Erick Armando Velázquez García

Expediente 260/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
260/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
28/11/2018

Partes del expediente

  • Erick Armando Velázquez García

Actuaciones

  1. Principal

    Se ordena hacer la devolución dichos documentos

  2. Principal

    Causa estado auto de desachamiento. Se remite al archivo el expediente

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho. Desechamiento Esta juzgadora estima que debe desecharse de plano la demanda de amparo, en virtud de que se advierte de oficio que de manera manifiesta e indudable se actualiza la diversa causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 107, fracción V, de la ley de la materia, este último aplicado a contrario sensu, dado que los actos que se tildan de inconstitucionales no tienen una ejecución de imposible reparación. Para sustentar la anterior aseveración, es menester traer a colación el contenido de los preceptos 61, fracción XXIII, y 107, fracción III, de la normatividad de garantías, este último aplicado a contrario sensu, de cuyo contexto se obtiene que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, lo que conlleva a desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la presente demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, y 113 de la Ley de Amparo. Sobre el tema, el Supremo Tribunal del País en la tesis de jurisprudencia 607, aprobada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, del rubro: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL"; así como la tesis jurisprudencial P./J. 24/92, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS"; ha establecido: un acto de ejecución de imposible reparación, debe entenderse aquel que afecta materialmente derechos humanos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte material, como la vida, la integridad personal, la libertad, y la propiedad, por citar algunos; y, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado, y estos actos se actualizan respecto de los llamados derechos adjetivos o procesales. También, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis jurisprudencial P./J. 37/2014 aprobada por el Pleno del rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)" ha determinado: 1) Que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, el artículo 107, fracción V, ofreció precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte."; por lo que puede afirmarse que con esa aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. 2) Que dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la tesis de jurisprudencia P./J. 4/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente el tribunal pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "...aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que el tribunal pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. Lo anterior, aplicado al caso, conlleva a establecer que se actualiza la causal de inatacabilidad supraindicada, porque los actos reclamados no contraen una imposible reparación, ya que podrá combatirse en la vía indirecta como violaciones procesales (en el supuesto de obtener un fallo adverso) cuando se dicte la resolución definitiva que dirima esa controversia; ello conforme a lo dispuesto en la fracción III, inciso a) del artículo 107 de la Ley de Amparo. En el caso, se considera que se trata de violaciones procesales que podrán ser reparables en caso de que el quejoso obtenga una resolución favorable en el procedimiento de donde emana el acto reclamado, esto es, tanto en el procedimiento propiamente de responsabilidad administrativa instaurado contra el aquí quejoso, así como en el acuerdo que se emita con carácter de resolución definitiva y que pronuncie el Consejo de Gobierno de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, en el que se determine la responsabilidad de éste, el cual como ya se indicó, podrá combatirse en la vía indirecta como violaciones procesales (en el supuesto de obtener un fallo adverso); ello conforme a lo dispuesto en la fracción III, inciso a) del artículo 107 de la Ley de Amparo. De ahí que es evidente que no existe irreparabilidad cuando el acto reclamado sólo produce efectos intraprocesales, sin causar perjuicio ni afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos, como propiedades, posesiones o derechos, al no implicar por sí mismo la obtención de una resolución desfavorable en la contienda administrativa. Por tanto, los actos que se reclaman en la demanda de amparo de cuenta no son de imposible reparación, al no atentar, por sí mismos, contra ningún derecho sustantivo constitucional o convencional, máxime si se toma en consideración que todas las violaciones que pudieran surgir en el procedimiento administrativo de responsabilidad universitaria, son susceptibles de ser impugnadas en la vía de amparo indirecto conforme a lo dispuesto en la fracción III, inciso a) del artículo 107 de la Ley de Amparo. En este orden de ideas, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el precepto legal 107, fracción III, inciso b), ibídem, esté último aplicado a contrario sensu, en el cual se establece que el amparo se pedirá ante el juez de distrito, contra actos en el juicio que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por tanto, con sustento en los artículos 112, párrafo primero, y 113 de la Ley de Amparo, al existir causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo. Consideraciones atinentes al acto de autoridad En este caso, esta juzgadora estima que el acto controvertido sí es de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, pues el Consejo de Gobierno de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, a través del ejercicio de una potestad administrativa, expresión de una relación de supra subordinación, y en la medida en que tiene su origen en disposiciones del orden jurídico como lo es la Ley de la Universidad Autónoma de México en los artículos 25 y 26, en concomitancia con lo dispuesto en los diversos 47, 47 bis y 48 del Estatuto de la Universidad Autónoma de México, produce un acto unilateral con efectos vinculantes, lo que pone de relieve la existencia de casos en los cuales es posible que dicho organismo, a través del despliegue de las atribuciones que tiene conferidas, lleguen afectar la esfera jurídica del quejoso a través del procedimiento administrativo incoado. Información pública

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