Erica Estrada Solorio

Expediente 1306/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1306/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
24/12/2019

Partes del expediente

  • Erica Estrada Solorio

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el informe justificado que rinde el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas las documentales que remite la autoridad responsable en cita, por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas al momento de la celebración de la audiencia constitucional. Fórmese un tomo de pruebas por separado. Hágase nueva relación de lo anterior en la audiencia constitucional respectiva. Ahora, en atención al contenido de las constancias que remite la autoridad responsable se desprende que, con fundamento en lo establecido en el artículo 5o, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, le reviste el carácter de tercero interesado a la Secretaría de Educación en el Estado, con residencia en esta ciudad. Por tanto, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo, se ordena emplazar a la referida Secretaría por medio de oficio, corriéndole traslado con copia simple de la demanda y auto admisorio; asimismo, se le hace saber que se encuentran señaladas las once horas con veinte minutos del siete de enero del dos mil veinte, para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad respectiva. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, con fundamento en los artículos 1°, 5°, 6°, 33, 35, 107, 108, 110, 112 y 116 de la Ley de Amparo en vigor, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se admite a trámite la demanda de amparo promovida por Erica Estrada Solorio, por propio derecho, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Con copia de la demanda de amparo, dése al agente del Ministerio Público Federal la intervención correspondiente, quien deberá asentar el acuse de recepción respectivo, lo anterior con fundamento en los artículos 5°, fracción IV y 110 de la Ley de Amparo. Sin que sea necesario tramitar el incidente de suspensión del acto reclamado, toda vez que dicha medida cautelar no fue solicitada por la parte quejosa. Para la celebración de la audiencia constitucional con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las once horas con veinte minutos del siete de enero de dos mil veinte. De conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe con justificación, que deberán rendir dentro del plazo de quince días, contado a partir de que reciban el oficio de notificación del presente auto, en el entendido de que en dicho informe deberán exponer las razones y fundamentos que considere pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de los actos, debiendo acompañar en su caso, copia debidamente certificada de las constancias que avalen la existencia de los mismos y que soporten su emisión. Con fundamento en los artículos 117 de la Ley de Amparo y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, se autoriza a las autoridades responsables para que rindan su informe por vía fax al número telefónico 01 443 3 21 54 41, sin perjuicio de lo realice enseguida mediante oficio que remitan a este juzgado por una sola ocasión, independientemente de que reciban el oficio por el que se le requiere el mismo en dos vías (telegráfica y posteriormente postal), ya que basta con atender la primera comunicación recibida. Asimismo, deberá rendir el informe justificado requerido con copia certificada de las documentales que justifiquen la constitucionalidad de los actos reclamados, tomando en consideración las siguientes directrices: 1. Si algunas de las fojas del expediente de origen se encuentran ilegibles o pierden su continuidad, en virtud de que así se encuentran en el mismo, aclare dicha circunstancia y señale el número de folio que corresponde a cada una de ellas; 2. En el caso de que las constancias sean legibles, pero las reproducciones que se obtengan de éstas no, deberá efectuar su transcripción con la indicación y folio correspondientes al remitirlas a este juzgado; y, 3. Observe que las copias que remita se encuentren debidamente ordenadas, atendiendo a su legibilidad, continuidad, orden cronológico y totalidad, o bien, realice las aclaraciones respectivas si así obran en el expediente a que pertenecen. En el entendido de que en caso de no rendir el informe en el tiempo y forma requeridos, se presumirán ciertos los actos reclamados respectivos, salvo prueba en contrario, de acuerdo con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Se hace del conocimiento de la autoridad responsable que en caso de que remita el expediente original del que derivan los actos reclamados, es su obligación conservar testimonio autorizado íntegro del mismo, ya que en el supuesto de necesitarlo para realizar alguna actuación, este juzgado no podrá devolverlo por ser imprescindible para resolver el juicio de amparo y en su caso el recurso de revisión, por lo que queda bajo su responsabilidad obtener las copias conducentes para su resguardo. Asimismo, se requiere a la autoridad responsable para el efecto de que en su informen hagan del conocimiento de este juzgado si la parte quejosa o alguna otra persona ha promovido juicio de amparo indirecto relacionado con los actos reclamados o derivado del expediente de origen, informando el número de juicio y el Juzgado de Distrito a que corresponde, apercibida que en caso de no hacerlo, de acuerdo con el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259, de la Ley de Amparo, se le impondrá un multa de manera individual, por el equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA). De conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad responsable, que en caso de no rendir su informe justificado o lo hagan sin acatar las directrices que fueron trazadas con anterioridad, se hará acreedoras a una multa individual por ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos moneda nacional, equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostentan y emolumentos que por esa causa reciben. En términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, requiérase a las partes para que en el supuesto de cesación de efectos de los actos reclamados o en caso de que se actualice alguna causa notoria de sobreseimiento, lo hagan saber a este juzgado de manera inmediata, apercibidas que en caso de no hacerlo, de conformidad con el artículo 238, en relación con el diverso 251, ambos de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de manera individual por el equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA). Por otra parte, se informa a la autoridad responsable que no es necesario que acuse recibo de los oficios derivados del presente juicio, salvo que le sea solicitado expresamente y se le proporcione plazo específico para ello. Con apoyo en los numerales 9 y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, téngase como delegados a las personas que, en su caso, designe la autoridad responsable y por señalados los domicilios para recibir notificaciones que llegue a designar en autos. En otro aspecto, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja, como se advierte del numeral 79 del ordenamiento legal invocado), desde ahora se le apercibe, en el sentido de que en caso de que alguna autoridad responsable no exista en la denominación señalada en la demanda, mediante auto se suspenderá toda comunicación con la misma quedando fuera de juicio y en la audiencia constitucional que se celebre no se hará referencia a ésta, o bien, en la propia audiencia se hará el pronunciamiento respectivo sobre su inexistencia, sin que sea necesario realizar señalamiento alguno en la sentencia respecto de los actos reclamados que se le atribuyan, de acuerdo con los artículos 5°, fracción II y 108, fracción III, de la ley de la materia, interpretados en sentido contrario. Lo anterior, salvo prueba en contrario o que se corrija la denominación de la autoridad responsable relativa, previa vista que en su caso otorgue este juzgado, tomando en consideración que corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto, circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, que procura la impartición de justicia pronta, así como al principio de economía procesal ya referido en párrafos precedentes. Ahora bien, la parte quejosa señala como autoridad responsable a la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán; sin embargo, respecto a ello se debe decir que tal autoridad no puede tener el carácter de responsable para los efectos del presente juicio de amparo, en el que se reclama la omisión de dar cumplimiento al laudo dictado dentro juicio laboral de origen seguido ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado. Ello, con apoyo en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 2ª./J.34/2018 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis 363/2017 [Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero en Materia Administrativa y Primero en Materia de Trabajo, ambos del Tercer Circuito], visible en la página 478 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 53, Abril de 2018, Tomo I, Materias Común-Laboral, Décima Época, registro 2016588, de rubro y texto: "AYUNTAMIENTOS. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO EN LA LEGISLACIÓN ESTATAL RESPECTIVA EXISTA UN PROCEDIMIENTO PARA EJECUTARLO. De la interpretación armónica de las jurisprudencias 2a./J. 85/2011, 2a./J. 31/2014 (10a.) y 2a./J. 79/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deriva que el incumplimiento a un laudo por parte de los Ayuntamientos no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando en la legislación estatal se desarrollen los procedimientos respectivos para ejecutarlo a través de los instrumentos legales que correspondan a ese fin, porque en estos casos las partes en el juicio se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y a la igualdad procesal que subyace en ellas, que se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos, sin que obste a lo anterior el hecho de que no se prevean el embargo ni el auxilio de la fuerza pública, porque éstos no son los únicos mecanismos para garantizar la plena ejecución de las resoluciones jurisdiccionales". En la ejecutoria de la contradicción de tesis 363/2017 [Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero en Materia Administrativa y Primero en Materia de Trabajo, ambos del Tercer Circuito], la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó: "[.] QUINTO. Estudio. Precisados así la existencia de la contradicción de tesis y el punto a dilucidar, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estima que el criterio que debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, es el que sustenta la presente resolución. Para dar respuesta al punto de contradicción previamente es importante señalar el contenido del artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles: "Artículo 4o. Las instituciones, servicios y dependencias de la administración pública de la Federación y de las entidades federativas, tendrán dentro del procedimiento judicial, en cualquier forma en que intervengan, la misma situación que otra parte cualquiera; pero nunca podrá dictarse, en su contra, mandamiento de ejecución ni providencia de embargo, y estarán exentos de prestar las garantías que este código exija de las partes. "Las resoluciones dictadas en su contra serán cumplimentadas por las autoridades correspondientes, dentro de los límites de sus atribuciones. "La intervención que, en diversos casos, ordena la ley que se dé al Ministerio Público, no tendrá lugar cuando, en el procedimiento, intervenga ya el procurador general de la República o uno de sus agentes, con cualquier carácter o representación." Como se observa del precepto legal transcrito, en principio se prevé una regla general de igualdad procesal, consistente en que dentro del procedimiento judicial regido bajo las disposiciones de ese ordenamiento adjetivo, cualquier institución, servicio y/o dependencia de la administración pública de la Federación y de las entidades federativas, estarán colocadas en la misma situación que cualquier otra parte en el procedimiento, es decir, que la condición de ser entes públicos pertenecientes a la administración pública federal o estatal, no incide para establecer alguna distinción con las demás partes que no tengan ese carácter, para efectos de la aplicación de las reglas del proceso. Sin embargo, inmediatamente después de la precisión de la regla general anterior, la norma introduce una regla específica con la que acota la primera a través de dos excepciones, a saber: que no se podrá dictar en contra de los entes públicos allí referidos, mandamiento de ejecución ni providencia de embargo; y que estarán exentos de prestar las garantías señaladas en el propio código. De manera que, conforme a esas excepciones al principio de igualdad procesal, en el juicio sustanciado bajo las normas del Código Federal de Procedimientos Civiles, las partes que tengan el carácter de entes públicos de la administración pública federal y estatal, no podrán ser conminadas a exhibir las garantías que para determinados actos procesales exige dicho ordenamiento, ni podrán ser sujetas de mandamiento de ejecución forzosa para hacer cumplir coactivamente la sentencia que en su caso se dicte, ni, por ende, sus bienes podrán ser embargados para ese fin. Ese privilegio de inembargabilidad de los bienes de dichos entes públicos, previsto en el artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles, desde luego, es adicional, distinto, e independiente, de las restricciones que en materia de embargo de bienes, derivan de las propias reglas legales que resulten aplicables a los casos concretos; puesto que, respecto de los bienes que integran el patrimonio de los entes públicos, la Ley General de Bienes Nacionales, establece la inembargabilidad de los bienes de dominio público; por otra parte, el propio Código Federal de Procedimientos Civiles, dispone un listado de bienes, atento a su naturaleza, que no son susceptibles de embargo; sin dejar de advertir también que, las limitaciones al embargo de bienes públicos, por sí, podrían derivar de alguna otra legislación federal, estatal o municipal. En el mismo tópico, es importante señalar que la Primera Sala de este Alto Tribunal de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 44/2015, emitió la jurisprudencia 1a./J. 43/2017 (10a.), de título, subtítulo y texto siguientes: "Décima Época "Registro: 2014918 "Primera Sala "Jurisprudencia "Gaceta del Semanario Judicial de la Federación "Libro 45, Tomo I, agosto de 2017 "Materia civil "Tesis 1a./J. 43/2017 (10a.) "Página 406 «Semanario Judicial de la Federación del viernes 18 de agosto de 2017 a las 10:26 horas» "AYUNTAMIENTOS COMO ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. DEBEN CONSIDERARSE COMPRENDIDOS EN LAS HIPÓTESIS DE EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE IGUALDAD PROCESAL, PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 4o. DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. El citado precepto establece una regla general de igualdad de las partes en los juicios regidos bajo las normas de ese código, al señalar que las instituciones, servicios y dependencias de la administración pública de la Federación y de las entidades federativas tendrán, en cualquier forma en que intervengan en el procedimiento judicial, la misma situación que otra parte cualquiera; pero acota esa regla general con dos excepciones específicas, a saber: 1) que no se podrá dictar mandamiento de ejecución ni providencia de embargo en contra de los entes públicos allí referidos; y 2) que éstos estarán exentos de prestar las garantías señaladas en el propio ordenamiento. Ahora bien, ese dispositivo no hace mención expresa como destinatarios de esas excepciones a los entes de la administración pública municipal, particularmente, a los Ayuntamientos; sin embargo, esa imprevisión de la norma encuentra explicación en el hecho de que, el Código Federal de Procedimientos Civiles fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 1943, y su artículo 4o. no ha tenido cambio alguno desde su expedición; siendo que, en la época de su creación, el sistema federal mexicano se encontraba concentrado en una organización de estructuras y competencias bajo dos órdenes de gobierno: el federal y el estatal, y los Municipios estaban subordinados a este último; y ha sido conforme a la evolución constitucional que ha tenido el Municipio, a través de reformas al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que éste se ha consolidado como un orden de gobierno y no sólo de administración, con autonomía jurídica y competencia específica en la prestación de determinados servicios públicos. Por tanto, advirtiéndose que la anterior es la razón por la cual el artículo 4o. referido no hace mención expresa del orden municipal, distinguiéndolo del federal y el estatal, se concluye que los entes de la administración pública municipal, entre ellos, los Ayuntamientos, deben considerarse comprendidos en el supuesto jurídico de ese precepto, pues actualmente el Municipio cuenta con los caracteres que lo colocan como nivel autónomo de gobierno que ejerce una administración pública propia y distinta de la que realiza la entidad federativa a la que pertenezca." Por su parte, esta Segunda Sala al resolver la contradicción de tesis 422/2010, sustentó la jurisprudencia 2a./J. 85/2011, en la que determinó que las dependencias de la administración pública federal o de las entidades federativas se encuentran dentro de la hipótesis de excepción de igualdad procesal contenida en el artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles, pero que en caso de omitir dar cumplimiento en forma voluntaria a una sentencia o laudo condenatorio en donde fueron señaladas como parte demandada, entonces ello constituirá un acto de autoridad que puede combatirse en el juicio de amparo. La referida jurisprudencia 2a./J. 85/2011, es la siguiente: "Novena Época "Registro: 161652 "Segunda Sala "Jurisprudencia "Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta "Tomo XXXIV, julio de 2011 "Materia común "Tesis 2a./J. 85/2011 "Página 448 "DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. LA OMISIÓN EN DAR CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN UN JUICIO EN EL QUE FIGURARON COMO DEMANDADAS, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO (ARTÍCULO 4o. DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES).-La excepción al principio de igualdad procesal consagrado en el artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles a favor de las dependencias de la administración pública de la Federación y de las entidades federativas al disponer que nunca podrá dictarse en su contra mandamiento de ejecución ni providencia de embargo, no significa la posibilidad de incumplimiento a una sentencia condenatoria por parte de los órganos estatales, sino que parte de que la entidad estatal cumplirá voluntariamente, por lo que es innecesario acudir a la vía de apremio, lo que así se señala en el segundo párrafo de dicho precepto, al establecer que las resoluciones dictadas en su contra serán cumplimentadas por las autoridades correspondientes, dentro de los límites de sus atribuciones. Sin embargo, en caso de que tal cumplimiento voluntario no se dé, dicha omisión constituye un acto de autoridad que puede combatirse en el juicio de amparo, pues se surten las condiciones para considerar al ente estatal como autoridad en virtud de que: a) Se encuentra colocado en un plano de desigualdad frente al particular, atendiendo precisamente a su calidad de órgano del Estado, pues se le otorga el privilegio de no ser sujeto a ejecución forzosa; b) Tal prerrogativa deriva de la ley, pues ésta responde al cumplimiento voluntario del órgano estatal; c) El uso indebido de ese beneficio implica transgredir la obligación legal de cumplimiento voluntario y afecta la esfera legal del particular porque le impide obtener la prestación que demandó en el juicio en que se dictó sentencia a su favor; y d) La actitud contumaz de la autoridad coloca al particular en estado de indefensión ante la imposibilidad de lograr por las vías ordinarias la justicia que mandata el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En el mismo tema, esta Segunda Sala ha sostenido los siguientes criterios jurisprudenciales: "Décima Época "Registro: 2007066 "Segunda Sala "Jurisprudencia "Gaceta del Semanario Judicial de la Federación "Libro 9, Tomo II, agosto de 2014 "Materia común "Tesis 2a./J. 79/2014 (10a.) "Página 699 «Semanario Judicial de la Federación del viernes 8 de agosto de 2014 a las 8:05 horas» "AYUNTAMIENTOS DE QUINTANA ROO Y YUCATÁN. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El incumplimiento a un laudo por los Ayuntamientos de Quintana Roo y Yucatán, derivado de un juicio laboral en el que figuraron como parte demandada, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque en el marco normativo de esas entidades federativas, los tribunales burocráticos estatales cuentan con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento y la ejecución de sus laudos, lo que supone que se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y la igualdad procesal que subyace en ellas también se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos; es decir, los Ayuntamientos demandados no actúan en un esquema de supra a subordinación, sino dentro de una relación laboral con el particular actor." "Décima Época "Registro: 2006389 "Segunda Sala "Jurisprudencia "Gaceta del Semanario Judicial de la Federación "Libro 6, Tomo II, mayo de 2014 "Materia común "Tesis 2a./J. 31/2014 (10a.) "Página 966 «Semanario Judicial de la Federación del viernes 9 de mayo de 2014 a las 10:34 horas» "ÓRGANOS DE GOBIERNO O DEPENDENCIAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE VERACRUZ. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). Conforme a la interpretación de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en especial lo resuelto en la contradicción de tesis 422/2010, de la que derivó la tesis de jurisprudencia 2a./J. 85/2011 (*), el incumplimiento a un laudo por parte de los órganos o dependencias públicas del Estado de Veracruz en el que figuraron como parte demandada no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en tanto que el marco normativo de esa entidad prevé un procedimiento específico para darle ejecución, donde incluso puede llegarse a su forzoso acatamiento a través del embargo de bienes privados o propios de las autoridades demandadas; lo que basta para preservar el plano de coordinación que caracteriza las relaciones laborales y la igualdad que de éstas se pregona." Ahora bien, toda vez que en los casos resueltos por los tribunales contendientes la autoridad responsable aplicó la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, para hacer cumplir el laudo condenatorio en particular a través de sus artículos del 140 al 143, es necesario hacer referencia a ellos y transcribir su contenido. Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios Capítulo IV Del procedimiento de ejecución "Artículo 140. Las autoridades están obligadas a prestar auxilio al Tribunal de Arbitraje y Escalafón, para hacer respetar sus resoluciones, cuando fueren requeridas para ello." "Artículo 141. El tribunal tiene la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que, a su juicio, sean procedentes." "Artículo 142. Cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, despachará auto con efectos de mandamiento en forma, notificándolo en el domicilio procesal y apercibiéndola (sic) de que, de no cumplir con dicha resolución, se procederá al uso de los medios de apremio." "Artículo 143. Notificado el auto de ejecución, el condenado deberá dar cumplimiento al laudo dentro de los 30 días siguientes. El tribunal, para hacer cumplir sus determinaciones, podrá imponer sanciones desde diez veces el salario mínimo hasta por cien veces el salario mínimo general vigente de la zona económica de Guadalajara. "Cuando sea la autoridad quien deba cumplir los resolutivos del laudo, la multa será cubierta por la dependencia o entidad que haya sido condenada. Si no obstante lo anterior, la autoridad reitera la negativa de cumplir, el tribunal resolverá la suspensión en el cargo por un plazo de quince días sin goce de sueldo de los funcionarios que debieron darle cumplimiento. "La suspensión empezará a partir del día siguiente de su notificación y los actos que se realicen en desacato al resolutivo respectivo serán nulos. El cumplimiento del laudo interrumpe la suspensión. "Si no obstante la sanción prevista en el párrafo segundo y subsecuentes, se persiste en el incumplimiento, la suspensión se repetirá contra los responsables y podrá ampliarse en contra de quienes les sustituyan. "Los Magistrados del Tribunal de Arbitraje y Escalafón tendrán la responsabilidad de hacer cumplir los laudos. La negativa de decretar la suspensión temporal de algún servidor público que incurriere en alguna de las causas señaladas en el presente artículo, será motivo para que a dichos funcionarios se les aplique la sanción que corresponda en acatamiento a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, salvo que se trate de servidores públicos de otros poderes, niveles de gobierno o Municipios, en cuyo caso remitirán las constancias de las actuaciones que se hubieren efectuado al servidor o servidores públicos encargados de aplicar la sanción correspondiente." Como se observa, los citados preceptos desarrollan el procedimiento que deberá seguir el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, para lograr la ejecución de los laudos en los juicios laborales burocráticos, cuyas normas jurídicas tienen como fin conseguir el cumplimiento de los laudos, así como la facultad de imponer multas y en caso de que éstas no se cumplan, se podrán hacer efectivas otras medidas, como: repetir la suspensión contra los responsables; ampliar la suspensión en contra de quienes les sustituyan; la responsabilidad de los Magistrados del Tribunal de Arbitraje y Escalafón de hacer cumplir los laudos. También se establece la obligación de proveer la eficaz e inmediata ejecución de los laudos; el deber de dictar todas las medidas necesarias para el cumplimiento del laudo; y la obligación de dictar auto de ejecución y de comisionar a un actuario para que requiera a la parte demandada el cumplimiento del laudo. Es decir, la legislación del Estado de Jalisco, cuenta con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento y ejecución de los laudos dictados en los juicios laborales burocráticos respectivos, lo cual significa que las partes se encuentran en un plano de coordinación que caracteriza las relaciones laborales y la igualdad procesal que subyace en ellas, que se extiende también al ámbito de la ejecución de los laudos, donde, en su caso, como sucede con cualquier particular, su incumplimiento por parte de la autoridad demandada puede ser vencido a través de dichos instrumentos legales con que cuentan para lograr el cumplimiento de los laudos que emite y, por ende, la autoridad demandada no actúa en un esquema de supra a subordinación (como condición para la categorización de un acto de autoridad), sino en todo momento dentro de una relación laboral con el particular actor. No pasa inadvertida la conclusión a la que arribó uno de los tribunales contendientes, en el sentido de que al no estar establecida en la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, la institución del embargo como medida de apremio para la ejecución de los laudos, ello implicaba que el incumplimiento al laudo por parte de los Ayuntamientos, constituía un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. En relación con lo anterior, esta Segunda Sala considera que si bien es cierto que la legislación estatal en comentario, no contempla como medida de apremio el embargo para hacer cumplir las sentencias o laudos condenatorios, también lo es que son suficientes las medidas de apremio contempladas en dicha legislación, pues los medios de apremio para hacer cumplir los laudos o sentencias definitivas en un juicio, no culminan necesariamente con el embargo de bienes patrimoniales de la entidad demandada, ello se explica, ya que el embargo en cuentas bancarias de un Municipio o en bienes de éste, imposibilitaría el uso de ellos para realizar sus fines públicos, aunado a que ante su incumplimiento y el agotamiento de las medidas de apremio, la autoridad responsable, de conformidad con el numeral 183 del Código Penal Federal, que señala: "Cuando la ley autorice el empleo del apremio para hacer efectivas las determinaciones de la autoridad, sólo se consumará el delito de desobediencia cuando se hubieren agotado los medios de apremio.", y acorde con el artículo 117 del Código Federal de Procedimientos Penales, deberá darse vista al Ministerio Público de la Federación por la posible comisión del referido delito, al ser una cuestión de orden público. Sin que obste en contrario, lo que esta Segunda Sala estableció en la jurisprudencia 2a./J 85/2011, en el sentido de que las dependencias de la administración pública federal o las entidades federativas, se encuentran dentro de las hipótesis de excepción a que se refiere el segundo párrafo del artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles, que se reducen a establecer que no se podrá dictar en su contra mandamiento de ejecución ni providencia de embargo y que estarán exentos de prestar las garantías exigibles para hacer cumplir las resoluciones dictadas en su contra, situación que genera entre las partes de un juicio una relación de supra a subordinación y, por tanto, el incumplimiento a una sentencia por parte de las entidades federativas, genera un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que dicha entidad pública ejerce su potestad administrativa a virtud de privilegios sustentados en el orden público y el interés social. Entonces, tenemos que las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca el procedimiento contencioso administrativo y el juicio de amparo. Este tipo de relaciones, se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad, u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes. Ejemplo de una relación de supra subordinación es tratándose de un acto controvertido en los juicios contenciosos administrativos en donde la relación jurídica entre gobernado y gobernante no sufre una transformación por el solo hecho de que el órgano del Estado sea parte demandada (contraparte del gobernado actor). Al respecto esta Segunda Sala ha sustentado el criterio siguiente: "Décima Época "Registro: 2000211 "Segunda Sala "Jurisprudencia "Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta "Libro V, Tomo 2, febrero de 2012 "Materia común "Tesis 2a./J. 1/2012 (10a.) "Página 894 "DEPENDENCIAS PÚBLICAS Y SUS AUXILIARES, DEMANDADAS ANTE UN TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SON AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE CONTROVIERTE EL INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE NULIDAD. En atención a que de una sentencia firme derivada de un juicio contencioso administrativo surge un derecho subjetivo para el actor (gobernado) y la obligación correlativa para el demandado (autoridad) es claro que el incumplimiento de ésta permite la incoación del procedimiento para hacer cumplir la sentencia ejecutoriada dictada en el juicio en que se hubiese declarado la invalidez del acto controvertido mediante el medio de defensa legal previsto por la ley que rige el acto para lograr el cumplimiento de aquella determinación. Por lo que, si a pesar de ello, no se cumple la sentencia, es claro que aquél puede acudir al juicio de amparo, porque tal omisión se traduce en una violación al derecho de acceso a la justicia contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al significar un obstáculo al derecho fundamental de pedir justicia o de obtener la ejecución de una sentencia anulatoria. Consecuentemente, las dependencias públicas y sus auxiliares, demandadas ante un Tribunal Contencioso Administrativo, son autoridades responsables para efectos del juicio de amparo indirecto en el que se controvierte la omisión en el cumplimiento de la sentencia de nulidad dictada por aquél y, por ende, no se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 1o., fracción I y 11 de la Ley de Amparo, porque a pesar de que la autoridad haya figurado como demandada en el juicio de origen ello no transforma la relación de supra a subordinación que los órganos del Estado guardan con los gobernados en una relación de coordinación, porque no pierden su calidad de autoridad y gobernado." En cambio, las relaciones de coordinación son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales a esos efectos. La nota distintiva de estas relaciones, consiste en que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, en caso de ser necesario, se impongan coactivamente las reparaciones que genere el incumplimiento de alguna de las partes, esto es, en esos casos el tribunal cuenta con plenitud de jurisdicción para hacer cumplir las sentencias o laudos, atendiendo al procedimiento instaurado para ese efecto en la legislación respectiva. Consecuentemente, por las razones expresadas y de la interpretación armónica de las jurisprudencias 2a./J. 85/2011, 2a./J. 31/2014 (10a.) y 2a./J. 79/2014 (10a.), dictadas por la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el incumplimiento a un laudo por los Ayuntamientos del Estado de Jalisco, derivado de un juicio laboral en el que figuraron como parte demandada, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo en términos del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, porque en los artículos del 140 al 143, de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, se desarrolla el procedimiento que deberá seguir el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, para lograr la ejecución de los laudos en los juicios laborales burocráticos, contando con una amplia gama de instrumentos legales para ello, lo que ubica a las partes en un juicio; en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y la igualdad procesal que subyace en ellas, y que también se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos; sin que obste a lo anterior que no se prevea la institución del embargo, ni el auxilio de la fuerza pública. Conforme a las anteriores consideraciones, el criterio que debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, se formula bajo una redacción temática, es decir, de modo que resulte aplicable no solamente a los Ayuntamientos del Estado de Jalisco en donde se originó la presente denuncia de contradicción de tesis, toda vez que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, advierte que el tema interpretado es previsible que esté presente en otras disposiciones estatales o federales diversas, por lo cual, en acatamiento al artículo 17 constitucional, párrafo primero, es conveniente que para brindar seguridad jurídica en forma inmediata al resto del orden jurídico nacional, se genere un criterio que abarque el mayor número de casos que en un futuro se presenten, tomando en cuenta además, el artículo 94 constitucional, párrafo décimo y que los artículos 215 al 226, de la Ley de Amparo, no prohíben la emisión de criterios de mayor cobertura respecto de los casos que los originaron. Apoya lo anterior, el siguiente criterio aislado: "Décima Época "Registro: 2013086 "Segunda Sala "Tesis aislada "Gaceta del Semanario Judicial de la Federación "Libro 36, Tomo II, noviembre de 2016 "Materia común "Tesis 2a. CXVIII/2016(10a.) "Página 1553 «Semanario Judicial de la Federación del viernes 18 de noviembre de 2016 a las 10:29 horas» "JURISPRUDENCIA TEMÁTICA. LOS ARTÍCULOS 94 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 215 AL 226 DE LA LEY DE AMPARO NO LA PROHÍBEN. La jurisprudencia es temática cuando se advierte que el tema interpretado es previsible que esté presente en otras disposiciones estatales o federales diversas, por lo cual, en acatamiento al artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Federal, es conveniente que para brindar seguridad jurídica en forma inmediata al resto del orden jurídico, se genere un criterio que abarque el mayor número de casos que en un futuro se presenten, tomando en cuenta, además, que los artículos 94, párrafo décimo, constitucional y 215 al 226 de la Ley de Amparo, no prohíben la emisión de criterios de mayor cobertura respecto de los casos que los originaron." Por lo antes expuesto, el criterio que debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, en términos del artículo 226, fracción II, de la Ley de Amparo, es el siguiente: AYUNTAMIENTOS. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO EN LA LEGISLACIÓN ESTATAL RESPECTIVA EXISTA UN PROCEDIMIENTO PARA EJECUTARLO. De la interpretación armónica de las jurisprudencias 2a./J. 85/2011, 2a./J. 31/2014 (10a.) y 2a./J. 79/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deriva que el incumplimiento a un laudo por parte de los Ayuntamientos no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando en la legislación estatal se desarrollen los procedimientos respectivos para ejecutarlo a través de los instrumentos legales que correspondan a ese fin, porque en estos casos las partes en el juicio se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y a la igualdad procesal que subyace en ellas, que se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos, sin que obste a lo anterior el hecho de que no se prevean el embargo ni el auxilio de la fuerza pública, porque éstos no son los únicos mecanismos para garantizar la plena ejecución de las resoluciones jurisdiccionales. Nota: Las tesis de jurisprudencia 2a./J. 85/2011, 2a./J. 31/2014 (10a.) y 2a./J. 79/2014 (10a.) citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, julio de 2011, página 448, con el rubro: "DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. LA OMISIÓN EN DAR CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN UN JUICIO EN EL QUE FIGURARON COMO DEMANDADAS, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO (ARTÍCULO 4o. DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES).", en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 9 de mayo de 2014 a las 10:34 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, Tomo II, mayo de 2014, página 966, con el título y subtítulo: "ÓRGANOS DE GOBIERNO O DEPENDENCIAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE VERACRUZ. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013).", y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 8 de agosto de 2014 a las 8:05 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 9, Tomo II, agosto de 2014, página 699, con el título y subtítulo: "AYUNTAMIENTOS DE QUINTANA ROO Y YUCATÁN. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.", respectivamente. De lo transcrito se advierte, que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hizo un análisis de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, ya que en los casos resueltos por los tribunales contendientes en la contradicción, aplicaron dicho cuerpo normativo para hacer cumplir el laudo condenatorio, en particular en sus artículos 140 al 143. Y concluyó: Los citados preceptos desarrollan el procedimiento que deberá seguir el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, para lograr la ejecución de los laudos en los juicios laborales burocráticos, cuyas normas jurídicas tienen como fin conseguir el cumplimiento de los laudos, así como la facultad de imponer multas y en caso de que éstas no se cumplan, se podrán hacer efectivas otras medidas, como: repetir la suspensión contra los responsables; ampliar la suspensión en contra de quienes les sustituyan; la responsabilidad de los Magistrados del Tribunal de Arbitraje y Escalafón de hacer cumplir los laudos. En dichos artículos se establece la obligación de proveer la eficaz e inmediata ejecución de los laudos; el deber de dictar todas las medidas necesarias para el cumplimiento del laudo; y la obligación de dictar auto de ejecución y de comisionar a un actuario para que requiera a la parte demandada el cumplimiento del laudo. La legislación del Estado de Jalisco, cuenta con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento y ejecución de los laudos dictados en los juicios laborales burocráticos respectivos, lo cual significa que las partes se encuentran en un plano de coordinación que caracteriza las relaciones laborales y la igualdad procesal que subyace en ellas, que se extiende también al ámbito de la ejecución de los laudos, donde, en su caso, como sucede con cualquier particular, su incumplimiento por parte de la autoridad demandada puede ser vencido a través de dichos instrumentos legales con que cuentan para lograr el cumplimiento de los laudos que emite y, por ende, la autoridad demandada no actúa en un esquema de supra a subordinación (como condición para la categorización de un acto de autoridad), sino en todo momento dentro de una relación laboral con el particular actor. Determinó que no pasaba inadvertida la conclusión a la que arribó uno de los tribunales contendientes, en el sentido de que al no estar establecida en la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, la institución del embargo como medida de apremio para la ejecución de los laudos, ello implicaba que el incumplimiento al laudo por parte de los Ayuntamientos, constituía un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. En relación a ello, consideró que si bien era cierto que la legislación estatal en comentario, no contempla como medida de apremio el embargo para hacer cumplir las sentencias o laudos condenatorios, también lo era que son suficientes las medidas de apremio contempladas en dicha legislación, pues los medios de apremio para hacer cumplir los laudos o sentencias definitivas en un juicio, no culminan necesariamente con el embargo de bienes patrimoniales de la entidad demandada, ello se explica, ya que el embargo en cuentas bancarias de un Municipio o en bienes de éste, imposibilitaría el uso de ellos para realizar sus fines públicos, aunado a que ante su incumplimiento y el agotamiento de las medidas de apremio, la autoridad responsable, de conformidad con el numeral 183 del Código Penal Federal, que señala: "Cuando la ley autorice el empleo del apremio para hacer efectivas las determinaciones de la autoridad, sólo se consumará el delito de desobediencia cuando se hubieren agotado los medios de apremio.", y acorde con el artículo 117 del Código Federal de Procedimientos Penales, deberá darse vista al Ministerio Público de la Federación por la posible comisión del referido delito, al ser una cuestión de orden público. Que no obstaba en contrario, lo que dicha Sala estableció en la jurisprudencia 2a./J 85/2011, en el sentido de que las dependencias de la administración pública federal o las entidades federativas, se encuentran dentro de las hipótesis de excepción a que se refiere el segundo párrafo del artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles, que se reducen a establecer que no se podrá dictar en su contra mandamiento de ejecución ni providencia de embargo y que estarán exentos de prestar las garantías exigibles para hacer cumplir las resoluciones dictadas en su contra, situación que genera entre las partes de un juicio una relación de supra a subordinación y, por tanto, el incumplimiento a una sentencia por parte de las entidades federativas, genera un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que dicha entidad pública ejerce su potestad administrativa a virtud de privilegios sustentados en el orden público y el interés social. Entonces -determinó la Sala- las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca el procedimiento contencioso administrativo y el juicio de amparo. Que ese tipo de relaciones, se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad, u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes. Ejemplo de una relación de supra subordinación es tratándose de un acto controvertido en los juicios contenciosos administrativos en donde la relación jurídica entre gobernado y gobernante no sufre una transformación por el solo hecho de que el órgano del Estado sea parte demandada (contraparte del gobernado actor). En cambio -también precisó la Segunda Sala- las relaciones de coordinación son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales a esos efectos. La nota distintiva de estas relaciones, consiste en que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, en caso de ser necesario, se impongan coactivamente las reparaciones que genere el incumplimiento de alguna de las partes, esto es, en esos casos el tribunal cuenta con plenitud de jurisdicción para hacer cumplir las sentencias o laudos, atendiendo al procedimiento instaurado para ese efecto en la legislación respectiva. Consecuentemente -finalizó la Segunda Sala- por las razones expresadas y de la interpretación armónica de las jurisprudencias 2a./J. 85/2011, 2a./J. 31/2014 (10a.) y 2a./J. 79/2014 (10a.), dictadas por la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el incumplimiento a un laudo por los Ayuntamientos del Estado de Jalisco, derivado de un juicio laboral en el que figuraron como parte demandada, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo en términos del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, porque en los artículos del 140 al 143, de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, se desarrolla el procedimiento que deberá seguir el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, para lograr la ejecución de los laudos en los juicios laborales burocráticos, contando con una amplia gama de instrumentos legales para ello, lo que ubica a las partes en un juicio; en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y la igualdad procesal que subyace en ellas, y que también se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos; sin que obste a lo anterior que no se prevea la institución del embargo, ni el auxilio de la fuerza pública. En ese contexto, para que este juzgador esté en condiciones de determinar si la autoridad Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán, se le puede considerar como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo indirecto, analizará la ley aplicable en el caso, que lo es la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios; y, en específico los artículos que se traerán a glosa a continuación: "ARTÍCULO 8o. Lo no previsto por esta Ley o disposiciones especiales se aplicará supletoriamente, y en su orden, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y la Ley Federal del Trabajo, la, costumbre, el uso, la jurisprudencia, los principios generales de derecho y la equidad". "ARTÍCULO 41. En el caso del artículo anterior, si en el juicio correspondiente no comprueba la entidad o dependencia la causa de la rescisión, el trabajador tendrá derecho, además, tratándose de los incisos a) y b) del artículo anterior, a que se le paguen los salarios vencidos computados desde la fecha del despido hasta por un período máximo de doce meses. Si al término del plazo señalado en el párrafo anterior no ha concluido el procedimiento o no se ha dado cumplimiento al laudo, se pagarán también al trabajador los intereses que se generen sobre el importe de quince meses de salario, a razón del dos por ciento mensual, capitalizable al momento del pago. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable para el pago de otro tipo de indemnizaciones o prestaciones. En caso de muerte del trabajador, dejarán de computarse los salarios vencidos como parte del conflicto, a partir de la fecha del fallecimiento. Los abogados, litigantes o representantes que promuevan acciones, excepciones, incidentes, diligencias, ofrecimiento de pruebas, recursos y en general toda actuación en forma notoriamente improcedente, con la finalidad de prolongar, dilatar u obstaculizar la sustanciación o resolución de un juicio laboral, se le impondrá una multa de 100 a 1000 veces de valor diario de la unidad de medida y actualización. Si la dilación es producto de omisiones o conductas irregulares de los servidores públicos, la sanción aplicable será la suspensión hasta por noventa días sin pago de salario y en caso de reincidencia la destitución del cargo, en los términos de las disposiciones aplicables. Además, en este último supuesto se dará vista al Ministerio Público para que investigue la posible comisión de delitos contra la administración de justicia". "ARTÍCULO 120. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje deberá proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean conducentes". "ARTÍCULO 121. Cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que asociado en la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla el mismo, apercibiéndola que, de no hacerlo, se procederá a realizar la diligencia de embargo correspondiente, sujetándose ésta y el procedimiento de remate de los bienes a lo que establece la Ley Federal del Trabajo, aplicada supletoriamente". "ARTÍCULO 122. En todo lo concerniente al procedimiento que no esté expresamente previsto en esta Ley, se estará a lo dispuesto en el artículo 8o. de este propio ordenamiento". Del contenido de los numerales transcritos se advierte que los mismos contienen el procedimiento que deberá seguir el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, para lograr la ejecución de los laudos, que sus normas jurídicas tienen como fin conseguir el cumplimiento de los mismos y que le otorgan a dicho tribunal la facultad de dictar todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean conducentes para lograr la eficaz e inmediata ejecución de los laudos [artículo 121]. Ejemplo de esas medidas lo son las contempladas en el artículo 41 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, sería la suspensión hasta por noventa días sin pago de salario así como -en caso de reincidencia- la destitución del cargo [supuesto en el cual invariablemente se debe dar vista al Ministerio Público]. Asimismo, se desprende que cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que asociado de la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla el mismo, apercibiéndola que en caso de no hacerlo se procederá al embargo [artículo 121]. Aunado a ello, el artículo 122 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, establece que en todo lo concerniente al procedimiento que no esté expresamente previsto en dicha Ley, se estará a lo dispuesto en el diverso 8° del mismos ordenamiento, que autoriza aplicar supletoriamente, y en su orden, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y la Ley Federal del Trabajo, la, costumbre, el uso, la jurisprudencia, los principios generales de derecho y la equidad. Esto es, la Ley de los Trabajadores el Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios cuenta con instrumentos legales suficientes para lograr el cumplimiento y ejecución de los laudos dictados en los juicios laborales, lo que implica -de conformidad al criterio de la Segunda Sala, a que se hizo referencia en párrafos anteriores- que las partes se encuentren en un plano de coordinación que caracteriza las relaciones laborales y la autoridad demandada no actúe en un esquema de supra a subordinación. En esas condiciones, es de concluirse, que en el caso no le asiste el carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo a la Secretaria de Educación en el Estado. Por tanto, se reserva proveer sobre la existencia de parte tercera interesada, hasta que obren en autos las documentales relativas a los actos reclamados, de donde se advierta a quién, en su caso, le asiste dicho carácter de acuerdo con el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo. En atención a la circular 12/2009 de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace saber a las partes que no existe inconveniente en que se les permita imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito, mediante el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Se tiene por señalado el domicilio que indica la parte quejosa para recibir notificaciones en esta ciudad y como autorizadas para tal efecto a las personas que designa, quienes podrán gozar de la plenitud de facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, lo que se verificará una vez que promuevan con dicho carácter, o bien, hasta que acrediten dentro del presente expediente, con documento idóneo, estar facultadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho, ya que en caso contrario, solamente se les tendrá como autorizadas para recibir notificaciones e imponerse de los autos. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de las notificaciones relativas al presente juicio, aun en horas y días inhábiles. De conformidad con los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a las autoridades responsables, así como a las que tengan el carácter de terceras interesadas, mediante oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones, únicamente en relación con aquellos actos procesales que por su trascendencia deba asegurarse que sean plenamente conocidos por las partes a fin de otorgar seguridad jurídica y oportunidad de defensa, en el entendido de que las determinaciones diversas serán notificadas mediante lista que se publica en lugar visible de este juzgado, así como en la sección de servicios de la página electrónica institucional www.cjf.gob.mx consultable vía Internet. En tal virtud, todos aquellos acuerdos de mero trámite deberán notificarse por medio de lista de autos, lo cual constituye un sistema de notificación que se publica en Internet con una síntesis del proveído dictado en cada caso, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, y con apoyo además en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con registro 2002576, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Por otro lado, en los supuestos previstos en el artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la Ley de Amparo, el plazo de dos días con que cuentan las partes para acudir al órgano jurisdiccional a notificarse de las resoluciones que requieran notificación personal, queda constreñido al lapso comprendido de las nueve a las quince horas en días hábiles, en virtud de que es el horario de atención al público establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, mediante el Acuerdo General 49/2011. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del citado artículo 27, fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, con excepción del emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable; caso en el cual, de no ser halladas en el domicilio en el que se les haya buscado, deberán levantar razón circunstanciada a efecto de que se acuerde lo conducente. Hágase saber a la parte quejosa que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho por licencia oficial académica del titular, en términos del párrafo primero del artículo 43 de Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización emitida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintidós de octubre de dos mil diecinueve, según oficio CCJ/ST/5098/2019, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

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