Erick Arroyo Vergara

Expediente 81/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
81/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
27/04/2022

Partes del expediente

  • Erick Arroyo Vergara

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vistos para resolver el juicio de amparo 81/2022, promovido por Erick Arroyo Vergara, por propio derecho; y, RESULTANDOS: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en línea el veintiséis de enero de dos mil veintidós, Erick Arroyo Vergara, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juzgado Tercero Administrativo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, el contenido en los artículos 14, segundo y cuarto párrafos, 16, primer párrafo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión de la demanda. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia; órgano jurisdiccional que la registró en el libro de gobierno con el número de expediente 81/2022; en proveído de veintiocho de enero de dos mil veintidós la admitió, se ordenó dar la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público Federal; se reservó proveer sobre la existencia de parte tercera interesada; se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; y, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Tercero. Reconocimiento de carácter de terceros interesados. En auto de catorce de marzo de dos mil veintidós, se reconoció el carácter de terceros interesados a la Comisión Coordinadora del Transporte del Estado de Michoacán, al agente inspector adscrito a la mencionada comisión y a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán. Seguido el juicio por todos sus trámites legales, el primero de abril de dos mil veintidós, tuvo verificativo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede; por lo que se procede a resolver el presente juicio de amparo; y, CONSIDERANDOS: Primero. Incompetencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán carece de competencia legal para conocer de la demanda de que se trata. Antes de establecer las razones por las cuales este juzgador estima carecer de competencia legal para conocer del asunto, debe recordarse -en primer término- que Erick Arroyo Vergara reclama del Juzgado Tercero Administrativo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, la determinación de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, emitida dentro de la aclaración de sentencia número 0006/2021-III deducida del juicio administrativo 1213/2021-III, en la que se declaró infundada la aclaración de sentencia promovida por el aquí quejoso. En segundo término, debe precisarse que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la Contradicción de tesis 105/2011 [Suscitada entre el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito], emitió la jurisprudencia 1a./J. 28/2012 (10a.), publicada en la página 424 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 1, Primera Sala, Décima Época, Materia Común, registro digital 2000703, de rubro y texto: "ACLARACIÓN DE SENTENCIA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE O INFUNDADA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO, SALVO QUE LA IMPROCEDENCIA OBEDEZCA A LA EXTEMPORANEIDAD DE LA SOLICITUD RESPECTIVA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que las resoluciones pronunciadas en aclaración de sentencia, en sentido positivo o negativo, son parte integrante de ésta. En ese tenor, la resolución que declara improcedente o infundada dicha aclaración debe impugnarse mediante el juicio de amparo directo, salvo cuando la improcedencia obedezca a la extemporaneidad de la petición respectiva. Lo anterior se robustece si se considera que una interpretación contraria traería como consecuencia una pluralidad de procesos que complica la impartición de justicia pronta y expedita, e incluso podría dejar en estado de indefensión a las partes". En la mencionada contradicción de tesis 105/2011, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó: "[.] 30. En esas circunstancias, para resolver la contradicción de criterios planteada es necesario explicar cuál ha sido la posición que este Alto Tribunal ha adoptado en torno a las instituciones que participan en este asunto. 31. En relación a esto, desde la integración de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación durante la Quinta Época, se ha dicho que la resolución de aclaración de sentencia, sea en sentido positivo o negativo, forma parte integrante de la misma sentencia. Este enfoque se advierte en los criterios que se reproducen enseguida: "ACLARACIÓN DE SENTENCIA. La resolución que dicte el Juez accediendo a aclarar, o no aclarando su sentencia, es parte integrante de la misma; la interposición del recurso de aclaración interrumpe el término para apelar, y, por la misma razón, debe entenderse que suspende el término para recurrir el fallo en la vía constitucional; pues donde hay la misma razón, debe haber el mismo derecho." "ACLARACIÓN DE SENTENCIA, RECURSO DE. Como la resolución en el recurso de aclaración de sentencia, forma parte integrante de la sentencia definitiva, si se cometen las mismas violaciones hechas valer contra ésta, se violan las mismas garantías del afectado." "ACLARACIÓN DE SENTENCIA. Las resoluciones pronunciadas en aclaración de sentencia, son parte integrante de la sentencia misma." "SENTENCIA, ACLARACIÓN DE. La resolución de aclaración de sentencia, ya sea en el sentido positivo o en el negativo, forma parte integrante de la misma sentencia puesto que hasta que se dicte el segundo fallo, el primero viene a tener el carácter de sentencia definitiva." 32. Tal punto de vista fue reiterado durante la Sexta Época, cuando se emitieron la tesis aislada y las jurisprudencias que se citan a continuación: "ACLARACIÓN DE SENTENCIA, CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA LA INTERPOSICIÓN DEL AMPARO EN CASO DE. Cuando medie aclaración de sentencia, como la resolución que la contiene viene a formar parte integrante de la propia sentencia aclarada, hasta cuando se pronuncia, es cuando aquélla tiene el carácter de definitiva, y así, debe entenderse que el término legal para la interposición del juicio de amparo directo, no empieza a correr sino a partir de la fecha en que se notifica la resolución en que se hace la declaración." "ACLARACIÓN DE SENTENCIA. La resolución de aclaración de sentencia, sea en sentido positivo o negativo, forma parte integrante de la misma sentencia, puesto que hasta que se dicte el segundo fallo, el primero viene a tener el carácter de sentencia definitiva." "ACLARACIÓN DE SENTENCIA. La resolución de aclaración de sentencia, sea en sentido positivo o negativo, forma parte integrante de la misma sentencia, puesto que hasta que se dicte el segundo fallo, el primero viene a tener el carácter de sentencia definitiva." 33. El mismo criterio se sustentó durante la Novena Época, cuando la Segunda Sala de este Alto Tribunal resolvió el amparo en revisión 2966/1996 que dio lugar a la tesis aislada que es del tenor siguiente: "ACLARACIÓN DE SENTENCIA, CÓMPUTO PARA PROMOVER EL AMPARO EN CASO DE. Como la resolución que aclara una sentencia dictada en un juicio ordinario es parte integrante de ésta, debe estimarse que el fallo tiene carácter de definitivo hasta que se aclara; por tanto, el término legal para promover el juicio de amparo empieza a correr después de que se notifica la resolución de aclaración y, asimismo, la acción constitucional es improcedente si la aclaración intentada está pendiente de dictarse." 34. Posteriormente, al resolver la contradicción de tesis 4/96,(14) en la ejecutoria de veintiséis de agosto de mil novecientos noventa y siete, para desvirtuar la afirmación equivocada de que la aclaración de sentencia es un recurso, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró necesario definir la naturaleza de este medio de impugnación procesal. Para ello emitió diversas consideraciones en torno al significado y naturaleza de la sentencia, de la institución de aclaración de sentencia y de los recursos, todo ello a partir de las disposiciones legales aplicables, de algunas opiniones doctrinarias y de los criterios hasta entonces emitidos por este máximo órgano jurisdiccional. 35. Sentencia. En cuanto a este tema se dijo, en esencia, lo siguiente: a) Significado gramatical. El vocablo sentencia procede del verbo latino sentio is ire, que denota la idea de percibir con los sentidos, experimentar sensaciones, darse cuenta de algo. De ahí que sententia signifique: opinión, idea, manera de ver, parecer. La sentencia es aquella en la que el juzgador, concluido el juicio, resuelve finalmente sobre el asunto principal, declarando, condenando o absolviendo. Según Sebastián de Covarrubias, en su Tesoro de la Lengua Castellana de 1611, sentenciar es: "definir en juicio algún pleito o cuestión, de allí sentencia." b) Desarrollo doctrinario. Para Alfredo Rocco la sentencia es: "... el acto por el cual el Estado, por medio del órgano de la jurisdicción destinado para ello (Juez), aplicando la norma al caso concreto, indica aquella norma jurídica que el derecho concede a un determinado interés.". Para Becerra Bautista, la palabra sentencia significa, en términos generales "la resolución del órgano jurisdiccional que resuelve una controversia entre partes, con fuerza vinculativa para éstas.". La sentencia es el tipo de resolución más importante pues pone fin al proceso, en ella se concretan los conocimientos jurídicos del Juez y su experiencia; es el modo normal de extinción de la relación procesal reflejada en un acto en que el Estado, por medio del Poder Judicial, aplica la ley declarando la protección que la misma acuerda a un determinado derecho cuando existen intereses en conflicto actual o potencial. c) Sentencia como documento y sentencia como decisión. De todo lo anterior se distinguieron dos aspectos fundamentales sobre lo que debe entenderse por sentencia, a saber: i) La opinión o parecer del sujeto agente sobre una determinada cuestión; y, ii) En sentido técnico, ya desde el derecho romano, el acto jurídico por el cual se expresa el pensamiento del juzgador para dirimir una determinada controversia. También se usa en derecho para asentar a un mismo tiempo un acto jurídico procesal y el documento en el cual se consigna. Al respecto, dice Eduardo J. Couture: "Al mismo tiempo que un hecho y un acto jurídico, la sentencia es un documento, elemento material indispensable para el derecho evolucionado para reflejar su existencia y sus efectos hacia el mundo jurídico. Existe sentencia en el espíritu del Juez o en la Sala del Tribunal Colegiado, mucho antes del otorgamiento de la pieza escrita; pero para que esa sentencia sea perceptible y conocida se requiere la existencia de una forma mediante la cual se representa y refleja la voluntad del Juez o del tribunal. La concurrencia de los dos elementos, plenitud de la voluntad del Juez e integridad del documento, es indispensable para que exista la sentencia." d) Posición de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. La sentencia puede ser considerada como acto jurídico o como documento. Como acto jurídico la sentencia es inmutable, pero como documento puede corregirse el error que se haya cometido en el documento. Tal criterio permite al juzgador corregir el error producido en la sentencia documento y salvar un error, que bien puede modificar el verdadero sentido de la sentencia acto jurídico. La jurisprudencia número 490, en la que quedó consignada la diferencia entre el acto de derecho y el escrito en que se formaliza, dice así: "SENTENCIA. INMUTABILIDAD DE LA, COMO ACTO JURÍDICO Y NO COMO DOCUMENTO. La sentencia puede ser considerada como un acto jurídico de decisión y como documento. La sentencia, acto jurídico, consiste en la declaración que hace el juzgador respecto a determinada solución, en tanto que la sentencia documento constituye tan sólo la representación de ese acto jurídico, de tal manera que la sentencia documento es sólo la prueba de la resolución, no su sustancia jurídica. De ahí que el principio de la inmutabilidad de la sentencia sea aplicable única y exclusivamente a la sentencia como acto jurídico de decisión y no al documento que la representa. Consecuentemente, siendo un deber del tribunal sentenciador velar por la exacta concordancia entre la sentencia documento y la sentencia acto jurídico, en cumplimiento de tal deber debe corregirse el error que se haya cometido en la sentencia documento, para que ésta concuerde con el acto jurídico decisorio correspondiente.". De acuerdo con esa tesis la sentencia como acto jurídico es inmutable, en cambio, como documento puede y debe ser corregido para que concuerde con el acto jurídico decisorio. Esa corrección se lleva a cabo mediante la aclaración de sentencia. 36. Aclaración de sentencia. Acerca de ésta, al resolver la referida contradicción de tesis 4/96,(21) en la ejecutoria de veintiséis de agosto de mil novecientos noventa y siete, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió las consideraciones siguientes: a) Significado gramatical. Aclarar significa, de acuerdo al Diccionario de la Lengua Española: "(Del latín acclárare; de ad, a, y clarus, claro) tr. Disipar, quitar lo que ofusca la claridad o transparencia de alguna cosa. Poner en claro, declarar, manifestar, explicar." b) Posición de este Alto Tribunal. Al respecto se citaron los criterios hasta entonces emitidos por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los que ha precisado su naturaleza y alcances, los que enseguida se reproducen: "ACLARACIÓN DE SENTENCIAS. Conforme al artículo 84 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, los jueces están facultados no sólo para aclarar algún concepto de su fallo, sino también para suplir cualquier omisión sobre un punto discutido en el litigio; por lo que debe estimarse correcta la aclaración que se haya hecho de un punto resolutivo de la sentencia dictada en el juicio, señalando el término en que deba ejecutarse el fallo." "ACLARACIÓN DE SENTENCIA, NATURALEZA DE LA. AMPARO. En ningún caso la aclaración de sentencia modifica la misma en lo sustancial; su objeto es, como su nombre lo indica, solamente precisar y distinguir datos y conceptos esenciales ya establecidos en la resolución; pero de ninguna manera introducir otros nuevos de tal naturaleza. Por tanto, es inexacto que, de aclararse dicha sentencia, quede sin materia el amparo directo interpuesto contra la misma.". "ACLARACIÓN DE SENTENCIA. De conformidad con el artículo 84 del Código de Procedimientos Civiles, las aclaraciones a que este precepto se refiere sólo son procedentes, bien de oficio o bien a instancia de parte, cuando se trate de contradicciones, ambigüedades u oscuridades en las cláusulas del fallo, pero no cuando se trate de una excepción que fue materia de la litis y que, por tanto, el sentenciador no pudo en forma alguna dejar de estudiar sin faltar al principio de la congruencia, dado que dicha cuestión ve al fondo mismo del negocio y de ninguna manera constituye una contradicción, una ambigüedad o una oscuridad." "ACLARACIÓN O ADICIÓN DE SENTENCIA O DE AUTO QUE PONGA FIN A UN INCIDENTE. El artículo 223 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia laboral, según se advierte, implícitamente, de lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley Federal del Trabajo, establece: 'Sólo una vez puede pedirse la aclaración o adición de sentencia o de auto que ponga fin a un incidente, y se promoverá ante el tribunal que hubiere dictado la resolución, dentro de los tres días siguientes de notificado el promovente, expresándose, con toda claridad, la contradicción, ambigüedad u oscuridad de las cláusulas o de las palabras cuya aclaración se solicite, o la omisión que se reclame.'.". c) La aclaración de sentencia no es un recurso. Asimismo, para evidenciar la equivocación de que la aclaración de sentencia es un recurso, se consideró necesario explicar el tema de los recursos, sobre lo cual, a partir de su significado gramatical y doctrinario y de los criterios hasta entonces emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación se concluyó que la aclaración de sentencia no es en rigor un recurso, pues, en todo caso, su promoción no dará lugar a la modificación, revocación o anulación del fallo. Se explicó que así quedó dicho, entre otras, en las siguientes tesis de jurisprudencia: "ACLARACIÓN DE SENTENCIA. La aclaración de sentencia no es en rigor un recurso y, en todo caso, su promoción no daría lugar a la modificación, revocación o nulificación de la sentencia, condiciones que son indispensables para la procedencia del juicio constitucional, en los términos de la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo.". "ACLARACIÓN DE SENTENCIA, CARÁCTER DE LA. La aclaración de sentencia no es, en rigor, un recurso, puesto que no permite cambiar elemento alguno de los puntos resolutivos; por tanto, no es necesario pedirla antes de ocurrir al amparo, en contra de un fallo del Tribunal Fiscal de la Federación.". Entonces, al resolverse la contradicción de tesis 4/96 a la que se ha hecho referencia, el Pleno que entonces integraba la Suprema Corte de Justicia de la Nación llegó a las conclusiones siguientes: - La aclaración de sentencia tiene la finalidad de aclarar y corregir los errores materiales y oscuridades de la resolución, para hacerla coincidente como acto jurídico y como documento, con la precisión de que esta institución no constituye un recurso, ni instancia específica que otorgue derecho a las partes para promover ante el órgano de control, a fin de que aclare la ejecutoria de amparo. - Su razón de ser obedece a la necesidad de corregir y suplir los errores u omisiones en la sentencia ejecutoria a fin de que no impidan su debido cumplimiento. Por ello el juzgador, de manera oficiosa, debe corregir la sentencia para que armonicen el acto jurídico y el documento en que se contiene, pues las partes no pueden ni deben quedarse con una sentencia ejecutoria que sea oscura o que contenga yerros o equivocaciones. - Sobre la base de que la sentencia puede ser considerada como un acto jurídico de decisión y como documento, es válido afirmar que el principio de inmutabilidad de la sentencia se aplica única y exclusivamente a la sentencia como acto jurídico de decisión y no al documento que representa; consecuentemente, debe el tribunal sentenciador velar por la exacta concordancia entre la sentencia documento y la sentencia acto jurídico y, en cumplimiento de tal deber, corregir el error que se haya cometido en la sentencia documento, para que éste concuerde con el acto jurídico decisorio. 37. Fue sobre esas mismas premisas que el veintiséis de septiembre de dos mil cinco, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la contradicción de tesis 12/2005,(29) en cuyas consideraciones retomó un elemento que resulta relevante para la resolución de la contradicción de tesis que ahora se resuelve, pues en dicha ejecutoria se afirma que la aclaración de sentencia, sin distinguir cuál es su sentido, forma parte del fallo del que se pide su aclaración. Así, se parte de la base de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido respecto de la aclaración de sentencia que: a) Es una institución procesal; b) Tiene por objeto hacer comprensibles los conceptos ambiguos, rectificar los contradictorios y explicar los oscuros, así como subsanar omisiones y, en general, corregir errores o defectos; c) El empleo de esta institución es necesario para cumplir los imperativos del artículo 17 constitucional que establece como garantía individual el derecho de las personas de que se les administre justicia por los tribunales en los plazos y términos que fijen las leyes; emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, siendo obvio que estos atributos no se logran con sentencias que, por inexistencia de la institución procesal aclaratoria, tuvieran que conservar palabras y concepciones oscuras, confusas o contradictorias; d) En las legislaciones aplicadas por los tribunales contendientes consta la existencia de la institución de la aclaración de sentencia; la resolución que se dicte respecto de ésta es parte de la sentencia (esto, no obstante que el artículo respectivo de uno de los códigos aplicados no contiene el vocablo "integrante"); y su interposición interrumpe el término para su impugnación. 38. Así, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que la aclaración de sentencia es una institución procesal que forma parte integrante de la sentencia que aclara, establecida por la ley en beneficio de los gobernados, en virtud de que, cuando se dicta una sentencia, ésta puede contener algún error que es factible de ser corregido mediante la aclaración correspondiente, de manera que la resolución que en ella se dicte forma parte de la sentencia. Tal decisión se apoyó en la tesis de la anterior Tercera Sala cuyos rubro y texto son los siguientes: "ACLARACIÓN DE SENTENCIA. Las resoluciones pronunciadas en aclaración de sentencia, son parte integrante de la sentencia misma." 39. Finalmente, se concluyó que el "plazo de quince días empieza a correr a partir de la notificación de la aclaración de sentencia, para promover, según sea el caso, el juicio de amparo en contra de esa resolución, o bien, la ampliación de la demanda de amparo que en contra de la sentencia definitiva se haya interpuesto previamente al pronunciamiento sobre la aclaración." 40. En esa conclusión, se advierte que este Alto Tribunal consideró que, para el caso de que quien haya promovido el amparo en contra de la sentencia (que se busca aclarar) sea la misma parte que promovió la aclaración de sentencia (en el entendido de que ambas pueden coexistir), una vez resuelta ésta, se encuentra en aptitud de promover la ampliación de demanda correspondiente, con lo que se corrobora lo dicho acerca de que lo decidido en la aclaración de sentencia forma parte de la misma resolución que se pretende aclarar. 41. Más adelante, el doce de marzo de dos mil ocho al resolver la contradicción de tesis 169/2007 del índice de esta Primera Sala, se reiteraron las consideraciones expresadas en la ejecutoria correspondiente a la contradicción de tesis 12/2005-PL del Pleno de este Alto Tribunal, respecto de la cual se citó textualmente lo dicho en relación a que: "En el caso, no se trata de un recurso de aclaración de sentencia -como se explicó- en tanto que es una institución procesal que forma parte integrante de la sentencia." En dicha decisión, esta Primera Sala consideró, por mayoría de votos, que la resolución emitida en la aclaración de sentencia forma parte de la misma sentencia, porque -sin soslayar cuál es su objeto- puede generar nuevos agravios que no se cometieron en la sentencia, o bien, cambiar el perjuicio que se causa a la parte afectada, de manera que al formar parte integrante de la propia sentencia, su carácter de definitivo lo adquiere hasta que se aclara. 42. En lo hasta aquí relacionado se advierte que ha sido criterio reiterado e ininterrumpido de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la resolución que decide, en sentido afirmativo o negativo, la aclaración de sentencia forma parte de dicho fallo. Incluso se ha sostenido que el plazo para su impugnación inicia a partir de que tal aclaración se resuelva y si bien se afirma la posibilidad de que coexista el amparo promovido contra la sentencia de la que se pide su aclaración y el trámite de la aclaración misma, en la misma ejecutoria (contradicción de tesis 12/2005-PL) se hizo la salvedad de que, con el fin de que los gobernados se encuentren en aptitud de impugnar las irregularidades cometidas tanto en la sentencia como en la resolución de la aclaración, es posible promover, en su caso, la ampliación de demanda de amparo si acaso quien promovió el juicio de garantías es el mismo que pidió la aclaración de sentencia. Por otro lado, en caso de que quien haya solicitado dicha aclaración, sin ver acogida su pretensión, no hubiera promovido hasta entonces demanda de amparo, estará en oportunidad de hacerlo dentro del plazo legal de acuerdo con la tesis de jurisprudencia 1a./J. 36/2008 que sustentó la Primera Sala de este Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, octubre de 2008, página 355, que establece: "SENTENCIA DEFINITIVA. EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS SIGUIENTES AL EN QUE SURTIÓ EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE SU ACLARACIÓN, NO ES EXTEMPORÁNEO.-La aclaración de sentencia es la institución procesal creada en beneficio de los gobernados, ya que sin ser un recurso, tiene por objeto subsanar omisiones y corregir errores o defectos; de ahí que la resolución que al efecto se emita forma parte integrante de la propia sentencia y, por ende, ambas constituyen un todo. Así, el plazo para promover el juicio de amparo contra una sentencia, que ante la autoridad responsable está sujeta a aclaración, empieza a transcurrir después de notificada la resolución que aclara dicha sentencia. En ese sentido, se concluye que el amparo promovido contra la sentencia definitiva dentro de los quince días siguientes al en que surtió efectos la notificación de la resolución de su aclaración, no es extemporáneo. Lo anterior, con el fin de que los gobernados puedan impugnar las irregularidades cometidas tanto en la sentencia como en la resolución de su aclaración, independientemente de la materia sobre la cual verse esta determinación, pues ello permite que se administre justicia pronta, completa e imparcial, en acatamiento al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." 43. Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo la tesis 2a. LVII/97, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, mayo de 1997, página 329, que establece: "ACLARACIÓN DE SENTENCIA, CÓMPUTO PARA PROMOVER EL AMPARO EN CASO DE.-Como la resolución que aclara una sentencia dictada en un juicio ordinario es parte integrante de ésta, debe estimarse que el fallo tiene carácter de definitivo hasta que se aclara; por tanto, el término legal para promover el juicio de amparo empieza a correr después de que se notifica la resolución de aclaración y, asimismo, la acción constitucional es improcedente si la aclaración intentada está pendiente de dictarse." 44. En este sentido, el gobernado tendrá oportunidad de combatir la resolución que recae a la petición de aclaración de sentencia vía juicio de amparo directo, ya sea que tal resolución se declare fundada, infundada o improcedente. 45. Esto, con la salvedad de que dicha regla general no es aplicable cuando se trate de una resolución que declare la improcedencia como resultado de que la petición se presentó extemporáneamente. Lo anterior encuentra su racionalidad en que extender el criterio que se sustenta en esta ejecutoria a este último supuesto tendría como consecuencia que el plazo para presentar una demanda de amparo directo quedara al arbitrio de una de las partes, pues con la mera presentación de una petición de aclaración fuera del plazo legal para hacerlo, se dictaría una resolución de improcedencia que posibilitara la renovación de los términos previstos en el artículo 21 de la Ley de Amparo para la presentación de la demanda de garantías. De ahí que deba excluirse tal supuesto, ya que alargar indefinidamente un plazo legal es contrario al derecho a la impartición de justicia pronta y expedita contemplado en el artículo 17 constitucional. Por ello es necesario acotar los alcances de la posible impugnación de este tipo de resoluciones. 46. Debe destacarse que la aclaración de sentencia se limita exclusivamente a una labor editorial; de ahí que cuando la resolución respectiva modifica cuestiones sustanciales del fallo, no se está en presencia de una verdadera aclaración que forme parte de la sentencia, pues en esa situación lo así decidido adolece de vicios propios y es impugnable en amparo indirecto. 47. Asimismo, debe considerarse que la vía directa para impugnar la resolución que recae a una petición de aclaración de sentencia privilegia la seguridad jurídica y la unidad de la causa, pues permite que el gobernado prepare adecuadamente su defensa frente al acto reclamado, con la certeza de que la sentencia definitiva que impugne no tendrá variación posterior. 48. En adición a lo anterior, se advierte que una interpretación contraria traería como consecuencia las desventajas que derivan de una pluralidad de procesos que analicen la sentencia impugnada por vías diferentes. En efecto, de coexistir el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva y el juicio de amparo indirecto contra la resolución que declara improcedente o infundada la aclaración de sentencia, surgen diversos escenarios procesales que complican la impartición de justicia pronta y expedita e incluso podrían dejar en indefensión a las partes. VI. Tesis que resuelve la contradicción 49. En suma, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que contra la resolución que declara improcedente la aclaración de sentencia procede el juicio de amparo directo. 50. Por las razones que se expresan, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, se sostiene que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al tenor de la tesis redactada con los siguientes rubro y texto: -La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que las resoluciones pronunciadas en aclaración de sentencia, en sentido positivo o negativo, son parte integrante de ésta. En ese tenor, la resolución que declara improcedente o infundada dicha aclaración debe impugnarse mediante el juicio de amparo directo, salvo cuando la improcedencia obedezca a la extemporaneidad de la petición respectiva. Lo anterior se robustece si se considera que una interpretación contraria traería como consecuencia una pluralidad de procesos que complica la impartición de justicia pronta y expedita, e incluso podría dejar en estado de indefensión a las partes". De lo transcrito se advierte, en lo de interés, lo siguiente: Desde la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante la Quinta Época, se ha dicho que la resolución de aclaración de sentencia, sea en sentido positivo o negativo, forma parte integrante de la misma sentencia. Dicho punto de vista fue reiterado durante la Sexta Época, cuando se emitieron la tesis aislada y las jurisprudencias, de rubros "ACLARACIÓN DE SENTENCIA, CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA LA INTERPOSICIÓN DEL AMPARO EN CASO DE", "ACLARACIÓN DE SENTENCIA", "ACLARACIÓN DE SENTENCIA". El mismo criterio se sustentó durante la Novena Época, cuando la Segunda Sala de este Alto Tribunal resolvió el amparo en revisión 2966/1996 que dio lugar a la tesis aislada de rubro "ACLARACIÓN DE SENTENCIA, CÓMPUTO PARA PROMOVER EL AMPARO EN CASO DE". Posteriormente, al resolver la contradicción de tesis 4/96,(14) el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación llegó a las conclusiones siguientes: La aclaración de sentencia tiene la finalidad de aclarar y corregir los errores materiales y oscuridades de la resolución, para hacerla coincidente como acto jurídico y como documento, con la precisión de que esta institución no constituye un recurso, ni instancia específica que otorgue derecho a las partes para promover ante el órgano de control, a fin de que aclare la ejecutoria de amparo. Su razón de ser obedece a la necesidad de corregir y suplir los errores u omisiones en la sentencia ejecutoria a fin de que no impidan su debido cumplimiento. Por ello el juzgador, de manera oficiosa, debe corregir la sentencia para que armonicen el acto jurídico y el documento en que se contiene, pues las partes no pueden ni deben quedarse con una sentencia ejecutoria que sea oscura o que contenga yerros o equivocaciones. Sobre la base de que la sentencia puede ser considerada como un acto jurídico de decisión y como documento, es válido afirmar que el principio de inmutabilidad de la sentencia se aplica única y exclusivamente a la sentencia como acto jurídico de decisión y no al documento que representa; consecuentemente, debe el tribunal sentenciador velar por la exacta concordancia entre la sentencia documento y la sentencia acto jurídico y, en cumplimiento de tal deber, corregir el error que se haya cometido en la sentencia documento, para que éste concuerde con el acto jurídico decisorio. Sobre esas mismas premisas, el veintiséis de septiembre de dos mil cinco, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la contradicción de tesis 12/2005, en cuyas consideraciones retomó un elemento que resulta relevante para la resolución de la contradicción de tesis que ahora se resuelve, pues en dicha ejecutoria se afirma que la aclaración de sentencia, sin distinguir cuál es su sentido, forma parte del fallo del que se pide su aclaración. Así, se parte de la base de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido respecto de la aclaración de sentencia que: Es una institución procesal; Tiene por objeto hacer comprensibles los conceptos ambiguos, rectificar los contradictorios y explicar los oscuros, así como subsanar omisiones y, en general, corregir errores o defectos; El empleo de esta institución es necesario para cumplir los imperativos del artículo 17 constitucional que establece como garantía individual el derecho de las personas de que se les administre justicia por los tribunales en los plazos y términos que fijen las leyes; emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, siendo obvio que estos atributos no se logran con sentencias que, por inexistencia de la institución procesal aclaratoria, tuvieran que conservar palabras y concepciones oscuras, confusas o contradictorias; En las legislaciones aplicadas por los tribunales contendientes consta la existencia de la institución de la aclaración de sentencia; la resolución que se dicte respecto de ésta es parte de la sentencia (esto, no obstante que el artículo respectivo de uno de los códigos aplicados no contiene el vocablo "integrante"); y su interposición interrumpe el término para su impugnación. Así, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que la aclaración de sentencia es una institución procesal que forma parte integrante de la sentencia que aclara, establecida por la ley en beneficio de los gobernados, en virtud de que, cuando se dicta una sentencia, ésta puede contener algún error que es factible de ser corregido mediante la aclaración correspondiente, de manera que la resolución que en ella se dicte forma parte de la sentencia. Finalmente, se concluyó que el "plazo de quince días empieza a correr a partir de la notificación de la aclaración de sentencia, para promover, según sea el caso, el juicio de amparo en contra de esa resolución, o bien, la ampliación de la demanda de amparo que en contra de la sentencia definitiva se haya interpuesto previamente al pronunciamiento sobre la aclaración." En esa conclusión, se advierte que consideró que, para el caso de que quien haya promovido el amparo en contra de la sentencia (que se busca aclarar) sea la misma parte que promovió la aclaración de sentencia (en el entendido de que ambas pueden coexistir), una vez resuelta ésta, se encuentra en aptitud de promover la ampliación de demanda correspondiente, con lo que se corrobora lo dicho acerca de que lo decidido en la aclaración de sentencia forma parte de la misma resolución que se pretende aclarar. El doce de marzo de dos mil ocho al resolver la contradicción de tesis 169/2007, la Primera Sala, reiteró las consideraciones expresadas en la ejecutoria correspondiente a la contradicción de tesis 12/2005-PL del Pleno de este Alto Tribunal, respecto de la cual se citó textualmente lo dicho con relación a que "En el caso, no se trata de un recurso de aclaración de sentencia -como se explicó- en tanto que es una institución procesal que forma parte integrante de la sentencia." Ha sido criterio reiterado e ininterrumpido de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la resolución que decide, en sentido afirmativo o negativo, la aclaración de sentencia forma parte de dicho fallo. El gobernado tendrá oportunidad de combatir la resolución que recae a la petición de aclaración de sentencia vía juicio de amparo directo, ya sea que tal resolución se declare fundada, infundada o improcedente, con la salvedad de que dicha regla general no es aplicable cuando se trate de una resolución que declare la improcedencia como resultado de que la petición se presentó extemporáneamente. Lo anterior encuentra su racionalidad en que extender el criterio que se sustenta en esta ejecutoria a este último supuesto tendría como consecuencia que el plazo para presentar una demanda de amparo directo quedara al arbitrio de una de las partes, pues con la mera presentación de una petición de aclaración fuera del plazo legal para hacerlo, se dictaría una resolución de improcedencia que posibilitara la renovación de los términos previstos en la ley de amparo para la presentación de la demanda de garantías. De ahí que deba excluirse tal supuesto, ya que alargar indefinidamente un plazo legal es contrario al derecho a la impartición de justicia pronta y expedita contemplado en el artículo 17 constitucional. Debe considerarse que la vía directa para impugnar la resolución que recae a una petición de aclaración de sentencia privilegia la seguridad jurídica y la unidad de la causa, pues permite que el gobernado prepare adecuadamente su defensa frente al acto reclamado, con la certeza de que la sentencia definitiva que impugne no tendrá variación posterior. Una interpretación contraria traería como consecuencia las desventajas que derivan de una pluralidad de procesos que analicen la sentencia impugnada por vías diferentes, ya que de coexistir el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva y el juicio de amparo indirecto contra la resolución que declara improcedente o infundada la aclaración de sentencia, surgen diversos escenarios procesales que complican la impartición de justicia pronta y expedita e incluso podrían dejar en indefensión a las partes. Una vez precisado lo determinado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 105/2011, y en tercer término, es de mencionarse que en el Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, la aclaración de sentencia se encuentra regulada en su artículo 279, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 279. Procede la aclaración de sentencia de oficio o a petición de parte, la que se promoverá ante el Juez Administrativo, Magistrado o el Pleno, según sea el caso, dentro de los tres días hábiles siguientes de notificada, señalando con toda precisión la contradicción, ambigüedad u oscuridad, de cuya aclaración se solicite. El Juez Administrativo, el Magistrado o el Pleno, según sea el caso, resolverán dentro de los tres días hábiles siguientes, sin que pueda variar la sustancia de la resolución. La resolución sobre la aclaración de una sentencia, se considerará parte integrante de ésta, no admitirá ningún recurso, e interrumpirá el término para impugnar la resolución". Del artículo transcrito se advierte, en lo de interés, que la resolución sobre la aclaración de una sentencia se considera parte de ésta; que tal determinación no admite recurso alguno y que interrumpe el término para impugnar la resolución. En esas condiciones, es evidente que este juzgado de distrito carece de competencia legal para resolver el presente juicio de amparo, toda vez que, el quejoso señaló como acto reclamado la resolución dictada dentro del expediente 1213/2021-III el diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, en la que se declaró infundada la aclaración de sentencia promovida por Erick Arroyo Vergara. Aclaración de sentencia que, en sentido afirmativo o negativo -de acuerdo con lo determinado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación- forma parte de la sentencia dictada dentro del expediente 1213/2021-III; y en ese sentido. Asimismo, dicha Sala determinó que el amparo directo es la vía para impugnar la resolución que recae a una petición de aclaración de sentencia ya que privilegia la seguridad jurídica y la unidad de la causa, pues permite que el gobernado prepare adecuadamente su defensa frente al acto reclamado, con la certeza de que la sentencia definitiva que impugne no tendrá variación posterior. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 111/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis 435/2010 [Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito y Segundo del Vigésimo Séptimo Circuito], publicada en la página 235 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIV, Agosto de 2011, página 235, Novena Época, Materia Común, registro digital 161407, la cual es del tenor siguiente: "ACLARACIÓN DE SENTENCIA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA OPORTUNIDAD PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. El artículo citado establece que la interposición de la aclaración de sentencia interrumpe el término para su impugnación, y su correcta interpretación no permite distinguir entre las partes de la sentencia cuya aclaración se solicita y las que no son objeto de ella como base para impugnarla, porque la sentencia, como acto reclamado, constituye un todo junto con su aclaración y no cabe romper ese principio de unidad, atendiendo a la parte que ha sido objeto de una instancia de aclaración, porque es obvio que al promoverse ésta no se conoce el resultado de la instancia, ni si se admitirá, desechará o incluso, si afectará alguna de las partes no sujetas a aclaración, supuestos que, en los hechos, pueden acontecer. Además, si el artículo 54 de la Ley referida establece específicamente que la resolución que recaiga a la instancia de aclaración es parte de la sentencia recurrida, es claro que no existe fundamento para dividirla o distinguir entre la parte objeto de la instancia de aclaración y la que no lo es, por lo que para efectos de determinar la oportunidad para promover el juicio de amparo directo, no es válido hacer esa distinción". En esas condiciones, con apoyo en los artículos 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo este Juzgado de Distrito declara carecer de competencia legal para conocer del presente asunto; y, por tanto, una vez que las partes sean notificadas de la presente resolución, se remitirá el juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, para lo que tenga a bien determinar, acompañando el original del expediente de amparo 81/2022, previo cuaderno de antecedentes que al efecto se forme. No es obstáculo a lo anterior que en su caso proceda el recurso de apelación contra la sentencia definitiva pues aún en ese supuesto le corresponde la competencia por grado a un Tribunal Colegiado. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 6/2015 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis 38/2014 [Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Décimo Primero en Materia Civil del Primer Circuito y Segundo en Materia Civil del Segundo Circuito], publicada en la página 95 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, Décima Época, Materia Común, registro digital 2008791, la cual es del tenor siguiente: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor". Por lo tanto, háganse las anotaciones respectivas y con una copia de la demanda relativa, fórmese el cuadernillo de antecedentes correspondiente. Segundo. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. Este Juzgado Federal declara carecer de competencia legal para conocer y resolver del presente asunto y ordena remitirlo -una vez que las partes sean notificadas de esta resolución- al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, para lo que tenga a bien determinar. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente y por oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy veintisiete de abril de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las once horas del primero de abril de dos mil veintidós, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán; ante el licenciado Oscar Hernández García, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 81/2022. Enseguida, el secretario da cuenta al Juez de Distrito con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez de Distrito provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, el secretario da cuenta con la documental exhibida por el Juez Tercero del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Al respecto, el Juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, la probanza descrita. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. El Juez acuerda: Vista la cuenta precedente, se tiene por precluído el derecho de las partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia.Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López Juez Séptimo de Distrito en el Estado

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de marzo de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, del estado de autos se advierte que en proveído de veintiocho de enero del presente año, se reservó proveer en relación con el reconocimiento de parte tercera interesada, hasta en tanto se tuvieran las constancias de las que emana el acto reclamado, lo que a la fecha ya aconteció. Ahora, de dichas constancias se aprecia que la Comisión Coordinadora de Transporte en el Estado de Michoacán); la Secretaría de Finanzas y Administración en el Estado de Michoacán; y el Agente Inspector ******************** adscrito a la citada Comisión (COCOTRA), les recae el carácter de parte tercera interesada. En consecuencia, con fundamento en los artículos 5°, fracción III, inciso e), así como 26, fracción II, inciso b), ambos de la Ley de Amparo, se ordena el emplazamiento de éstas por medio de oficio con el auto de admisión inserto y copia de la demanda de amparo que al mismo se anexe; en el entendido que, las subsecuentes notificaciones se les realizarán por la misma vía. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades terceras interesadas. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, primero de marzo de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el oficio suscrito por el Juez Tercero del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las documentales ofertadas por la autoridad citada; se ordena formar un tomo de prueba. Con lo anterior, hágase nueva relación en la audiencia constitucional respectiva. Luego, resulta evidente que en esta fecha se tuvo por recibido el informe justificado respecto a la autoridad responsable antes citada, por ende, aún no transcurre el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de dichas constancias. En tal virtud, para dar lugar a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día hoy y se fijan las ONCE HORAS DEL UNO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 54/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión privada de veintiocho de marzo de dos mil, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XI, abril de dos mil, página 5, de la Novena Época, de rubro y contenido siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo (". el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado..") sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe deferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Es aplicable el criterio transcrito en virtud de que no se contrapone con la actual Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 6° transitorio. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

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