDA A LA OFICIALÍA DE PARTES COMÚN Y TURNADA A DIVERSO JUZGADO AL DE SU ADSCRIPCIÓN. EL AUTO ADMISORIO NO DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE" Lo anterior también se apoya en el hecho de que el órgano que se considera competente, al momento de radicar y aceptar el conocimiento del asunto, notificará de manera personal dicho proveído, atento al criterio de la jurisprudencia de rubro: "RADICACIÓN DEL JUICIO EN OTRO JUZGADO, POR INCOMPETENCIA. DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO" Notifíquese.

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